En los últimos años, el sistema capitalista impulsado por la necesidad de acumular ganancias bajo intereses de un pequeño grupo, ha devastado los recursos naturales de tal manera que pone en riesgo el desarrollo social y económico, afectando la salud de los trabajadores, quienes no son los únicos, pero si los más afectados ante las diferentes crisis medio ambientales que han ido surgiendo a través del tiempo por culpa de la explotación exuberante de los recursos naturales, realizadas por empresas transnacionales.
En los últimos años, el sistema capitalista impulsado por la necesidad de acumular ganancias bajo intereses de un pequeño grupo, ha devastado los recursos naturales de tal manera que pone en riesgo el desarrollo social y económico, afectando la salud de los trabajadores, quienes no son los únicos, pero si los más afectados ante las diferentes crisis medio ambientales que han ido surgiendo a través del tiempo por culpa de la explotación exuberante de los recursos naturales, realizadas por empresas transnacionales.
Tal es el caso de la minería, impulsada por el aumento en la demanda de metales de los países industrializados, y por el aumento de los precios de estas materias, los cuales son amparados por la escases de mecanismos regulatorios efectivos mayormente en los países “en vías de desarrollo”, ya que es importante mencionar que el 70 % de los proyectos mineros están ubicados en países con altos índices de pobreza.
El Salvador también puede verse afectado tras el litigio que lleva más de 10 años enfrentando el país contra la empresa Ocean Gold, que en 2013 adquirió a Pacific Rim, la cual obtuvo los permisos de exploración en la mina El Dorado en San Isidro, Cabañas, para el periodo presidencial de Francisco Flores; proceso que empezó en el 2002 amparada por El Tratado de Libre Comercio y respaldada por el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador, ley que casualmente se aprobó en este mismo periodo. En 2009 con el gobierno de Funes se cancelaron los permisos para la explotación de la mina, y está demandó 250 millones de dólares al Estado como indemnización. Pero el 14 de octubre del 2016 esta demanda falló a favor del Estado salvadoreño, luego de una ardua investigación sobre las consecuencias del proyecto a nivel social y medio ambiental, y una imparable lucha por parte organizaciones que están en contra de la intervención de la empresa.
El tipo de explotación y contaminación que traen las minas a cielo abierto, llevaría a un “suicidio colectivo” por las diferentes consecuencias que no solo afectarán a los pueblos aledaños a la mina, sino a todo El Salvador en general. Hablar de explotación minera, también es hablar de la crisis hídrica (la que el país ya está al borde de sufrir) ante la desigual distribución y acceso al agua; junto a la contaminación y saqueo de ríos, lagos, mantos acuíferos y hasta océanos que dicha explotación traerá por el tipo de técnicas que utiliza la extracción de minerales: una variedad de químicos y otras sustancias altamente toxicas en las que se incluyen el mercurio, el cianuro de sodio, ácido sulfúrico y acido hídrico. Los explosivos que se usan en la etapa de extracción también dejan residuos de nitrato y amonio, que no son nada beneficiosos para el medio ambiente, fauna y mucho menos para los seres humanos.
Los resultados de la demanda antes mencionada establecen que la empresa Ocean Gold deberá pagar $8 millones como retribución ante los gastos que el Estado llevo por la demanda, que fue lo establecido por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial (BM), dándole un lapso de 120 días a la empresa para solventar dicha deuda, fecha que culmina en febrero del presente año. Pero esto no significa que la empresa de capital australiano Ocean Gold, tiene prohibida la explotación de metales en el país, esto solo significa que El Salvador no era responsable de las reclamaciones monetarias presentadas por la empresa años atrás.
Ante esto a principios del 2017, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, junto con representantes de Cáritas de El Salvador, sacerdotes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentaron formalmente el proyecto de “Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador”, basándose en los peligros que la explotación minera presentaría al país y presentando una investigación realizada por las Naciones Unidas en las que demuestra que solo el solo 3 % de bosque natural está intacto y más del 90 % de las aguas superficiales están contaminadas en el país.
La tarea del pueblo salvadoreño es defender su ecosistema y su propio desarrollo ejerciendo la mayor presión a través de una lucha férrea para alcanzar no sólo la aprobación de esta ley, la cual podrá detener legalmente la intervención que la empresa minera insiste tan arduamente desde el 2002, sino por la creación de mecanismos de control popular para que dicha ley sea cumplida y respetada.
Pero hay que tener claro que el capitalista como Marx lo mencionaba en varios de sus escritos, tiene dos fuentes principales de explotación: el trabajador y en relación a este, la naturaleza. Por tanto, la lucha debe ir dirigida por la expropiación de las grandes empresas mineras para que la explotación de los recursos naturales sea controlada por los trabajadores y el Estado, sea racional, menos contaminante y en favor del desarrollo humano de la mayoría del pueblo, y no de un pequeño grupo, como hoy en día; y por el derrocamiento completo del capitalismo no solo en El Salvador sino a nivel mundial.
De esta forma, no existirá la explotación de los recursos naturales con el fin del lucro privado, ya que estos no serán extraídos sin límites solo por alcanzar mayores ganancias como lo es en el capitalismo, sino serán extraídas solo las cantidades que sea necesaria para la producción y reproducción social. Solo así podremos salir de esta crisis medio ambiental en la que hemos caído.
Por un sistema que defienda los
recursos naturales: ¡Lucha con nosotros contra el capitalismo!
