Rahul Mehta
Los sistemas sanitarios de todo el mundo se enfrentan a una profunda crisis por la austeridad, el aumento de las necesidades sanitarias y la escasez masiva de personal. Esto se está traduciendo en un aumento del exceso de muertes. La gente perece inútilmente bajo este sistema podrido. Sólo un derrocamiento revolucionario del capitalismo puede liberar a la sanidad pública del yugo del capitalismo.
Mientras la mayor parte del mundo se tambalea tras la pandemia de coronavirus, nos enfrentamos a una catástrofe sanitaria global. En Europa, la mortalidad es un 10% superior a la media, y algunos países registran aumentos de hasta el 23%. En Canadá, un hospital infantil tuvo que solicitar el apoyo de la organización humanitaria internacional Cruz Roja Británica para hacer frente a la magnitud de la enfermedad y el sufrimiento.
Aunque los portavoces de la clase capitalista se apresuran a culpar a la pandemia del COVID-19, que sin duda exacerbó la crisis, la realidad es que esta catástrofe sanitaria es, en última instancia, producto de la ineficacia y la indiferencia del mercado.
Servicios devastados por la austeridad
¿Cómo explicar este agravamiento de la crisis sanitaria cuando el gasto sanitario mundial ha aumentado en los últimos cinco a diez años? Para empezar, ¡el gasto adicional no es suficiente! En los países más ricos, los gobiernos han incumplido sistemáticamente los objetivos de gasto, lo que significa que los sistemas sanitarios llevan años, incluso décadas, infrafinanciados.
Además, esta financiación adicional no procede del crecimiento económico, sino de la financiación del déficit y de los préstamos imperialistas, sobre todo en los países subdesarrollados.
Esto lleva tanto a la necesidad de devolver estos préstamos -dar con una mano mientras se quita con la otra- como que los sistemas sanitarios se erijan sobre un castillo de naipes. Ya sea por la incapacidad de pagar las deudas o por el colapso del precario sistema en su conjunto, o por ambas cosas, la sanidad mundial se tambalea al borde de la crisis.
En Europa, la sanidad no ha sabido estar a la altura de las necesidades médicas de la población. La austeridad ha hecho estragos en los niveles de personal y recursos, lo que, unido a una mala gestión, ha provocado una tormenta perfecta. El director regional europeo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluger, describe una visión distópica:
«Todas estas amenazas representan una bomba de relojería… susceptible de provocar malos resultados sanitarios, largos tiempos de espera, muchas muertes evitables y, potencialmente, incluso el colapso del sistema sanitario».
La falta de remuneración adecuada de los trabajadores de la salud ha provocado un éxodo masivo de personal de los hospitales y de la comunidad, que se vio empujado al límite durante la pandemia de COVID-19. En Francia hay ahora menos médicos que hace una década. Como consecuencia, 6 millones de pacientes no tienen un médico de cabecera fijo. En Gran Bretaña, 40.000 enfermeras abandonaron el Servicio Nacional de Salud en el último año.
En Alemania y Finlandia, antaño líderes en asistencia sanitaria, las vacantes se cuentan por decenas y centenares de miles y los sistemas de salud y asistencia social funcionan a duras penas. En palabras de un importante periódico alemán, el país está aprendiendo «lo que significa que un sistema implosione».
Al parecer, 500 médicos cubanos, normalmente destinados a ayudar a los países vecinos pobres de Sudamérica, han sido enviados a la región italiana de Calabria, en un intento de tapar las grietas.
Problemas similares afectan al sistema sanitario estadounidense. Los hospitales cierran a un ritmo alarmante, los quirófanos cierran por falta de personal y los pacientes pasan horas y días esperando en urgencias.
Ajenos a los límites del capitalismo y sin opciones, los políticos se esfuerzan por hacer frente a la crisis. Los intentos de la ministra alemana de Sanidad de redistribuir enfermeras y médicos han sido calificados de «absurdos» y «acto desesperado» por destacados médicos.
Ante las crecientes necesidades sanitarias y unos servicios de salud esqueléticos, muchos países optan por medidas de austeridad. A la sombra de una inminente recesión, se prevé que 83 de las 189 economías se enfrentarán este año a una contracción del gasto público en sanidad. Los trabajadores de todo el mundo tendrán que pagar con su salud, o incluso con su vida.
Los más pobres son los que más sufren
La crisis sanitaria de los países de renta baja y media se ve afectada por la explotación imperialista. Junto con la colaboración de las burguesías nacionales y el dominio financiero de entidades como el Banco Mundial, muchos de estos países tienen una dependencia extrema de las ayudas, aunque, por supuesto, en última instancia se extrae más de estos países en forma de servicios de la deuda y simple robo de lo que reciben. No obstante, en Sudán del Sur, por ejemplo, más del 50% del presupuesto sanitario procede de las ayudas. En Tanzania, el 98% de la financiación del VIH/SIDA procede de otros países.
Enfrentados a una crisis capitalista en casa, los gobiernos europeos están aplicando recortes a la ayuda internacional. El Primer Ministro británico, Rishi Sunak, mientras ocupaba el cargo de ministro de economía, recortó las ayudas del Reino Unido en 4.500 millones de libras. Estos recortes incluían el plan británico Partnerships for Health, por el que los trabajadores sanitarios británicos habrían formado a 78.000 personas en todo el mundo, ayudando a 430.000 pacientes. Noruega, considerada en su día el líder de la ayuda mundial, ha tomado medidas similares.
En Afganistán, el colapso del régimen respaldado por Estados Unidos y la victoria de los talibanes ha provocado una oleada de sanciones. El sistema sanitario afgano dependía en gran medida de la ayuda extranjera, por lo que la retirada de personal y recursos occidentales ha destruido hospitales y clínicas comunitarias. Como consecuencia, tres cuartas partes de la población afgana se han sumido en una pobreza aguda, las tasas de desnutrición infantil se han duplicado y se prevé el cierre del 90% de las clínicas sanitarias.
Muchas economías son víctimas de las trampas de la deuda de instituciones imperialistas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que desvía fondos de la sanidad. En 2019, los países de renta media-baja destinaron más porcentaje de su PIB al pago de la deuda (9%) que al gasto sanitario (8,3%). Estas cifras son mucho más atroces en los países de renta baja. Entre 2016 y 2019, el reembolso medio de la deuda en Sierra Leona constituyó el 36 por ciento de los ingresos públicos, con la mitad de la deuda pública con el FMI.
El consejo del Economista Jefe del Banco Mundial en un artículo del Financial Times de 2020 era «primero luchar contra la guerra, luego averiguar cómo pagarla», un consejo nada inesperado en un organismo famoso por ofrecer préstamos vinculados a brutales medidas de austeridad y privatización.
Además de la infrafinanciación crónica y la inmensa carga de la deuda, las economías más pobres son víctimas de las agudas crisis económicas inherentes al sistema capitalista. En 2014, en Brasil, la contracción de la economía provocó que 2,9 millones de personas perdieran su seguro médico privado. Esto exacerbó las disparidades en los resultados de la atención sanitaria y coincidió con un resurgimiento de enfermedades infecciosas como la sífilis, la malaria y el dengue.
La pandemia de COVID-19 demostró que las economías sobrecargadas por la deuda y los sistemas sanitarios infrafinanciados no estaban preparados; es probable que la inminente recesión mundial agrave aún más la crisis sanitaria, y que los recortes en sanidad perjudiquen sobre todo a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.
La gran disparidad entre el gasto sanitario de las naciones más ricas y de las más pobres es un problema que ya existía mucho antes de la pandemia de COVID-19. Los países de renta alta, que representan el 15% de la población, gastan el 80% del gasto sanitario mundial. Sólo Estados Unidos representaba el 44% del gasto.
Esta desigualdad ha provocado un fenómeno de «fuga de cerebros», por el que los trabajadores sanitarios emigran a países más ricos en busca de mejores salarios y condiciones. En un ejemplo sorprendente, la muerte de un solo neurocirujano en Uganda supuso un 25% menos de neurocirujanos para una población de 44 millones de habitantes. El perjuicio económico global para los países equivale a miles de millones de dólares.
Mientras tanto, todo el continente africano, que representa el 16% de la población mundial y el 23% de la carga sanitaria mundial, apenas representó el 1% del gasto sanitario mundial en 2015. De este 1%, el 35% se pagó » de su bolsillo «, es decir, con los escasos salarios de los trabajadores.
¿Soluciones?
Ante este inminente colapso mundial, ¿cuál es la solución que ofrecen los estrategas del capital?
En su informe Perspectivas Sanitarias Mundiales 2022, la consultora Deloitte animaba a los líderes sanitarios a «reimaginar y transformar el limitado y aquejado sistema sanitario público en un sistema centrado en el ser humano, inclusivo y resistente a futuras crisis».
Por desgracia, esta crisis sanitaria exige algo más que una reimaginación, y desde luego no ideas de la misma clase capitalista que se ha pasado las últimas décadas infrafinanciando a propósito el sistema sanitario.
En la provincia canadiense de Ontario, el primer ministro Doug Ford ha respondido a la creciente carga sanitaria con una fuerte privatización, dirigida al 50% de las cirugías electivas. A pesar de las protestas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario, que subraya que esta medida «gravará aún más nuestros recursos humanos sanitarios y aumentará los tiempos de espera para la atención hospitalaria más urgente», estos planes siguen adelante.
Los trabajadores de la sanidad ya están tomando medidas por su cuenta, con una oleada de huelgas a escala internacional.
En Madrid, 5.000 médicos y pediatras se han declarado en huelga contra la privatización, los recortes salariales reales y el exceso de trabajo. En Gran Bretaña, el Royal College of Nursing votó por primera vez en su historia a favor de la huelga. El personal de ambulancias y otros trabajadores sanitarios se han unido a los piquetes, y los médicos residentes también han votado a favor de la huelga.
El gobierno tory ha procedido a declarar la guerra a las mismas enfermeras que celebraba como heroínas hace sólo unos años. Por su parte, el Partido Laborista, dominado por los blairistas, ha lanzado ataques contra enfermeras y médicos por defender la sanidad.
El Secretario de Sanidad en la sombra, Wes Streeting, ha escupido bilis contra el sindicato de médicos BMA, mientras que el líder Keir Starmer ha declarado sin rodeos que los laboristas llevarían adelante la austeridad en el poder y confiarían en la prestación privada para «reducir los tiempos de espera». Entre las útiles sugerencias de Starmer para «aliviar la presión» sobre el servicio nacional de salud, NHS, estaba la idea de que los pacientes pudieran evitar un triaje profesional ¡haciendo pruebas en casa para detectar hemorragias internas!
Todo esto preparará nuevas luchas encarnizadas en caso de un futuro gobierno laborista de derechas.
En la India, los trabajadores de los anganwadi (centros de atención a la infancia) se declararon en huelga indefinida el año pasado contra las insoportables condiciones de trabajo y los bajos salarios de sus miembros. En Zimbabue, el gobierno ha recurrido a la prohibición de las huelgas sanitarias en respuesta a la prolongada lucha con médicos y enfermeras, que han estado en huelga para conseguir aumentos salariales que superen la inflación.
Estas acciones representan una creciente conciencia de clase entre los trabajadores sanitarios, un reconocimiento de que la prestación de asistencia sanitaria no está exenta de la crisis del capitalismo.
Sin embargo, la huelga por sí sola no puede resolver la falta de financiación y la caótica planificación de la sanidad en todo el mundo. En última instancia, no se puede planificar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se posee.
Todos los recursos sanitarios, desde los hospitales privados hasta la industria farmacéutica, deben nacionalizarse sin indemnización. Los servicios sanitarios deben gestionarse bajo el control democrático de los trabajadores, que tienen los conocimientos más especializados sobre las necesidades sanitarias de la población.
Décadas de infrafinanciación pueden invertirse mediante la expropiación de los bancos y los monopolios, incluidos los parásitos del sector privado que se aprovechan de la vulnerabilidad de los pacientes enfermos y moribundos.
Los recursos pueden asignarse de forma democrática y racional en función de las necesidades. Los sindicatos deben liderar campañas masivas de formación y contratación, especialmente dirigidas a los sectores de los países más pobres donde se necesita desesperadamente personal experto.
La salud y la vida de los pacientes son rehenes de un sistema capitalista asolado por la crisis y la contradicción. Sólo una revolución socialista mundial, que ponga las palancas de la economía en manos de los trabajadores, puede resolver esta pandemia de ineficiencia y austeridad.
