Antes de la privatización del sistema de pensiones las cotizaciones iban para un fondo común, que en esencia era beneficioso, pues era posible obtener pensiones más altas, mientras otros trabajadores seguían cotizando y aumentando dicho fondo solidario; quienes cotizaban más, recibían más y quienes cotizaban poco, recibían al menos una pensión vitalicia, lo que implicaba recibir el equivalente a un salario mínimo en esos años. Con la llegada de la privatización a través de la Ley SAP los trabajadores menores de treinta y seis años fueron obligados a cotizar para las AFP, mientras que los mayores a esta edad pudieron mantenerse en el INPEP. Sin embargo, quienes quedaron en el sistema público como cotizantes (alrededor de trece mil) tuvieron sobre sus hombros la responsabilidad de financiar las pensiones de quienes estaban ya jubilados (aproximadamente unas cien mil personas) por lo que el INPEP se vuelve insostenible y termina generando una fuerte deuda, pues los fondos faltantes para los pensionados son prestados por las AFP al Estado.
En el 2017 se logra una reforma a la Ley SAP, no obstante, estas reformas representan pasos adelante demasiado pequeños, pues no pasan de ser minúsculas reformas, por ejemplo: se reduce la comisión y prima de seguro que cobran las AFP de 2.2 % al 1.9 % y la diferencia del 0.3 % alimentara el ahorro de las personas. Lo cual significa que baja el margen de ganancias de las AFP, mínimamente, así como también aumenta el monto de las pensiones. Esto implica que la administración de las AFP se mantiene, pero ahora con un fondo solidario que saldrá de las cotizaciones a las AFP y servirá para solventar las obligaciones previsionales del gobierno, lo que significa que tenemos un problema irresuelto y la clase obrera seguirá preocupada, en primera instancia, por la incertidumbre acerca de sus ahorros.
Es ingenuo creer que se encontrará una salida mientras continúe un sistema privado de pensiones, es como esperar la liberación de la humanidad bajo el capitalismo. Es claro que todo forma parte de un plan que atiende a los preceptos del modelo neoliberal: debilitar al Estado adrede y alegar que lo público es ineficiente por naturaleza, por lo que es la empresa privada, según los defensores del modelo, quien debe apropiarse la responsabilidad de determinados roles (en los que existan grandes sumas de dinero de por medio, claro está) que tradicionalmente asumía el Estado, por lo que el papel de este último se ve reducido para que el sector privado tenga un mayor control.
Nos es muy familiar el viejo discurso de que sólo la empresa privada tiene la capacidad de administrar eficaz y eficientemente las instituciones que llegan a sus manos, que la propiedad privada es sagrada y las privatizaciones una solución casi milagrosa; frente a esto, no debemos olvidar ubicarnos en la clase social a la que pertenecemos, pues si vamos a hablar de “beneficios” traídos por el neoliberalismo, debemos tener claro que esos “beneficios” no son para nosotros si quienes gozan de las ganancias producidas son otros. En el 2017 el mismo ministro de Hacienda de turno (Carlos Cáceres) en aquel entonces, admitió que la reforma de pensiones no era más que un parche que tendría vigencia durante unos trece años y que llegados al 2027 tendrían que realizarse ajustes como aumentar los años de jubilación y años de cotización, lo que implica un duro golpe a la clase trabajadora y puede ser más grave si sucede bajo una de las cíclicas crisis del sistema capitalista.
Para revertir el proceso se requiere de una presión popular constante, fuerte, cohesionada y organizada de tal manera que quiebre la resistencia de los empresarios locales y extranjeros y a sus súbditos en el parlamento. Primero hay que agitar entre los trabajadores sobre la necesidad de volver al sistema público de retiro; esa era una tarea que debió hacer la dirección del FMLN desde que entró al gobierno, sin embargo, nunca entró en su programa reformista tal reivindicación; se la pasó negociando intereses en la Asamblea todo este tiempo con alianzas y acuerdos con la derecha. Sabemos pues, que la renacionalización total de las pensiones no es el fin último al que debemos aspirar; la renacionalización es sólo un paso, debido a que la lucha debe extenderse y ser permanente, hasta transformar las viejas instituciones de la democracia burguesa, a instituciones administradas por las clases oprimidas y explotadas en una sociedad totalmente diferente.
