De todos es conocido el intento de la derecha salvadoreña de privatizar el agua en el país, lo que significa que se convertirá en un privilegio sólo para las familias que se la puedan costear, y no un derecho humano como lo exigen decenas de organizaciones sociales que buscan la ratificación del artículo 69 de la constitución; el cual garantiza el acceso al recurso hídrico en cantidad y calidad necesarias para el pleno desarrollo de la persona humana. Es claro que con la privatización las mayores beneficiadas serían las empresas privadas nacionales y transnacionales.
La burguesía oligárquica de El Salvador intentó camuflar dicha privatización con un eufemismo más técnico en su propuesta de “ley integral del agua”, que busca según ellos establecer la administración del agua a través de una “entidad hídrica”, sin embargo, este encubrimiento -de su claro propósito privatizador- fue desenmascarado por el movimiento social organizado, quienes salieron a las calles de forma combativa a protestar en contra de la propuesta de ley que busca privatizar el agua.
Al ver las reacciones de la sociedad civil, sindicatos y de las masas obreras y estudiantiles, el candidato presidencial del partido ARENA, Carlos Calleja, trata de adoptar una postura en contra de la privatización del agua, con una clara actitud demagógica que solo busca levantar sus bajos niveles de popularidad de cara a las elecciones presidenciales del 2019. El día 4 de julio Callejas se presentó a la Asamblea Legislativa, acompañado de diputados de su partido, a pedir que se ratifique la reforma al artículo 69 de la constitución; nada más hipócrita que eso.
Fue precisamente el partido ARENA quien privatizó la banca, las telecomunicaciones y la distribución de la energía eléctrica, entre otros servicios estatales. Y de no ser por las luchas del pueblo salvadoreño, también la salud se hubiese privatizado, como parte de su agenda neoliberal desarrollada en las dos décadas que dicho partido estuvo al frente del ejecutivo. Embaucar a la población ha sido su método de hacer política desde siempre, tanto para llegar al poder como para gobernar; dijeron que sólo querían sanear la banca; que no entregarían las pensiones de los trabajadores a manos privadas; que la dolarización solo era una integración monetaria, etc. Pero en la práctica hicieron lo contrario, buscando nada más beneficiar al gran capital, sin importar los efectos devastadores que este tipo de decisiones traería para los trabajadores y las capas más vulnerables de la sociedad.
Ahora la derecha y su principal partido, ARENA, personificado en su candidato presidencial, se presentan ante las cámaras abanderando la consigna contra la privatización del agua, mientras a espaldas del pueblo están fraguando la privatización inminente del recurso hídrico que dicen defender. Recordemos también que durante dos legislaturas negaron sus votos para la ratificación de la reforma constitucional del artículo en mención.
La campaña electoral está en desarrollo y como en ocasiones pasadas la derecha hará uso de su retórica populista, pretendiendo ganar adeptos a su candidato, quien busca llegar a la presidencia para poner al órgano ejecutivo en función de la lógica neoliberal que ha caracterizado a su partido.
Solo la organización consciente de los trabajadores, podrá impedir la privatización del agua, como lo hizo en defensa de la salud en el pasado. Los estudiantes, el movimiento social y demás sectores, han demostrado el poder real en las calles, en oposición al poder formal representado por el parlamento, que actualmente es controlado por la derecha expresada en sus diversos partidos, que forman un bloque alineado para defender los intereses de la clase económica dominante.
No podemos permitir que un personaje nefasto como Callejas arribe a la presidencia, siendo uno de los propulsores de la explotación minera en el país, representante y defensor acérrimo de la burguesía y un transgresor de los derechos laborales más elementales de los empleados de sus empresas.
La lucha por el agua sigue en las calles, y estaremos dando la batalla hasta que la derecha desista de su ley privatizadora, y en su defecto se ratifique la reforma al artículo 69 de la Constitución, para luego dar continuidad a la discusión de la Ley general de aguas y que se reconozca este recurso como un derecho humano.
¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!
