El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, MINEDUCYT, por medio de una circular anunció el 10 de abril que aplicaría la extensión de la cuarentena a todo el sistema educativo debido al Decreto de Emergencia Nacional ordenado por el Ejecutivo, y que aplicaría una estrategia de continuidad por medio de una serie de fases que conllevan la necesidad de implementar de forma masiva el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación conocidas como TIC, como auxiliares al proceso formativo de miles de estudiantes en todo el país.
La suspensión de clases a nivel nacional tomó casi por sorpresa tanto a docentes como a estudiantes que nunca se imaginaron que el virus del COVID-19 tuviera repercusiones graves de carácter mundial y fuese capaz de paralizar casi toda la actividad productiva, distribución e intercambio de bienes, es decir a la economía de mercado, y confinar en los hogares de forma prolongada y obligatoria al conjunto de la sociedad, un contexto sin ningún precedente en la historia de nuestro país.
Partiendo de eso, las autoridades de Educación consideran necesario la extensión de las medidas preventivas en todos los niveles educativos tanto del sector público como el privado. Para ello será necesario el uso de estrategias que permitan a los estudiantes la continuidad de los programas educativos y a los docentes el proceso de evaluación necesario, algo que no parece ser una tarea sencilla si partimos de que la primera opción ha sido elaborar guías de refuerzo académico que fueron entregadas en la primera fase (11 de marzo al 14 de abril). En la segunda fase se habla de una transición de las guías de trabajo hacia la digitalización o uso de plataformas para asignar actividades al alumnado (14 de abril al 15 de mayo); y se cerraría el año con una tercera fase, del 15 de mayo en adelante, en donde se trataría de capacitar masivamente a los docentes en el uso de las TIC, aún con todo y esto, existe un alto grado de incertidumbre debido a que no hemos salido aún de la amenaza del virus, por lo que no se sabe a ciencia cierta, cómo se irá desarrollando el año lectivo y cómo será su finalización.
Impacto de la emergencia en la educación
Las catástrofes naturales a menudo toman desprevenido a casi todo el mundo, en el caso de las enfermedades se puede tener un alto grado de prevención. Si los impactos del COVID eran previsibles o no en nuestro país no es el asunto de este artículo, pero creemos que bajo la anarquía del sistema de libre mercado poco es lo que se puede hacer para evitar que la catástrofe nos impacte, el margen de maniobra es escaso y los esfuerzos de los gobiernos pueden verse reducidos a la nada en su desesperación por combatir los efectos. Si se logra salir más o menos bien librado será a un precio muy elevado y con consecuencias económicas muy adversas para la mayoría de la población a mediano y largo plazo.
La educación también ha sufrido el flagelo del virus, el carácter presencial de la educación que se mantiene vigente, con docentes y alumnos reunidos en lugares específicos ha sido alterado. Los esfuerzos de las autoridades, si se le puede llamar así, de impulsar las TIC para complementar los procesos educativos caen en saco roto por una infinidad de factores, que tienen a su raíz una insuficiente inversión en educación. Los presupuestos en dicha cartera de Estado han sido siempre paupérrimos, aún en gobiernos cuya bandera era la mayor inversión social. Para este 2020 no ha habido un incremento que sea digno de reconocer. Por ejemplo y según los datos del portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, para este 2020 se aprobó un presupuesto de $1,039.74 millones, lo que representa un 3.75% del PIB. Comparado con el presupuesto del 2019 que fue de $997.16 millones, un 3.71% del PIB, pero durante el año, dicho presupuesto fue modificado y se terminó ejecutando una cifra de $1,022.30, esto aún está muy por debajo de la media latinoamericana del 6% del PIB en educación.
Para especialistas en materia educativa como Picardo Joao “…los presupuestos de educación han tenido problemas. Por ejemplo, los vicios que podemos identificar son: a) gasto centrado en salarios; b) crecimiento progresivo de la burocracia y tramitología; c) financiamiento proyectado con base en préstamos; d) visión de corto plazo, quinquenal o gubernamental; e) centrado en oferta-demanda; f) no cuentan con análisis costo-beneficio ni tasa de retorno (por ejemplo, los programas de útiles, zapatos y uniformes no mejoraron los problemas graves de deserción y caída de matrícula); g) los presupuestos no son diseñados por técnicos que conozcan las prioridades del sistema educativo; h) ineficiencia en la ejecución; entre otros problemas”.[1]
El programa del gobierno actual reflejado en su “Plan Educativo Cuscatlán” tiene en sus ejes principales la dignificación del docente; adecuación pedagógica y curricular holística; fortalecimiento de la gestión institucional; innovación de la legislación educativa y tecnologías e innovación educativa. Tenemos entonces, en vista de lo anterior, un panorama poco alentador para la consecución ya sea anual o quinquenal de tales objetivos. El uso de tecnologías para la enseñanza en las escuelas ha sido siempre una debilidad de todos los gobiernos de turno, es decir, la escasez de los recursos tecnológicos necesarios y del personal capacitado para su gestión y administración. Y si por suerte existe en las escuelas o institutos, su aprovechamiento deja mucho que desear, a tal grado que hay centros escolares que prefieren su deterioro a poder sacarles el máximo provecho posible.
A lo mejor alguien se pregunte, qué pasó con programas insignias del gobierno anterior tales como “Una Niña, un Niño, una Computadora”, que de acuerdo a datos proporcionados: “Desde 2015 hasta enero de 2019, a través de este programa se entregaron más de 98 mil 500 computadoras a 4 mil centros educativos públicos, lo cual significó una mejora sustancial en la calidad de la enseñanza de casi 950 mil estudiantes, quienes disponen ahora de una poderosa herramienta de búsqueda de conocimiento y el desarrollo de habilidades”. Y agrega: “El plan benefició también a más de 33 mil 300 docentes, al facilitarles la capacitación para utilizar esta formidable vía de consulta que les permite perfeccionar sus prácticas pedagógicas, enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, y contribuye a su superación profesional”.[2]
Estos datos parecen ser muy satisfactorios si en realidad se cuenta con esa cantidad de computadoras en el sistema educativo público, además el gobierno saliente afirma haber sentado las bases para el suministro permanente de estos equipos: “Con el propósito de garantizar la permanencia de este plan, nueve meses más tarde el presidente Sánchez Cerén inauguró en el municipio Zacatecoluca la primera planta de ensamblaje de computadoras portátiles en El Salvador, única en el país y en Centroamérica, con capacidad para ensamblar 100 computadoras al día, y 24 mil al año”.[3] Aunque algunos docentes afirman que nunca han visto una Lempita en sus escuelas y si las vieron algún día, desaparecieron inexplicablemente. El gobierno de turno debe de aclarar si estas instalaciones aún están produciendo computadoras y si no responder: ¿por qué permitió que paralizaran funciones? Esto debería asegurar la continuidad de las proyecciones, y serviría de gran apoyo a la implementación de las TIC que pretende realizar el Ministerio de Educación.
Las fases y las condiciones materiales concretas
A la población estudiantil en su mayoría no le ha sido fácil adaptarse a esta forma de seguir con la continuidad curricular, la presencia del docente les es mucho más provechosa en el desarrollo de los contenidos que la auto formación o la investigación por cuenta propia, algo de lo que adolece hasta el magisterio nacional. Las dudas o la frustración afloran a cada instante, la monotonía del desarrollo de las guías, el hacinamiento, el encierro forzado, la falta de materiales bibliográficos o didácticos en sus hogares, todo tiene a su base las adversas condiciones materiales de la amplia mayoría de las familias salvadoreñas. Algunos docentes afirman que en los hogares de los estudiantes no existe la alimentación, pero sí los celulares o la TV por cable, no es de extrañar que sea así dada la relevancia que le da el mercado al consumo de estos productos para la satisfacción personal.
Pero tampoco podemos generalizar, así como cuando analizábamos el plan quinquenal de este gobierno y sus intenciones de sumergirnos en la era de la Cuarta Revolución Industrial y de la reducción de la brecha digital: “La adopción de las TIC no catapulta una sociedad hacia el progreso y desarrollo, pueden coexistir la modernidad y mucha tecnología a la par de formas arcaicas de existencia, es lo que los marxistas denominamos “ley del desarrollo desigual y combinado” de las etapas del avance histórico de los pueblos. Lo que puede hacer avanzar a una sociedad es, si bien es cierto el desarrollo de las fuerzas productivas, dentro de las cuales se incluye la tecnología y la ciencia, es además de eso, una base armónica de producción que esté orientada hacia la satisfacción de las necesidades del ser humano, la producción social debe estar destinada hacia ello. Una tablet o un celular de última tecnología en la mano de un campesino u obrero por el cual puedan hacer una gran cantidad de trámites u operaciones necesarias, no combate el desempleo, la falta de alimentos, de vivienda, de vestido, de salud o educación. El acceso a la información no es sinónimo de desarrollo material y bienestar general”.[4]
Las intenciones del MINEDUCYT de modernizar la enseñanza por medio del uso masivo de las TIC y como respuesta a la emergencia del COVID19 chocará frontalmente con lo expuesto anteriormente, un presupuesto escaso y condiciones materiales y por ende culturales adversas de la comunidad educativa. Los estudiantes podrán contar con smartphones en sus manos incluso mejores que los de los docentes, pero su uso para fines escolares no es muy productivo, de hecho, los celulares no son fabricados con tal intención, la resolución de tareas en el peor de los casos es improductiva o frustrante. Lo ideal sería el uso de un ordenador y una conexión segura de internet, una herramienta cuya compra resulta poco atractiva y onerosa para las familias salvadoreñas. Sin embargo, la masificación del uso de teléfonos móviles resulta ser el punto de partida para las autoridades para la continuidad educativa por medio de las plataformas educativas como el Google Classroom para la aplicación de la segunda y tercera fase de la emergencia.
De acuerdo con cifras de la defensoría del consumidor: “…a nivel de país, el 92.7% de los hogares poseen teléfono celular, cuando hace 13 años únicamente se registraba el 7.4%; el número de hogares en el área urbana con posesión de este aparato ha pasado de 6.2%, en el 2003, a 94.1%, en el 2016, y en el área rural de 9.3% a 90.3%”[5] Esta encuesta también señala en sus estadísticas dónde se encuentra la mayor concentración de personas que utilizan estos aparatos: “Es relevante señalar que, el mayor número de usuarios de teléfono celular se encuentran radicados en el área urbana, 2, 817,451 personas (65.82%) del total de usuarios, mientras que en el área rural el 1, 463,191 (34.18%) personas manifestó utilizar teléfono celular”.[6]
Los datos no dejan de sorprender cuando se habla del uso de las computadoras y del uso del internet: “Existe una brecha significativa en la utilización de las computadoras entre el área urbana y rural. Del total de personas que utilizan computadora, 1,033,954 (84.8%) se concentra en el área urbana, mientras que únicamente 184,637 (15.2%) en el área rural. Esta brecha entre área urbana-rural se mantiene para todas las regiones del país, especialmente en el AMSS, donde únicamente 1 de cada 100 personas utilizan computadora en el área rural.” Con respecto al internet: “Entre 2007 y 2016, el uso de internet entre la población mayor de 10 años se ha incrementado en un 406.6%. A pesar de dicho incremento, según datos de la EHPM 2016, únicamente 1, 513,281 (27.8%) personas mayores de 10 años utilizan internet”.[7]
En la tercera fase, se pretende que los maestros sean capacitados y se pueda hacer uso de las plataformas digitales y proveer a los estudiantes las herramientas necesarias para la continuidad de las clases. No todas las familias de los estudiantes podrán responder ante la exigencia de sus hijos para acceder al smartphone, comprar paquetes de internet o saldo constantemente o adquirir un plan fijo de internet, aunque sea el más económico. Al momento de escribir estas líneas, estudiantes de bachillerato afirmaban no tener dinero para estarse conectando, sus padres estaban sin empleo o despedidos, muchos de los cuales son trabajadores por cuenta propia. Incluso se reportaban los primeros detenidos en centros de cuarentena. Un joven que le argumente a un oficial de la PNC o del ejército que anda por las calles para comprar una recarga y hacer sus tareas de la escuela o instituto le parecerá poco creíble a los cuerpos armados del Estado.
Las familias que envían a sus hijos a colegios privados tienen un panorama distinto, estos colegios han tratado de implementar el uso de las tecnologías desde hace años, y tal parece que ha sido el punto de referencia para los tecnócratas del Ministerio. Debemos mencionar que en estos días de cuarentena han obligado a sus maestros a atender clases en línea con sus estudiantes y están siendo monitoreados constantemente, así mismo se les amenaza con no pagarles sus salarios si las familias no pagan las colegiaturas o no aparecen conectados en sus plataformas, el nivel de estrés y los efectos en la salud mental de los docentes del sector privado debe ser reconocido y el Ministerio debería tomar cartas en el asunto, la estabilidad laboral de los docentes de este sector pende muchas veces de un hilo y nadie vela por sus condiciones, al intentar organizarse y defenderse son considerados como anatemas y echados a la calle.
Las alternativas a la incertidumbre
En el contacto con los estudiantes, éstos han mostrado su preocupación por perder un año escolar, aunque esto no se vislumbra por el momento. Docentes aglutinados en gremiales como Andes 21 de Junio, proponen una serie de medidas para poder salir avante de la crisis y que los estudiantes no se desmotiven y terminen el año escolar. El hecho es que proponer a los estudiantes el uso de las plataformas con las limitantes económicas por las que están atravesando miles de familias no parece muy factible. Por tanto, proponen el uso del canal 10 de televisión estatal, así como la radio nacional para poder transmitir programas educativos o clases para los distintos niveles y materias creadas por los docentes mismos. De esta forma se puede minimizar el impacto en los bolsillos de las familias y el acceso a la información sería más amplia.
El retorno a clases normales no se tiene previsto por el momento, la circular del Ministerio no da luces sobre a qué altura del año se podría regresar a los centros escolares. Lo más probable es que sea en el momento en que la amenaza del virus esté controlada, países como China y la ciudad epicentro de Wuham con sus miles de muertos, parece regresar poco a poco a la normalidad. La diferencia es que estos inmensos países y sus industrializadas ciudades marcan un ritmo de vida diferente sobre sus ciudadanos. La prioridad de las autoridades locales tendrá que seguir siendo la salud de la población más vulnerable. Para ello no es descartable la propuesta de la clausura anticipada del año escolar, pero al mismo tiempo darle la oportunidad a los estudiantes a que no pierdan su año lectivo. La ilusión del Ministerio de poder cualificar a los docentes en el uso extensivo de las TIC se puede hacer por fin realidad en estos meses.
La prueba de la PAES también puede ser suspendida o ejecutada a principios del siguiente año escolar. De todos modos, los resultados son los mismos de siempre, no hay que creer que habrá sorpresas al respecto. La adecuación curricular será de carácter obligatoria, no se puede pensar que se lograrán cubrir los contenidos en su totalidad o creer que se pueden tener los mismos resultados en el aprendizaje. Las guías de estudio pueden ser muy prácticas si son entregadas de manera impresa a todos los estudiantes o padres de familia que tienen dificultades —la mayoría— con la conectividad, por lo que se ve a bien que el Ministerio agilice y coordine su entrega con las diferentes oficinas departamentales.
El gobierno debe tomar medidas más radicales en esta pandemia si quiere verdaderamente ayudar al pueblo, la falta de acceso a internet para solventar problemas en la educación puede suplirse pasando a la nacionalización de empresas como Tigo que han saboteado la calidad de señal de sus usuarios y otros servicios que ofrecen como telefonía y televisión por cable. Amenazarlos con que todo el peso de la ley les será aplicado si siguen desobedeciendo los acuerdos con el gobierno sólo hará que surja una carcajada estruendosa de parte de sus propietarios quienes están acostumbrados a pagar multas insignificantes comparado con las millonarias ganancias que obtiene todos los años. Los servicios como el de las telecomunicaciones que una vez fueron del Estado, deben regresar a servir a los intereses del pueblo.
San Salvador, 15 de abril de 2020
[1] Educación: El mismo presupuesto sólo generará los mismos resultados. Recuperado de https://elfaro.net/es/201910/columnas/23699/Educaci%C3%B3n-el-mismo-presupuesto-solo-generar%C3%A1-los-mismos-resultados.htm
[2] Una niña, un niño una computadora. Recuperado de https://www.diariocolatino.com/una-nina-un-nino-una-computadora-un-futuro-promisorio-para-el-salvador/
[3] Ibíd.
[4] Necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas y megaproyectos de Nayib Bukele. Recuperado de http://bloquepopularjuvenil.org/necesidad-del-desarrollo-de-las-fuerzas-productivas-y-megaproyectos-de-nayib-bukele-una-analisis-necesario-parte-i/
[5] Monitoreo del Consumo en El Salvador. Recuperado de https://www.defensoria.gob.sv/wp-content/uploads/2017/12/monitoreo.pdf
[6] Ibíd.
[7] Ibíd.
