El 23 de mayo de 2013 fue aprobaba la Ley Especial de Asocio Público Privado, APP, por parte de la Asamblea Legislativa que daba el respaldo jurídico a una iniciativa que buscaba en pocas palabras la intromisión de la empresa privada en asuntos de interés del Estado y que bajo la lógica de prestar servicios de manera más eficiente y eficaz se presentó de nuevo la oportunidad de oro para que los empresarios se hicieran del control de algunos servicios que aún quedan como públicos y de los cuales podían extraer la máxima ganancia posible, bajo el falso argumento de prestar un servicio social. Todo esto fue aprobado, para variar, con el consentimiento de la izquierda parlamentaria.
Ya han pasado varios años desde que se implementó esta nueva modalidad de intervención de los capitalistas en rubros en los cuales el Estado debería tener la potestad suprema para proporcionarlos a sus ciudadanos. La esencia de dicha ley implica una mezcla de lo estatal con la inversión privada de la que el Estado saldría perdiendo en caso de que los negocios no vayan tan bien para el inversionista generando al final más deuda pública de la que ya se tiene. Luego de la ola neoliberal desatada en los 90’s, el término “privatización” quedó satanizado y el pueblo sabiamente lo identifica como “el robo de lo que era nuestro, para que se lucren los ricos del país o de afuera”. Una forma de amortiguar este impacto en la consciencia del pueblo trabajador fue la de introducir el concepto de público junto con el del privado para acallar las voces críticas de semejante híbrido.
Desde su aprobación, en las páginas de nuestra prensa Militante y de nuestra web nos posicionamos totalmente en contra de esta ley que venía a dar el toque de gracia para que la burguesía se agenciara el control de los pocos servicios que aún quedan como parte de la estructura del Estado, si bien es cierto la ley en su momento no incluía los servicios de agua, educación y salud, denunciamos que dejaba abierta la posibilidad de que fuera reformada en el futuro para que los empresarios se lanzaran como pirañas hambrientas sobre lo poco que queda aún sin privatizar, en el 2013 planteábamos:
“El hecho que se hayan sacado del proyecto de ley los nombres del ISSS, el agua y educación superior no dice nada sobre la salud y educación en general, ni del respeto hacia leyes como la del agua. Se sabe de antemano que estas áreas son de mucho interés para el voraz capital extranjero y local, por las altas posibilidades de hacer negocios redondos con los derechos y conquistas de nuestra clase obrera”.
Hoy en día y con la seguridad ficticia que siente la derecha desde el 4 de marzo, con su mayoría simple y absoluta en la Asamblea Legislativa quiere ajustar cuentas con el pueblo y está promoviendo la “Ley Integral del Agua” que no es otra cosa que una propuesta privatizadora del vital líquido disfrazada de una fraseología falsa de “administradores” por parte de sectores privados y públicos, que al final resulta ser la misma privatización ya que busca eliminar el papel rector y administrador del agua de la ANDA y adjudicárselo a otros cuyo interés no será en absoluto el prestar un servicio eficiente y a bajo costo.
El papel que jugó la izquierda reformista representada en el parlamento no fue el más atinado desde un principio en este tema, desde Funes quien abrió las puertas al Asocio para el Crecimiento con Obama, hasta la dirección farabundista, permitieron que los capitalistas comenzaran a presionar para que se hagan efectivos muchos de sus planes y propuestas. A principio del año 2018, el presidente Sánchez Cerén no quiso vetar las reformas a la Ley de los APP que comenzaban dando la iniciativa para que se adjudicara el tratamiento de las aguas residuales y que todo proyecto gubernamental cuyo monto sea mayor a los $13.5 millones sea ejecutado bajo esta modalidad, “exceptuando” los sectores de salud, educación y seguridad pública.
Como dice un viejo adagio popular “hecha la ley, hecha la trampa”. Las recientes reformas a ley de los APP como parte de la presión ejercida al gobierno por los EUA para la aprobación del FOMILENIO, han envalentonado a la derecha y ahora tienen un ojo puesto sobre el agua, esto está desatando la ira del pueblo que comenzó con los estudiantes hace unas semanas y que continuará en las calles con la clase trabajadora y campesina, junto con la clase media comprometida con la justicia e igualdad social. Solo la organización y la movilización al más alto nivel podrá detener las intenciones de la burguesía local y extranjera de querer acaparar los últimos y pocos recursos que aún quedan en nuestro país.
