Por Jorge Martin
El miércoles 6 de octubre Guido Bellido renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros y el presidente Pedro Castillo anunció un nuevo gabinete ministerial que representa un claro giro a la derecha. Salen los que la prensa burguesa acusó de “radicales” y “senderistas», entran los empresarios, los “moderados», los de la izquierda caviar, comprometidos con la estabilidad del régimen. Se queda Francke, quinta columna de la CONFIEP. La bancada de Perú Libre ha roto con el nuevo gobierno.
La caída de Bellido es la culminación de 69 días de una campaña incesante de acoso y derribo contra Castillo y su gobierno por parte de la oligarquía capitalista del Perú y las multinacionales, y las tensiones y desencuentros que la misma ha provocado entre el gobierno y el presidente.
La campaña de la oligarquía capitalista contra el gobierno de Castillo
Ya en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que culminaron con la victoria de Castillo vimos al candidato de Perú Libre enviar mensajes claros a la burguesía y las multinacionales asegurando que no se tocarían sus intereses. El nombramiento de Pedro Francke, primero como asesor de la campaña y luego como titular de la cartera de finanzas fue el más claro de esos mensajes. Economista del Banco Mundial, Francke aseguró a la CONFIEP “una política fiscal y monetaria responsable” y “protección a la propiedad privada”.
En la misma noche de la juramentación del gabinete de Bellido, el 29 de julio, ya salieron a la luz las contradicciones de su gobierno. Francke amenazó con no juramentar su cargo si Bellido era el premier. Finalmente el conflicto se resolvió con una declaración de Bellido de apoyo al programa económico pro-capitalista de Francke.
El siguiente conflicto de envergadura fue el que llevó a la destitución / renuncia del canciller Héctor Béjar. Antiguo guerrillero y activista de la reforma agraria durante el gobierno de Velasco Alvarado, Béjar fue el primer ministro contra el que la oligarquía capitalista abrió fuego. A apenas dos semanas de su juramentación la prensa capitalista sacó a la luz unas declaraciones suyas de noviembre de 2020 en las que exigía una investigación en el papel que la Marina de Guerra y el Ejército habían jugado en actos terroristas durante el conflicto con Sendero Luminoso. Ante esta embestida tanto Castillo como Bellido cedieron y propiciaron la salida de Béjar del gobierno. Aquí vimos la actuación conjunta del aparato del estado, particularmente altos oficiales de la Marina, y de la burguesía en una ofensiva conjunta con un ministro de un gobierno electo democráticamente.
Como suele suceder, ceder ante la presión de la clase dominante y su opinión pública no tiene el efecto de aumentar la estabilidad del gobierno, sino al contrario, envalentonar a la oligarquía para continuar e incrementar su ofensiva.
El siguiente en el punto de mira fue el ministro de trabajo Iber Maraví, sindicalista del magisterio y antiguo dirigente del SUTE en Ayacucho. Misteriosamente, unos atestados policiales de 1980, hace más de 40 años, que supuestamente demuestran la participación de Maraví en un atentado con bomba, se filtraron al grupo Comercio que los publicó con todo tipo de acusaciones. La línea argumental ya la conocemos: “el ministro es senderista”. El objetivo era claro y doble: por una parte deshacerse de un ministro cercano al movimiento sindical y por lo tanto molesto para los empresarios, y al mismo tiempo minar cada vez más la autoridad del propio Castillo. En todo este asunto jugó un papel despreciable la directiva del SUTEP, que se unió al coro de la burguesía contra el Ministro de Trabajo.
Al mismo tiempo que la derecha concentraba el fuego en Maraví, el aparato del estado proseguía la ofensiva por otros derroteros, con la fiscalía presentando acusaciones por corrupción y terrorismo (!!) contra el premier Bellido, el dirigente de Perú Libre Vladimir Cerrón y decenas de militantes de su partido.
En el caso de Maraví hubo muchos tiras y afloja, se le obligó a comparecer ante el congreso, presentó posteriormente su renuncia, el presidente no se la aceptó, la central sindical CGTP se movilizó en su defensa. La oposición de derechas no cejaba en su empeño y recogió firmas para una moción de censura. La bancada de Perú Libre amenazó con muerte cruzada, es decir, si se vota la vacancia presidencial, automáticamente cesarían también los poderes del congreso y habría nuevas elecciones.
El 6 de octubre el poder judicial dictó prisión preventiva contra varios dirigentes de Perú Libre investigados por lavado de dinero, incluyendo el secretario nacional de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas.
La caída de Bellido
Finalmente el conflicto constitucional entre el congreso y el presidente por el caso Maraví se resolvió con la renuncia de Bellido (forzada por Castillo) y la propuesta de un nuevo gabinete gubernamental por parte de Castillo del que Iber Maraví no forma parte. Claramente se trata de una nueva concesión a los capitalistas y las multinacionales por parte de Castillo y en esta ocasión, una concesión bastante importante que representa un cambio cualitativo.
Después de la renuncia de Bellido, el dirigente de Perú Libre Vladimir Cerrón hizo unas declaraciones bastante duras en las que planteaba que “el Presidente deberá elegir ante la disyuntiva de lo conservador o lo revolucionario,” y añadía: “Cambio de gabinete debe excluir a derechistas, caviares y traidores. Es momento que Perú Libre exija su cuota de poder, garantizando su presencia real o la bancada tomar posición firme.”
Sin embargo, el presidente Castillo hizo justo lo contrario. Presidiendo el gobierno está Mirtha Vásquez diputada de izquierda moderada del Frente Amplio, que durante el estallido de noviembre de 2020 ejerció brevemente como presidenta del congreso, jugando el papel de una figura de izquierda “razonable” que pudiera garantizar la gobernabilidad burguesa en un momento de convulsión.
No solamente sale el ministro Maraví sino que en el nuevo gobierno no hay ningún miembro de Perú Libre, el partido por el que se presentó Castillo. La única excepción, significativamente, es Betssy Chávez Chino, la diputada de PL que había salido públicamente a oponerse a la convocatoria de una asamblea constituyente y había sido calificada de traidora por el resto de la bancada. El nuevo ministro de energía y minas es el empresario Eduardo González Toro. Francke, el que garantiza ante los capitalistas que el gobierno no va a salir del cauce, se mantiene en la cartera de Economía y Finanzas.
Por si nos queda alguna duda del carácter de este cambio de gobierno, veamos lo que piensan los imperialistas. El periódico más serio de la burguesía británica, el Financial Times, lo celebra con este titular: “El presidente de Perú reorganiza el gabinete en un cambio hacia el centro” y en el subtítulo añade: “Pedro Castillo hace siete cambios y destituye al primer ministro marxista”. El artículo sigue exultante: “una importante reorganización del gabinete … derrocando a su divisivo primer ministro Guido Bellido y distanciándose del partido marxista que ayudó a ponerlo en el poder.” Y continúa en la misma línea: “En su movimiento más audaz desde que asumió el cargo a fines de julio, Castillo reemplazó a Bellido por Mirtha Vásquez, una joven excongresista e izquierdista moderada que no pertenece al partido Marxista Perú Libre” (Financial Times, 6 de octubre, énfasis nuestro.) En realidad, ni Perú Libre ni Bellido son marxistas, aunque en realidad así se definen. Sin embargo, lo que el Financial Times quiere resaltar es que Castillo rompe con estos “marxistas”.
Las cuestiones de fondo: multinacionales y asamblea constituyente
Está claro que el cambio de gobierno no es simplemente un cambio de nombres sino que refleja un conflicto político de fondo sobre dos temas centrales. El primero es la cuestión de las multinacionales, la minería y el gas. En su programa y en la primera parte de su campaña presidencial, Castillo había planteado claramente la nacionalización del yacimiento de gas de Camisea, operado por un consorcio de empresas multinacionales (argentinas, estadounidenses, coreanas, y españolas), si este no aceptaba renegociar el contrato en términos más favorables para Perú. La misma amenaza (renegociación en mejores términos o nacionalización) pendía sobre las operaciones mineras en el país.
Esta amenaza prácticamente desapareció en la segunda ronda de las elecciones. Francke, en nombre de Castillo, había elaborado un comunicado tajante en el que se hablaba de la “seguridad jurídica” de las inversiones extranjeras. Su mensaje era claro: “No habrá estatizaciones, ni expropiaciones.” Durante el reciente viaje del presidente Castillo a México (a la cumbre de la CELAC) y a EEUU (para asistir a la reunión de la OEA y de la Asamblea General de la ONU), el presidente peruano reiteró el mensaje en un intento de convencer a las multinacionales para invertir en el país.
En una reunión con empresarios organizada por la Cámara de Comercio Americana del Perú el mandatario reiteró “el compromiso de su gobierno de garantizar la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país, para fomentar un adecuado clima de inversiones”. Posteriormente en la reunión de la OEA fue incluso más claro: “No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú.” (RPP Notícias). El mensaje era claro, aunque iba acompañado de buenas intenciones, “crear empleo”, “combatir la pobreza”, “acabar con la corrupción”, cosas todas ellas que son incompatibles con los intereses de las multinacionales y con el régimen capitalista en crisis en general.
El problema es que mientras Castillo y Francke cortejaban a las multinacionales en EEUU, el premier Bellido insistía con sus amenazas al Consorcio Camisea: “Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento,” declaró en Twitter.
Rápidamente salió Castillo a enmendarle la plana a su premier: “Tenemos una concepción más clara de lo que es la empresa privada luego que hemos salido al exterior y hemos visto muchos compromisos por parte de la empresa privada y muchos empresarios a los que les hemos tomado las palabras de venir al Perú a invertir. Háganlo con la tranquilidad del caso y si ha habido algunos exabruptos del premier u otra persona la hemos corregido.” (RPP Notícias)
El otro asunto subyacente era el tema de la Asamblea Constituyente. Bellido había impulsado la recogida de firmas para un referéndum sobre la constituyente. Aunque el cambio de una constitución burguesa por otra realmente no resuelve los graves problemas a los que se enfrentan obreros y campesinos en el Perú, lo cierto es que a sus ojos, esta consigna representa el deseo de un cambio profundo, de barrer con todo el régimen que se asienta sobre la constitución de Fujimori. La clase dominante, que ahora tiene controlado a Castillo por los mecanismos de la aritmética parlamentaria, teme que la agitación alrededor de la asamblea constituyente abra la rendija por la que se cuelen las aspiraciones de las masas a tomar el gobierno de su destino en sus propias manos. De ahí que se hayan eliminado del gobierno todos los ministros de Perú Libre, los únicos que han sido consecuentes con esta promesa electoral, y se haya premiado con un ministerio a Betssy Chávez que rompió con la bancada de PL justamente por su oposición a la Constituyente.
No se puede servir a las multinacionales y a la clase trabajadora al mismo tiempo
En realidad existía una contradicción insoluble en el corazón del gobierno entre una política a favor de la mayoría de obreros y campesinos que inevitablemente pasa por enfrentar los intereses de las multinacionales y los capitalistas (representada aunque de manera tímida por Bellido), y una política de proteger los intereses de las mineras y la CONFIEP pensando que de eso se puede beneficiar el pueblo (representada por el presidente Castillo y sobretodo por Francke y la “izquierda moderada” o caviar). Tal contradicción no podía prolongarse por mucho tiempo.
La oligarquía capitalista lanzó una campaña sin cuartel para quebrar al gabinete Bellido, utilizando todos los medios a su alcance: el aparato del estado (incluyendo los servicios secretos, el Ejército y la Armada, el poder judicial), los medios de comunicación capitalistas monopólicos, la opinión pública burguesa, etc. En esta campaña actuaron en un frente único un amplio espectro de fuerzas que van desde Keiko Fujimori hasta los partidos de la izquierda “moderada” (léase burguesa) y sectores de la burocracia sindical.
En su discurso de renuncia el presidente del consejo de ministros Bellido lo explicó claramente, y vale la pena citarle de manera extensa: “El pueblo es testigo que por encima del Poder Ejecutivo existen fuerzas y poderes fácticos que gobiernan, presionan, coaccionan y persiguen… desde el inicio de no querer reconocer el triunfo electoral de Perú Libre hasta el propio gobierno. Estos poderes financieros, empresariales y económicos, tienen capturados los órganos de justicia que, amparados en el eufemismo de la “autonomía de poderes”, no se someten a elecciones y quieren gobernar criminalizándolo a todo opositor político. La renegociación del Contrato Ley con el Consorcio Camisea, marca el punto de quiebre entre un Estado entreguista, privatizador e individualista y uno nuevo que debiera ser rescatista, solidario, humanista y soberano.” La pregunta es entonces ¿por qué Bellido aceptó las exigencias de estos poderes fácticos sin dar la batalla?
Solamente se podía resistir a esta embestida con la movilización de obreros y campesinos en la calle. Perú Libre tiene apenas 37 de los 130 diputados, muy lejos de una mayoría, y por lo tanto gobierna con el permiso de los partidos de la izquierda moderada, pero sobre todo del centro y el centro derecha burgués.
La amenaza de Bellido de cerrar el congreso si se aprobaba una moción de censura contra el presidente era correcta. El pueblo votó por Castillo, si el congreso no quiere aceptar la voluntad popular, vayamos a nuevas elecciones y que el pueblo decida. Eso es algo que la burguesía no quiere de ninguna manera, pues una nueva campaña electoral, en la que PL se presentara con un programa radical, polarizaría todavía más la situación y pudiera dar lugar a una mayoría de izquierdas.
Sin embargo, ninguna estrategia de defensa del gobierno Bellido podía basarse solamente, ni principalmente, en las maniobras parlamentarias. La movilización de las masas obreras y campesinas en las calles era la única manera. Ya durante el recuento de votos en la segunda vuelta obreros y campesinos salieron a la calle, organizaron manifestaciones y vigilias para defender su victoria en las urnas. La CGTP, aunque tímidamente, convocó a defender al ministro de trabajo. Pero nunca hubo por parte de Bellido, y mucho menos por parte de Castillo, ningún intento serio de enfrentar la ofensiva de los capitalistas y las multinacionales con métodos revolucionarios de lucha. Bellido renunció en lugar de luchar, igual que había hecho antes Béjar.
Además hay que señalar que ni el propio Bellido, ni Perú Libre, ni Vladimir Cerrón plantean en ningún momento una estrategia socialista y anticapitalista, sino que se aferran a la idea de que es posible una “economía popular con mercados”, en la que supuestamente las mineras multinacionales van a entregar parte de su riqueza para el desarrollo del país. ¡Eso es como imaginarse que se puede convencer a un tigre de que se haga vegetariano! En realidad el carácter utópico de esta idea se ha demostrado en la práctica. Al primer intento, tímido, del gobierno de renegociar el contrato del gas de Camisea … ¡la burguesía y las multinacionales han tumbado al gobierno democráticamente electo!
Debemos advertir además que los capitalistas no se quedarán satisfechos con haber doblado el brazo de Castillo y cambiado el carácter del gobierno. Su victoria en este round no hará sino envalentonarles. Van a ir a por más. El editorial de El Comercio (el órgano más representativo de la campaña burguesa contra el gobierno) que con el título “Cerrón sigue presente” celebra que “finalmente, luego de 69 días, en la tarde de ayer cayó Guido Bellido. Una persona que nunca debió de llegar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que envileció un cargo tan importante.” Pero acto seguido ¡pasa a exigir las cabezas de otros tres ministros! Nos preguntamos ¿a quién corresponde nombrar gobierno, al presidente o al comité de redacción del Comercio?. Es obvio que los capitalistas saben que en una democracia burguesa son ellos los que gobiernan, más allá de fachadas parlamentarias.
Es posible que la clase dominante quiera usar a un Castillo domesticado para aplicar la política que necesitan sin provocar una explosión social. Si se confirma la ruptura con el grupo parlamentario de Perú Libre, Castillo se convierte en un rehén de los partidos burgueses (la izquierda “moderada” es insignificante en el congreso). Pero en el fondo no confían en él, no es uno de los suyos. A lo sumo lo exprimirán como una lima para luego botarlo a la basura, cuando ya no les sirva.
Cuando celebramos la elección de Castillo escribimos: “Castillo ahora se enfrentará a un dilema. Por un lado, puede gobernar a favor de las masas de trabajadores y campesinos que lo han elegido, lo que significaría una ruptura radical con los capitalistas y las multinacionales. Eso solo se puede hacer apoyándose en la movilización de masas extraparlamentaria. O puede ceder, suavizar su programa y adaptarse a los intereses de la clase dominante, lo que significa que será desacreditado entre quienes han votado por él, preparando su propia caída. Si intenta servir a dos amos (los trabajadores y los capitalistas) al mismo tiempo, no complacerá a ninguno de los dos.” (Peru: la victoria de Castillo un terremoto político, 9 de junio)
Y añadimos: “La lucha apenas ha comenzado. Cada paso adelante que dé Castillo debe ser apoyado. Sus vacilaciones o retrocesos deben ser criticados. Los obreros y campesinos sólo pueden confiar en sus propias fuerzas y estas deben movilizarse para asestar golpes contra la oligarquía.”
Es necesario sacar lecciones
La disyuntiva parece haberse resuelto de manera bastante rápida, apenas 69 días. Puede ser que las amplias masas que votaron por Castillo tarden un tiempo en sacar conclusiones de estos acontecimientos. El vínculo político-emocional que se ha establecido entre el Perú de los oprimidos y Castillo es fuerte, pero inevitablemente la experiencia práctica se va a imponer. Es crucial que los sectores más avanzados de la clase trabajadora y la juventud saquen las conclusiones necesarias de este episodio. Hay que hablar claro. La caída del gobierno Bellido y la entrada del de Vásquez representa la culminación del giro a la derecha de Castillo y la traición de las esperanzas que levantó su campaña.
Es necesario agrupar a la vanguardia alrededor de un programa socialista revolucionario claro. No es posible negociar con las multinacionales y los empresarios un pacto mutuamente beneficioso, y menos en el contexto de la crisis global del capitalismo. Solamente la expropiación revolucionaria de los recursos mineros y energéticos y las grandes empresas peruanas bajo el control democrático de la clase trabajadora puede sentar las bases para que no haya “nunca más pobres en un país rico”. La transformación revolucionaria del Perú se convertiría en un ejemplo para obreros y campesinos del continente, un continente que está en plena efervescencia de la lucha de clases.
