El pasado 13 de julio fue un día histórico: la Sala de lo Constitucional dio a conocer tres resoluciones de inconstitucionalidad, las cuales han generado un ambiente confuso, entre satisfacción e incertidumbre en la sociedad salvadoreña.Estas son la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, del tributo del 13 % a la energía eléctrica y de la solicitud de los bonos por 900 millones de dólares.
El pasado 13 de julio fue un día histórico: la Sala de lo Constitucional dio a conocer tres resoluciones de inconstitucionalidad, las cuales han generado un ambiente confuso, entre satisfacción e incertidumbre en la sociedad salvadoreña.Estas son la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, del tributo del 13 % a la energía eléctrica y de la solicitud de los bonos por 900 millones de dólares.
Creemos que declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, la cual no permitía un proceso judicial en contra de los actores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, perjudicaría sobre todo a los altos rangos militares, pues fueron ellos quienes, según la Comisión de la Verdad, cometieron la mayoría de crímenes. Estos militares históricamente han respondido a los intereses de la clase dominante y por esto no serían fácilmente enjuiciados ya que cuentan con su respaldo, y con los recursos materiales para poder comprar voluntades. Debido a los vacíos de la resolución emitida por la Sala, tampoco sería fácil enjuiciar a los actores intelectuales de estos crímenes, como es el caso de expresidente Cristiani.
Un escenario totalmente diferente se presenta por el lado de los excombatientes del FMLN. En el caso concreto de lo que podría ocurrir con nuestro presidente Salvador Sánchez Cerén, debido a que, por ser un líder de una de las principales guerrillas implicadas en el conflicto armado, podría atribuírsele la autoría, material o intelectual, de ciertos casos que sucedieron durante la guerra. Esto permitiría la posibilidad de un enjuiciamiento que provocaría la destitución de su cargo como presidente de la nación. Asestando un golpe político claro para el gobierno del FMLN, en esto reside el principal objetivo de esta resolución.
Desde una perspectiva de clase, los hechos ejecutados por la guerrilla eran en respuesta a la reacción militar del Estado en manos de la burguesía, quienes pretendían aniquilar la revolución. La lucha guerrillera tenía como principal objetivo liberar a la clase trabajadora y campesina del yugo al que había sido sometida por el gran capital durante décadas, algo que es intolerable bajo la Constitución burguesa.
Las resoluciones de inconstitucionalidad emitidas por la Sala permiten a la derecha desarrollar las condiciones para un eventual golpe de Estado. ¿Por qué afirmamos esto? Porque logrando desestabilizar a la Fuerza Armada, en un primer momento a través de la Ley de Amnistía, esta puede ser utilizada como un instrumento a favor de la reacción.
Siguiendo esta misma lógica, las resoluciones desestabilizan al gobierno del FMLN en tres sentidos:
En lo social, porque al declarar inconstitucional el 13 % al tributo a la energía eléctrica, en primer lugar, se genera una crisis económica en la autónoma CEL y además, se frenan los proyectos que buscan la generación de energía más barata y menos contaminante, que beneficiaría a los más desposeídos y al medio ambiente.
En lo económico, porque al decretarse inconstitucional los bonos de 900 millones de dólares por considerarlos “fraude a la Constitución”, se imposibilita el financiamiento de los programas sociales, encaminados sobre todo a resolver la crisis delincuencial que afecta el país. Esto genera crisis fiscal, pues el gobierno tendrá que mover presupuesto de otras carteras del Estado para subsanar estos gastos. Es claro, que la derecha presionará, bajo todos los medios posibles, para que los gastos que se reduzcan sean los destinados a la inversión social, como por ejemplo salud y educación.
En lo político, porque con la derogación de la Ley de Amnistía se busca abrir procesos judiciales contra compañeros de la exguerrilla, que ostentan un cargo público en el gobierno, entre ellos, y principalmente, contra Sánchez Cerén.
Las consecuencias de las resoluciones que generan inestabilidad en la Fuerza Armada y el gobierno, como hemos expuesto anteriormente, abren el camino para la posibilidad de la recuperación del poder por parte de la derecha a través de un golpe de Estado.
Ante esto, principalmente, se debe reconocer que la burguesía más reaccionaria no está dispuesta a mantener la estabilidad del gobierno de Sánchez Cerén, porque este en su seno aún representa los intereses de la clase trabajadora, más allá de las posturas reformistas que no han logrado aún arrebatarle el poder económico a la burguesía. En estas circunstancias, el partido debe de avanzar a medidas más revolucionarias para poder financiar los programas sociales, y esto pasa inevitablemente por tocar los intereses de la propiedad privada, declarando una reforma fiscal a favor de los trabajadores, y planteándose como uno de sus objetivos principales la expropiación de los medios de producción. Respecto a los aires de golpe de Estado, que se perciben ante toda esta situación, el partido debe preparar a las bases para defender las conquistas del gobierno del FMLN, explicando de manera clara y franca nuestros objetivos y los objetivos de la clase dominante.
