El pasado jueves 12 de agosto en la colonia Cumbres de Santa Tecla, cuatro militares destacados en tareas de seguridad asesinaron al joven Manuel Antonio Escalante de 30 años de edad, que recientemente, según una nota del Diario de Hoy, se había graduado de Ingeniería.
La primera versión de las autoridades relata que el joven atacó a los militares y, por lo tanto, se generó un intercambio de disparos, pero investigaciones posteriores de la FGR y la PNC afirman que no hubo tal enfrentamiento, no se encontró armas ni casquillos de bala en el automóvil en el que Manuel se conducía.
Los militares detenidos tienen reservada su identidad, por Decreto de Ley del 2016 que impide revelar los nombres de policías y militares que se encuentren involucrados en casos como este. Los cuatro militares involucrados, aunque fueron capturados por las instituciones no fueron llevados a bartolinas policiales, como normalmente se hace, sino que están siendo resguardados en la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM, ex Guardia Nacional). Este martes enfrentaron la primera audiencia inicial.
Ejecuciones extrajudiciales
Por todos los detalles de la escena del crimen, el caso de Manuel Escalante es una expresión más de ejecuciones extrajudiciales. Según el Derecho Internacional Humanitario las ejecuciones extrajudiciales se definen como: “un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen” (Naciones Unidas, 2005), y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una ejecución es extrajudicial cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.
En El Salvador, desde el proceso de militarización de las tareas de seguridad iniciado por los gobiernos de ARENA y duplicado por los gobiernos del FMLN entre 2009 hasta el 2018, en la necesidad de resolver los problemas de seguridad a través de la represión, los casos de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos del poder por parte de policías y militares se han vuelto bastante comunes.
Uno de los casos más emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales se dio en el cantón el Escalón en el Municipio de San José Villanueva, donde la Policía Nacional Civil y las FFAA perpetraron una masacre que justificaron diciendo que se trató de un enfrentamiento entre la PNC y militares contra supuestos pandilleros, pero las investigaciones determinaron que no hubo tal enfrentamiento, sino solo la ejecución de 13 jóvenes[1].
El otro caso sucedió siempre en el municipio de San José Villanueva, la Libertad, pero esta vez en el cantón el Espíritu Santo en 2016, donde la Fiscalía General de la Republica (FGR) determinó que el asesinato de 3 jóvenes en un supuesto enfrentamiento, no fue el resultado de un intercambio de disparos sino un asesinato contra jóvenes desarmados que se conducían a bordo de un vehículo que fue interceptado por la policía, donde posteriormente ejecutaron a sus tripulantes desarmados[2].
En un documento publicado en 2019 por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos y citado en una publicación del mismo año por la BBC se determina que ha habido:
“116 víctimas de ejecución extrajudicial, en 48 casos investigados entre 2014 y 2018, el 93,1% de ellas murieron por lesiones de arma de fuego. Más del 77% de las ejecuciones fueron cometidas en zonas rurales. El 94,1% de las víctimas fueron hombres, principalmente con edades entre los 18 y 24 años de edad. El informe descarta que las muertes analizadas se debieran a enfrentamientos con policías, sino que las víctimas ‘fueron ajusticiadas cuando ya habían sido sometidas’ El documento señala con ‘extrema preocupación la ejecución extralegal de 28 personas menores de 17 años’, incluidos dos adolescentes de entre 13 y 14 años”.[3]
Con la llegada de Nayib Bukele ni el proceso de militarización de la seguridad ni el abuso de estas instituciones contra la población civil se ha detenido, al contrario, se ha profundizado con cada nueva etapa del Plan Control Territorial.
#Diálogo21 | Ministro Francis Merino Monroy: "Hay gente en la política que dice que en lugar de 20 mil soldados, que sean 20 mil ingenieros, 5 años se tarda el promedio de sacar una carrera, cree usted que la gente va a estar esperando 5 años para que las sigan matando". pic.twitter.com/IGfVBRimsE
— Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) July 22, 2021
Un informe de la PDDH, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que las ejecuciones extrajudiciales continúan a la fecha. “La PDDH maneja un dato de 20 casos de ejecuciones extralegales solo en 2018. En 2019 fueron 16 y en 2020 registraron siete casos”; el asesinato de Escalante se estaría sumando a estas horrendas estadísticas.
Los militares, la juventud y las tareas de seguridad
Cuando el régimen pone a militares a “brindar seguridad”, cualquier excusa es justificable para ejecutar en nombre del orden. Las fuerzas militares están preparadas para la guerra y la represión, para matar y proteger al sistema, no para brindar seguridad a la ciudadanía. Bukele lleva un buen tiempo intentando lavarles el rostro a estas instituciones asesinas, pero la realidad contrasta con toda su propaganda.
Durante décadas, las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos han fracasado. En su interior están podridas por la corrupción y el crimen organizado, en un país como el nuestro corroído por la corrupción, el narcotráfico y los tratos con pandillas, es difícil determinar donde terminan las instituciones del Estado y donde empieza el narcotráfico, el crimen organizado y la pandilla. La juventud y la clase obrera está gobernada por delincuentes con cuello blanco y asediada por policías, militares y grupos criminales.
Es imposible creer que las instituciones del Estado, podridas desde hace décadas, puedan ofrecer garantías de seguridad a los más pobres. Lo único que puede esperar la juventud de estas instituciones es la persecución, represión y la muerte. La muerte del joven Manuel Escalante es el resultado de una política fracasada, de la imposición de un régimen opresivo y podrido en todas sus entrañas.
Irónicamente los militares del régimen de Bukele asesinaron al joven Manuel justo en el día internacional de la juventud. Esto es una muestra de lo único que le pueden ofrecer estas instituciones del capital a la juventud.
Como juventudes tenemos que exigir justicia para Manuel Escalante, porque a Manuel lo mató el régimen policial y militar de Bukele. Como jovenes la única alternativa que tenemos es la organización y la lucha por cambiar nuestras condiciones de vida. Solo a partir de la organización, la formación y la acción política revolucionaria podremos cambiar nuestro nefasto futuro en manos de los militares, los políticos corruptos/narcos y pandilleros.
Debemos profundizar el estudio de la historia del movimiento de los trabajadores, sacar lecciones de los procesos revolucionarios, porque en estos procesos se encuentran las claves de cómo se puede combatir la inseguridad, la miseria, la opresión y la explotación.
Por la memoria de Manuel debemos luchar contra el militarismo y contra el régimen corrupto de Nayib Bukele para construir nuestro propio futuro con nuevas instituciones, democráticas y revolucionarias, no hay otra alternativa.
[1] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PDDH-policias-y-soldados-cometieron-ejecuciones-20160426-0018.html
[2] https://www.fiscalia.gob.sv/fgr-establecio-participacion-de-tres-agentes-policiales-en-ejecucion-sumaria-extrajudicial-y-son-condenados-a-25-anos-carcel/
[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49504927
