La necesidad de nacionalizar el sistema de pensiones

El pasado jueves 28 de septiembre a la 1:00 am de la madrugada fue aprobada la reforma de pensiones, la “reforma integradora” como la han llamado los diputados de la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación, aludiendo a “la máxima unidad de la clase política”, “el cese de la polarización”, “el gran acuerdo” como si los intereses de los trabajadores pudiesen conciliarse tan fácilmente con los intereses de las empresas privadas. Esta reforma presenta una serie de cambios mínimos al sistema previsional, pero soluciona el “problema” de caer en impago y le da un respiro a las finanzas del Estado, entre otras cosas que analizaremos más adelante.

Desde el principio de esta lucha, consideramos que para encontrar una salida a la crisis del sistema previsional se debió partir desde una perspectiva de clase. Cualquier reforma que pretendiera brindar una alternativa debía poner sobre la mesa la necesidad imperante e ineludible de acabar con la privatización del sistema, para volver a un sistema de capitalización colectiva de carácter público administrado por los trabajadores mismos. Solo así podríamos acabar con el endeudamiento público y empezar con una política más amplia, para aumentar la cobertura y los montos de las pensiones que se pagan a los trabajadores.

Sin embargo, la realidad fue totalmente distinta, desde el principio el FMLN se planteó la idea de un sistema mixto que, como ya algunos economistas de izquierda plantearon en su momento, no solucionaba del todo el problema, porque mantendría funcionando a las AFP, era absurdo creer que con un sistema mixto las AFP llegarían a la quiebra.  Esto es no entender cómo funciona la competencia y el mercado en el sistema capitalista, obviamente las empresas estatales no podrían competir con las empresas privadas. Pero la intención no era esa, sino persuadir a los diputados de la derecha -representantes de la burguesía en el parlamento- para que dieran sus votos en favor de la propuesta del sistema mixto, pues bajo ese sistema el Estado no tendría complicaciones para resolver las obligaciones previsionales por un tiempo considerable, pero dejaba intacta la generación de lucro por parte de los empresarios de las AFP.

La actitud de la derecha fue nefasta y reaccionaria, acorraló al gobierno llevando el debate hasta las últimas instancias, utilizando todo tipo de métodos, bloqueos, campañas mediáticas, mentiras y calumnias, etc., a través de los medios de comunicación y las instituciones del Estado que aún controla. Y, efectivamente, su estrategia funcionó a la perfección, pues en los últimos meses el gobierno del FMLN abandonó la postura del sistema mixto y se inclinó sobre la idea de desarrollar un fondo colectivo con el dinero de los cotizantes que sirviera para pagar las obligaciones previsionales del gobierno, obligaciones heredadas del viejo sistema y las pensiones vitalicias que las AFP no pagan a los trabajadores que se pensionan bajo su sistema.

El gobierno estaba dando pasos atrás y los problemas se acumulaban: resoluciones en contra del Presupuesto y en contra también de cualquier reforma por mínima que fuese a la ley FOP (Fideicomiso de Obligaciones Previsionales), amenazas de impago, negatividad para buscar una solución bajo los viejos métodos, imposibilidad de reducir más gastos en carteras sociales. Todo esto generaba un clima totalmente adverso, que no se podía resolver bajo los estrechos límites de la política burguesa, pero que si tenía, y tiene, solución a través de la política revolucionaria. 

Pero al no aplicar una política vinculada con el movimiento de los trabajadores y confiar plenamente en el dialogo con los opresores desde las instituciones del Estado, no quedaba de otra más que conciliar los intereses y conseguir unos pequeños cambios, que evitan alguno de los problemas más inmediatos, pero dejan los problemas más serios acumulándose progresivamente. 

Los siguientes son algunos de esos cambios hechos a partir de la reforma de pensiones:

Del 15 % de la cotización se destinará el 11.3 % (75 %) a las cuentas de ahorro individual y no el 8% como proponía la oposición, se distribuirá así: 8 % de cotización, 3 % de la Cuenta de Garantía Solidaria, 0.3 % de comisión. Esto supone claramente que la administración de las AFP se mantiene funcionando, como era de esperarse, con la diferencia de la creación de un fondo solidario que saldrá de las cotizaciones a las AFP y servirá para solventar las obligaciones previsionales del gobierno.

Reducción de la comisión y prima de seguro que cobran las AFP de 2.2 % al 1.9 %; la diferencia del 0.3 % alimentará el ahorro de las personas. Lo cual significa que baja el margen de ganancias de las AFP, mínimamente, así como también aumenta el monto de las pensiones.

Se retribuye la devolución de la cotización del 5 % que alimentará la Cuenta de Garantía Solidaria de aquellas personas que no tendrán derecho a pensión por no cumplir requisitos para gozar de una pensión, se pretendía que este monto no se entregara con la propuesta de la derecha.

Mejores tasas de reemplazo^* que oscilarán entre 45 % y 55 % en contra de tasas del 42 % de la propuesta de la oposición; con pensiones que tendrán un tope de $2,000.

Reducción de las diferencias de las tasas de reemplazo entre segmentos de población, entre los que comenzaron a cotizar en el sistema privado cuando entró en vigencia este y que están próximos a pensionarse y la población joven obligada que se jubilará en el futuro.

Se aumentan los beneficios por invalidez y sobrevivencia en 50 % para invalidez total y fallecimiento y 35 % para invalidez parcial; con respecto de la propuesta de la oposición. Los beneficios serán cubiertos en el seguro de invalidez y sobrevivencia. 


Las personas que reciban devolución del saldo de sus aportaciones, podrán cotizar de manera voluntaria a los beneficios del programa de salud del ISSS. 


Se establece un aporte máximo del Estado del 2.5 % de los ingresos corrientes netos del presupuesto, destinado para al pago de pensiones al ISSS e INPEP en lugar del 5 %.

Se reestructuró la deuda previsional en condiciones financieras más favorables acorde a la capacidad financiera del Estado: 30 años plazo, 3 años de periodo de gracia con las siguientes tasas de interés: 2.5 % para 2017-2018; 3.0 % en 2019; 3.5 % en 2020; 4.0 % en 2021 y 4.5 % a partir de (2022), esto parte de la condición de que el Estado estabilice sus finanzas en el futuro, algo muy incierto. Se mantiene el margen de endeudamiento.   

A pesar de que algunos puntos de las reformas a la Ley han representado un mínimo paso adelante, no podemos jactarnos de que estas pequeñas reformas representan una victoria para la clase obrera, esto no es cierto. En realidad, pasa todo lo contrario, pues el problema se mantiene, como dice el dicho popular “pan para hoy, hambre para mañana”. El mismo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, reconocía antes de aprobadas las reformas que: “La propuesta de ellos (de la derecha) es insostenible en 2,800 millones de dólares al año 2050, la propuesta nuestra es insostenible en una cantidad menor, 2,400 millones de dólares”** La gravedad de estas declaraciones lo resumía una nota de la siguiente manera: “El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, reconoció por primera vez que la reforma de pensiones que se espera sea aprobada esta semana solo será un parche que durará unos 13 años y que, entre 2027 y 2030, tendrían que hacerse ajustes como subir años de jubilación y años de cotización”*** podemos aplicar aquella advertencia popular de que ¡sobre aviso no hay engaño! ¿Cómo esperan nuestros dirigentes que tomemos esto como un triunfo de la clase obrera? Seria engañar completamente a las masas. Lo que en realidad se ha hecho es que a costa de salvar el futuro inmediato del Estado se ha postergar el problema para años futuros, corriendo el riesgo, como todas las crisis que estallan bajo el capitalismo, de que el problema sea más profundo.

En repetidas ocasiones hemos ya planteado porqué el sistema previsional privatizado es inviable, y ha sido un fracaso en todos los países donde se ha aplicado. El fracaso de este sistema privado es palpable, por ejemplo, en casi 20 de años de funcionamiento del sistema previsional privado ha sido incapaz de aumentar la cobertura, la cobertura no ha superado el 24 % de la clase obrera en edad de trabajar, esto debido a la incapacidad del sistema para crear empleo formal. Además, en la práctica el actual sistema de pensiones privatizado volvió a ser un sistema de reparto, porque las pensiones vitalicias que no se compromete a pagar las AFP, están siendo pagadas por los ahorros de los cotizantes del sistema privado, solo que con la condición de que el trabajador le paga a la AFP por administrárselo y el gobierno debe pagar intereses para poder pagar de regreso esas cotizaciones, semejante sistema es totalmente absurdo y debe ser eliminado por completo.

No es casualidad que los diputados de la derecha defiendan a capa y espada este sistema pues genera cuantiosas ganancias, como apuntaba el compañero Salvador Arias previo a la reforma: “…desde el año que se privatizaron las pensiones y el año 2014 significó que los trabajadores le regalarán a los fondos de pensiones y sus aseguradoras más de $1,400 millones… Si no deshacen las AFP no hay solución (fiscal) y el problema es que las dos propuestas que van a discusión dicen que las AFP van a seguir administrando los fondos de pensiones”****

Para muchos dirigentes lo que se consiguió es lo máximo a lo que se pudo aspirar en esta lucha, este argumento es válido desde el punto de vista reformista, y desde los defensores de la democracia burguesa, pero si lo vemos desde la teoría revolucionaria estos argumentos no son válidos de ninguna forma. El problema se presenta a partir de reconocer la lucha de clases y los métodos y formas de lucha bajo el capitalismo para arrebatarles reivindicaciones a la clase dominante.

Es incorrecto creer que solo bajo la lucha parlamentaria, o sea solo bajo la lucha en la Asamblea Legislativa se podrán conquistar reformas para los trabajadores, peor aún si creemos que desde ahí se podrá acabar con la dominación capitalista, y que nuestro objetivo es tener la mayor fracción de diputados en la Asamblea Legislativa. Nuestro objetivo en la lucha parlamentaria es utilizar estas instancias con todas sus ventajas para denunciar los negocios de la burguesía que ahí se exponen, las trampas de las leyes, las mentiras de los políticos de la derecha y, a partir de eso, organizar a los trabajadores en las calles, fábricas y demás centros de trabajo para superar estas instancias corruptas por la organización del pueblo para tomar las riendas de la sociedad. ¡Nuestra correlación de fuerzas es la organización del pueblo! Solo el despertar de la conciencia y el crecimiento político del pueblo son garantía para enfrentarnos en una lucha de clases cruenta frente a los problemas más acuciantes de la sociedad. No es y nunca será nuestro objetivo la aritmética parlamentaria que siempre estará limitada por las leyes burguesas, la lucha parlamentaria es solo un medio para el fin y no el fin en sí mismo. La democracia bajo el capitalismo es una hoja de parra para ocultar la explotación hacia la clase obrera. Esta tiene límites y hay que saberlo reconocer, las nueve décimas partes de la población no alcanza a comprender esta situación por el momento, es por eso que la tarea del partido es someter a la práctica los límites de estas instancias. Sin embargo, en la actualidad pareciera que el objetivo de los partidos del proletariado es intentar demostrar lo contrario, se apegan a estas instancias y a sus límites, negando cualquier tipo de alternativa revolucionaria que la supere.

La mejor actitud que se pudo adoptar es mantener la lucha permanente de los sindicatos en conjunto con las bases del partido por la nacionalización del sistema de pensiones, incluso la profundización de esta campaña nos hubiese servido para ayudar a las masas a sacar las conclusiones de que la lucha no es solamente por reformas, sino es algo más completo y estructural: una lucha socialista por acabar con todos los problemas que nos genera la explotación capitalista. En todo caso la falta de una reforma por oposición de la derecha hubiese sido más favorable que la actual reforma, en el sentido que eso pudo significar un punto de partida para profundizar la lucha revolucionaria y llevar hasta las últimas instancias.

En el próximo periodo, será necesario levantar una campaña permanente en favor de la nacionalización del sistema de pensiones, la campaña lanzada por ASGOJU, “Fuera las AFP”, ha tenido un eco significativo entre las organizaciones de izquierda, y muchos trabajadores empezaban a comprender que la única forma de solucionar el problema previsional será a través de la vuelta a un sistema público. Al principio de la lucha nadie apostaba por la nacionalización, pero a medida la lucha llegaba a la recta final las consignas empezaron a generalizarse entre los trabajadores de los sindicatos, esto muestra que, si hay una explicación paciente detrás de una campaña seria sobre una idea, los trabajadores logran comprender la necesidad de esta. Ese proceso se estaba desarrollando en el seno del movimiento organizado antes de la reforma, como diría Víctor Hugo: “No hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado”. Sería un error garrafal que el trabajo revolucionario sobre la necesidad de superar esta reforma se detuviera ahora.

Soyapango, 01/10/17