Han pasado más o menos dos semanas desde que las medidas restrictivas de confinamiento establecidas por el gobierno fueron levantadas. Poco menos ha pasado de la reactivación por fases de la economía. Y en medio de este levantamiento de medidas sanitarias, estado de emergencia y estado de excepción, ocurre un debate absurdo entre los tres poderes del Estado, obviando la salud pública de millones de personas, ya que lo que realmente les importa son los intereses de la camarilla burocrática estatal dividida en dos o tres facciones y los intereses de las grandes empresas del país.
Como es habitual, en los debates de los despachos ministeriales y los salones de la Asamblea Legislativa lo que menos se discute es el interés del ciudadano común y lo que sí importa, como siempre, son los intereses de las grandes corporaciones.
La reactivación económica y los contagios por las tormentas tropicales
A mediados de junio el gobierno se terminó adaptando a la exigencia de la gran empresa privada de reactivar por fases la economía. La reactivación económica fue defendida a través de la Sala de lo Constitucional y los diputados de la Asamblea Legislativa contra la intensión del gobierno de mantener las medidas de confinamiento obligatorio. Esto evidenció el abandono del apoyo que antes le habían conferido los grandes empresarios a Bukele.
Así el 16 de junio inició la reactivación económica del país, en un modelo de reactivación por fases y la apelación a una cuarentena voluntaria. Las últimas dos semanas han sido críticas en cuanto a muertes y número de contagios, según algunos análisis esta alza en los contagios y muertes no son el producto inmediato de la reactivación económica, sino el efecto de las crisis de vulnerabilidad ambiental por el paso de las recientes tormentas tropicales a finales de mayo y principios de junio, donde cientos de familias tuvieron que ser albergadas en condiciones precarias y se promovieron aglomeraciones en medio de mítines políticos de la presidencia para entregar ayuda a estas personas.
Para el lunes 29 de junio las cifras oficiales por Covid-19 registran un alza significativa, teniendo así 163 muertes por Covid-19; con un total de 5,934 casos, 915 casos por cada millón de habitantes; y 3,557 recuperados. Aunque la tasa de mortalidad respecto a otros países de la región sigue siendo un poco baja, el índice de mortalidad por Covid-19 es de 23 muertes por cada millón de habitantes, mientras que Panamá registra 140, Honduras 48 y Guatemala 39. Lo cual demuestra un nivel de efectividad de la cuarentena recién pasada.
Sin embargo, sí seguimos en la misma situación como hasta hoy, sin medidas sanitarias claras, podría expresarse un nuevo brote incluso más severo, teniendo en cuenta que la mayoría de las grandes empresas y la reactivación de ciertos sectores del comercio informal no están dotados de implementos de bioseguridad ni capacitados para enfrentar de manera técnica las condiciones de operar en medio de la epidemia.
Los datos que aquí planteamos han sido tomados de fuentes oficiales, de las que podemos cuestionar su veracidad; ya que según fuentes no oficiales las cifras de muerte relacionadas por Covid-19 en el país podrían ascender a los 600 muertos a la fecha. Por lo tanto se vuelve muy complicado trazar perspectivas sin los datos reales de la situación.
Actualmente, el gobierno ha enviado una nueva solicitud para aprobar una nueva cuarentena obligatoria y así prevenir más contagios, ya que según sus proyecciones sin una cuarentena los casos hasta el 2 de agosto podrían llegar a los 20,437 con 6,434 fallecidos. Mientras que con una cuarentena se proyectan 493 casos de contagios y solo 212 muertos.
Para el analista Oscar Picardo los datos de proyecciones ofrecidos por el gobierno son ahora mucho más realistas que los proporcionados anteriormente, y opina que una nueva cuarentena obligatoria podría ayudar al descenso de casos; sin embargo, advierte que el gobierno intenta solucionar la pandemia solo a través de cuarentena, cuando también es necesario aplicar otras medidas, como protocolos de seguimiento de nexos epidemiológicos, manejar con exactitud estos datos, establecer medidas restrictivas para zonas complicadas y otras medidas técnicas que han estado ausentes en el manejo de la pandemia por parte del gobierno.
Compartimos las valoraciones del analista Oscar Picardo, pero añadimos que una nueva cuarentena también debe tener garantía de empleo, salarios, subsidios y créditos, para empleados, pequeños y medianos empresarios, los comercios informales y desempleados. Esto pone sobre la mesa una lista de decisiones drásticas que se tendrían que tomar si en verdad es prioridad la vida de la población. Es absurdo seguir manteniendo planes financiados a partir de más deuda, porque la adquisición de más deuda supone condiciones de precariedad para los trabajadores en el futuro, teniendo en cuenta que no solo serán los que paguen con intereses elevados esta deuda, sino también los que sufran los impactos por los recortes estatales en salud, educación, vivienda y programas ambientales.
Nosotros creemos que no solo es absurdo adquirir nueva deuda sino también continuar pagando una deuda histórica que ya hemos pagado dos o tres veces en concepto de intereses, y que se ha vuelto un círculo vicioso impagable. ¿Pero es que acaso tenemos otras alternativas que no sean estrictamente deuda?
Los recursos para invertir en un plan contra la Covid-19 pueden ser financiados a partir de los 1 mil millones anuales que el gobierno paga solo en servicio de deuda, esta es una alternativa inmediata que depende solo de un decreto Legislativo o Ejecutivo. La suspensión del pago de deuda es una medida fundamental para priorizar la necesidad de recursos para la salud del pueblo.
Por otro lado, en El Salvador hay fortunas inmensas acumuladas a partir de la explotación de generaciones enteras y esas fortunas son intocables, porque están amparadas por las leyes contenidas en la constitución que hicieron los mismos ricos en 1983, según la ONG Oxfam para 2016, 160 ultra ricos controlaban el 87% de la riqueza nacional.
Como vemos las leyes, la propiedad privada de las fortunas y el sistema en sí, se vuelven un muro de concreto para la salud de millones de personas. ¿Cuantos cientos de vidas pudiéramos evitar con esos enormes recursos? para solucionar estos problemas no basta solo una cuarentena, si en verdad queremos procurar la vida de las personas deberíamos pasar a la expropiación de estas grandes fortunas y ponerlas al servicio de la sociedad. Un decreto como este claramente que violaría la constitución que protege a los ricos en detrimento de los intereses de los pobres, dejemos que los juristas, reformistas y liberales pongan el grito en el cielo sobre la inconstitucionalidad y otras peroratas más, el legislador de la república romana Cicerón sentenció: “la salvación del pueblo es la ley suprema” la salud de millones debería estar antes que todas las leyes en favor de la gran propiedad.
Estamos seguros que medidas como estas serian apoyadas abrumadoramente por las clases oprimidas, hoy cuando miles de familias están sufriendo por el hambre, el desempleo, la enfermedad, el luto, el miedo y la incertidumbre, cualquier gobierno que se lo propusiera tendría el apoyo de millones.
La utilización de estos recursos fiscalizados por organizaciones comunitarias, sindicales, organizaciones de gremios profesionales de forma democrática y participativa, pudiera evitar fácilmente las muertes y el padecimiento de miles de personas. Acabando de raíz con la corrupción pública que reina en la administración estatal burguesa.
La salud pública y la salud privada
Recientemente el gobierno abrió el monopolio de la salud que había controlado durante meses por decreto Ejecutivo, dejando así abierta la posibilidad para que los mercaderes de la salud puedan hacer jugosas ganancias. Contrario a la que han hecho otros países, nacionalizar el sistema de salud privado para constituir un sistema de salud público universal, el gobierno les dio facultades a los empresarios para comercializar con la salud del pueblo. La nacionalización del sistema de salud privado se vuelve una necesidad inmediata en la situación crítica en la que se encuentra el país.
Algunos sectores de salud han salido a manifestar la falta de insumos adecuados para protegerse del contagio, contrariamente a lo que el presidente Bukele anuncia en cadena nacional donde llama héroes al personal de salud, y lo son; pero, la realidad en los hospitales es muy diferente a como la pinta desde los medios oficiales, un héroe necesita herramientas y condiciones aptas para llevar a cabo su labor. En medio de esta crisis el gobierno ha cerrado empresas que se dedicaban, en tiempos de cuarentena, a producir equipo de bioseguridad; al parecer empresas como ADOC y otras similares han sido cerradas por no acatar los decretos ejecutivos para producir en medio de la emergencia nacional.
Contrario a cerrar empresas que producen insumos necesarios para enfrentar la crisis, lo que el Ejecutivo debería de implementar es la completa nacionalización de toda la industria que pueda producir equipos de bioseguridad y la industria farmacéutica para crear un plan de producción basado en las necesidades inmediatas de la sociedad. Esto podría salvar cientos vidas.
Bajo esta medida muchas de las demandas inmediatas de la población podrían ser resueltas, haciendo que la cuarentena sea más corta y en mejores condiciones. Sin estas medidas, una cuarentena obligada será un caldo de cultivo para más problemas como el hambre, las enfermedades y la muerte. Es imposible mantener una cuarentena en estas condiciones.
Aunque las medidas aquí planteadas sean posibles y se puedan realizar inmediatamente los políticos no están discutiendo nada parecido. La pandemia ha revelado el estado putrefacto del sistema y por lo tanto, lo inútil del Estado burgués y sus gobernantes para hacer valer nuestros derechos y garantizarnos una vida digna.
¿Son inútiles las cuarentenas?
Es falso que la cuarentena pasada haya sido en vano, como algunos absurdamente plantean, nosotros creemos que la única forma eficaz de vencer la pandemia es a partir del confinamiento; pero bien es cierto que un confinamiento obligado sin las condiciones básicas de sobrevivencia es obligar a los más pobres a morir de hambre y a la quiebra de pequeños empresarios.
Las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo en tanto no resuelvan los problemas básicos como empleo, salarios, créditos para medianos y pequeños empresarios y subsidios para desempleados, dotación de insumos sanitarios, hospitales equipados y suficientes para todos y todas, solo seguirán complicando la crisis sanitaria. La solución de los problemas antes planteados no tiene cabida bajo las leyes del capitalismo, bajo el marco constitucional burgués y sus instituciones, para superar esto hay que hacer a un lado esta camisa de fuerza para usar todos los recursos que la sociedad produce en fin de preservar la vida de miles de personas. La cuarentena por sí misma no funciona, una cuarentena sin recursos es empujar a la muerte por hambre a miles de personas.
Las medidas represivas por parte del Estado
Como hemos denunciado anteriormente, estamos en contra del abuso del poder policial y militar por parte del Estado en situaciones como la que vivimos, en el inicio de la cuarentena pasada este abuso de poder se expresó de manera brutal contra la población desarmada, esto pone de manifiesto que cualquier policía o militar tienen más poder que cualquier alcalde, concejal o diputado que fueron elegidos por voto popular.
Estamos a favor de medidas disciplinarias que ayuden a combatir la pandemia en los momentos críticos, defendemos que estas podrían garantizarse a través de la misma organización de las comunidades con el apoyo y la incorporación de la policía y el ejército, comprendemos que sin autoridad es imposible controlar a sectores que incluso bajo la amenaza latente de esta enfermedad actúan al margen del interés individual afectando la salud de la colectividad, pero esto no debe ser motivo la brutalidad mostrada por los aparatos del Estado, sino debe ser resuelto con la disciplina comunitaria organizada en asambleas de representantes de todos los sectores que organicen la vigilancia y seguridad comunitaria. Es la única forma de cómo desde abajo podemos organizar nuestro derecho a la salud y a la seguridad.
Sin embargo, los políticos siguen debatiendo incansablemente perdiendo tiempo valioso para ganarle a la batalla al virus, mientras la gente muere en sus casas, las calles y hospitales en manos de la enfermedad.
Por ahora no nos queda otra que organizarnos y luchar por un programa que de verdad haga cumplir nuestras demandas de seguridad, salud, empleo, educación y vivienda; solo bajo la organización popular se puede combatir el hambre, la corrupción, la enfermedad y la pobreza.
Somos la clase que lo produce todo y somos capaces de organizar los medios para solventar nuestras necesidades. Los actuales acontecimientos solo demuestran que bajo las instituciones actuales ninguno de nuestros derechos está garantizado y ninguna de nuestras demandas es cumplida. Debemos arrebatar el poder a los ricos, expulsar a sus políticos títeres y sustituir sus instituciones por la organización popular que administren los recursos que nos pertenecen. Es la única salida a la barbarie.
