La ocupación humana en Tacuscalco responde a 2,500 años entre los períodos prehispánico y colonial. Esto se ha definido según el modelo estilístico de la cerámica y de las estructuras encontradas que, además, indican la diversidad de los grupos acentuados en el sitio. Pedro de Alvarado en su segunda Carta de Relación narra su paso por Tacascualco en 1524 donde es recibido con sus huestes por una fuerte resistencia. En el Códice de Tlaxcala se ve expresa la batalla emprendida entonces.
Comercializar en estas tierras ha sido un interés casi permanente, hay indicios desde 1995. El sitio arqueológico ubicado en el municipio de Nahulingo, Sonsonate, fue declarado bien cultural mediante Acuerdo Ejecutivo en 1997. Actualmente, el proyecto Urbanización Las Victorias/Acrópoli Sonsonate, de la empresa Fénix S.A. de C.V construye en el área pese a tener resoluciones de paro de obras por SECULTURA, el MARN, un juez ambiental, la solicitud al presidente de la República por el Departamento de Arqueología, entre otras. Pero tras 9 meses en esta problemática una jueza ambiental ha decidido suspender las construcciones.
El juzgado ambiental de Santa Ana hizo una inspección el 16 de abril con el personal de SECULTURA, del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), Fiscalía General, Policía Nacional Civil y Silvia González, abogada de Inversiones Fénix. Silvia es la misma persona que con anterioridad había reconocido que no se contaban con permisos para los trabajos de construcción efectuados en Tacuscalco y que, además, alegaba que podían hacer caso omiso de las órdenes de paro de las mismas: “Si hay órdenes o decretos ilegales del Ejecutivo, el ciudadano no está en obligación de acatarlos”, dijo. La jueza ambiental le contestó a González luego de indicar que, bajo la postura tomada por parte de la empresa ésta había sido asesorada legalmente sobre la base de lo que dicta la Constitución de la República: “Su asesor también le tuvo que haber dicho que si está en litigio una resolución no se puede hacer caso omiso”, expresó.
Se protegió 45 manzanas de terreno en un principio, pero no se compró el inmueble. El Estado solo hizo una declaratoria de protección y se impusieron restricciones donde se identifica el patrimonio; esto es algo que no debe velar únicamente el gobierno central sino también las municipalidades, a quienes principalmente se les culpabiliza por estos permisos otorgados. En Nahuilingo se otorgaron los permisos de construcción sin considerar a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, con base en la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES) y su proceder, ya que dicha área en la que se ha construido es adyacente al centro cívico-ceremonial de Tacuscalco y, por tanto, es susceptible de encontrar restos de la misma índole.
Desde que se tienen los terrenos bajo la empresa “El Chiripío S.A. de C.V” se gestionaron permisos ambientales y de construcción, éstos se extendieron en 2007; luego en 2016 se transfirieron las posesiones a Inversiones Fénix con un costo de 2.7 millones de dólares. Esta es la justificación para la ejecución de las construcciones: que se contaban con esos permisos desde 2007, que se revalidaron en 2017 y por tanto no están obligados a ceder las órdenes de paro de obras.
Los permisos de 2007 son inválidos, principalmente porque los planos difieren de los ejecutados en el 2017. El proyecto contemplaba una lotificación, no una urbanización y tales lotes serian de hasta 450 metros cuadrados, actualmente no superan los 120. El MARN sostiene que esto implica impermeabilizar el suelo porque llega menos agua al subsuelo y también aumentan las aguas residuales (desembocando en el Río Cenizo, de mucha utilidad a los casi 2,000 habitantes que serían afectados directamente por esta situación) y la basura, contaminando en mayor escala.
No se puede obviar que Inversiones Fénix tiene vínculos directos con la empresa Salazar Romero, sus oficinas se ubican en las residenciales y locales que ellos han construido y son administrados por las mismas personas. Son múltiples las denuncias que se han recibido en los proyectos que esta constructora lleva a cabo.
El proyecto se ha monitoreado desde el primero de septiembre del año pasado, cuando se recibió una denuncia. SECULTURA aprobó un estudio arqueológico y dividió el área por sectores A y B. Se autorizó la construcción en el Sector A por encontrar una baja densidad de material cultural. Ninguna de las áreas del Sector B fue respetada por Fénix y por eso es el reclamo. El pasado 6 de abril hubo una manifestación frente al juzgado de paz de Nahuilingo exigiendo y respaldando el cese de las construcciones. El fiscal del caso insistió que a SECULTURA le corresponden las acciones para suspender la obra, a pesar de que la misma ya lo ha ordenado cuatro veces.
El sistema económico determina, en última instancia, las leyes, el tipo de gobierno, y el papel de la sociedad en la vida cotidiana. Una economía planificada puede ofrecer verdaderamente lo que esté acorde a las necesidades de la clase trabajadora, evitando la explotación sin medida y desregulada de los recursos naturales. Y como en este caso, resguardar los bienes culturales, el legado histórico y patrimonial que no es considerado en lo absoluto por los capitalistas que destruyen todo a su paso para beneficio propio. Por ello, no será posible salir de la crisis mientras se sigue bajo el capitalismo. Ya lo exponía Marx en El Capital: “La acumulación de riquezas en un polo es, por lo tanto y al mismo tiempo, la acumulación de miseria, agonía, de trabajo duro, esclavitud, ignorancia, brutalidad y degradación mental, en el polo opuesto”.