Guatemala situada en una región estratégica, con abundantes recursos naturales y una población joven multiétnica, tiene una enorme capacidad de generar riqueza y prosperidad para los guatemaltecos. A pesar que el país tiene antecedentes de corrupción e impunidad en los altos mandos del gobierno, el país aun así mantiene a flote su economía.
En el 2019 Guatemala cerro el año con un crecimiento económico de 3.5 % del producto interno bruto (PIB), el ministro de Economía de ese año Asciclo Valladares Urruela, indicó que aunque no se logró superar la previsión, “el comportamiento de los sectores productivos ha sido positivo y se cumplieron las metas previstas”. El Banco Central resaltó que este resultado positivo se debe, principalmente, a las actividades económicas de comercio y reparación de vehículos; actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; industrias manufactureras, y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, sin dejar a un lado las remesas que siguen siendo un factor relevante en el crecimiento económico.
Los datos muestran un comportamiento contradictorio, ya que no se ha traducido ese crecimiento económico a la población más vulnerable, reflejando que el 1 % más rico de la población tiene un ingreso igual a la suma de los ingresos del 45 % más pobre en Guatemala, según el ICEFI. Permitiendo ampliar la brecha de desigualdad entre la clase trabajadora y la élite empresarial, mostrando así dos realidades distintas en el país.
Los datos proporcionados por la entidad Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) realizado en el año 2014, muestra que el país registra 59.3% de habitantes que viven en pobreza y pobreza extrema la cual impacta mayoritariamente a la población indígena-rural, siendo los niños los principales afectados. Según el Banco Mundial, padecen pobreza extrema las personas que viven con menos de 1 dólar al día y la pobreza moderada la padecen personas que viven con menos de 2 dólares al día y Guatemala no está fuera de esta realidad.
Los efectos en la economía se están empezando a percibir, siendo los más afectados ante esta crisis las personas más desprotegidas y se prevé una situación no muy alentadora en el futuro para ellos, teniendo consigo efectos negativos en la población, no sería extraño incluso ver una migración a gran escala, tomando en cuenta que el 70% están en una economía informal, a esto le podemos sumar las disposiciones de la cuarentena y el aislamiento social por la crisis sanitaria que obliga no solo a resguardarse, sino también condena indirectamente a una muerte segura, ya que el gobierno no cuenta de forma inmediata con financiamiento propio para subsidiar a los desempleados y al campesinado.
Actualmente Guatemala cuenta con una brecha fiscal de Q1.4 millardos, por consiguiente el país es obligado a acudir al endeudamiento externo para contrarrestar de forma superficial la pandemia y sus efectos, pero lo más discutible son los destinos de la deuda. No se puede seguir con endeudamiento para pago de más deuda y al despilfarro en gasto no prioritarios del gobierno como: salarios a funcionarios públicos que sobrepasan al sentido común, tal el caso del presidente de la República Alejandro Giammattei que devenga alrededor de Q148,838.00 mensual siendo equivalente en dolares de $ 19,381.17, se le considera el mejor pagado a nivel de Latinoamérica, un congresista promedio gana más de Q29,500.00 mensual y no digamos de las demás dependencias del Estado que están fuera de la realidad.
El pasado 5 de abril el Congreso de la República aprobó la ampliación presupuestaria de Q5 mil 138.9 millones y tres préstamos a bancos internacionales (BIRF, BCIF y BID) por US$443.2 millones, aludiendo que es para combatir la propagación del virus Covid-19 y la ayuda a la población más vulnerable con el bono familiar. A esto le sumamos la deuda pública que tiene el país a la banca internacional, la Dirección de Crédito Público, Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, señala que el saldo de la deuda interna es de Q87 mil 221 millones y la externa de Q70 mil 104 millones al 31 de diciembre del 2019, siendo un total de la deuda pública de Q157 mil 325 millones y esto sin duda, aumentará en los próximos meses.
Según la proyección del Minfin, durante los próximos 36 años se podrá saldar la deuda a los 17 organismos internacionales que se adeuda. Pero la interrogante es; ¿Quién pagará la deuda? Las grandes empresas están sometidas al Impuesto directo sobre la renta (ISR), pagando al fisco Q17 millardos con un 27.2 % del total recaudado, por otro lado en enero del 2020 se decía que “Los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) lograron un alza interanual de 8 %, llegando a casi Q30 millardos. El IVA doméstico creció 10.2 %, con ingresos por Q14.6 millardos, y el IVA recaudado por las importaciones sumó Q15.3 millardos, un crecimiento de 5.8 %.
“El IVA representó el 48 % de los ingresos que reportó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mientras que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue el 27.2 % del total recaudado con Q17 millardos”. Con estas cifras es claro que quienes financian las cuentas del Estado son los pequeños contribuyentes y no las grandes empresas.
No podemos desvalorizar la contribución y la ayuda que genera nuestros hermanos guatemaltecos, que por falta de oportunidades emigran a otro país para poder tener un ingreso digno, generando más de US$10.5 millardos de remesas familiares, según la banca central, lo que equivale al 13.8 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Guatemala es el país de América Latina y el Caribe, con la tasa de recaudación fiscal más baja de la región, cuyo promedio se ubica en el 21,3 %, según la CEPAL, datos tomados de la carga tributaria desde los años 1990 al 2011, las grandes empresas son las que menor hacen efectivo el pago del tributo, tal es el caso de Acero de Guatemala Sociedad Anónima, que según el MP y la CICIG, utilizó una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para obtener la desestimación de tres querellas en su contra por Q255 millones 612 mil en defraudación de impuestos, una demanda que fue impuesta desde el año 2012 a dicha empresa.
Los empresarios organizados (CACIF) son los que más evaden impuesto y lo han hecho por décadas, no solamente no pagan impuesto, sino también no contribuyen con el desarrollo del país, lo que nos deja una sola conclusión, el pago de la deuda lo hace la clase trabajadora y no los grandes empresarios.
Esta situación nos obliga hacer un análisis crítico y de debate sobre la planificación, aprobación y la ejecución del Presupuesto de la Nación, y con ello un pacto fiscal que pueda ser de forma proporcional en cuanto a las ganancias de capital. El presupuesto tiene que adecuarse, priorizando los ministerios que prestan servicios de primera necesidad de la población siendo; salud, vivienda, educación, trabajo y agricultura, para mejorar los indicadores sociales, se necesita suspender inmediatamente el pago de la deuda con la finalidad que pueda invertirse en programas sociales, así como la disminución de los salarios exorbitantes que se proporciona a los funcionarios públicos, el recorte del personal de algunos ministerios que para nuestro parecer no tiene relevancia tenerlos y mantenerlos siendo uno ellos Ministerio de Defensa, ya que no estamos en guerra para poder mantener soldados.
De esta manera podemos ir encaminados en una justicia social.
