La reacción del gobierno de Claudia Sheimbaum ante una manifestación de colectivos de mujeres, que protestaban por el tratamiento de la procuraduría ante la violación multitudinaria de una menor por parte de policías, generó un fuerte rechazo en redes sociales. Causó un escándalo que la brillantina rosa en la cabeza del jefe de la policía y unos cristales rotos merecieran una conferencia de prensa en donde se criminalizó la justa movilización y se amenazó a las activistas con procesos jurídicos, mientras que casos de violaciones de mujeres por parte de policías no hubiera ameritado una conferencia de prensa con la presencia de la jefa de gobierno y la procuradora Ernestina Godoy.
La brillantina rosa se ha convertido en un símbolo de coyuntura y las manifestaciones de mujeres contra la violencia machista se extienden a diversas regiones del país. Después de un intento de rectificación en donde la jefa de gobierno explicó su política de género -con un contenido más retórico que de fondo- rodeada por un sector del feminismo “fifí” que poco tiene que ver con los colectivos de mujeres que se manifestaron, Ulises Lara, vocero de la Procuraduría, sostuvo que las declaraciones de la menor violada por policías no coinciden con las evidencias de la carpeta de investigación lo que sólo arrojó más leña al fuego y mostró que la supuesta rectificación fue más un “control de daños” y una política de aparador destinada a los medios.
Lo que no dijo Ulises Lara es que las declaraciones de la Procuraduría han sido contradictorias y poco claras: la propia PGJ había señalado que las pruebas periciales fueron tomadas 4 días después de que la madre y el abuelo de la víctima denunciaran el caso, que las pruebas genéticas se habían extraviado; después de horas de espera los familiares decidieron retirarse. No sorprende que las muestras en uñas, ropa y fluidos sean inútiles para obtener pruebas cuando es sabido que en casos de violación las primeras 24 horas son críticas.
Además no es posible evadir el asunto de las sucesivas filtraciones de parte de las propias instancias de gobierno, la primera de las cuales puso en peligro la vida de la menor al difundir su nombre, dirección e incluso otros datos de la carpeta de investigación, no sorprende por tanto que la familia de la víctima haya decidido no ratificar la denuncia. Luego vino la filtración de unos vídeos que pretenden apuntalar la “verdad histórica” que quiere imponer el gobierno de la ciudad en lo que parece un operativo coordinado de autoridad y medios, un operativo para señalar que la menor miente y que además estaba borracha. Ulises Lara sostiene que esos vídeos no salieron de la procuraduría sino de videos privados. Pero si esos vídeos no estaban en la carpeta de investigación esto sólo demostraría la incompetencia de la procuraduría al no integrar evidencia que un medio de comunicación pudo obtener, pero si, por el contrario, los vídeos sí forman parte de la carpeta se demostraría corrupción.
Y es que todo el proceso ha sido asqueroso, comenzando por el mensajero Ulises Lara. Como exdirector del IEMS despidió a unas 60 trabajadoras de intendencia contratadas por outsourcing que osaron organizarse para defender sus derechos e introdujo porros a las prepas del IEMS -algunos de los cuales fueron señalados por abusar sexualmente de las estudiantes situación que las autoridades del IEMS ocultaron-, se trata de un porro rompehuelgas que fue puesto en el IEMS para liquidar al sindicato democrático de la institución (SUTIEMS), hasta el último momento fue funcionario de Mancera y fue destituido por no haber cumplido, gracias a la movilización sindical, a su jefe el arrebatar la titularidad al SUTIEMS para dárselo al sindicato charro. Este caso muestra de pasada los efectos de haber abierto las puertas de la 4T a todo un ejército de arribistas corruptos y sin principios.
Incluso, sin conceder, que la acusación a los policías sea falsa, la forma criminal de actuar de las autoridades ha viciado todo el proceso de investigación, mostrando la vulnerabilidad de las víctimas y su revictimización por parte de las propias instancias de justicia, la podredumbre del sistema judicial, la colosal torpeza del nuevo gobierno de la ciudad, y sobre todo que el reformismo no ofrece, más allá de la retórica y reuniones de apartador, un cambio de fondo en lo que respecta a los casos de violaciones y feminicidios que ahogan al país y a la Ciudad de México pues no está en condiciones de dar una alternativa real a la descomposición social que genera el capitalismo.
