Santos Alfaro
La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, con una participación mayoritaria en representación del oficialismo a través de la denominada “Bancada Cyan” y otros diputados, aprobó con 63 votos un Decreto que permite al Ministerio de Salud pasar por alto el mecanismo establecido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para contrarrestar la pandemia del covid-19, así como inmunidad retroactiva por compras con irregularidades y sin rendición de cuentas completa realizadas durante la emergencia en el año 2020.
La ley denominada formalmente como: “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19”, se promueve en un marco favorable de balance de poder para el Órgano Ejecutivo luego de una muy criticada destitución del fiscal general de la República y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia e imposición de nuevos titulares en esos cargos, sin seguir los reglamentos establecidos por la Constitución para estos procedimientos. Además que los nuevos magistrados y fiscal general responden directamente al oficialismo, todo esto durante la primera sesión de esta nueva Asamblea con mayoría oficial, quebrantando la propia Constitución burguesa por la cual se rige el Estado salvadoreño.
Dicha ley ha sido denominada popularmente como “Ley Alabí”, porque en específico el ministro de salud, Francisco Alabí, propuso el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, y tanto él, así como otros titulares del Ejecutivo señalados en posibles casos de corrupción serán los principales beneficiados de los efectos inmunizadores de esta ley. Esto ocurre meses después que las sospechas de corrupción llevaran a la Fiscalía General de la República, en la gestión anterior, a realizar allanamientos en instituciones del Estado involucradas en la gestión de recursos para la pandemia del covid-19, con el objetivo de incautar documentación relevante a fin de establecer posibles delitos de negociaciones ilícitas por montos millonarios; en esta investigación también participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES), que el mismo presidente Nayib Bukele solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para “evitar” la corrupción en su gobierno.
¿Es posible un Estado burgués sin corrupción?
La corrupción constituye un verdadero problema social y tiene efectos extremadamente nocivos para la justicia social y la clase trabajadora hoy en día en una sociedad capitalista. Sin embargo, no se trata de un fenómeno reciente ni mucho menos independiente de la actual configuración de poderes republicanos y burgueses representativos y dominantes a nivel mundial y en El Salvador. La corrupción ha acompañado la historia de la explotación del humano por el humano desde que existe la división de la sociedad en clases sociales, favoreciendo la construcción histórica de la denominada propiedad privada y su más sofisticada planificación derivada en el sistema capitalista, que toma este fenómeno como un elemento encubierto primordial para la continuidad de la apropiación indiscriminada de riqueza excedente, producida por la clase trabajadora, por parte de los grandes capitalistas .
Los actos corruptos aparentemente seducen al sector público y el privado enfermando al aparato como un virus externo que se multiplica dentro del Estado, pero en realidad lo que hacen, es mostrar la asociación programada de un aparato de Estado burgués aparentemente por encima de la sociedad, con la corrupción como herramienta de sometimiento de la clase burguesa en detrimento de la clase trabajadora, el enriquecimiento ilícito por medio del robo directo de los bienes públicos, en especial en emergencias sanitarias y catástrofes naturales, el pago de sobornos a funcionarios (incluido el pago de cuotas políticas), un sistema político donde poco importa la verdadera participación popular, constituyen los actos corruptos más groseros y visibles. Pero hay también corrupción cuando los funcionarios, políticos o sus representantes, delegados, comisarios o contratistas actúan impunemente y contra el bien común por violación o incumplimiento de leyes, reglamentos, contratos, calendarios, presupuestos, costos o normas de calidad, y con abuso de autoridad, debilidad o en complicidad con entes contralores institucionales o cívicos.
La corrupción es intrínseca en el capitalismo, desde el principio de su existencia, propiciando la acumulación por robo y fraude al trabajador obrero y la riqueza excedente generada por ellos, fue el principal pilar de la emergente clase burguesa para obtener los medios y recursos necesarios para el establecimiento y desarrollo del sistema opresor capitalista.
El problema de la corrupción se encuentra en el funcionamiento mismo del sistema capitalista, por lo tanto, dentro de este sistema todos los gobiernos son hechores y cómplices de los mayores actos de corrupción y si no se cambia de raíz el sistema por un sistema nuevo, en favor de la clase trabajadora y los oprimidos, aunque las nuevas maneras de comunicar las acciones del gobierno en turno sean las más “cool” o se adapten a nuevas tecnologías estarán condenadas a reproducir, en cada vez mayor medida, la constante del sistema capitalista: despojar al trabajador para beneficio privado con corrupción.
De lo tradicional a lo “cool”, pero la corrupción no sale de la fórmula
El actual gobierno salvadoreño a la cabeza de las fuerzas políticas del país, con presencia dominante en los tres órganos del Estado republicano burgués, con cada vez más apoyo económico de la clase burguesa y con más fondos públicos a costa del robo a la contribución de la clase trabajadora con el pago de impuestos y la deuda, ha fundado su popularidad entre la clase trabajadora con base en un discurso demagógico y con aire de “renovación política”, una “revolución” en contra de lo establecido parece intocable. Esto ha sido posible luego de muchos años del inicio del actual sistema de partidos políticos, después de una guerra civil, que no ha resuelto problemáticas estructurales de la sociedad, en especial en la parte económica del funcionamiento del país y distribucion de riquezas de manera justa; esto ha permitido a Nayib Bukele y Nuevas Ideas canalizar el descontento de la gente ofreciéndose como una respuesta nueva y “cool” a esos problemas sociales provocados por la implementación de políticas neoliberales que han favorecido la profundización de la corrupción en un Estado que de por sí es corrupto desde su concepción. Para confirmar esta situación basta con ver la marcada diferencia de recursos entre las diversas clases de la sociedad capitalista salvadoreña, con grandes capitales acumulados por contadas familias valorados en más de dos mil millones de dólares, por un lado, y con punitiva miseria para la mayoría de la población salvadoreña perteneciente a la clase trabajadora, por otro.
Pero lo “cool” del nuevo gobierno salvadoreño no se traduce en respuestas concretas para mejorar y elevar las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora, sino más bien, es un nuevo mecanismo de implementación de agenda de la clase dominante, aprovechando las nuevas tecnologías y la capacidad de estas para transmitir la información, encubriendo con la falsa muestra de cambio de sistema una serie de aspiraciones capitalistas, en especial de un sector de la clase burguesa salvadoreña que está alrededor de Bukele, en medio de una crisis capitalista profundizada por la crisis sanitaria del covid-19 para mantener las condiciones económicas de manera desigual, así como se ha mantenido el sistema salvadoreño a lo largo de casi 200 años luego de la independencia de la corona española.
Bancada Cyan, el modus operandi
La Bancada Cyan con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa tiene los votos suficientes para maniobrar a favor de los intereses del oficialismo sin ningún problema. La mayoría calificada de sus 54 diputados, le permite no solo la elección de los funcionarios de segundo grado, sino también suspender garantías constitucionales, señalar una nueva fecha de elecciones presidenciales o cualquier cuestión relacionada con los límites de la república, así como lo tradicionalmente competente al Órgano Legislativo que es la aprobación de leyes y reformas que, a juzgar por lo sucedido en las primeras sesiones plenarias, se vislumbra un alineamiento con los deseos del Ejecutivo sin ningún tipo de encubrimiento, provocando que no exista discusión de las implicaciones de estas leyes y se logre instaurar con cada vez más fuerza el poderío del gobierno de Bukele.
La estrategia oficialista a través de la Bancada Cyan y otros partidos satélites de Bukele es clara: aprobar leyes o reformas muy demagógicas, explotar mediáticamente su creación o reforma, como ha sido la costumbre del gobierno de Bukele con otros acontecimientos, pero siempre con el cuidado que estas leyes no trastoquen en lo fundamental la configuración estructural de explotación económica, y dominación política y social del país; y entre bomba mediática, aplausos y dispensas de trámites, aprobar leyes favorables de cara a inmunizar funcionarios señalados por actos de corrupción y poca transparencia, más endeudamiento y mejores condiciones para que la burguesía continúe explotando a la clase trabajadora.
Como marxistas no esperamos que la nueva Asamblea cumpla con un papel revolucionario a favor de la clase trabajadora y los desposeídos, a pesar de su discurso que busca dar la impresión que son la herramienta del pueblo para realizar las transformaciones estructurales tan anheladas por el pueblo. Su alianza con fuerzas conservadoras, su difusa ideología y las primeras actuaciones ya experimentadas, muestran que son una bancada igual o peor que las anteriores y por eso lo más probable es que legislarán lo que resta de su periodo de manera demagógica y poco transparente, dando algún tipo de asistencia a sectores populares, pero sin comprometerse con un verdadero cambio estructural, favoreciendo la corrupción de los funcionarios del Ejecutivo y haciendo cumplir los intereses de Bukele y de la burguesía.
La aprobación de leyes como la Ley Alabi es un claro indicio de lo que podemos esperar de estas damas y caballeros de la Asamblea Legislativa: sumisión total al Ejecutivo, encubrimiento de la corrupción, perpetuación de la impunidad y favorecimiento a la burguesía para la explotación de la clase trabajadora.
¿Cuál es la solución?
Basados en la teoría marxista y en la experiencia derivada de varios años del funcionamiento del sistema estatal burgués, sabemos que la corrupción es inherente al capitalismo, dia a dia se da esta confirmación cuando al trabajador no se le paga el total de lo que produce, sino solamente lo necesario, o menos si es posible, para subsistir mínimamente.
La solución a la problemática de la corrupción no se puede implementar poniendo una especie de parche dentro del mismo sistema para acabar con ella, fortaleciendo la “institucionalidad democrática” pues este problema pertenece a la composición misma del sistema. Por lo cual es necesaria una revolución socialista para cambiar el sistema desde su raíz, y edificar una sociedad difererente para la instauración de espacios verdaderamente democráticos dirigidos por la clase trabajadora misma, sacando de la ecuación el factor corrupción necesario de cara a mantener privilegios de la clase burguesa. Este nuevo sistema socialista, no solo acabaría con la explotación y dominación de los ricos, sino también con los privilegios de los que hoy gozan los funcionarios corruptos al servicio de los grandes empresarios y banqueros, tales como los altos salarios, gastos de representación, dietas, etc., que alientan una vida alejada de las necesidades de la población en general.
En el socialismo se impondría la revocabilidad de los funcionarios de sus cargos, si no cumplen con las expectativas planteadas. En los juicios tanto los jueces como los jurados serían elegidos democráticamente por sufragio universal; la lucha contra la corrupción para los revolucionarios es la lucha por la instauración de un gobierno democrático de la clase trabajadora: un nuevo sistema socialista que democratice los medios de producción y las decisiones políticas el cual garantizaría que los recursos estén a favor de toda la sociedad y no para el enriquecimiento de unos pocos que se apropien de la riqueza producida socialmente.
