México: la indignación por los desaparecidos de Ayotzinapa se niega a desaparecer

El ataque a los estudiantes de Ayotzinapa ha revelado lo que muchos mexicanos ya sabían sobre la compleja red de relaciones que existe entre los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD), el aparato del Estado y el crimen organizado. También actuó como un catalizador de toda la rabia reprimida contra un gobierno que, de manera fulminante, ha destruido lo que quedaba de las conquistas de la Revolución Mexicana. Nos referimos a la contrarreforma de la legislación laboral, la destrucción del combativo sindicato mexicano de electricistas, la contrarreforma de la educación, la contrarreforma del sistema de seguridad social y de pensiones, etc..

El gobierno de Enrique Peña Nieto, del partido del PRI, que gobernó México durante 70 años, se había propuesto aplicar la llamada "apertura de la industria petrolera", que supondría poner fin a las medidas revolucionarias que impulsó el general Lázaro Cárdenas en 1938, cuando expropió a las compañías petroleras británicas.

Un artículo del Washington Post describía acertadamente este hervidero de rabia acumulada:

"La demanda de encontrar a los estudiantes desaparecidos y castigar a los responsables se ha mezclado con una indignación más diversa contra los políticos corruptos y sus compinches del tráfico de drogas, contra las reformas económicas y educativas impulsadas por Peña Nieto y el enriquecimiento de la clase política mientras que la pobreza persiste en Estados como Guerrero. La indignación refleja una profunda desconfianza hacia el nuevo gobierno".

Lo ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre está claro: la policía municipal, sin previo aviso, y bajo las órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, abrió fuego contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Seis personas murieron en el acto y 43 de los sobrevivientes fueron detenidos por la policía y entregados a un cártel de la droga, al que estaban vinculados el alcalde, su esposa y el jefe de policía. El gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, de la antigua ala de izquierda del PRD, como el alcalde, se vieron obligados a renunciar de sus cargos por su complicidad en el ataque.

El alcalde temió que éstos se encontraban en Iguala para protestar en un mitin político, en el que participaba su esposa. En definitiva, el asesinato y desaparición de los estudiantes se debió a sus fuertes tradiciones de militancia revolucionaria.

La indignación de los compañeros y familiares de los estudiantes desaparecidos se centró primero en el alcalde y gobernador de Guerrero. El gobierno nacional tardó 10 días en emitir una declaración pública e intervenir en la materia. A medida que se revelaron más detalles sobre el asunto, se hizo más patente que la connivencia del Estado con el crimen organizado no afecta solamente a una región o un partido político, sino al conjunto del aparato del Estado a todos los niveles (municipal, estatal y federal). De una u otra manera, todo el mundo sabía o sospechaba adónde les han llevado los seis años de la llamada "guerra contra la droga" del gobierno del Presidente Calderón (predecesor de Peña Nieto, y representante del derechista partido católico PAN), que dejó más de 120.000 muertos según las cifras oficiales. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa se ha convertido en un movimiento de masas.

Los activistas se dieron cuenta, cada vez de forma más clara, de que el gobierno nacional realmente no estaba interesado en resolver el caso, sino en retrasar cualquier anuncio para que las familias se cansaran y renunciaran. Primero se esparcen rumores sobre presuntos vínculos entre los estudiantes secuestrados y el crimen organizado. Se les intenta responsabilizar de lo sucedido dando a entender que eran "radicales" y "guerrilleros". Pero nada de esto funcionó.

La lucha de Ayotzinapa se ha convertido en el grito de un creciente movimiento estudiantil, que empezó en la universidad de la UNAM y el IPN, en la ciudad de México, y luego se ha extendido a más de 140 instituciones de educación superior en todo el país. Este es el mayor movimiento estudiantil en México desde 1968 y lo supera en difusión nacional.

Ha habido una serie de jornadas nacionales de acción, huelgas de estudiantes de 48 y 72 horas, manifestaciones de cientos de miles de personas en la ciudad de México y decenas de miles de personas en las capitales de estado en todo el país. Por supuesto, el movimiento ha sido más fuerte y más radical en Guerrero y en otros estados del sur, como Michoacán y Oaxaca, que cuenta con una tradición de lucha revolucionaria y fuertes secciones de la combativa y democrática organización de maestros CNTE. Pero también se ha extendido de manera significativa hacia el norte, tradicionalmente más conservador y bajo el firme control de los cárteles de la droga. Ha habido grandes manifestaciones en San Luís Potosí, Sonora, Sinaloa y otros estados en el norte del país.

Una reunión muy mediatizada entre las familias de los estudiantes y el Presidente Peña Nieto no salió según lo planeado, ya que los familiares salieron de la reunión con un estado de ánimo de lucha en lugar de sentirse apaciguados por las palabras del Presidente.

El 7 de octubre, en una jugada desesperada, Peña Nieto decide intentar algo más para intentar calmar las protestas. En una declaración televisada, el fiscal del Estado, Jesús Murillo Karam, anuncia que se sabe del destino de los estudiantes. Según sus declaraciones, el cártel asesinó a los estudiantes, quemó los cuerpos y arrojó las cenizas a un río. Esa misma semana, el alcalde de Iguala y su esposa ya habían sido detenidos. Estas declaraciones pretendían poner fin al caso. Era trágico y desafortunado, pero no había nada más que hacer y el caso debía cerrarse.

El gobierno sabía que este anuncio iba a provocar airadas manifestaciones pero estaba dispuesto a pagar el precio. Esto también iba a preparar el terreno para la retrasada visita presidencial a China, que fue reprogramada para el 9 de noviembre.

De nuevo, los planes del gobierno fueron interrumpidos por el espíritu combativo de los padres que desconfían de las autoridades. Señalaron que el gobierno no había proporcionado ninguna prueba de lo que estaba diciendo. Ya habían sido engañados anteriormente, cuando el gobierno anunció que los restos encontrados en una serie de fosas eran los de sus hijos, lo que quedó desmentido por pruebas de ADN.

Los familiares insistieron en que la búsqueda de sus hijos y su movilización continuaría hasta que haya pruebas concluyentes de su paradero. Unos días más tarde la historia del gobierno empezó a aclararse. Alguien señaló que la noche en la que, según alegó el gobierno, los cuerpos habían sido calcinados durante 15 horas, había estado lloviendo torrencialmente. Un equipo forense argentino dijo que ninguna de las muestras de ADN recuperadas en las fosas en Cocula e Iguala correspondían a los estudiantes, ni ninguna de las muestras tomadas de la basura en Cocula (donde supuestamente se calcinaron sus cuerpos). Las muestras de ADN de las cenizas recuperadas se trataron con medios especiales y se enviaron a Austria.

Karam cometió un error adicional al final de la conferencia de prensa cuando se negó a tomar más preguntas diciendo, "Ya me cansé" ("Estoy cansado, ya he tenido suficiente"). Esto se percibió directamente como un insulto. El gobierno, que ha sido en parte responsable de la desaparición de los estudiantes y al que no se ha visto estar realmente interesado en encontrar su paradero, ahora mostraba estar "cansado" de todo este asunto!

La reacción de las masas fue, justificadamente, de indignación. En la capital de Guerrero, Chilpancingo, furiosos manifestantes prendieron fuego a varios coches oficiales y al Palacio de Gobierno. En la ciudad de México, decenas de miles se manifestaron el domingo 9 de noviembre y luego prendieron fuego a la puerta del Palacio Nacional. Sin duda, hubo provocadores entre los manifestantes y el permitir el incendio de la puerta sirvió para tildar a los manifestantes de violentos matones anti-mexicanos. Al mismo tiempo, se vivió un profundo sentimiento de ira y frustración ante el comportamiento del gobierno. Miles de jóvenes estaban preparados para luchar contra la policía antidisturbios, no sólo la minoría de siempre.

El viaje del Presidente a China, lejos de poner fin a las protestas concentró aún más el descontento con el Presidente. Recibió críticas por los comentarios insensibles de su hija, por haberse llevado al maquillador personal de su esposa con él, por el costo del avión presidencial, por el costo de la residencia de su esposa, etc., etc..

En Guerrero y Michoacán, los manifestantes tomaron ayuntamientos y en muchas ciudades y pueblos la gente armada, a través de la organizada "policía comunitaria", son la única autoridad reconocida. En Michoacán, donde el Estado había logrado desmantelar las organizaciones de autodefensa creadas por las comunidades para defenderse contra las fuerzas del Estado y los narcos, ahora empiezan a rearmarse.

Sólo para dar una indicación del carácter masivo de este movimiento entre los jóvenes, el 11 de noviembre se celebró un encuentro multitudinario que reunió a 5.000 personas, estudiantes, profesores y trabajadores del campus de Azcapotzalco de la Universidad UAM. Votaron por una huelga general por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. No una huelga general con ocupación del campus, sino un estado de movilización permanente con asambleas, actividades, debates, etc..

El Secretario de Estado, Miguel Ángel Osorio Chong, fue abucheado en la inauguración de los Juegos Centroamericanos en Veracruz, el 14 de noviembre, cuando mencionó el nombre del Presidente. Esto fue lo más sorprendente porque la inmensa mayoría de los presentes habían venido en autobuses liderados por leales priístas ("acarreados"). Hubo protestas por parte del público en el minuto 43 de la primera y segunda mitad del partido México-Holanda.

En la noche del 14 de noviembre, justo cuando el presidente estaba aterrizando de su viaje a China y Cumbre del G20, otro incidente vino a echar más leña al fuego. Un grupo de agentes de la policía ingresaron en la Universidad de la UNAM y comenzaron a tomar fotos a los estudiantes que se encontraban a la entrada del aula Che Guevara, ocupada por éstos. Fue una clara provocación (supuestamente los agentes estaban realizando un operativo por el robo de un teléfono móvil), que se saldó, entre otros altercados, con un estudiante herido en una pierna por los disparos de uno de los agentes cuando los jóvenes se enfrentaron a la policía.

Esa noche cientos de estudiantes se enfrentaron con la policía antidisturbios que había entrado en la UNAM (violando la autonomía universitaria). La respuesta de Peña Nieto al bajar del avión presidencial fue una ominosa advertencia de que "el Estado tiene la legitimidad para llevar a cabo la represión si fuera necesario". ¡Como si el Estado no fuera ya responsable de abrir fuego contra estudiantes desarmados y por el secuestro de 43 de ellos! Como si no hubiera habido ya 23.000 desaparecidos e innumerables violaciones de los derechos humanos a manos del Estado.

El gobierno de Peña Nieto parece verse cada vez más aislado a medida que crece un movimiento nacional exigiendo su renuncia. Pero una bestia es más peligrosa cuando está herida. No olvidemos que Peña Nieto fue el gobernador del Estado de México, quien autorizó la brutal represión contra el pueblo de San Salvador Atenco en 2006. Cientos de personas fueron detenidas durante la ocupación de la ciudad, y 26 mujeres fueron violadas entre otras vejaciones a los derechos humanos.

Tras la fachada, que se ha encargado de cultivar la prensa capitalista mundial, de un Peña Nieto reformador y modernizador agradable, éste ha llevado a cabo, de hecho, las contrarreformas que el capital internacional le ha exigido y es, en realidad, la misma vieja cara del régimen del PRI de antaño que nunca se fue.

La amenaza de Peña Nieto, no es una "advertencia", podría ser el preludio del inicio de una ola de represión contra el movimiento en su conjunto y, también, selectivamente, contra sus activistas más prominentes. El único freno para seguir este camino hasta el momento, ha sido el hecho de que, incluso la clase dirigente entiende que en este momento la represión gubernamental simplemente tendría el efecto de inflamar aún más la situación.

Para dar una idea de la mentalidad de los dirigentes del PRI basta sólo con citar a Beatriz Pagés, la Secretaria de cultura del Partido: "la desaparición y probable exterminio de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa forma parte de una trampa estratégicamente puesta a México. En esta trampa participan varios: el crimen organizado, grupos guerrilleros, agrupaciones sindicales como la Coordinadora de Maestros de Guerrero, mercenarios anarquistas como los que intentaron incendiar la puerta del Palacio Nacional, y partidos políticos – tipo Morena – que apuestan a ganar con la desestabilización". De manera significativa, incluye en esta conspiración a "los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, cuya misión hoy ya no es la democratización de ese centro de estudios, sino dar largas a la resolución del conflicto para contribuir a la ingobernabilidad".

Por supuesto, no hay tal conspiración. La verdadera causa de esta explosión es la acumulación de contrarreformas económicas, represión, fraude electoral, etc.. En cuanto a Morena, si bien es cierto que sus miembros están involucrados en el movimiento, sus dirigentes se han destacado por no haber dado ninguna dirección en absoluto a las protestas.

La Secretaria de cultura se refirió después al punto crucial que preocupa a la clase dominante, tanto en México como en el extranjero: "hay quienes están operando a todas luces en contra de los intereses de México, y los jóvenes- sean los de Ayotzinapa o sean los del Politécnico – ha sido escogidos para crear condiciones adversas a la inversión y al desarrollo de la nación".

Esto es lo que realmente preocupa. No es la necesidad de poner fin a la dominación de las bandas criminales y su connivencia con el aparato estatal. No importa, mientras nadie proteste por ello, porque es entonces cuando afecta a la "inversión", es decir, destruye el ambiente de “negocios amistosos” creado por las contrarreformas capitalistas de Peña Nieto. Hace al país menos seguro desde el punto de vista de los intereses de las grandes empresas mexicanas y multinacionales.

Y, admitiendo que la mayoría de la gente simpatiza con el movimiento de la juventud y podría dar el paso de unirse a ella, concluye: "Es imperioso que los delincuentes dejen de seguir ganando espacio en las calles, pero sobre en la opinión pública".

No hay duda de que a un ala del Estado y de la clase dirigente le gustaría que una parte de los estudiantes y de los campesinos y maestros de Guerrero y la ciudad de México, tomaran el camino del terrorismo individual y de la lucha guerrillera. Les ayudaría a aislar a los elementos más avanzados del movimiento general y justificar el uso de la fuerza del Estado contra ellos.

El domingo, tras la provocación de la UNAM, hubo una gran manifestación en el campus. Un pequeño grupo de jóvenes enmascarados intentaron apoderarse del edificio del Rectorado. La multitud se opuso y pidió, en cambio, celebrar asambleas masivas en las escuelas, para que cualquier ocupación fuera decidida por el movimiento en su conjunto. Este es el camino correcto a seguir para mantener el movimiento unido y fuerte. Por supuesto, lo que nos preocupa aquí no es el destino de una puerta del Palacio, sino el destino del movimiento en su conjunto y cuál es la estrategia que puede fortalecerlo y cómo enfrentarse mejor al enemigo para lograr sus objetivos.

En Guerrero, por ejemplo, la violencia y destrucción de la propiedad que ha tenido lugar, se ha realizado como resultado de las decisiones tomadas por el movimiento en su conjunto, en el que están involucrados los estudiantes, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, el sindicato de maestros de la CETEG y otras organizaciones de masas.

Sin embargo, lo que realmente haría temblar al régimen – y no debemos olvidar que Peña Nieto, igual que su predecesor Calderón, sólo llegó al poder como resultado de fraude electoral – sería la entrada, de una manera decisiva, de la clase obrera en el movimiento. Los estudiantes ya lo entienden y están trabajando en esa dirección.

El 20 de noviembre, Día de la Revolución de México, hay convocada una huelga nacional de estudiantes y una jornada nacional de acción. En la ciudad de México, se ha convocado la ocupación del aeropuerto internacional. Todo esto se seguirá de una manifestación masiva que concurrirá con las cuatro columnas de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que han estado recorriendo el país reuniendo apoyo para su causa.

El 29 de noviembre, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa han convocado un Congreso Nacional de estudiantes que se reunirá en las instalaciones de su Escuela en Guerrero. Finalmente, el 1 de diciembre, hay convocada una huelga general de 24 horas. Es difícil saber cuál será su impacto. Por un lado, los sindicatos convocantes son sólo una minoría de la clase obrera organizada, concentrada principalmente en la profesión docente (primaria, secundaria y universidad), junto con los trabajadores de la empresa telefónica y, tal vez, algunas secciones de mineros en el norte del país. El ambiente es tal, sin embargo, que estas dos convocatorias podrían sobrepasar el alcance de sus organizaciones.

Los acontecimientos en México muestran cómo una situación, aparentemente tranquila en la superficie, puede convertirse rápidamente en su contrario. Hace apenas unos meses, a principios de septiembre, parecía un gobierno fuerte, parecía haber acabado con toda oposición al amplio programa de contrarreformas capitalistas y estaba a punto de rematarlo todo mediante la introducción de la "apertura" de la industria petrolera. The Economist, el Financial Times y el Washington Post, de hecho, todos los medios capitalistas internacionales, alababan a Peña Nieto, por ser quien finalmente "llevaba a México al siglo XXI".

Entonces, dos hechos aparentemente accidentales, la huelga del Instituto Politécnico, que comenzó el 25 de septiembre sobre un tema aparentemente menor y el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre, se combinaron para dar rienda suelta a un movimiento de masas que cambió toda la situación. El movimiento está lejos de haber ganado todavía, pero está en ascenso, ganando fuerza y apoyo cada día, y se ha convertido en un movimiento contra el gobierno en su conjunto pidiendo claramente: que se vaya Peña Nieto.