En febrero de 2016, el Gobierno de El Salvador dirigido por el FMLN presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP). En palabras del señor ministro de hacienda, Carlos Cáceres, las reformas están “orientadas a crear un sistema mixto que tiene por objeto promover la equidad en los beneficios, en la inclusión social, al ampliar la población cubierta por el sistema”[1].
En febrero de 2016, el Gobierno de El Salvador dirigido por el FMLN presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP). En palabras del señor ministro de hacienda, Carlos Cáceres, las reformas están “orientadas a crear un sistema mixto que tiene por objeto promover la equidad en los beneficios, en la inclusión social, al ampliar la población cubierta por el sistema”[1].
Un año después, la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones (ICP) –una aglutinación de entidades de la derecha nacional FUSADES, ANEP, ASAFONDOS y el Comité de Trabajadores en Defensa del Fondo de Pensiones- presentó su propuesta de reforma a la Ley SAP. De acuerdo a FUSADES[2], algunas de las áreas de trabajo que la ICP consideró para la formulación de su propuesta fueron “respeto a la propiedad individual, mayor participación de los afiliados y mayor cobertura”.
La Ley SAP fue aprobada en 1996, en medio de la avalancha de políticas neoliberales de los gobiernos de ARENA. Con ella se privatizó el sistema de pensiones público basado en la solidaridad intergeneracional (los trabajadores activos le pagan a los trabajadores pensionados) que existía desde mediados del siglo XX y que había sido una conquista histórica de la clase trabajadora salvadoreña.
De las reformas planteadas, la del Gobierno muestra una orientación más progresista que mejoraría los montos de las pensiones, en especial para las mujeres. Esto sería posible gracias a que el sistema sería manejado parcialmente bajo una lógica de solidaridad intergeneracional que permite un reparto más equitativo que en la de capitalización individual (actual Ley SAP). La propuesta de la ICP, dado que mantendría esta última lógica, reforzaría la brecha de género entre pensionados.
Sin embargo, algo que no tienen en cuenta ninguna de las dos propuestas es la discriminación implícita a trabajadoras y trabajadores que no son heterosexuales. Uno de los beneficios del sistema previsional es la pensión de sobrevivencia para la pareja e hijos de una persona trabajadora en caso que ésta fallezca. En otras palabras, cuando un trabajador heterosexual casado o en unión libre muere, la Ley SAP actual –y las propuestas en discusión- otorga a la viuda, hijos e hijas menores de edad del fallecido una pensión de sobrevivencia a partir de los ahorros que aquel cotizó en vida.
Debido a que el Estado salvadoreño no reconoce las parejas del mismo sexo de manera jurídica, miles de personas trabajadoras Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) no tienen derecho a este beneficio. Rechazamos ambas propuestas de reforma al sistema de pensiones, una por capitalista, y la otra por ser reformista. Abogamos por un sistema previsional público, universal y en igualdad de condiciones que sea manejado por el Estado y la clase trabajadora.
Algunas voces en la población LGBTI dirán que ni siquiera acceden a empleos formales y que por ello las pensiones no les incumben. Consideramos que esta es una visión corta y desconectada de su conciencia de clase como trabajadores. Las pensiones son un derecho que nos corresponde por dedicar buena parte de nuestras vidas a trabajar productivamente para la sociedad, sea de manera formal o informal, en actividades monetizadas o no-monetizadas.
El desarrollo perverso del capitalismo se basa en la inequidad y la exclusión laboral de los grupos subvalorados por el heteropatriarcado, como mujeres y personas LGBTI. Esto tiene dos funciones principales para los intereses de la clase dominante: (1) control sobre los salarios a través de un ejército y (2) la división de la clase trabajadora.
No podemos dejar que las manipulaciones ideológicas de la burguesía dividan nuestras filas. Como marxistas consecuentes, las injusticias en la esfera laboral, aunque sean de un grupo minoritario, siempre deben ofendernos y debemos denunciarlas e incluirlas en nuestras agendas de reivindicación colectiva. No podemos continuar postergando el compromiso que como vanguardia obrera tenemos contra la opresión y el privilegio en cualquiera de sus formas. Reiteramos nuestra lucha por nacionalización del sistema de pensiones, y construir uno que sea universal y sin discriminaciones hacia las y los trabajadores LGBTI en particular, y para la clase trabajadora en general.
[1] GOES (2016). Gobierno presenta propuesta de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa. Marzo 2017, Sitio web://www.presidencia.gob.sv/gobierno-presenta-propuesta-de-reforma-de-pensiones-a-la-asamblea-legislativa/
[2] FUSADES (2017). Iniciativa
