Horas de máxima tensión se viven actualmente en nuestro país. Desde antes de la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el ambiente de conflictividad institucional –que envuelve al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional (AN)– había comenzado a extenderse a los cuarteles y las calles del país. Desde el exterior, todas las fuerzas reaccionarias aumentaban las presiones sobre Maduro; mientras a lo interno un alzamiento militar y la reaparición de las gurimbas (piquetes violentos), daban cuenta del alto grado de inestabilidad que estaba alcanzado la situación. Sobre esto último, el establecimiento de barricadas callejeras había iniciado esta vez no en las comunidades de clase media-alta –como históricamente ha ocurrido, sino fundamentalmente en los barrios y sectores populares. Sin duda, hemos entrado en un estado crítico de cambios, saltos y giros bruscos, donde la inusitada rapidez con la que se presentan los hechos no da espacio para el respiro.
En la madrugada (2:50 am) del 21 de enero, cerca de 40 insurrectos pertenecientes al comando de zona No. 43 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hurtaron un importante lote de armas de guerra (51) y secuestraron a dos oficiales y dos efectivos del destacamento de Seguridad Urbana ubicado en Petare –Miranda. Posteriormente, el grupo se dirigió hacia la sede de la unidad especial de seguridad Waraira Repano, en Cotiza –Caracas, donde sostuvieron una escaramuza con las tropas de dicha instalación hasta que finalmente fueron rendidos y 25 de ellos capturados en el lugar del enfrentamiento. Según un comunicado emitido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), buena parte del armamento robado fue recuperado y los detenidos estarían brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar.
A través de las redes sociales se filtró un video donde los efectivos insurrectos desconocieron la autoridad presidencial de Nicolás Maduro y llamaron al pueblo venezolano a salir a las calles del país. En días pasados (17 de mayo), desde Perú un grupo de militares desertores, desconociendo a su comandante en jefe, se pusieron a disposición de Juan Guaidó, a quien reconocieron como presidente interino de Venezuela. Acciones de esta naturaleza surgen como efecto de los innumerables llamamientos reaccionarios emitidos por voceros del imperialismo estadounidense, organismos regionales e innumerables gobiernos de derecha, dirigidos a los cuerpos militares venezolanos para que “restablezcan el orden constitucional” y colaboren con la “transición a la democracia”.
Si partimos del hecho de que las únicas formas de intervención política decisivas para cualquier fuerza armada en el mundo, en favor de las clases dominantes, son la violencia represiva, para “poner orden” –cuando los mecanismos de consenso social burgueses se agotan; los golpes de estado y las dictaduras militares –en palabras de Marx: “el dominio de la espada sobre la sociedad”; resulta groseramente eufemístico que se llame a la actuación de las FANB con cánticos por la “democracia” y la “libertad”. Lenin decía que, en última instancia, el Estado se compone de grupos de hombres armados. Lo que salta a la vista es que todos los mensajes dirigidos a los cuerpos castrenses tienen como única finalidad aupar a éstos para que ejecuten un golpe militar. Para facilitar las cosas, la AN (en manos derechistas) aprobó el pasado 15 de enero un “Acuerdo sobre la necesidad de una Ley de Amnistía para civiles y militares” que decidan colaborar con la “restitución del hilo constitucional” y la tan cacareada “transición”.
El mencionado asalto al destacamento de la populosa zona de Catiza, permitió desatar un factor inédito que marcó un cambio potencialmente decisivo en el caótico estado de cosas: durante y tras la refriega, se pudieron escuchar cacerolazos y se presentaron focos de disturbios protagonizados por la población, que se extendieron hacia la avenida Baralt y la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Como un encendedor que se acciona, el alzamiento fallido desató varias fuerzas hasta ese momento ocultas. Durante todo el día 21 de enero, especialmente en la noche, los toques de cacerolas y varios piquetes callejeros se hicieron evidentes en barrios importantes del Distrito Capital. Sectores como El Valle, Catia, Antímano, Propatria, El Limón, Lídice, San Martín, Coche, Cementerio, Caricuao, entre otros; fueron escenarios de diversas formas de protesta (incluida la vandálica), que comenzaron a denotar tanto el hartazgo de la población de los barrios ante la situación de crisis generalizada, el eco que los llamados reaccionarios están produciendo en algunos sectores pobres, o bien, la entrada en escena de grupos hamponiles pagados por la derecha.
Aquí es necesario separar las protestas populares por la precariedad de los servicios públicos –que desde finales del 2017 han recrudecido-, de los actos de vandalismo financiados por la derecha para desatar y capitalizar actos de saqueos o un estallido social, a partir del descontento en los barrios. No es lo mismo una manifestación en reclamo por las fallas en el suministro de agua potable, por poner un ejemplo, que una irrupción en una licorería por parte de pocos delincuentes muy bien armados. Casos como el segundo son repudiables en todo sentido, pues tratan de desvirtuar la legítima lucha de los pobres y excluidos de siempre por su dignidad, y el intento de la burguesía de canalizarlas en favor de sus nefastos intereses. En algunas localidades, las comunes protestas por la carencias en los servicios públicos se extendieron desde la tarde del 21 de enero, dando paso a focos de disturbios de variado carácter que perduraron hasta la madrugada del 22. Diversos choques violentos se presentaron en zonas como Puerta Caracas, El Valle, nuevamente Cotiza y la avenida Fuerzas Armadas. En La Pastora, la manifestación escaló a tal punto en el que la casa del dirigente bolivariano Robert Serra (asesinado en octubre del 2014) fue incendiada.
El mismo día del alzamiento, el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan Mendoza Moreno, declaró la nulidad de las actuaciones de las juntas directivas de la AN de los años 2017, 2018 y 2019, al encontrarse el órgano parlamentario en situación de inconstitucionalidad desde hace dos años. Amparado en los artículos 130, 131 y 132 de la Constitución, el funcionario afirmó que “La AN no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia para declarar una pretendida usurpación”.
En horas de la noche del 21 de enero, un grupo de supuestos militares desertores publicó un video en el canal colombiano NTN24 donde afirmaron que acompañarán los esfuerzos de la AN para “restituir el orden constitucional” y devolver al pueblo su “carácter soberano”, con la celebración de nuevas elecciones presidenciales. Los uniformados, que mencionaron la presencia de dos tenientes procedentes de Perú, llamaron a los militares en Venezuela a que se subleven a la usurpación de poder de Maduro y anunciaron que se reunirían con sus compañeros de armas en el país el 23 de enero.
La mañana del 22 de enero marcó un relativo respiro en los diversos focos de disturbios capitalinos. Sin embargo, la tensión política no paraba de aumentar. La AN aprobó un acuerdo de permanencia de Venezuela en la OEA (organismo al cual el gobierno ha pedido su desafiliación), nombrando a Gustavo Tarre Briceño como representante especial. En paralelo, el Vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien ya había conversado con Juan Guaidó –Presidente de la AN– por teléfono la semana anterior, envió un mensaje a través de su cuenta en twitter manifestando todo el apoyo de la Casa Blanca a las acciones que ya preparaba la oposición en vísperas al gran día. En un twit señaló: “Mientras el pueblo venezolano hace oír sus voces mañana, en nombre del pueblo estadounidense decimos ¡Estamos con ustedes! Los apoyamos, y los seguiremos apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada, y su derecho de libertad que les pertenece sea reivindicado”. Sin dudas, esta comunicación representa un llamado encubierto a un golpe de Estado. Más tarde, Nicolás Maduro hizo saber que revisaría las relaciones diplomáticas con EEUU, en lo que puede considerarse como una reacción bastante blanda y tardía, dado el talante de las amenazas y acciones desestabilizadoras del gobierno estadounidense.
El Vicepresidente de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, informó sobre las primeras investigaciones del alzamiento militar en la madrugada del día anterior, donde las armas hurtadas no recuperadas (11) habrían sido entregada a civilies para generar actos de violencia durante las manifestaciones convocadas para el 23. Posteriormente, el gobernador bolivariano del Estado Zulia, Omar Prieto, declaró que los cuerpos de seguridad de la región desarticularon un plan para asesinar a manifestantes en las movilizaciones previstas para el 23 de enero, en una operación que involucró un enfrentamiento donde un individuo habría fallecido y otro había escapado. El representante de la entidad remarcó que se incautaron granadas, subametralladoras, silenciadores y uniformes militares.
Como la experiencia ha podido demostrar en varias ocasiones (2002, 2014 y 2017), la derecha y el imperialismo sienten preferencia por la generación de masacres contra sus própios seguidores en manifestaciones masivas. El objetivo de esta miserable estrategia es la de producir conmoción suficiente en la opinión pública nacional e internacional, que, de rebote, condicione escenarios como un golpe militar. En abril del 2002 esta jugada funcionó, al menos por 48 horas, antes de que los barrios bajaran y la movilización espontánea de las masas hiciera naufragar el golpe reaccionario. Otra variante, es la posibilidad de armar a grupos de choque –preferentemente mercenarios reclutados del lumpen hamponil, capacez de generar fuertes enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, muertes en ambos lados y escenas de una guerra civil para la mediática, tal y como ocurrió en 2014 y 2017. Sobre ésto, llama la atención la amenaza proferida por Marco Rubio, senador por Florida del Congreso estadounidense, hacia el SEBIN. En ella señaló a los funcionarios del organismo: “… deberían reconsiderar el plan que tienen para mañana antes de que sea demasiado tarde”. Por otro lado, Juan Guaidó divulgó un video el lunes 21 donde pedía a los militares que no dispararan contra los manifestantes. Cabe preguntarse ¿Cómo Rubio y Guaidó pudieron anticiparse de modo tan preciso al acontecer del 23 de enero? ¿Qué sabían que el común no? Los acontecimientos que se presentaron el día 23 nos dieron parte de las respuestas.
Entre tanto, con el arribo de la noche, las protestas en las zonas populares de Caracas retomaron vigor. Los disturbios en Catia dejaron un hombre fallecido. También, el interior del país comenzó a activarse. En la carretera Panamericana que comunica a las entidades: Zulia, Trujillo y Mérida, nos reportaron varios conatos de saqueos. En la ciudad de San Félix –Estado Bolívar– manifestantes quemaron una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez. Como vemos, el ambiente nacional previo al 23 de enero se mostró altamente covulsionado. Estos hechos fueron solo preparativos de lo que estaba por venir.
El agitado 23 de enero
En días anteriores, la derecha había convocado a la marcha de Caracas en al menos 10 puntos –algunos partían desde varias zonas populares que ya venían siendo objeto de protestas y disturbios. Finalmente, se conoció que el punto de llegada sería la Plaza Juan Pablo Segundo de Chacao. Por su parte, el gobierno convocó a una movilización cuyo punto de llegada sería la plaza O’Leary. La actividad opositora mostró que, después de más de un año de sequía, sus fuerzas de calle se habían recompuesto. Mientras tanto, desde el bando bolivariano se pudo evidenciar cierto ambiente militante entre quienes se dieron cita, motivado por la clara amenaza reaccionaria en puerta, aunque ciertamente menos nutrida y numerosa que en oportunidades de otrora.
Conforme avanzaban las marchas la tensión crecía. La movilización bolivariana llegó a su destino, para luego ser desplazada hasta el palacio presidencial, donde Maduro se dirigiría a los asistentes. Superado el medio día no llegaban noticias de la manifestación opositora. Después de las 2:00 pm, se conoció que Juan Guaidó, ante la multitud derechista, se juramentaba como presidente encargado para lograr “el cese de la usurpación [de Maduro]”, un “gobierno de transición” y convocar a nuevas elecciones presidenciales. Basado en el artículo 233 de la Constitución (que por cierto, no habla de usurpaciones de poder sino de faltas absolutas), se puso en marcha un mega fraude, curiosamente, en una modesta plaza del este caraqueño.
En cuestión de minutos Donald Ttrump reconoció al autonombrado presidente, secundado por Luis Almagro de la OEA, y por los gobiernos de Canadá, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, entre otros. Acto seguido, Maduro anunció que el gobierno venezolano rompía relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos, al tiempo que concedía 72 horas al personal de la embajada de esa nación para que se retiraran del país. Seguidamente, Guaidó emitió un comunicado exhortando al personal diplomático de todas las embajadas a quedarse. En un bochornoso acto de prepotencia imperialista, Mike Pompeo, secretario de estado norteamericano, dio a conocer una declaración donde señaló que el “ex-presidente” Maduro carece de autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU y amenazó al gobierno de éste sobre posibles represalias de tomarse acciones contra el personal de la embajada estadounidense en Caracas.
Las tradicionales zonas de clase media, algunos barrios capitalinos y varios focos en el interior de Venezuela, se convirtieron en verdaderos campos de batalla a partír de los acontecimientos antes descritos. Solo hasta la noche de este día, la cifra de muertos en todo el país superaba la quincena. La violencia había sido desatada y las sangrientas anticipaciones de quienes días antes la vaticinaban, se materializaron. Un ejemplo bastante elocuente de lo acontecido hasta hoy se viene suscitando en Petare, donde grupos fuertemente armados han enfrentado a efectivos de la GNB de manera muy bien organizada. El módulo de dicho cuerpo de seguridad en la localidad fue sacudido por las detonaciones de dos granadas “democráticas” y “libertarias”, pocas horas después de la autoproclamación de Guaidó.
Aunque Guaidó no había mencionado detalles sobre un posible gabinete, y asumió la encargaduría de la presidencia de la República en un acto que dejaba más dudas que certezas; se puso la puesta en escena para montar un gobierno paralelo, elegido por un parlamento en desacato y bajo un marco de inédito fraude. El mismo arlequín que no pudo ganar la gobernación de Vargas en septiembre del 2017, ahora, de repente, pasó a convertirse en la máxima autoridad del país, según el imperialismo yankee. Cubierto de cierto reconocimiento internacional –por parte de la derecha regional bajo el mando de Washington, el personaje en cuestión prosigue con su papel en un guión escrito en inglés y que lo tiene como el ahora investido desafiante de la autoridad presidencial de Maduro y agente de máxima desestabilización interna.
Tanto el candente tema de la embajada estadounidense, como las acciones que en adelante emprenda el gobierno paralelo –montado a control remoto desde la Casa Blanca, significarán desafíos de poder para Maduro, quien sino desea perder autoridad, y por tanto, gobernabilidad, debe hacer cumplir sus órdenes. La apuesta imperialista se centra en que Maduro se vea reducido a una figura despojada de mando y rodeada por todas partes, situación que lo puede llevar a negociar una entrega pactada, o si se resiste, a que las FANB lo desalojen de Miraflores. En este sentido, entendiendo que todo gobierno estriba sobre el monopolio de la violencia organizada, la orientación que tomen las fuerzas armadas en el futuro próximo será determinante. Hasta ahora, las FANB, a través del ministro de la defensa Vladímir Padrino Lopez, se ha pronunciado en favor de Maduro de forma contundente. Pero hay que decir que sobran los ejemplos históricos de como las lealtades castrenses pueden cambiar súbitamente bajo condiciones excepcionales. Y la situación política, económica y social de Venezuela desde hace mucho rato es excepcional.
Reacción internacional
El 24 de enero, la Unión Europea (UE) emitió una declaración ambigua, en la que si bien manifestaba total apoyo a la AN, se abstuvo de reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El organismo multilateral, a través de Federica Mogherini, también instó a que se celebren “elecciones libres” y enfatizó el apoyo del bloque a la restauración de la democracia y el estado de derecho, en “un proceso político creible y pacífico en línea con la Constitución venezolana”. De esta manera, la llamada “comunidad europea” deja entrever su promoción de una salida negociada de Maduro de la presidencia de la República. Sin embargo, el primer ministro español, Pedro Sánchez, el 26 de enero planteó un ultimátum de 8 días a Maduro para que convoque a “elecciones libres” o procederá a brindar reconocimiento a Guaidó.
Como era de esperarse, los entrañables aliados internacionales de Maduro no tardaron en pronunciarse. Putin expresó su apoyo a Maduro en una conversación telefónica donde calificó de “destructiva injerencia extranjera” la ofensiva del imperialismo estadounidense. Disfrazado de una defensa hacia el derecho de autodeterminación del pueblo de Venezuela, el mensaje del jefe del Kremlin se orienta a marcar terreno sobre los intereses geo estratégicos de Rusia frente EEUU en la región, así como también a amparar las jugosas concesiones petroleras que el gobierno venezolano ha concedido a varias empresas de ese país. Por otro lado, desde Turquía Erdogan manifestó que “hay que respetar a quienes salieron de las urnas…”, pues en caso contrario no habría democracia sino una “mentalidad totalitaria”. Ésto lo dice el mismo personaje que en su país ha promovido brutales ataques contra la minoría kurda, perseguido salvajemente a los líderes del partido de izquierda de esta nacionalidad (HDP), que ordenó brutales bombardeos contra la población de Afrín, entre otras perlas. Detrás de estas palabras se esconde la preocupación de burgueses turcos por la estabilidad de los fabulosos contratos mineros –en especial los referidos a la explotación de oro, que su gobierno logró en Venezuela gracias a la desesperación entreguista de Maduro.
Por su parte, el gobierno chino repudió de forma enérgica cualquier tipo de injerencinsmo en los asuntos internos de Venezuela, y apoyó los esfuerzos del gobierno nacional para “mantener la estabilidad, defender la soberanía e independencia del país”. Estas últimas palabras llaman poderosamente la atención si se toma en cuenta el proceso de esclavización financiera con el que el gigante asiático ha sometido a Venezuela –no sin la complicidad irresponsable del gobierno bolivariano, los contratos que ostentan capitales chinos sobre enormes reservas de petróleo y minerales, y las enormes participaciones accionarias en empresas mixtas otorgadas a varias multinacionales de la superpotencia.
Como vemos, en las relaciones internacionales no existen amistades sino intereses. De todos modos, para Maduro explotar estas alianzas es de vital importancia para mantener el poder, a costa de empeñar las enormes riquezas del país y contradecir su própio discurso antiimperialista. El 26 de enero, Rusia y China vetaron una resolución en contra de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La derecha y los barrios
Desde la declaratoria de la “usurpación de poder” de Maduro, la derecha, empleando a la AN como su principal arma y escudo, se había embarcado en un ciclo de cabildos abiertos en todo el país para ir calentando el ambiente con miras al 23 de enero. A nivel internacional, se realizaron también varios cabildos abiertos para aglutinar las fuerzas de base opositoras que aspiran luchar por un cambio político en Venezuela, pero desde el exterior. Un elemento sustancial a considerar es la convergencia que las diferentes fracciones del oposicionismo han venido alcanzando en las últimas semanas. Aunque no sin diferencias, la derecha parece estar superando viejos episódios de riñas y peleas intestinas, que en su momento fueron atizadas y aprovechadas por la dirigencia bolivariana para hacerse de la mayoría de gobernaciones, alcaldías y concejalías de la nación.
Por lo visto los últimos días, la reacción pareciera estar capitalizando el enorme descontento que hierve en las profundidades de la sociedad venezolana. Ante la bancarrota manifiesta de la dirección bolivariana y la inexistencia de una alternativa revolucionaria de masas, la situación no podía tornarse de otra manera. Históricamente el discurso opositor no ha podido conectar con el estado de ánimo del sentir popular. Sus repetitivas apelaciones a la democracia y la libertad, en términos institucionales, cayeron en saco roto cuando de atraer para sí a los barrios y sectores vulnerables se trataba. En un primer momento, cuando las masas trabajadoras comenzaron a adquirir enormes conquistas durante la primera década del siglo, para éstas la oposición política venezolana no pasaba de ser lo que fue, es y seguirá siendo: una cofradía reaccionaria representante de los intereses de burgueses, banqueros y terratenientes, que con alusiones leguleyas siempre han tratado de encubrir sus pretensiones de austeridad, miseria y desposesión a la mayoría. La imposibilidad de la derecha de desmarcarse, por lo menos en apariencia, de Venancham Fedecamaras, Consecomercio, Fedenaga y demás asociaciones oligárquicas, marcó su ignominioso camino de los últimos 20 años.
Pero ¿acaso varias de las recientes manifestaciónes populares que se han presentado en los barrios representan la aspiración de las masas por conquistar mayor libertad y democracia? Para nada. No existen dudas de que el móvil de tales manifestaciones en los barrios no es otro que el hartazgo popular por la carestía de la vida, el hambre, el colapso generalizado de los servicios públicos, la desidia institucional, la corrupción imperante y la demagogia de un gobierno de espaldas a sus bases sociales. Tratar de emparentar todo lo anterior con las demandas de restitución de competencias de la AN, la ambición de poder de la burguesía o la excarcelación de corruptos o matones denominados “presos políticos”, no es más que una patraña.
Podemos decir que el discuro de la derecha todavía sigue divorciado de los intereses de los trabajadores y pobres, como no puede ser de otra manera. Lo que observamos en algunas manifestaciones de los barrios no es una muestra de respaldo popular automático hacia la reacción, sino la búsqueda desesperada por una parte de los oprimidos de una salida a la degradante situación de extrema miseria y desesperanza, al cual los ha sumergido la agotada política del gobierno. Conforme avanzan las horas, la burguesía y el imperialismo se frotan las manos ante lo que sucede en las calles del país. Mientras tanto, la dirección bolivariana persiste en su agenda conciliadora –y en los hechos antipopular, la misma que, pateando la pelota hacia delante –acumulando contradicciones y sin solucionar nada en el fondo, nos trajo al presente estado de caos.
Las FANB y los cuerpos de seguridad
Luego del episódio de abril del 2002, la lealtad de los altos mandos militares hacia el gobierno bolivariano se ha sellado hasta ahora producto de una combinación de factores. En primer lugar, los numerosos planes y conspiraciones golpistas desarticulados a tiempo en el seno de las FANB, fueron sucedidos por significativas purgas y depuraciones para preservar la línea de mando. Por otro lado, los cuerpos castrenses han sido objeto de un proceso de politización sin precedentes, vinculado estrechamente al ideario bolivariano que Chávez impulsó en todo momento. Aunque la influencia de los condicionantes antes señalados han tenido relativo peso, la siguiente ha presentado una mayor importancia, sobre todo en los últimos cinco años: nos referimos a la infinidad de concesiones económicas y políticas que desde el gobierno se le ha otorgado a las fuerzas armadas.
Desde el principio, el gobierno bolivariano ha designado a militares para dirigir empresas e instituciones estatales –incluidos numerosos ministerios, y en caso de oficiales retirados, para disputar puestos de elección popular (gobernaciones y alcaldías). En los años críticos recientes, Maduro cedió a las FANB buena parte del control de la distribución alimentaria a través de la misión Abastecimiento Soberano, y más importante aún, el control sobre PDVSA. Este última concesión es de suma trascendencia puesto que la estatal petrolera genera el 96% de las divisas que ingresan al país. Tal otorgamiento surgió como resultado de una feroz lucha entre ciertas fracciones burocráticas por el control de la jugosa renta petrolera, y que fue disfrazada como una cruzada anticorrupción. Por si fuera poco, una cierta tajada de riqueza nacional fue concedida a las fuerzas armadas mediante la creación de la CAMIMPEG (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gasíferas).
Tamaños privilegios han sido fuentes incomparables de corrupción corporativa como el pueblo trabajador lo palpa cotidianamente. Para toda clase o casta, la conquista de toda prerrogativa presupone su defensa intransigente. Por esta razón, debemos decir con total franqueza que entre las valoraciones de la cúpula militar posiblemente se encuentra el cuidar primero son intereses, de la mano de quien pueda ser el mejor garante de los mismos. La derecha, desde el inicio de la revolución bolivariana se ha esforzado enormemente por mostrarse dispuesta a otorgarles todo tipo de garantías a cambio del poder. La Ley de Amnistía promovida por la AN es solo la versión más reciente de estos esfuerzos. Aunque Maduro no ha dejado de consentir las apetencias de la oficialidad militar, ésta podría cambiar de lealtades si la presencia de éste en Miraflores colgara de un hilo. El reto de la reacción es lograr hacer que Maduro pierda el control absoluto de la situación del país, hecho que movería a la cúpula de las FANB a negociar una transición de poder, posicionando sus condiciones por delante.
Otro factor a considerar tiene que ver con la posible vulnerabilidad de la capacidad de represión estatal, dadas las pésimas condiciones de los cuarteles y los efectos de la crisis económica y social sobre las tropas de base. Procedentes de los barrios obreros o zonas campesinas, los soldados también padecen los estrágos de la catastrófica situación nacional. En los últimos años, efectivos castrenses han reportado como la escasez de alimentos se ha hecho sentir en los destacamentos. La deserción y emigración de elementos en la mayoría de componentes de las FANB, es otra muestra de este drama. Por tanto, la moral para enfrentrar manifestaciones y entrar en batallas callejeras, no es precisamente uno de los puntos fuertes para los órganos armados del Estado, como el Ejercito y la GNB en la actualidad. Por todo lo anterior, no son descartables casos de grupos de agentes que se nieguen a cumplir con las órdenes de arriba, se incorporen a las manifestaciones de la derecha, o incluso se alcen contra sus oficiales. Altos niveles en las movilizaciones de calle en el futuro, ya sean populares o abiertamente de derecha, pueden propiciar eventos de este tipo.
Vale considerar que buena parte de las operaciones más importantes para el Estado no las han venido llevando a cabo la GNB sino las divisiones de seguridad más represivas, como el FAES y el CONAS. Lo anterior puede ser una muestra de desconfianza hacia la guardia, que en el pasado asumía un mayor peso en la contención de los focos de violencia. A ésto hay que añadir el conocido y poco difundido caso de un intento de detención al presidente de la República por parte de agentes del SEBIN (órgano de inteligencia) en una supuesta caravana presidencial, donde al parecer Maduro no se encontraba. Èsto, sumado al incidente de la breve detención de Juan Guaidó el pasado 13 de enero –por efectivos de este mismo organismo– y el posterior rechazo de Maduro a esta acción –ordenada por un comisario presuntamente investigado por conspiraciones previas, han permitido conocer las grietas en el control gubernamental sobre este cuerpo. Hechos de este tenor clarifican la tensa situación al interior de los cuerpos de seguridad estatales, que, ante las coyuntura actual, pudiera anidar en nuevas sublevaciones.
Una estrategia de defensa que apunta al fracaso
La feroz arremetida golpista ha encontrado desde la dirección bolivariana nuevos llamados a diálogo, la proyección de confianza hacia la supuesta “unidad monolítica de las fuerzas armadas”, toda vez que se prescinde de la intervención activa y consciente de sus bases sociales. Negado a emprender una salida por la izquierda, sobre la base de la organización obrera y popular –para solucionar la crisis en favor de las masas y remoralizarlas en el proceso; Maduro concibe que puede tratar de pactar acuerdos satisfactorios con los mismos que le han instalado un gobierno paralelo y prometen derrocarlo en muy poco tiempo. Ésto mientras confía la defensa de su poder únicamente en los órganos represivos estatales, los cuales –como dijimos– pueden cambiar sus lealtades en cualquier momento a cambio de la preservación de sus privilegios. Tal política equivale a la acción de un hombre que serrucha las patas de la silla donde se encuentra sentado.
Entre las capas activistas del movimiento chavista de base –honesto y siempre combativo; se puede palpar cierta insatisfacción ante la ausencia de medidas contundentes para defender la revolución. Muchos asistentes a la concentración en Miraflores el 23 de enero, se quedaron esperando una orden de aprehensión contra Guaidó y toda su corte golpista que nunca llegó. En lugar de retirarse a sus casas llenos de confianza, la sensación que se imponía en el ambiente era de vulnerabilidad absoluta. A la tardía pero necesaria respuesta de expulsión del personal diplomático estadounidense –bien recibida por las masas chavistas desde el primer momento, vino la blanda exigencia de extensión a 30 días para el establecimiento de una oficina de intereses norteamericana, que da un claro mensaje de recule ante el imperialismo. En la Casa Blanca se ha ordenado mantener el personal màs indispensable de su embajada en Caracas, desestimando la orden de rompimiento de relaciones políticas y diplomáticas del gobierno venezolano y para dirigir la desestabilización desde allí.
Desde Washington se anunció que se entregarían 20 millones de dólares al gobierno paralelo de Guaidó, bajo la cortina de una supuesta “ayuda humanitaria”. Ante los ojos del mundo el imperialismo ha dejado saber que financiará la desestabilización opositora en general, y la violencia reaccionaria en particular; pero esta vez de forma abierta y descarada. El domingo 27 de enero, Marco Rubio confirmó que el gobierno estadounidense le había tranferido el manejo de las cuentas que el Estado venezolano y el Banco Central de Venezuela tienen en EEUU a Guaidó. De esta manera, la Casa Blanca muestra su disposición de desatar, si el caso lo amerita, una guerra civil; mientras Maduro responde con llamamientos al diálogo, a la reconciliación y a la paz. Los revolucionarios no hacemos apología de la guerra, pero la violencia que las clases dominantes están dispuestas a desatar para defender sus intereses nos obliga a estar preparados para ella. Una orden mínimamente coherente por parte de la dirección bolivariana hubiese sido el fortalecimiento de las milicias bolivarianas y su despliegue armado para garantizar el dominio de las calles por parte del pueblo organizado y no de las bandas armadas al servicio de la burguesía y el imperialismo. En su lugar, la dirección del PSUV ha convocado a simples vigilias en Miraflores, con globos, castillos inflables, ambiente festivo y demás, como si el golpe o una eventual confrontación civil se pudiera combatir con tarimas, música y baile, y no con armas y organización del pueblo. Esta actitud está pavimentado el camino a una derrota definitiva.
El desarrollo de las milicias bolivarianas siempre ha encontrado una fuerte resistencia por parte de los mandos militares tradicionales. En una muestra de máxima desconfianza hacia la combatividad del pueblo en armas organizado, la dirigencia bolivariana y la oficialidad de las FANB han condenado a las milicias a un papel menos que auxiliar, desprovisto del armamento necesario, de roles operacionales más decisivos y de la capacidad para desarrollarse y extenderse. De este y otros modos, la dirección del proceso ha dejado claras sus intenciones de obstaculizar la organización popular en todas sus formas, para evitar el surgimiento de un nuevo poder capaz de desarrollarse a un nivel en que pueda disputarlo por completo en el futuro. A ratos da la impresión de que en los hechos la cúpula bolivariana le teme mucho más a la organización de las masas que a la reacción burguesa en si. Mientras a la primera se le obliga a resistir pasivamente, renunciando a su derecho a defenderse; a la segunda se le llama a negociar con la disposición de seguir enterrando la revolución “por la paz y el entendimiento” entre clases sociales con intereses irremediablemente opuestos.
El talante de las amenazas de la derecha obliga a los revolucionarios de base a emprender una importante lucha para fortalecer las milicias bolivarianas, así como el establecimiento y proliferación de órganos de autodefensa armados de obreros y campesinos a través de ellas. Los trabajadores y pobres en general no podemos confiar la defensa de la revolución al corrupto aparato represivo del Estado burgués. A esta altura, debe ser claro que la dirección bolivariana representa a un grupo de generales que preparan el terreno para la derrota definitiva del ejercito revolucionario a manos de la furia de las clases dominantes. Solo la confianza en nuestras propias fuerzas y la disputa sin cuartel por hacer surgir nuevos oficiales de las capas activas del movimiento de masas, pueden conducirnos a mejores perspectivas para combatir a la reacción y rescatar a la revolución de sus enterradores internos.
El 24 de enero, mientras ofrecía detalles sobre la reunión entre Diosdado Cabello y Freddy Bernal con Juan Guaidó, Maduro sostuvo que se le había comunicado al autonombrado presidente que el gobierno estaba dispuesto a acuerdos parciales que permitieran avanzar, y un “acuerdo global”. Entendiendo que todo acuerdo supone que cada parte debe ceder en algunos puntos, estas palabras nos dicen mucho. La verdad es revolucionaria. Aunque en los político, la dirección bolivariana en este momento trata de emplear el diálogo como pinza para introducir divisiones en las filas opositoras y desprestigiar a sus líderes ante sus bases más radicalizadas, los revolucionarios tenemos el deber de entender que dialécticamente este diálogo puede convertirse en el comodín que le quedaría a Maduro para negociar una salida o entrega con garantías para la cúpula burocrática, en caso de perder el control de la situación. Todo ésto se haría en detrimento de los intereses de los trabajadores y pobres del país quienes están llamados a ser los máximos perdedores en un eventual ascenso al poder de la derecha. El asesinato selectivo de dirigentes de base, la más cruda represión al movimiento de masas, la vulneración de derechos civiles y el más violento revanchismo de los sectores más hacia la derecha, serían los precios a pagar por los trabajadores y pobres de llegar a triunfar la oligarquía. Todo lo anterior sería llevado a cabo como el acto político necesario de cara a la aplicación de un plan de austeridad económico, que diferiría del que aplica el gobierno actualmente por una menor ambiguedad, y por ende, de una mayor celeridad en la destrucción de las conquistas históricas de la clase obrera y demás sectores oprimidos.
El 23 de enero en la ciudad de Mérida, fue asesinado un joven con varios impactos de bala y posterior quema cuando pasaba por las cercanías de una barricada reaccionaria. Aunque existen varias versiones del hecho, todo parece indicar que sus victimarios lo atacaron por considerar que éste tenía algún nexo con el chavismo. Este hecho pudiera simplificar el enorme peligro que corren las capas activas de la clase obrera y del campesinado sino organizamos nuestra própia defensa por unas milicias bolivarianas verdaderamente revolucionarias. Lamentablemente, en estos momentos no tenemos tiempo de improvizar. La situación demanda una lucha de clases en el seno de los órganos armados –y potencialmente revolucionarios– ya existentes: las milicias bolivarianas.
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Al momento de escribir estas líneas, desde EEUU se anuncian nuevas sanciones contra PDVSA, que contemplan el congelamiento de cerca de 7.000 millones de dólares en activos y un embargo a las exportaciones petroleras venezolanas, aunque con excepciones. Estas medidas pudieran producir pérdidas de al rededor de los 11.000 millones de dólares en el año en curso, según el vocero de la Casa Blanca John Bolton. Asi mismo, en una clara muestra de provocación, este funcionario dejó ver en la misma rueda de prensa un escrito en su blog de notas que decía: “5.000 tropas a Colombia”, mientras casi simultáneamente Radio Caracol reporta el envió desde Estados Unidos del general Mark Stammer, comandante del comando sur a Bogotá. Antes Guaidó pidió a los militares que dejaran ingresar “ayuda humanitaria” que él había solicitado ingresar al país.
Toda esta vorágine de eventos solo muestran una cosa: el imperialismo ha decidido pisar el acelerador para hacer caer Maduro, terminando de ahorcar económicamente a su gobierno y agudizando las provocaciones militares y diplomáticas para precipitar un pronto desenlace. Con el grado de inestabilidad que está alcanzando la situación, la posibilidad de que se produzca un quiebre en la cúpula militar y en el Estado a nivel general crece a cada paso. Otro posible desarrollo que no podemos descartar pudiera expresarse en una negociación que derive en una salida pactada de Maduro. Una provocación en las fronteras venezolanas donde una fuerza foránea intente ingresar al territorio nacional –alegando traer ayuda humanitaria, desatando enfrentamientos o respuestas contundentes de las FANB; podría servir como excusa para justificar una incursión militar extranjera. Sobre ésto último, restaría conocer las reacciones de potencias como Rusia y China, las cuales tienen grandes intereses en juego y que no estarían dispuestas a renunciar a ellos de forma sencilla. Por otro lado, un escenario de guerra civil pudiera desatarse: 1) producto de enfrentamientos militares entre grupos de insurrectos versus leales al gobierno, que pueden saltar de los comandos a las calles con la intervención de organizaciones civiles armadas de ambos bandos; o 2) por diversos choques entre las agrupaciones de mercenarios pagados por la derecha y colectivos y organizaciones de izquierda dispuestos a responder. Varios de estos acontecimientos se pudieran presentar de manera simultánea, en condiciones de una retroalimentación de incidencias convulsivas muy dinámicas.
Los posibles acontecimientos descritos están en el ambiente y pueden ser desatados por cualquier incidente. Hegel decía que la necesidad se expresa en el azar, y por tanto, dada la acumulación de crcunstancias en la actualidad, hasta el más pequeño accidente histórico puede detonar cambios de cualidad explosivos y trascendentales.
¿Qué resta por hacer?
Debemos ser efáticos en lo siguiente: desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, no existen salidas a esta crisis que no contemplen soluciones radicales y definitivas a todos los problemas que atravesamos. Aquí no cabe ninguna clase de etapismo o excusa gubernamental que se base en la idea de subordinar la lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida a la defensa abstracta de la soberanía nacional, que no distingue entre las legítimas aspiraciones de las masas con las de la burguesía. Una lucha antiimperialista consecuente entiende la confluencia entre el combate sin cuartel contra la injerencia extranjera y los intereses de la revolución.
El crimen más grande que ha cometido la dirección bolivariana ha sido el socavar sistemáticamente la moral revolucionaria de un pueblo aguerrido probado en mil batallas. Mientras la burocracia incita a defender la revolución, a la vez destruye las instancias de organización popular para agrupar las fuerzas y la combatividad de los oprimidos. Mientras la burocracia llama a hacer sacrificios dada la excepcionalidad del momento presente, las masas perciben como este se traduce en hambre, miseria y desposesión de su lado y corrupción, privilegios y opulencia obscena de quienes las liderizan. Mientras la burocracia invita al pueblo a resistir, por debajo de la mesa negocia con el enemigo sin tomar en cuenta los intereses de su base social y en muchos casos traficando con ellos.
Desde Lucha de Clases – Corriente Marxista Internacional, nos oponemos rotundamente al golpe de Estado promovido por la derecha y el imperialismo, y llamamos a todos los sectores combativos del pueblo a batallar contra las pretenciones de las clases dominantes de hacerse del poder. Así mismo, repudiamos la política conciliadora, ambivalente y pasiva de la dirección bolivariana, que no contempla la intervención de las masas, la misma que nos trajo hasta el precipicio histórico presente y que nos dirige hacia la derrota definitiva de la revolución, si las capas avanzadas de la clase obrera y el pueblo no intervienen.
Por todo lo anteriormente expuesto, debemos tener la mayor desconfianza posible hacia la dirección bolivariana. Los explotados debemos asumir la lucha contra la burguesía y el imperialismo no para mantener a una casta de dirigentes mediocres al mando, sino para salvar a la revolución de la bancarrota histórica de éstos y de las amenazas de las clases dominantes. Nuestra batalla no consiste en mantener el actual estado de cosas, sino para construir una nueva sociedad donde valga la pena vivir. Enfrentar las fuerzas de la reacción pasa por la necesidad de destruir las fuentes de su poder y control social: las relaciones de propiedad burguesas y el Estado capitalista. En este sentido, proponemos:
Defender la revolución con la organización revolucionaria de la clase trabajadora y el pueblo:
Fortalecimiento de las milicias bolivarianas y que las mismas estén bajo el control directo de la clase trabajadora y el pueblo organizado.
Organización de unidades de la milicia bolivariana en cada fábrica, lugar de trabajo y barrio, para asegurar la defensa de edificios, territorio y personas contra posibles ataques reaccionarios.
Creación de comités de soldados y suboficiales revolucionarios dentro de la FANB, para ejercer la vigilancia revolucionaria e impedir cualquier intento golpista entre la oficialidad.
Por una economía en manos de la mayoría trabajadora y en beneficio del pueblo, no de una minoría de parásitos:
Ante el embargo petrolero y congelación de activos de PDVSA, expropiación inmediata de las multinacionales imperialistas bajo control obrero.
Expropiación inmediata de los capitalistas locales implicados en el golpe, el sabotaje económico y el bachaqueo, bajo control obrero.
Nacionalización de la red de producción, distribución y venta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, bajo control obrero y de las comunidades organizadas para impedir la corrupción y el despilfarro.
Nacionalización sin compensación de la banca y las aseguradoras bajo control obrero, para poner sus recursos a disposición de un plan económico de emergencia revolucionario, que permita reactivar las industrias paralizadas e invertir en el desarrollo de una industria agroalimentaria.
Monopolio estatal del comercio exterior para frenar la corrupta sangría de divisas y ahorrar recursos para el plan económico de emergencia revolucionario.
Auditoría obrera y popular de los dólares preferenciales entregados. Confiscación de las propiedades de aquellos que los hayan usado de manera impropia. Cárcel para los corruptos.
Cese definitivo a los pagos de la deuda externa, para disponer de más recursos para el plan económico de emergencia revolucionario y recuperar la producción petrolera.
Ante la carestía de la vida, escala movil de salarios. Los trabajadores deben devengar un salario correlativo y equiparado al aumento de los precios.
Expropiación de todos los latifundios bajo control de los campesinos organizados y comunas rurales.
Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado. Abajo la burocracia:
Creación de consejos de trabajadores socialistas en todas las empresas del Estado y en todas las instituciones públicas, para ejercer el control obrero.
Elegibilidad y revocación de todos los cargos públicos.
Que ningún cargo público ni funcionario del Estado gane un salario superior al de un trabajador cualificado.
Llamamiento internacionalista a la clase obrera mundial para que intercedan en favor de la revolución bolivariana en sus respectivas latitudes.
Para la clase obrera y el pueblo no hay otra salida más que organizarse para combatir a la reacción, tomar el poder y completar la revolución.
¡Combatir el golpe con organización popular desde abajo!
¡Armamento para las milicias bolivarianas y su despliegue!
¡Todo el poder a la clase obrera!
¡El único camino es completar la revolución!
¡No pasarán!
