Como es bien sabido, en Venezuela la crisis del sistema de salud pública no es algo reciente, por el contrario, esta ha sido una de las calamidades que el pueblo venezolano ha estado padeciendo, incluso antes de la llegada del Covid-19 a nuestro país.
La pandemia que a lo largo de varios meses ha azotado a todo el mundo, hoy ha atizado la precariedad en la vida de la clase trabajadora venezolana, la cual, a causa de la dura crisis estructural del capitalismo criollo, aunado a las sanciones económicas y de bloqueo por parte del imperialismo norteamericano, acentúa la tensión laboral, aumenta el riesgo de contraer el Covid-19 -tal como se viene observando- e incluso incrementa la probabilidad de padecer otras enfermedades tanto físicas como mentales.
A causa de las fuertes presiones a la cual se ve sometida la clase trabajadora, y de otras que son consecuencias de lo anteriormente expuesto -como la mala alimentación, e incluso el propio confinamiento al que nos vemos sometidos por acatar las medidas preventivas de aislamiento social-, vemos como aumenta de manera alarmante la pauperización de los trabajadores, los cuales se enfrentan cotidianamente a una lucha titánica solo para adquirir los alimentos, medicinas y servicios básicos, socavando las condiciones de vida material y de trabajo a la que nos vemos obligados a laborar.
Ante esta situación, ciertos cambios organizativos y de distribución del trabajo ayudarían a disminuir al menos un poco la presión laboral, pero de nuevo vemos que antes de pensar en el bien colectivo y social, las empresas están optando por reducir las nóminas y aplicar medidas que lejos de mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador, acentúan la crisis.
La pandemia del coronavirus quizás sea nueva, pero ni la crisis estructural del capitalismo mundial, ni su impacto negativo en la salud de la población trabajadora es algo novedoso, esto si comprendemos que para las multinacionales y la burguesía internacional jamás ha sido prioridad preservar a la fuerza del trabajo por encima del capital, sino todo lo contrario. Por su parte, en el caso venezolano, la mayoría de las empresas y el mismo gobierno parecen estar en sintonía, y bajo la anuencia del último, se llevan a cabo recortes de nóminas, mayores cargas laborales, salarios de miseria, en fin, hechos que incumplen la norma legal, tanto en el sector público como en el privado.
Las circunstancias que venimos padeciendo y los efectos laborales de la pandemia, nos han obligado a enfrentar un panorama de mayor inseguridad y precariedad entre la clase trabajadora, en un contexto de modelos organizativos rígidos, como lo son hoy en día los de las empresas que no dan margen de maniobra a quienes cada vez nos enfrentamos a mayores dificultades y exigencias, a pesar de que aún no hemos superado los efectos de una crisis económica nacional, para afrontar otra que se agrava cada día más: la crisis mundial del trabajo.
En el trabajo, el problema para la salud no es tanto qué haces sino cómo lo haces y el tiempo de exposición, el trabajador puede tener un margen de maniobra, de autonomía y de autoridad o no tenerlo. Eso dependerá no tanto de lo que se tenga que hacer, sino de cómo se haga, es decir, las condiciones y el tiempo de exposición, en ese sentido, el control es muy importante, no solo por parte de la empresa sino de los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud en el ámbito laboral. Ante una situación de mucha exigencia en el trabajo -ya sea desde un punto de vista cuantitativo o emocional- y poca capacidad para tomar decisiones, se produce un desequilibrio cuyos efectos no son banales, estos puede generar problemas de salud muy serios, que aumenta el riesgo de accidentes y enfermedades, y más que aumentar el riesgo cotidiano al que se nos somete a los obreros, aumenta el deterioro de nuestra salud mental.
En Venezuela, antes de la llegada del coronavirus, los efectos de la pandemia sobre este concepto de alta tensión laboral, ya mostraban un incremento preocupante en la población asalariada, y hasta ahora no existen indicios de que esta situación mejore. Con la situación de crisis económica existente y la entrada en escena del fenómeno del coronavirus, si el ente gestor en esta materia (el INPSASEL) no asume su rol en cuanto a la aplicación de la norma legal, la presión laboral tenderá a incrementarse. Pero esto lamentablemente no podemos corroborarlo con estadísticas concretas. ¿Cuál es la razón? Pues que simplemente no existen. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) no las ha elaborado o no las ha querido divulgar. Por este motivo, en esta oportunidad solo presentaremos un conjunto de estadísticas difundidas por el Colegio Médico donde se reflejan los trabajadores de la salud pública fallecidos a causa del Covid-19.
Cuadro1: Médicos fallecidos por COVID-19 clasificados por estados.
Fuente: Colegio Médico de Venezuela (2020)
En el cuadro 1, se evidencia como el estado Zulia es el más afectado por el coronavirus, lo cual no nos sorprende tomando en consideración lo difícil que ha sido enfrentar el foco de contaminación que surgió del mercado de Las Pulgas. De la misma manera, se observa como a Zulia le sigue Caracas, con un 18% de médicos fallecidos a causa del virus.
Cuadro 2: Médicos fallecidos por COVID-19 clasificados por semana.
Fuente: Colegio Médico de Venezuela (2020)
En el cuadro 2, se puede observar el avance del coronavirus por semanas, y su aumento probablemente debido al incremento de contagios a nivel nacional, a pesar de las medidas para “aplanar” el avance del virus, y por la escasez de equipos de protección personal que ha condicionado el reúso o el uso colectivo de los mismos.
Cuadro 3: Médicos fallecidos por COVID-19 clasificados por especialidad.
Fuente: Colegio Médico de Venezuela (2020)
En el tercer cuadro, se refleja las especialidades médicas más afectadas lo que permitiría identificar las razones de que sean más afectadas unas especialidades más que otras, y de poner atención a las más vulnerables, pero sin abandonar o descuidar las demás.
Por la rapidez de la propagación del virus, estas cifras continuamente varían, sin embargo a pesar de ello, estas estadísticas nos permiten tener una aproximación de la realidad que vive el personal médico en Venezuela.
Otro aspecto que consideramos es importante destacar, es que en el desarrollo de la crisis sanitaria es exponencial. Lo más seguro es que ninguno de estos fallecimientos del personal de salud haya sido reportado como accidente y/o enfermedad ocupacional. Por tanto, si esto ocurre con este gremio -que tiene condiciones salariales relativamente mejores por ser calificados- y que se encuentran en el primer frente de batalla contra el coronavirus, solo imaginemos la situación de los demás hermanos de clase que necesariamente tienen que ir a laborar.
El fenómeno del coronavirus no solo profundizó la crisis económica, sino que profundizó y visibilizó las desigualdades sociales existentes, así como la precariedad de nuestro sistema de salud pública. De lo que estamos seguros, es que los sectores más vulnerables a la alta tensión laboral, son aquellos con mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación, el estudio, la vivienda, los servicios, en fin, una importante parte de los trabajadores que son sumamente necesarios para las empresas y para la producción.
Las mujeres por su parte, también se encuentran entre los sectores más vulnerables a esta situación, y con mucha más frecuencia. Esto gracias a los puestos desempeñados por las mismas. De esta manera identificamos en este sector a dos colectivos como los más afectados por la alta tensión laboral: a los trabajadores del sector alimentación, productos básicos y a las auxiliares de geriatría, ambas profesiones altamente feminizadas y en primera fila durante la pandemia.
En nuestro país, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) nunca se ha aplicado con la disciplina y rigurosidad que debería aplicarse, lo que a ciencia cierta no nos ha permitido conocer sus debilidades y fortalezas; aun así, cuando algún inspector de manera correcta aplica lo establecido en la norma, las mismas autoridades del INPSASEL las frenan, alegando argumentos absurdos como tapadera de protección a los empresarios.
La reducción de nóminas, las herramientas seudojurídicas aplicadas por el gobierno -como el memorando 2792-, la pulverización de nuestras prestaciones, así como la de nuestros salarios, la no discusión de las convenciones colectivas, la dolarización de facto, el inexistente control en los precios de los productos, la eliminación de los HCM, entre muchas otras, son aspectos que se vienen arrastrando desde hace varios años, y que guarda estrecha relación con el aumento de niveles de alta tensión laboral, no solo en la población trabajadora sino en la población en general. La clase trabajadora ahora tiene mayores necesidades y exigencias gracias a esas reducciones en las nóminas, con lo que asumen mucho más carga laboral de la que pueden, y que en algunos casos les obliga a soportar un trato humillante, de amedrentamiento y de maltrato psicológico.
Otro resultado de estas reducciones de personal y medidas aplicadas, es que en las empresas es habitual que las personas empleadas sufran constantes modificaciones de horarios y no puedan tener ningún tipo de planificación, algo que afecta a su salud mental. Acá los empresarios compiten a partir de costos bajos de la fuerza de trabajo, y no por tener una tecnología avanzada y eficiente. De la misma manera, vemos como el empresariado se ahorra los “gastos” de HCM y las posibles conquistas económicas en el caso de que se discutan las convenciones colectivas, y como se quitan de encima el pago de bonos como el de puntualidad y producción, ya que muchos trabajadores laboran desde sus casas.
Con estas medidas, cada vez se ha ido aumentando aún más la discrecionalidad empresarial en detrimento del trabajador. Al final, todo esto forma parte de la lógica del capital: una gestión basada en la explotación laboral, en la que se aprovechan de la distribución irregular de las jornadas y de los contratos temporales, siendo estas políticas favorables hasta para el gobierno.
Si bien, la llegada del coronavirus y la situación de cuarentena no nos permiten convocar a manifestaciones, protestas o reuniones numerosas, hemos visto como en otros países el pueblo ha salido a protestar contra medidas antipopulares, anti-obreras y contrarreformas. Ese ha sido el caso de Ecuador, Argentina, EE.UU, Chile, Colombia y otros países de Europa, lo que refleja que las necesidades de los trabajadores sobrepasan el temor a la contaminación.
En Venezuela también se vienen dando algunas concentraciones, como la de apoyo a los trabajadores petroleros, contra la intervención de partidos por parte del TSJ violentando la vida democrática de los mismos y por exigencias populares y colectivas, como aquellas que exigen la celeridad en la aparición del camarada Carlos Lanz, entre otras. El gran ausente en este momento, además del INPSASEL como órgano gestor en materia de seguridad y salud laboral, son los delegados de prevención y sus distintas organizaciones, las cuales se encuentran en un bárbaro reflujo, así como la clase obrera en general.
La salud de la clase trabajadora jamás será resuelta a plenitud dentro del marco del sistema capitalista, en ese sentido, es necesaria la organización obrera con carácter de clase, independiente y autónoma que impulse una lucha consecuente en la materia, apuntando no solo a ser una clase obrera con una profunda cultura preventiva, sino a avanzar hacia el control de los medios de producción, con el fin de controlar los procesos del trabajo y los procesos peligrosos que de este se originan. De esta manera, nuestra salud y seguridad no estarán en manos de los capitalistas sino de la misma clase trabajadora. Mientras estos se encuentren en manos de los capitalistas, el servicio de salud pública será siendo precario y deficiente.
Algo que debe quedar por sentado, es que el que viene aplicando medidas en contra de la clase trabajadora en lo que atañe a nuestras reivindicaciones económicas, en materia de seguridad y salud es el mismo gobierno. Desconocer esto y mostrarse acrítico ante esta realidad avasallante que nos consume día a día, es seguirle el juego a una dirigencia corrupta, que desde hace mucho traicionó el proyecto que en buena medida se venía impulsando bajo el gobierno de Chávez.
Por su parte, el INPSASEL desde hace tiempo viene aplicando políticas que mantienen a la clase trabajadora al margen de la lucha por la seguridad y salud en el trabajo, acusando por medio de un juego mediático a la administración Trump y al bloqueo como los únicos culpables de nuestra crisis, cuando es evidente que el origen de ésta no es otra que las políticas de ajuste burgués y de conciliación de clases, que lleva adelante el gobierno de Maduro a través del PSUV, la CBST y personales nefastos como Castro Soteldo, que apuestan a una “burguesía revolucionaria”. Hacer solicitudes al órgano gestor en materia de seguridad y salud, no bastarán si estas no cuentan con un respaldo que se traduzca en carne y hueso, es decir, en la clase trabajadora en general y en los delegados de prevención en específico.
Ahora bien, en función del respaldo a las luchas obreras y las demandas reivindicativas del pueblo trabajador, se viene impulsando una alternativa que más allá de participar en las venideras elecciones del 6D, se perfila como una alianza que trasciende lo electoral y se consolida en lo político. Hablamos de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). Esta en un ambiente caracterizado por el llamado a la abstención por parte de la derecha y del llamado por parte de actores complacientes al PSUV, a la “unidad perfecta” bajo el subterfugio de que debemos ir unidos contra el enemigo principal (el imperialismo norteamericano), evidenciándose una vez más la importancia de encontrarnos las fuerzas revolucionarias en una alianza alternativa al PSUV y a las políticas entreguistas del gobierno que solo utilizan a la lucha antiimperialista a conveniencia.
Algo que se ha hecho evidente, es como la APR ha sido atacada por el gobierno, lo cual demuestran con la intervención a través del TSJ del partido Tupamaros y más recientemente el PPT, lo cual refleja una debilidad inocultable y el temor de que aparezca una alternativa que recoja el descontento que evidentemente existe entre la población.
Lo que plantea la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), no es otra cosa que retomar el sendero de construcción del socialismo y completar la revolución en nuestro país, de esta manera, la APR debe entregar toda su voluntad en la lucha contra el imperialismo y cualquier ataque a nuestro país, combatiendo a la burguesía nacional, a la derecha, a la burocracia corrupta, a la aristocracia obrera y a las políticas antipopulares y de contrarreforma que se vienen aplicando contra el pueblo pobre y trabajador, a causa de los acuerdos que se vienen dando con la “burguesía revolucionaria”.
En ese sentido, el movimiento nacional de los delegados de prevención debemos apoyar de manera contundente a la Alternativa Popular Revolucionaria, para avanzar en la construcción del socialismo.
¡Viva la Alternativa Popular Revolucionaria!
¡Que gobiernen los trabajadores!
¡Luchemos por el socialismo!
