David Rey
La declaración del Estado de Alarma no tiene precedentes en nuestro país, salvo en el breve período de la huelga de controladores aéreos hace 10 años. Es una realidad que esta declaración cuenta en este momento con un apoyo muy importante entre la población. Eso es lógico. La gravedad de la situación y la incertidumbre que lo acompaña hace que la gente se agrupe alrededor de la “autoridad”, como único escudo de defensa confiable que tiene a mano, y en tanto dure esa confianza. Así pues, ¿cuál es la posición de los marxistas sobre esto?
Sólo la clase obrera puede librar una lucha efectiva contra la epidemia
Nosotros estamos a favor de la introducción de medidas enérgicas y de una férrea disciplina social que hagan efectivo el combate contra la extensión de la epidemia. Ahora bien, como hemos señalado en otros artículos sobre la crisis actual, hay que evaluar la efectividad de ésta y otras medidas según a qué intereses y clases sociales sirven mejor.
Para que este combate sea viable, debe venir acompañado de varias condiciones, siendo la principal que todo esté bajo la dirección y el control de la clase obrera. El aparato del Estado y la clase dominante española han demostrado innumerables veces a lo largo de la historia su desprecio por el destino y las condiciones de vida de las familias trabajadoras, y también su ineptitud e incompetencia para enfrentarse a los grandes problemas y calamidades sociales.
Sólo la clase obrera al frente de la sociedad puede librar una batalla efectiva contra la epidemia, como de hecho está demostrando en los hospitales, en la distribución de mercancías, en la producción de bienes básicos, en las tareas de limpieza, etc.
La clase obrera es la única clase capaz de librar esta lucha liberándola de la multitud de intereses privados capitalistas que la frenan y entorpecen, como vemos. Así, no se hacen suficientes pruebas del virus a la población. No hay material sanitario, ni personal ni equipos suficientes. Y todo ello es porque cuesta dinero y nos dicen que el Estado tiene muchas deudas que pagar, como la deuda pública, generada por la crisis capitalista de 2008-2009 para rescatar a los ricos. Además, los gobiernos no quieren aumentar los impuestos a los ricos para que paguen más ¿Qué les importa a éstos la sanidad pública? Total, ellos pueden pagarse una sanidad privada que les atiende maravillosamente. La mayor parte de los trabajadores siguen trabajando en servicios no esenciales, y por tanto expuestos al contagio del virus, porque los empresarios quieren seguir produciendo y vendiendo para hacerse más ricos todavía. Incluso en los servicios esenciales (alimentación, agricultura, transporte, sanidad, energía, telecomunicaciones, etc.) se obliga a trabajar largas jornadas en condiciones de inseguridad, sin respetar las distancias y sin material de protección suficiente. Esto afecta también a los trabajadores de residencias de ancianos, trabajadoras del sector de dependencia, limpiadoras, etc. Y por si fuera poco, en lugar de juntar esfuerzos e investigaciones, cada laboratorio y farmacéutica (que son empresas privadas) busca una vacuna por su lado para tener la patente y hacerse ricos con esta enfermedad. Todo esto es vergonzoso y canallesco y demuestra la podredumbre del sistema capitalista.
Las limitaciones, dificultades y negligencias gravísimas de las autoridades, de los intereses empresariales y del sistema sanitario, en esta situación, están siendo suplidas en la medida de lo posible por el celo, la entrega desinteresada, el sacrificio extenuante y la autoorganización de los trabajadores sanitarios, y de miles de personas comunes que se sienten llamadas a “hacer algo”, tratando de rellenar los huecos que deja vacío el sistema.
Ahora, están apareciendo iniciativas en muchas fábricas para producir todo lo que falta en nuestros hospitales con la iniciativa y el ingenio de quienes crean la riqueza con sus manos y cerebros. En muchas fábricas, ahora paralizadas o semiparalizadas, obreros e ingenieros están reconvirtiendo la labor productiva para tratar de proveer de productos que faltan en los hospitales y que están costando miles de infectados cada día y también muertos: batas, mascarillas, alcohol, etc. El personal del Hospital Clínic, de SEAT y de Leitat en Barcelona, ha desarrollado un respirador homologado clínicamente utilizando un motor de parabrisas e impresoras 3D, con los que pueden producir inmediatamente hasta 300 piezas diarias ¡Y eso, mientras las autoridades se quejan amargamente de que necesitarían apenas un millar para atender las urgencias en toda España! Lo que el mercado capitalista no puede conseguir lo resuelven en cuestión de días ingenieros y obreros.
En muchos hospitales, los propios vecinos de la zona se encargan de llevar agua y comida a médicos y enfermeros, abandonados a su suerte por las autoridades sanitarias.También han surgido montones de iniciativas de todo tipo para cuidar a ancianos aislados y personas impedidas, para producir y llevarles comida, para trasladar enfermos, para organizar el ocio nocturno en los edificios. Incluso, en muchos pueblos son los municipios quienes organizan patrullas de control en las calles y a las entradas de las poblaciones para asegurar que se respeta la cuarentena y nadie salga ni entre sin motivo justificado. Y todo esto, sin necesidad de policías, militares ni altos funcionarios que dirijan ni coordinen nada.
La clase obrera todo lo puede. Si se le diera todo el poder adaptando la producción a fines sociales, sin propiedad privada ni ánimo de lucro, el mundo se transformaría en muy poco tiempo.
Para combatir efectivamente la epidemia y otras lacras sociales es necesario nacionalizar y centralizar las palancas económicas fundamentales, para instaurar un plan de producción que atienda las necesidades sociales, comenzando por las más básicas. Esto implicaría el cierre inmediato de todas las empresas no esenciales a fin de frenar la extensión de la epidemia entre los trabajadores y sus familias, plenas medidas de seguridad en todas las empresas en funcionamiento, y comités de emergencia elegidos entre los obreros de cada empresa con plenos poderes para aplicar estas disposiciones. Esto debería completarse con la organización de comités vecinales que tendrían la responsabilidad de establecer la disciplina colectiva en barrios y pueblos a fin de garantizar la salvaguarda y la salud general, y de organizar compras comunitarias, o el avituallamiento de ancianos que viven solos y de personas impedidas utilizando las cocinas y servicios de los bares y restaurantes cerrados.
En estas condiciones, no sería en absoluto necesaria la presencia policial y militar en las calles “para mantener el orden”. Brigadas de vecinos podrían asegurar ellos mismos la tranquilidad y la observación de la cuarentena en barrios y pueblos si se les permitiera hacerlo.
Todo esto puede organizarse con asambleas de vecinos en cada bloque de edificios, que podrían elegir delegados y reunir a representantes vecinales por manzana, ya sea presencialmente o por internet, para empezar a poner todo esto en marcha.
La participación desde abajo también resulta imprescindible para organizar la producción y el abastecimiento del sistema sanitario en esta epidemia. En cada hospital y centro de salud sería posible conocer exactamente en menos de 24 horas el material y personal sanitario del que se dispone para hacer frente a esta epidemia y cuánto y qué es lo que se requiere. Miles de enfermeros y enfermeras desempleados o contratados precariamente, junto a voluntarios con experiencia clínica, podrían proveer de personal faltante, trabajando en condiciones dignas y con un salario decente.
Un comité formado por representantes del gobierno, sindicatos y comités de empresa de las fábricas más importantes del sector, podría establecer un censo completo de empresas capacitadas para producir todo el material sanitario necesario y reconvertir aquéllas que podrían utilizarse para este fin, requisando la materia prima necesaria para garantizar esta producción. Cientos de miles de trabajadores implicados en estas tareas, con el apoyo de ingenieros y profesionales sanitarios, se sumergerían con entusiasmo en esta labor, y sería posible en muy poco tiempo comenzar a producir y bombear el material sanitario necesario hasta alcanzar una producción plena. Hemos visto que el problema no es la letalidad del virus en sí, sino la escandalosa falta de medios, de personal, de equipos médicos con que nuestro sistema sanitario se enfrenta a la epidemia.
Los recursos para hacer todo esto están ahí, en las cuentas de resultados de las grandes empresas y de los bancos. Como sentenció el famoso legislador de la república romana, Cicerón: “la salvación del pueblo es la ley suprema”, y la propiedad privada y las riquezas de un puñado de grandes empresarios y banqueros no pueden obstaculizar la aplicación de las medidas que se necesitan, porque éstas representan justamente la salvación del pueblo en esta epidemia.
En lo que se refiere a las llamadas fuerzas de seguridad, no despreciamos la ayuda que puedan prestar en esta situación los miles de efectivos que componen la policía, la guardia civil y los soldados del ejército en tareas de traslados, desinfección, controles de población, como sería también el cometido de los bomberos junto con voluntarios de los barrios y pueblos. Pero deben hacerlo, bajo la dirección y subordinación a las organizaciones de trabajadores y a los comités obreros y vecinales de cada zona, y siempre que no haya elementos abiertamente reaccionarios o represores connotados en sus filas. Liberados de la cadena jerárquica de mando, tendrían el derecho a elegir ellos mismos a sus representantes y oficiales en la labor de coordinación y reparto de tareas, y con la prohibición expresa de portar armas que deben permanecer en todo momento bajo la custodia y el control de las organizaciones, obreras y comités de trabajadores y vecinales. Como cualquier trabajador o vecino, también quedarían sujetos a ser relevados de sus tareas o responsabilidades, si su conducta o desempeño en la tarea asignada resultara inadecuada, abusiva o contraviniera las decisiones tomadas.
Hay que decir que, de hecho, el gobierno podría organizar todo esto si quisiera, y tendría el apoyo aplastante de la población. Por ejemplo, estamos de acuerdo con aquellas partes del decreto del Estado de Alarma que autorizan al gobierno a intervenir el mercado y a expropiar todo tipo de empresas, industrias y bienes para que ayuden a enfrentarse con éxito a la epidemia de coronavirus.
Así, el Artículo 14 del decreto dice:
El Ministro de Sanidad podrá:
a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica.
c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.
El problema es que el gobierno, prisionero de intereses capitalistas y por miedo a romper con los poderosos, no lleva la aplicación de estos puntos del decreto hasta el final, como sería necesario. Y donde lo hace, lo lleva a cabo muy tímidamente.
En lugar de enfocar la lucha contra la epidemia con un carácter socialista, los gobiernos nacional y autonómicos derrochan tiempo y dinero tratando de rogar a empresarios privados y a empresas extranjeras que les vendan lo que tienen y al precio que ellos quieran. La especulación capitalista está bloqueando la llegada del material sanitario necesario. No podemos permitirlo un minuto más. Mientras tanto, como ocurre ahora, cientos de burócratas y funcionarios se atropellan unos a otros desde sus despachos para tratar de “organizar” todo esto.
Una situación de emergencia requiere de medidas de emergencia. Si la clase obrera tuviera el poder efectivo en el país sería capaz de cumplir el artículo 14 del decreto hasta sus últimas consecuencias: nacionalizando; es decir, convirtiendo en propiedad común de todos las principales palancas de la economía en manos ahora de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes. Necesitamos disponer de estos recursos fabulosos para abordar la situación actual de emergencia gravísima que tiene a millones encerrados en sus casas y a decenas de miles enfermos. Juntando todos los recursos sanitarios del país podríamos contar con miles de camas, profesionales y equipos más. Y los ampliaríamos inmediatamente con nuevos hospitales de campaña por todo el país junto con la medicalización a gran escala de los grandes hoteles, hoy vacíos, y sin pagar un céntimo por ello.
La amenaza a nuestros derechos democráticos
El Estado de Alarma, bajo este régimen burgués y con un gobierno que no quiere romper con el sistema, no sólo contiene limitaciones para ser plenamente efectivo en el combate contra la epidemia, como estamos viendo, sino que también contiene peligros graves para nuestros derechos democráticos.
Es un precedente peligroso hacer pasar como normal una situación virtual de estado policial, donde hasta un guardia de seguridad privado puede tener más autoridad que un alcalde o un diputado elegido por el voto popular, como es el caso con el actual decreto de Estado de Alarma. Es muy peligroso que resulte familiar el patrullaje por las calles de unidades del ejército, con funciones policiales, como en cualquier dictadura. Y donde la arbitrariedad de cualquier policía o soldado pueda conducir al abuso y a la imposición de multas o a penas de cárcel sin base alguna. En las redes sociales circulan muchos informes y de vídeos caseros donde se observa a policías y guardias de seguridad maltratando a gente común, trabajadores, chicos de familias inmigrantes, amas de casa e incluso a niños, con detenciones injustificadas en muchos casos, hasta el punto de recurrir a los insultos más soeces y a la violencia física.
Es injustificable que ante una crisis civil y sanitaria como ésta, con un gobierno de izquierdas, 3 de los 5 portavoces que diariamente informan de la situación sean los máximos jefes policiales y militares del país, entre ellos el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Con sus caras pétreas, sin una mueca de empatía, como tratando de incrementar el miedo en la población, resulta grotesco escuchar a esta gente con un lenguaje belicista, hablando del “enemigo”, de “estamos en guerra”, exagerando su importancia personal y la implicación misma de las fuerzas policiales y militares en la lucha contra la epidemia, y con la satisfacción moral de sentirse poco menos que los amos de la situación, haciendo pasar a un segundo lugar en la importancia jerárquica al ministro de turno que los acompaña y a los responsables del gobierno que coordinan las áreas principales, la de emergencia sanitaria y la movilidad y el transporte.
En consonancia con lo anterior, resulta chocante la actitud servil de los ministros de Defensa (Margarita Robles) e Interior (Grande-Marlaska) en sus elogios empalagosos durante sus comparecencias hacia el brazo armado del aparato del Estado.
No es casual que la ultraderecha, Vox, esté aplaudiendo esta puesta en escena y la declaración misma del Estado de Alarma decretada por el gobierno PSOE-UP y que, por adelantado, se muestren partidarios de prorrogar indefinidamente esta situación.
¿Cuál es el peligro aquí? El peligro es que, al colocar en primer plano de manera exagerada e inmerecida, el protagonismo de la policía, de la guardia civil y del ejército en esta crisis, esto tiende a elevar la autoridad moral de estas fuerzas ante la población, sobre todo en las capas más atrasadas e inertes, que se dirán: “Si la policía y el Ejército pueden ‘salvar’ al país en esta crisis ¿por qué no deberían hacer lo mismo en futuras crisis, sean del tipo que sean: políticas o sociales?”. Esto es tanto más peligroso cuanto que el aparato del Estado español provino sin depurar del viejo Estado franquista y se ha mantenido como un nido de reaccionarios anticomunistas. Más aún, este servilismo empalagoso que les muestra el gobierno, los medios y la “opinión pública” no hace más que incrementar su sentido de la arrogancia y del “mando”, su desprecio por los “políticos”, el sentirse por encima de la población, a la que considera compuesta por simples soldaditos a quienes arengar.
En todo esto existe otro elemento que entra en la ecuación. Cierto es que la exhibición militarista en las calles y la TV tiene el fin de disciplinar a la sociedad, provocando el respeto servil y el miedo hacia el aparato del Estado; pero también tiene la intención de estar preparado para la eventualidad de estallidos populares puntuales o generales que pudiera provocar esta crisis si se prolongara demasiado en el tiempo. Que esto cuente con el apoyo abierto del gobierno o sea una imposición del aparato del Estado sobre este último no importa. En todo caso muestra la impotencia de cualquier gobierno elegido por votación popular que acepta el statu quo, ante el poder de la clase dominante y del aparato del estado, en situaciones de aguda crisis social.
Esta situación en la que un cuerpo no elegido de la sociedad (la policía, la guardia civil, el ejército) que escapa a cualquier control popular, sienta que tiene un poder arbitrario por encima de la gente común y donde cada miembro considere que con su sola voz puede imponer su voluntad sobre decenas, cientos, miles o millones, haciendo valer su monopolio en el uso de las armas y la amenaza de la represión, abona el terreno para futuros intentos de golpe de Estado mañana.
Es por eso que, en la medida que el instrumento para hacer efectivo este Estado de Alarma son las fuerzas represivas, y en interés de salvaguardar el actual régimen de clase en medio de esta crisis sanitaria, no podemos apoyarlo. De la misma manera que no apoyamos la restricción a los derechos democráticos contenidos en el presente decreto que implica el fortalecimiento del aparato del Estado (policía, guardia civil, ejército, jueces, Administración del Estado) añadiéndole poderes represivos arbitrarios a los habituales. Nosotros, como marxistas, como proletarios con conciencia de clase, proponemos a la clase trabajadora que sólo debe confiar en sí misma, en su organización, conciencia, disciplina y madurez como clase.
Aun dentro del Estado de Alarma no reconocemos límites a nuestros derechos democráticos, apelamos a los trabajadores a que, dentro de las posibilidades que ofrece cada empresa, barrio y comunidad, preservando la salud y la seguridad sanitaria del conjunto, organicen asambleas, se movilicen, hagan huelgas y tomen cuanta iniciativa consideren conveniente para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de clase en todos los aspectos: de la salud, la higiene, el empleo digno, el salario decente y por sobre todo una sociedad socialista que libre al conjunto de la humanidad de la pesadilla, la barbarie y el fangal al que la ha conducido este sistema capitalista caduco en la segunda década del siglo XXI.
Desde hace unos años se ha puesto de moda entre los activistas de izquierdas y revolucionarios en el Estado español el viejo lema de la “Resistencia obrera peronista” argentina contra las dictaduras de los años 50 y 60 en este país: “Sólo el pueblo salva al pueblo”. Nosotros simpatizamos con esta consigna, pero le añadimos el siguiente matiz: que, dentro del pueblo, sólo la clase obrera a la cabeza puede dirigirlo eficazmente hacia su verdadera salvación.
