Por iniciativa de diputados de la Alianza Republicana Nacionalista se aprobó la ley sobre la modernización de las instituciones por medio del uso de tecnologías conocida como Ley de Teletrabajo. En una jornada que coincidió con los primeros días del inicio de la Ley de Emergencia por motivos del brote del coronavirus en el país, diputados y diputadas de todas las fracciones, con la sola abstención de la bancada efemelenista, se apresuraron en aprobar el contenido de esta Ley.
El teletrabajo lo podemos definir como el conjunto de actividades realizadas por medio del uso de herramientas tecnológicas conocidas como TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Tal y como se ha venido empleando en el sector privado y en otros países, ese lugar, el hogar del obrero será convertido en instalaciones para el usufructo por parte del empresario.
Cualquiera que no comprenda cómo se desarrollan las relaciones de producción, esto le puede parecer hoy en día algo normal, hasta le parecerá una ventaja el trabajar desde el hogar. Las leyes burguesas tienen la característica de utilizar el vocabulario más cordial y atractivo para ser presentadas de tal forma que los obreros podemos pensar que nos están ayudando a vivir cada día en un mundo mejor. Pero la crudeza de la cotidianidad se encarga de alejar esas fantasías jurídicas.
Antes de iniciada la emergencia nacional, el uso de este formato de trabajo ya tenía un nivel de aplicación. Las empresas de las telecomunicaciones tienden a ser los pioneros en esto, les siguen empresas dedicadas a las ventas en línea, diseños de páginas web, de interiores, periodismo e incluso de educación. Los horarios de trabajo son casi inexistentes cuando se trata del trabajo desde los hogares, por cuanto el trabajador debe tener una gran disponibilidad y contribuir con las metas empresariales.
¿Qué dice la Ley?
Pero cuál es el punto neurálgico de esta Ley, que interesa tanto a los representantes del capital para que sea ejecutada de ahora en adelante, tanto el sector público como el privado se estarían rigiendo por este marco legal:
“Los principales objetivos del teletrabajo son los siguientes: El aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en la prestación de los servicios a la población, el aumento y medición de la productividad, mayor eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos, disminución del gasto, reducción del consumo de energía eléctrica, combustible, alquileres y otros”.[1]
Es evidente a simple vista lo que plantean los objetivos, lo que se reduce a la disminución del gasto, por un lado, de parte del Estado y por otro de parte de las empresas privadas. Se propone de primera mano apostarle a la reducción del consumo de energía eléctrica, combustibles, alquiler de locales, consumo de agua y trasladarlos directamente a… los trabajadores.
La Ley se proclama como respetuosa de todo el resto de leyes y acuerdos internacionales que protegen a los trabajadores. Asegura que no implicará la pérdida de derechos, garantías y prestaciones sociales, ya sean éstos recién contratados o antiguos. Esta Ley cubriría incluso a trabajadores con carácter semipresencial que opten por un acuerdo laboral bajo esta modalidad. Sus precursores se jactan de citar argumentos de foros llevados a cabo por la OIT donde los representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores coinciden con que el teletrabajo aporta una gran cantidad de beneficios desde el trabajo “decente” hasta ser considerada una estrategia para combatir los “problemas medioambientales y de tránsito”, una cuestión que nunca les ha interesado.
Los intereses de los empresarios tras esta Ley
La pandemia del Covid-19 ha hecho que salga a la superficie de manera más cruda y acelerada las contradicciones del sistema de producción capitalista. Desde el inicio de la crisis sobreproductiva del 2008, los empresarios se han visto en la necesidad de efectuar recortes masivos de personal y emplear una mayor flexibilización en la contratación de los que aún tienen suerte de encontrar un empleo. Así, ha tomado mayor auge el modelo del outsourcing o contratación por terceros, la derogación de contratos colectivos, el incumplimiento descarado de las leyes que se suponen debe proteger a los trabajadores y desde luego el surgimiento del teletrabajo.
Todo esto tiene como raíz el declive general de la economía y su sistema productivo basado en la propiedad privada y la anarquía en la elaboración de bienes para el intercambio con fines de lucro. Esto nos presenta un escenario en el cual la clase reinante y sus apologistas, en el Estado buscan la manera de evitar a toda costa poner en riesgo sus propiedades y sus fortunas, para ello les resulta excesivo y escandaloso el gasto que se hace en la contratación de tanta gente, uso de infraestructura y la cantidad de recursos que esto conlleva, ya sea en sus empresas como en los diferentes ministerios del Estado. Los burgueses sueñan siempre con un Estado barato que no necesite tanto financiamiento, debido a que esto los libra de tener que “pagar mucho en impuestos” y para que se invierta más dinero público en sus empresas, los estimule a la inversión y se dinamice la economía.
La implementación de estas modalidades de contratación también trae consigo una gran cantidad de contradicciones. Ante la incapacidad de generar empleos “decentes” y que sean cubiertos de manera plena por todas las leyes, los capitalistas necesitan precarizar las condiciones laborales y es el trabajador ahora el que tiene que contar con una cantidad de requisitos si quiere aspirar a ser contratado. Como ya hemos visto, no todas las funciones de la economía se pueden ejecutar por medio del teletrabajo, los sectores de comercio y servicios parecen ser los más apropiados para ello. El sector industrial no puede plegarse en su totalidad a este formato, la necesidad de la producción en masa, del uso de instalaciones adecuadas, del manejo de las materias primas y la división del trabajo en el proceso productivo, hacen imposible su aplicación, incluso para la mediana y pequeña industria. Siempre se necesitará de la fuerza de trabajo directamente sobre los materiales que se necesitan transformar a menos que ya hayan sido desplazados por la robótica.
Aunque hablen de contratos de acuerdo mutuo, es evidente que están dejando sin opción a los trabajadores, y ahora se deberá contar con las TIC por cuenta propia si alguien tiene la esperanza que le ofrezcan una oportunidad laboral.
Los trabajadores y el futuro inmediato
Ya vimos cómo poco a poco se van reduciendo las alternativas para poder contar con trabajos realmente decentes y que cuenten con la protección del Estado. Las leyes o el derecho jamás puede elevarse sobre el régimen económico y el desarrollo cultural de la sociedad, condicionada por este régimen, afirmaba Trotsky en la Revolución Traicionada. El marco legal que ha regido las relaciones patrono-obrero casi siempre han sido transgredidas por el primero, y con la venia del Estado. La actual crisis de salud del coronavirus ha puesto de relieve esta aseveración, las empresas han despedido a diestra y siniestra, cancelado contratos colectivos o reduciendo los salarios que el gobierno ha “ordenado” deben ser cancelados en su totalidad.
El nivel de desempleo que se elevará en los próximos años, obligará a miles de trabajadores a buscar una alternativa bajo el teletrabajo, empresas que se han dedicado por años a este tipo de servicios como los call centers, están pensando seriamente en reducir operaciones directas en muchos países y ofrecer trabajo para que sea llevado a cabo desde los hogares, esto les reducirá grandemente su nivel de inversión, responsabilidades fiscales con los Estados nacionales y contractuales con los empleados. La desesperación por llevar alimento a sus hogares someterá a la clase trabajadora a aceptar todas estas condiciones.
Si bien la Ley de teletrabajo es sólo el marco regulatorio, lo que se debe denunciar y combatir es la forma concreta en cómo quieren los capitalistas que hagamos nuestro trabajo y produzcamos la riqueza para sus bolsillos. También todas las otras formas en las que se han degradado las condiciones de vida y de trabajo, las medidas de flexibilización, de subcontratación, es decir todas las formas que significan un ataque directo a los obreros y sus familias. No nos quedará otra alternativa que alzar la voz de nuevo contra la injusticia, aglutinarnos en nuestros colectivos, dotarlos de un programa de lucha transitorio y de clase, resistir, salir a la calle, tomarnos los centros laborales y prepararnos para regresar el puñetazo que nos están propinando la burguesía y sus gobernantes.
[1] A. Legislativa. (2020). Decreto N° 600. Mayo 15, 2020, de Gobierno de El Salvador Sitio web: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/384052FA-7820-4835-A5F9-AF8150684D71.pdf
