Por Elizabeth Ramos
El día 23 de diciembre del pasado 2024, la Asamblea Legislativa se jactaba de la aprobación a la ley de minería metálica sin los debidos estudios u opiniones de expertos a una actividad que había sido prohibida en El Salvador desde el año 2017. Haciendo uso de un pretexto religioso, el presidente Bukele, bajo su segundo mandato inconstitucional, también había afirmado el 27 de noviembre del mismo año, por medio de redes sociales, que “Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies”, abriendo nuevamente la conversación sobre la minería en El Salvador. Los mensajes de Bukele, en los cuales utiliza el cristianismo para llegar al sector de población más vulnerable del país y modificar así las leyes a su antojo para beneficiar a los sectores dominantes y elitistas de El Salvador, no son nada nuevos.
En el 2017, la Asamblea Legislativa ratificó la ley que prohíbe la minería metálica en el país. En su momento, la ley contó con el apoyo de todos los partidos en ese entonces, y se aprobó con 69 de 84 votos, y finalmente, entró en vigor en junio de ese mismo año. A partir de entonces, probablemente no se pensaba que la minería metálica sería, otra vez, una lucha a la cual hacerle frente en El Salvador. Los casos como el de la multimillonaria Pacific Rim y el proyecto minero de OceanaGold de Cabañas, fueron clave para que diferentes sectores sociales, ambientalistas y religiosos se organizaran para prohibir la minería en el país más pequeño y poblado de Centroamérica. Tuvieron que pasar doce años desde que se presentó el primer proyecto de prohibición de la minería en 2005, para que este tipo de explotación – tanto ambiental, como humana y disfrazada de ‘actividad económica sostenible’ bajo el sistema capitalista – pudiera ser vetada de una vez por todas.
Descaradamente, el poder legislativo, controlado por el régimen de Bukele y sus Nuevas Ideas, presenta esta nueva ley como ‘un impulso para el desarrollo económico’, y que ‘El Salvador obtendrá una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, un desarrollo económico acertado y la generación de empleos’. La ley fue aprobada con 57 votos sobre 60 diputados de la asamblea. Sin embargo, hay factores que van más allá de solamente anunciar que la prohibición de la minería anteriormente limitaba hacer uso de los recursos naturales del país, entre ellos los depósitos de oro y recursos minerales. De acuerdo al comunicado de FUDECEN en conjunto con otras organizaciones, se puede afirmar que no hubo debate, ni transparencia en el proceso de derogación de la ley, y mucho menos estudios técnicos sobre las consecuencias económicas, ambientales y sociales que la minería metálica generará a un país tan pequeño y sobrepoblado como El Salvador. Vale mencionar, además, que todo esto sucedió de forma apresurada, en épocas navideñas y donde la mayor parte de la población está enfocada en dichas festividades en las pocas vacaciones que el trabajo permite al salvadoreño común. Es claro que la medida no está, de ninguna manera, pensada para que la clase trabajadora obtenga una mejor calidad de vida, ya que no se generó espacio alguno para escuchar a personas expertas en la materia.
La minería en El Salvador solo generará empleo temporal, precario y de alto riesgo, y las consecuencias ambientales predecibles se ven desastrosas. La contaminación de ríos y mantos acuíferos por químicos altamente peligrosos, como el cianuro y el mercurio, la destrucción de áreas verdes y deforestación, pondrá en peligro a la población y la biodiversidad que habita en ellas. Una de las preocupaciones principales es la explotación en el río Lempa, que abastece de agua a muchas ciudades, incluidas la capital, y que atraviesa dos tercios del país. La minería de oro artesanal es otro de los sectores que se verá afectado, ya que las grandes compañías mineras vendrán a acaparar catastróficamente la extracción del oro y otros minerales.
Cabe mencionar que, durante la inauguración del periférico Gerardo Barrios en San Miguel a inicios de diciembre de 2024, Bukele comparó, de manera absurda, a El Salvador con países que tienen su propia industria minera, como Canadá, y la industria minera de naciones como Qatar e Israel, instando que los salvadoreños, a diferencia de los países ya mencionados, tendrían que vivir en comunidades cerca de las minas. Esto es, de manera indudable, debido a la sobrepoblación y la pequeña extensión territorial que El Salvador posee.
Ya que la ‘discusión’ de la minería en el país aparentemente también habría llegado a los oídos de organismos internacionales y otros países, el presidente volvió a hacerse de enemigos imaginarios ante las críticas de fuera, sugiriendo que se trata de opiniones ‘egoístas’ y que éstos no quieren hacerse de ‘competencia’ con El Salvador en la industria minera. El caso de África, en el cual los gobiernos corruptos vendieron y explotaron los metales para venderlos a otras naciones, también fue mencionado por Bukele. La contradicción de sus palabras y las decisiones inconstitucionales que han afectado a la clase trabajadora salvadoreña durante sus mandatos, a merced de los millonarios capitalistas que ahora se benefician de ellas, se encuentran más que nunca sobre la mesa y bajo el ojo del huracán.
Todo el asunto de la minería en El Salvador ha causado rechazo en muchos habitantes del país, causando que salvadoreños se estén movilizado, tanto en redes sociales y protestas en las calles, como en la última manifestación en el Centro Histórico de la capital en un afán de revertir esta ley y detener el desastre que se avecina. Unir todas las luchas es necesario para erradicar el régimen al que los salvadoreños han sido sometidos: defender la vida es primordial, pero no es un asunto de importancia para el sistema capitalista. Bajo el socialismo y sobre todo en unidad, el pueblo retomará su poder sobre los recursos naturales y logrará extirpar a la élite que domina a la clase trabajadora.
El capitalismo está acabando con el planeta.
El capitalismo minero mata.
El comunismo es el futuro.
