En nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo, el sistema político que rige el funcionamiento de la sociedad a través de las instituciones del Estado, ha sido utilizado históricamente por los poderes fácticos o económicos para ensanchar su riqueza y su dominación a costa de la miseria de la mayoría de explotados.
En ese sentido, todos sabemos cómo las instancias del aparato estatal son manoseadas sistemáticamente con el diseño de leyes para permitir el saqueo de los fondos públicos y el favorecimiento a las grandes empresas nacionales y transnacionales, y también con la impunidad para los funcionarios públicos y para las empresas que pisotean la vida de millones de personas que hacen subsistir al Estado con sus contribuciones obligatorias.
Los partidos políticos creados para representar a los ciudadanos en la administración pública, a través del sistema ¨democrático¨ burgués, no escapan a esta degeneración corrupta sino más bien son los principales medios para acceder a los puestos de poder y desde ahí sus representantes proceden al ordeñamiento de los recursos del estado, con los cuales favorecen a sus empresas y a los mismos partidos políticos para el financiamiento de sus campañas electorales, la compra de voluntades, manipulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la confección de fraudes electorales, etc. Este juego sucio de favores entre las instituciones públicas y la empresa privada es una razón por la que los partidos políticos en su mayoría deberían ser cancelados.
ARENA el gran protagonista que debería ser cancelado
El reaccionario partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), creado en la década de los 80 por personajes paramilitares de exterminio, terratenientes y empresarios con el asesoramiento de políticos guatemaltecos con antecedentes terroristas, ha sido el vehículo de la clase dominante salvadoreña y el imperialismo para perpetuar su despotismo económico y social en nuestro país a través de los poderes del Estado.
Tanto el historial de las organizaciones de ultraderecha que dieron forma a ARENA (Frente Amplio Nacional, Movimiento Nacionalista Salvadoreño) como el de ARENA mismo como partido, están llenos de hechos abominables contra la población y sus representantes, entre los cuales está el asesinato del arzobispo de San Salvador, Mons. Oscar Arnulfo Romero en 1980 por orden de Roberto D’Abuisson padre, uno de los fundadores del partido, cuya responsabilidad en dicho crimen ha sido confirmada por varias fuentes incluyendo a la Comisión de la Verdad impulsada por las Naciones Unidas, sin embargo, para el actual candidato presidencial de ARENA los señalamientos solo son puras especulaciones.
Asimismo, aparte de los muchos crímenes perpetrados por los grupos paramilitares vinculados a ARENA durante la devastadora guerra civil, en el primer período de gobierno de dicho partido (1989-1994) el por entonces presidente Alfredo Cristiani ha sido señalado también como el autor intelectual del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas españoles de la Universidad Centroamericana y sus colaboradoras religiosas en noviembre de 1989 como parte del terrorismo represivo de ese gobierno. En dicho período comenzó también el desmantelamiento de varias instituciones del Estado, “a través de la privatización del INCAFE, INAZUCAR, la ENA, el ITCA, la importadora de petróleo PETROCEL, Cemento MAYA”, y sobre todo de la banca nacional que fue quebrada previamente por empresarios deudores con una deuda no pagada de 3.525 millones de colones, luego saneada con fondos públicos y vendida a los mismos empresarios, quienes 15 años después vendieron sus acciones de los bancos al capital extranjero por más de $ 2,000 millones. Además, en esa época desaparecieron 72.7 millones de colones en la CEL y 130 millones de los ingenios azucareros.
Ese ordeñamiento de los recursos públicos continuó con el gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999) quien procedió a privatizar los ingenios casi en su totalidad, el servicio de entrega de placas y licencias de vehículos, la distribución de la energía eléctrica, las telecomunicaciones (ANTEL), incluyendo el robo del siglo: la privatización del sistema del fondo de pensiones de los trabajadores, entre otros. También se malversaron fondos en el ISSS, en el Fondo de Inversión Social, en Correos, en FINSEPRO-INSEPRO y en el Ministerio de Hacienda por un total de 1,330 millones de colones. En cuanto a la partida secreta Calderón Sol desfalcó 509.68 millones de colones ($ 58.5 millones de dólares), cuyo gasto promedio mensual lo multiplicó por 5 al final de su período para financiar la campaña electoral de Flores.
Con la llegada de Francisco Flores a la presidencia (1999-2004), se inició la privatización de la GEO, empresa estatal generadora de energía geotérmica, y también algunos servicios del Seguro Social y de no haber sido por la resistencia de las masas hubiera privatizado también el sistema nacional de salud, además en este período se desviaron los $15 millones donados por el gobierno de Taiwán para los damnificados por los terremotos de 2001. Asimismo, se malversaron más de $2,950 millones en ministerios del Ejecutivo y otras dependencias del estado, incluyendo los casos de INFOCENTROS, ISSS, Nejapa Power, ANDA, CEL-Enel, etc. Flores, que extrajo $144.59 millones de dólares de la partida secreta también en 2004 multiplicó por 3 el gasto mensual promedio para financiar la campaña de ARENA.
En el último período de ARENA en el poder con Tony Saca al frente (2004-09), si bien no hubo privatizaciones se continuó el robo de los fondos públicos. Saca hizo un gasto secreto de al menos $301.38 millones de dólares según el informe de la Presidencia sobre gastos reservados. De acuerdo a Javier Argueta, abogado que formó parte del equipo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en el período de Saca: ¨hay registros más secretos, que es donde consta el pago a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y diputados de todos los colores. Traten de seguir el rastro de esos libros”. Además, con la corrupción en el MOP, en el MSPAS, en el CNR y otros desaparecieron alrededor de $135 millones en ese último período.
La Ley de Partidos Políticos en su artículo 67 prohíbe el financiamiento de éstos con fondos de las entidades o empresas del Estado. La única forma de transferir fondos a los partidos es a través del pago de la deuda política que hace el TSE. Estas disposiciones legales han sido violentadas principalmente por ARENA, sin embargo, el castigo máximo por dichas infracciones es una multa de 55 salarios mínimos ($16.500). Es decir, la legislación actual no contempla la cancelación de partidos por financiamiento ilícito o corrupción.
Los demás partidos del régimen
De la misma forma sabemos que la subsistencia de los demás partidos políticos en el sistema antidemocrático de nuestro país y las comodidades y privilegios de sus dirigentes, es posible gracias a la corrupción indiscriminada que estos también realizan al interior de la estructura estatal lo cual les permite la compra de voluntades. El PCN por ejemplo fue utilizado fácilmente a través de la presidencia de la Asamblea Legislativa en algunos períodos y responsable de la Corte de Cuentas que nunca fiscalizó seriamente los flujos de miles de millones extraídos ilegalmente por los gobiernos areneros. El caso de GANA también es deplorable, al ser una fracción que se escindió de ARENA en una disputa por el poder partidario, sus dirigentes y diputados se han caracterizado por el oportunismo y el enriquecimiento ilícito con fondos del Estado.
Al final tenemos el caso del FMLN cuyos dirigentes han tenido a partir del año 2009 la oportunidad de revertir la tradición corrupta y neoliberal de sus antecesores en el gobierno, y si bien lograron ralentizar las privatizaciones al mismo tiempo sucumbieron ante la tentación del poder y el enriquecimiento ilícito, copiaron los mecanismos de desviación de fondos utilizados por ARENA y cuando fue necesario, crearon nuevos artificios para poder hacerlo. En lo que va de los dos períodos del Frente en el Ejecutivo se han orientado $452.46 millones a través de la partida de gastos reservados, una de las razones por la cual los dirigentes han caído en descrédito incluso con los propios militantes del partido.
Necesitamos un cambio profundo
Debemos reconocer y recordar que, aunque los partidos políticos tradicionales sean cancelados, estos siempre se amparan en el sistema actual para volver a establecerse en el espectro político como sucedió con el PCN y el PDC en el 2004 y eso les hace creer que son entidades inmunes con la capacidad eso sí de negarle la existencia a los más débiles como lo hicieron con el CD. Su arrogancia les hace también ignorar la decadencia a la que están condenados por sus propios pecados y que las masas han comenzado a manifestar su indignación como se vio el pasado 4 de marzo.
Ese rechazo hacia los poderes políticos y económicos que ahogan a las fuerzas productivas de nuestro país, debe intensificarse a través de la organización de las masas para exigir la configuración de un nuevo régimen político que no esté controlado por los partidos políticos y los grupos de poder económico sino por las masas de los trabajadores organizados y sus representantes.
