Una vez más queda evidenciado que las instituciones del Estado responden a intereses oligárquicos, estas son manipuladas y vendidas al mejor postor, como está sucediendo en el caso del expresidente arenero Elías Antonio Saca y seis funcionarios de su gobierno, a quienes La Fiscalía General de la Republica (FGR) está investigando por los delitos de peculado y lavado de dinero, habiendo desviado más de $300 millones de dólares de las finanzas de Casa Presidencial (CAPRES) a cuentas bancarias personales, empresas de su propiedad y a las cuentas del mismo partido ARENA, mientras él fuera presidente de la república.
Toda una red de desvío de dinero fue instalada en CAPRES, desde la llegada de Saca a la presidencia de la república. Entre los implicados tenemos a: Élmer Chairlaix, Secretario Privado, quien era el encargado de administrar las cuentas secretas en las que se depositaba el dinero, por lo que cobraba un salario de $5,000 dólares al mes; Jorge A. Herrera, Tesorero de la Presidencia, movió fondos a las cuentas de Chairlaix por un monto de $15 millones de dólares; Julio Rank, Secretario de Comunicaciones, retiró $497 mil dólares de las cuentas creadas por Chairlaix; Cesar Funes, Secretario de la Juventud, hizo transferencias a sus cuentas personales que suman un valor de $300 mil dólares; Francisco Arteaga, Jefe de la Unidad Financiera, fue el intermediario a través de diversas cuentas bancarias, para hacerle llegar a Saca $229 millones de dólares; Pablo Gómez, Contador Institucional, desvió $26 millones de dólares que fueron a parar a cuentas bancarias hechas a su nombre. De esta forma fueron sustraídos del erario público más de $300 millones de dólares, en el periodo presidencial comprendido entre el 2004 al 2009.
La investigación que realizaba la FGR ha sido detenida después que Saca aceptara hacerse cargo de los delitos que se le acusan, justamente en el momento en que la investigación estaba esclareciendo que el partido ARENA ha sido parte de los “destinatarios” del dinero robado de las fianzas nacionales. El caso se resolverá mediante un juicio abreviado, concediéndole al expresidente arenero la pena mínima de cárcel, quien a su vez devolverá $25 millones de lo robado, es decir, el 8.3% del monto.
La justicia que dice ser imparcial dentro de la sociedad, resulta ser como la serpiente, que sólo muerde a los descalzos: mientras los ladrones de los barrios pobres se encuentran hacinados purgando penas de varios años; los ladrones de cuello blanco que roban por millones a las arcas del Estado se les concede la pena mínima.
El partido ARENA por su parte se ha desvinculado de su expresidente, en un intento de no verse involucrado en el desfalco hecho a las finanzas públicas, sin embargo, es de todos conocido el historial de corrupción que destila de dicho instituto político, con la mayor cantidad de funcionarios envueltos en casos de corrupción, lavado de dinero y activos, agrupaciones ilícitas y vínculos con el crimen organizado del país. Muchos sectores han exigido al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del partido de ultra derecha, por ser un instrumento para el lavado de dinero, que es utilizado principalmente para financiar sus campañas electorales.
Como marxistas condenamos los hechos de corrupción realizados por funcionarios de la burguesía, así como también desenmascaramos el sesgo político de la FGR que al igual que muchas otras instituciones del Estado burgués, responden a intereses clasistas. Como bien lo apuntaba Federico Engels en 1884:
“…el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida.”
Por lo tanto la tarea de la clase trabajadora es tomar el control de las instituciones para darles un carácter totalmente opuesto y que respondan por los intereses de los trabajadores y explotados, acabar con su esencia y empezar la transformación de un Estado burgués a un Estado revolucionario transitorio, no podemos seguir tolerando el saqueo descarado de las arcas del pueblo, no más aprovechamiento de los cargos públicos para enriquecimiento personal, no más burócratas serviles a la oligarquía.
Los sindicatos, las organizaciones de masas y el movimiento social organizado deben luchar por la realización de transformaciones estructurales, que cambien de raíz el sistema de explotación en que vivimos y por la construcción de una sociedad verdaderamente justa. Luchar por una justicia obrera que le dé a los corruptos lo que se merecen.
