Por Katherin Nuñez
Desde la declaración de Emergencia Nacional del presidente Nayib Bukele se han implementado una serie de medidas que buscan reducir la cantidad de contagios a causa del Covid-19; dichas medidas incluyeron el cierre de las fronteras terrestres y áreas, y el comienzo de la cuarentena domiciliar obligatoria.
Para asegurar el cumplimiento de la cuarentena por parte de las personas, nacionales o extranjeras que regresaban al país, fueron enviadas a una cuarentena obligatoria de 30 días en diversos centros disponibles para dicho fin. Por otro lado, para asegurar el cumplimiento de la población en general, el presidente decretó una Ley que permitía detenciones a quienes incumplieran la cuarentena injustificadamente.
Esto último, paralelamente, ha provocado un alza en la cantidad de detenciones ilegales realizadas por la Policía Nacional Civil, mayor agresión y uso de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, y hasta ejecuciones extra judiciales.
Para ambos casos, se habilitaron diferentes centros de contención. El primero de ellos fue el albergue de Jiquilisco, y tras una serie de protestas por parte de las personas que se encontraban ahí, ocasionadas por el hacinamiento y las pocas medidas sanitarias de prevención, el gobierno salvadoreño decidió utilizar distintos espacios institucionales para dicho fin como albergues nacionales, centros obreros del Ministerio de Trabajo, polideportivos, instituciones educativas, y otros como casas de retiro.
El 11 de marzo, el presidente Bukele ofreció contratar diferentes hoteles para aislar y alojar a las personas que ingresen al país, esto como una medida de prevención para evitar los contagios; la propuesta surgió durante una reunión que sostuvo en Casa Presidencial con representantes de diferentes gremiales empresariales, con el objetivo de informarles sobre las medidas del decreto de cuarentena nacional.
Los primeros afectados por la paralización de la vida social ante la cuarentena obligatoria es el sector de hostelería y turismo, por tanto, en esta crisis no es casualidad que el Estado empiece a jugar un papel importante para salvaguardar los intereses de los sectores comerciales e industriales más golpeados por la crisis; con dicha medida, en realidad, se buscaba una nueva estrategia para proteger la economía y los intereses de la empresa privada.
La contratación de hoteles para ser usados como Centros de Contención, en el fondo, también se ha convertido en un negocio; que al contrario de lo que pasa en los tiempos normales, estos negocios están siendo financiados con el dinero de los contribuyentes; es decir, con el dinero recaudado por impuestos de los más pobres (según estadísticas somos los más pobres los que más aportamos en concepto de impuestos al Estado).
No estamos en contra de que estos lugares sean utilizados como Centros de Cuarentena, sin duda, ello significa una mejora en las condiciones para las personas que se recluyen ahí; sin embargo, denunciamos que los sectores capitalistas dueños de estos hoteles estén haciendo negocio y generando ganancias a costa de la crisis que vive el país.
En un régimen verdaderamente democrático, los intereses de la mayoría deberían estar sobre los intereses individuales de los más ricos del país, pero eso no sucede en un Estado de democracia burguesa como el nuestro. Esto en la práctica lo comprobamos con todos los grandes empresarios capitalistas individuales que poseen la infraestructura necesaria para salvaguardar vidas, no sólo durante esta emergencia, y aun así, no tienen el deseo de prestarla al servicio e interés colectivo.
Un verdadero gobierno de los trabajadores hubiese nacionalizado esta gran propiedad como una medida de emergencia, y la hubiese puesto al servicio de la sociedad por tiempo indefinido. Pero aquí vemos como se prioriza el interés del mercado antes que las vidas de los más pobres.
Desde un inicio, el manejo y administración de los Centros ha desatado diferentes críticas, debido que no se garantizan condiciones dignas y mínimas para evitar el contagio; aunque el número de los Centros de Contención asciende a los 90, estas situaciones fueron y sigue siendo denunciadas en diferentes medios de comunicación por parte de quienes cumplen su cuarentena en estos Centros.
Según el Sondeo de opinión sobre las medidas que las autoridades han tomado en los centros de contención en cuarentena durante la emergencia nacional por COVID-19 de la UCA, mostró que el 75.6 % de las personas en cuarentena se encontraban en estos recintos por haber regresado de un viaje. El 13.3 % porque había sido sometida a una detención injustificada por parte de las autoridades policiales y militares, y un 11.1 % porque había incumplido la cuarentena domiciliar.
Entre las principales demandas que realizan las personas durante su permanencia en estos Centros se encuentran la falta de alimentos y agua en cantidades suficientes, solicitan además atención médica, denuncian los procedimientos o insumos inadecuados para prevenir el COVID-19, deficiencias en las instalaciones, solicitud de dieta especial por enfermedad, falta de información de procedimiento o fecha de salida, falta de realización de pruebas para detectar el COVID-19 o entrega de resultados, problemas de organización, necesidad de atención en salud mental, hacinamiento, entre otras. A esto se le suma, la ansiedad que provoca una experiencia de confinamiento, según identifica el sondeo, las personas viven constantemente con preocupaciones, sensación de inseguridad, miedo y llantos.
Tras esta descripción sobre las realidades que afrontan las personas en estos Centros, es inevitable no prestar atención ante las situaciones que podrían originarlas y los efectos de las mismas.
Hasta el día de hoy, se siguen emitiendo quejas sobre la falta de información sobre las fechas de salida de las personas ahí recluidas, quienes afirman haber cumplido más de los treinta días reglamentarios, periodo durante el cual han sido trasladados a más de dos centros diferentes. A parte de la improvisación con la que se ha manejado la administración de estos Centros, ¿a qué se deben estas situaciones?
Tal parece que se sigue alargando la estancia de dichas personas en estos lugares para que las grandes empresas hoteleras puedan seguir percibiendo sus ingresos gracias a la gran cantidad de habitaciones que el gobierno ha adquirido a “un precio especial”; puesto que en un Estado burgués con un gobierno oligarca al frente no es una opción que la gran empresa deje de recibir sus ganancias, pero sí es una obligación para el resto de salvadoreños que son parte del sector informal o trabajadores a quienes sus contratos se les han suspendido; para ellos que son la mayoría de la población, no se les ha brindado una alternativa económica, y al pueblo en Centros de Cuarentena lo único que se les ha ofrecido es una constante violación a sus derechos humanos bajo el endurecimiento de las medidas de control.
Finalmente, se avecina otra realidad, el invierno; el cual es una oportunidad para el país de poder abastecer sus mantos acuíferos de agua subterránea, pero por otro, demostrará la vulnerabilidad social de muchos salvadoreños que no tienen una vivienda digna; así mismo, el Estado demostrará su capacidad de enfrentar estos desastres. Bajo el contexto de un invierno fuerte como en años anteriores, donde comunidades han tenido que ser albergadas por vivir en zonas de riesgo ante desastres como inundaciones y deslaves ¿cómo se hará con ellos, si estos albergues ya están siendo utilizados para otros fines? ¿Hay nuevas estrategias y medidas ante una posible emergencia de este tipo?
Los problemas de los que estamos siendo testigos en los últimos meses, los cuales son parte de una realidad de la que no es ajena ningún trabajador o trabajadora, así como las formas de combatirlos, no hacen más que crear incertidumbre y miedo sobre el futuro.
No podemos confiar en nuestros gobernantes, vemos como el gobierno de Bukele, la Asamblea Legislativa y todas las instituciones estatales, han sido incapaces de poner a disposición de los más pobres los hospitales y clínicas privadas, de utilizar los grandes hoteles para, de manera gratuita, poder mantener centros de cuarentena en condiciones humanas, y de utilizar la industria de la construcción para dotar a la sociedad de una red de hospitales adecuados para tratar la epidemia.
¿Qué tipo de confianza se merecen estas instituciones que dicen defender y garantizar nuestros intereses? Ninguna.
Los políticos, aunque lo nieguen con su griterío, desde un inicio en esta crisis se han inclinado sobre la economía, la propiedad privada y la defensa de las comodidades de los ricos; priorizando estos intereses antes que la vida de los más pobres.
La política y el Estado están bajo la dominación de la clase dominante y el gran capital; la realidad concreta lo confirma hoy y lo terminará de confirmar mañana.
