Durante la cuarentena nacional por la emergencia del Covid-19, han salido a la luz muchas deficiencias en los servicios esenciales hacia la población más vulnerable, iniciando con el sistema de salud que no está preparado para un brote masivo de contagios por el virus. De la misma forma se puso de manifiesto la problemática del transporte público de pasajeros, que de por sí ya es deplorable, sin embargo, la situación empeoró con las nuevas exigencias de la pandemia. A partir de las medidas, desde el gobierno se dieron indicaciones para que las unidades de transporte funcionaran a la mitad de su capacidad lo que reducía drásticamente los niveles de ganancias para los empresarios del transporte público.
Al ver afectadas sus ganancias, los empresarios del transporte amenazaron con dejar de operar sus unidades argumentando que no les era rentable; en seguida el presidente Bukele publicó, como es habitual, en redes sociales: “Los buses que no presten el servicio en esta crisis, se les retirarán sus líneas, concesiones, subsidios y se les decomisarán indefinidamente sus unidades. Estas serán operadas por el Gobierno, hasta que se asignen a empresarios serios o nacionalicemos el transporte público”.
Esta declaración sobre nacionalizar el transporte es muy necesaria para el mejoramiento del servicio, que actualmente está a cargo de empresarios privados y subsidiado por el gobierno. Toda persona que viaja a sus trabajos y centros de estudio en el transporte público conoce las condiciones de las unidades que en muchos casos no se les da un mantenimiento continuo, a pesar que mensualmente cada unidad recibe en concepto de subsidio $400 ó $200 dependiendo si es autobús o microbús. Este subsidio se ha entregado continuamente por más de diez años y los empresarios lo cobran incluso por unidades que no están en funcionamiento.
La experiencia del SITRAMSS ha demostrado que un sistema de transporte administrado por el Estado es más eficiente, limpio, ordenado y seguro. Sabemos que hay empresas involucradas por ser un asocio público-privado, sin embargo, ha dado mejores resultados porque se implementó pensando en el servicio que se brindaría a la población y no solo en el lucro. Esta es la principal diferencia con el resto de empresarios del transporte, que únicamente buscan incrementar sus ganancias a costa de la comodidad y seguridad de los pasajeros.
Un sistema de transporte estatal administrado por los trabajadores debe garantizar primeramente seguridad social para los empleados que conduzcan las unidades o quienes den mantenimiento. Debe implementarse un sistema de video vigilancia para dar mejores herramientas a la PNC en la persecución de los delitos cometidos al interior de las unidades, como hurtos, robos y acoso sexual. Por otra parte debe sacar de circulación todas aquellas unidades que ya cumplieron su vida útil y ser sustituidas por autobuses con mayor capacidad y menos contaminantes.
Se debe hacer una evaluación sobre qué tan viable es el uso de microbuses, teniendo en cuenta su poca capacidad de pasajeros y el tráfico que generan, agregado a esto que en algunos casos el pasaje es más elevado que en otras unidades como los autobuses. Si contabilizamos todos los pasajeros de estas pequeñas unidades nos damos cuenta por simple lógica que se pueden transportar en un número menor de autobuses.
En su publicación el presidente menciona que las unidades decomisadas podrían ser asignadas a empresarios “serios”, esto no soluciona en si la problemática, porque si se mejora el servicio en manos privadas aumentaría el precio del pasaje, que sería una medida contraproducente para la población. Lo que debe hacerse es mejorar el transporte manteniendo el precio accesible al bolsillo de los trabajadores.
La pandemia una vez más expone la desigualdad entre las clases y reafirma la necesidad de cambiar el sistema y posicionarlo sobre una base económica planificada por los obreros. La nacionalización del transporte puede ser un primer paso para devolverles a los trabajadores lo que les pertenece. Las ganancias que los empresarios del transporte han acumulado por años podrían haber servido para mejorar el servicio de transporte mismo si hubiese sido nacionalizado mucho antes. Hoy que están en quiebra por la emergencia algunos han propuesto dar en convenio al gobierno sus unidades mientras el negocio vuelve a ser rentable. Este es un viejo truco que utilizan los capitalistas para que el Estado los saque de la crisis. Los usuarios y trabajadores del transporte colectivo debemos exigir la nacionalización del servicio en mejores condiciones y al mismo precio, pero esta nacionalización debe estar en manos de los mismos trabajadores.
