Recortes de subsidios, impago y deuda ¿cuál es la solución a la crisis?

La declaratoria de impago es solo una forma diplomática de llamarle a la crisis del sistema capitalista, reflejada en este caso a la capacidad de un Estado para cumplir financieramente con sus mandatos constitucionales. Esto no es algo nuevo sino muy viejo, o preguntémonos ¿desde cuándo no puede el Estado cumplir con sus obligaciones de manera autónoma? ¿Desde cuándo empezó a adquirir deuda para solventar los problemas estatales? Reconocer públicamente el “impago” significó, en lenguaje sencillo, que las contradicciones entre las fuerzas políticas y los intereses irreconciliables de cada clase están llegando a un nivel crítico, donde se imposibilita todo diálogo o acuerdo, y prevalecen, por su relación de fuerza, los intereses de la clase más fuerte y preparada políticamente, es esto lo que ha salió a la luz. Esto viene a pavimentar aún más el camino al fracaso de las políticas reformistas, que se basan en acuerdos entre las clases en pugna para resolver los problemas de las masas.

La teoría no nos miente, en los periodos de crisis es imposible mantener las reformas del pasado y se llega inevitablemente a un momento en el que los gobiernos reformistas tienen que dar pasos atrás si no se toman medidas revolucionarias, o si no son derribados por la reacción.

La política revolucionaria es la única que puede darle una solución a la crisis, crisis que desde la perspectiva revolucionaria se presenta sobre la inviabilidad de mantener la inversión bajo el actual orden de cosas, de mantener o no las reformas sociales que están siendo amenazadas (subsidios y programas sociales). Las perspectivas del FMI son claras y es imposible para ellos salir de esta crisis sino se cumplen sus mandatos, que se resumen en recortes a la educación y salud, la privatización de los servicios sociales del Estado, reducir salarios y plazas, eliminar subsidios, aumentar la edad de jubilación y el IVA, esto mismo a repicado la derecha bajo discursos demagógicos para las masas. Esto significa hacer que la crisis la paguen los trabajadores y no los capitalistas que son los que la han generado. Quiénes, sino ellos, fueron los que privatizaron la banca, las comunicaciones, los ingenios y las pensiones, estas últimas que hoy representan una de las principales preocupaciones del Gobierno. ¿Quién debe pagar entonces? ¿Ellos o nosotros? ¡Por supuesto que ellos que se han quedado con las ganancias de estas empresas estatales! Esta es una conclusión lógica. Sin embargo, a medida la situación se profundiza, no vemos como estas damas y caballeros privatizadores se hagan responsables de sus actos. Al contrario, están obligando al Gobierno a doblegarse con medidas en contra nuestra y este es un error político que debe corregirse cuanto antes.

Por ejemplo, para solucionar el problema de financiamiento estatal desde el 2014 se ha venido reduciendo paulatinamente los subsidios, precarizando más la vida de la clase trabajadora. El subsidio al gas en la última focalización eliminó el servicio a 30,687 hogares, ahorrándose  el Estado  $46.2 millones anualmente; el subsidio a la energía eléctrica en este año, se le ha quitado a 148,343 hogares, con esto se ahorran anualmente $10.4 millones. En total el ahorro por la focalización de los subsidios es de $56.6 millones anuales. Comparando estos datos con las obligaciones por el servicio de la deuda (externa e interna) nos damos cuenta que se cumple con los organismos internacionales a costa de reducir los servicios sociales a la clase obrera.

Pero veámoslo de manera más gráfica: solo en servicio de deuda el Estado gastará más de $914.80 millones, un porcentaje del 18.45 % con relación al Presupuesto General de la Nación (de aquí en adelante PGN), mientras que los subsidios tomando como base el año en el que más se destinó del PGN a este rubro (2014) solo llegaron a representar el 9.54 %. Ahora en el 2017 con la política de focalización esta relación ha llegado al 2.72 %, una reducción drástica que afecta solo a las clases más pobres, mientras los servicios a la deuda siguen manteniéndose a costa de recortes y más deuda a largo plazo, un círculo vicioso fatal.

Si vemos en un plano más extendido el servicio de deuda, desde el 2010 a 2016, este ha representado gastos de $14,727.8 millones que equivalen a la suma de los tres últimos PGN mientras que lo invertido en subsidios en el mismo periodo suma $2,106.60 millones que no llega ni al 60 % del PGN del 2010¹. ¿Es correcto seguirle dando prioridad a la deuda en detrimento de nuestros niveles de vida?

Ahora bien siguiendo con nuestro análisis, qué hay de la elusión y evasión fiscal, ¿por qué se recortan los subsidios y no se lucha en contra de estas prácticas de los empresarios? Según los datos de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (ADESES), la corrupción y evasión fiscal en el periodo comprendido entre el 2010 y 2016 acumulan $19,025 millones, si recordamos los montos invertidos en subsidios en el mismo periodo que eran $2,106  millones, significaría que estos pudieron haber sido cubiertos incluso por 8 o más veces, ¿Entonces, hay necesidad de recortes? La política estatal como vemos está beneficiando a la burguesía y no al trabajador. ¿Es preciso mantener esta relación tan injusta para la clase trabajadora?

Pero la situación se vuelve más injusta para la clase trabajadora cuando constatamos que del 2010 al 2016 el Estado percibe en concepto de impuestos por los hogares la cantidad de $20,059 millones, y de subsidios estos hogares solo han percibido en el mismo periodo la cantidad de 2,106 millones, o sea 11 centavos por cada dólar, pero para el 2016 ya solo se percibieron cinco centavos y para el 2017, cuatro centavos por cada dólar.

Para resumir, los recortes y la eliminación de los subsidios, o sea el gasto social, no será la solución de la crisis, esta es una política capitalista, que profundiza la desigualdad social y la pobreza, mientras mantiene las comodidades de los ricos. El bajo crecimiento económico frena cualquier medida en favor de los trabajadores, lo que se avecina es una avalancha de recortes para la clase trabajadora con el afán de mantener las leyes e instituciones de un sistema decadente y caduco, donde una minoría parasita se hace rica a costa del trabajo de la mayoría.

Podemos comprobar a partir de las cifras concretas que la política de austeridad del FMI-ARENA y la actitud incorrecta del gobierno del FMLN no nos sacará de la crisis, al contrario, profundizará mucho más la pobreza. En conclusión, no hay solución bajo el actual sistema de cosas, en el próximo periodo la lucha debe girar en torno a un programa que defendido por el FMLN y los sindicatos incluya: a) La nacionalización del sistema de pensiones sin indemnización, las ganancias de estas empresas en los últimos años nos revelan que es inconcebible que el Estado indemnice a estos empresarios parásitos, las pensiones en manos de un sistema de capitalización colectiva controlado por los trabajadores de los sindicatos, de los que no están en sindicatos y el Estado podrá garantizar la universalidad y la vitalidad de las pensiones y la rentabilidad del sistema. b) Llevar a cabo una reforma tributaria que luche en contra de la elusión y la evasión, cárcel para los evasores así como nacionalización y control obrero para las empresas evasoras y elusivas, una reforma donde los ricos paguen más que los hogares proletarios, en la actualidad los hogares pagan 26.5 % de los impuestos, las empresas solo pagan el 4.2 % o sea mientras los hogares obreros pagan 0.25 ctvs por cada dólar de ingresos, las empresas pagan solo 0.05 ctvs por cada dólar, ¡esto es totalmente injusto, y hay que acabarlo! c) Para evitar la fuga de capital y la baja en la inversión económica, por el aumento a los impuestos, el Estado debe de pasar a nacionalizar la banca, la industria y las grandes extensiones de tierra que por boicot económico abandonaran los capitalistas, o en el caso de la industria y la banca su utilización para financiar la contrarrevolución, como en Venezuela hoy mismo. d) Romper con los organismo internacionales, reprochar la deuda con la banca transnacional del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y las inversiones en la bolsa internacional que poseen los Eurobonos, y establecer relaciones diplomáticas con otras naciones progresista mientras hacemos un llamado a la revolución socialista centroamericana.     

Estas medidas son las que deben defenderse pues son las únicas que pueden solventar esta crisis. Todo este programa rompe cualquier política reformista, por eso mismo no puede llevarse a cabo desde los estrechos límites del parlamentarismo, esta batalla debe ser acompañada con la lucha audaz de las masas en las calles. Los dirigentes deben ser claros y exponer a la militancia del partido y a los sindicatos la gravedad de la crisis y poner sobre la mesa las demandas a defender. La dirección del FMLN no debe mantener la actitud de querer solucionar la crisis a través de las relaciones de poder dentro del Estado burgués pues esto es un desgaste si no se vincula con la lucha de masas en las calles y centros de trabajo. Esto requiere de una enorme confianza en las masas trabajadoras, que han demostrado en muchas ocasiones su voluntad de querer luchar, ningún otro momento de la historia reciente ha sido tan favorable para defender un programa amplio y revolucionario como hoy.