El pasado viernes 17 de agosto, el presidente Maduro presentó un conjunto de medidas enmarcadas en el Programa de Recuperación y Prosperidad Económica (PRPE) y en la llamada “política de nuevos comienzos”. Dichos anuncios venían siendo precedidos por una serie de decisiones en materias monetaria, cambiaria, fiscal y de comercio exterior, que ya anunciaban la intención gubernamental de acelerar el proceso paulatino de levantamiento de los controles a la economía, con el objetivo de mitigar la hiperinflación y la crisis en general. Todas estas decisiones marcan un punto de inflexión importante en la situación nacional. La dirección bolivariana ha decidido pisar el acelerador en su orientación hacia el libre mercado, como destino distante a los intereses del pueblo trabajador y del legado revolucionario de Chávez.
En reiteradas oportunidades, hemos comentado que solo existen dos vías de salida a la crisis económica nacional: una, completando la revolución, mediante la expropiación de los monopolios, latifundios, banca y aseguradoras, y la creación de un monopolio estatal sobre el comercio exterior, para establecer una economía planificada bajo control democrático de los trabajadores y el pueblo organizado en consejos y comunas –como órganos de un nuevo poder capaz de suplantar al aparato estatal burgués–; y la otra, emprendiendo un severo programa de recortes al gasto público, privatizaciones y contrarreformas laborales y sociales, que descarguen todo el peso de la crisis sobre los hombros de la clase obrera y el pueblo en general. La situación país ha demandado el abordaje de solo una de las rutas planteadas. Aunque la dirigencia bolivariana ha creído estar transitando por caminos intermedios, su senda ha venido apuntando al ajuste burgués, aunque a paso lento.
Hasta ahora, la posición irresoluta y de medias tintas asumida por la dirección bolivariana, que ha contemplado el otorgamiento de concesiones a la burguesía y el imperialismo, y el sostenimiento de ciertas regulaciones y medidas paliativas de carácter social; ha supuesto la instauración del caos económico y la destrucción de las de antemano precarias fuerzas productivas nacionales, en tanto se limitó el desarrollo del mercado capitalista, pero a la vez no se avanzó lo suficiente en la nacionalización de las palancas fundamentales de la economía. Este hecho, vino a complicarse con la severa contracción de los ingresos petroleros desde 2014, los cuales aportan el 96% de las divisas que ingresan al país. Parafraseando al gran marxista galés, Alan Woods: “no tenemos ni capitalismo ni socialismo, sino lo peor de los dos mundos”. Las consecuencias de todo lo anterior son más que elocuentes: desplome de la producción nacional y de las importaciones, escasez de amplia gama de productos, hiperinflación y destrucción del poder adquisitivo, que, en la esfera social, se han traducido en hambre, miseria y sufrimiento para las amplias mayorías.
Desde hace varios meses hemos sostenido que factores como la comprometida situación financiera del país, el propio recrudecimiento de la crisis y la necesidad del gobierno de generar confianza entre la burguesía y el imperialismo –ante su abandono definitivo de cualquier perspectiva revolucionaria–, empujarían a la burocracia bolivariana a aplicar medidas pro-capitalistas más profundas. Una vez asegurada la victoria en los recientes comicios presidenciales, para la dirigencia gobernante no había razones políticas para seguir retardando la profundización del viraje. Las medidas contenidas en el PRPE han confirmado nuestra aseveración, aunque las mismas acusan un mar de inconsciencias y ambigüedades, generadoras de toda clase de confusiones.
Por más desagradable que sea la verdad, los revolucionarios debemos decirla evitando edulcorarla con ilusiones y expectativas falsas. Más allá de las medidas sociales de orden paliativo, respecto a los aumentos salariales y asignaciones de nuevos bonos, comenzamos a pisar el terreno de un ajuste macroeconómico burgués, que producirá mayores privaciones y sacrificios al pueblo trabajador. Sin embargo, la forma en cómo está concebido el recetario de medidas presenta múltiples contradicciones que limitan sus posibilidades de éxito, tanto para abatir la hiperinflación, como para propiciar la ansiada recuperación, sobre la base de la generación de confianza entre las clases dominantes.
Las primeras decisiones de envergadura del “nuevo comienzo”, se dieron a conocer el pasado 25 de julio. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro anunció: 1) la eliminación de cinco ceros –y no de tres como se planteó inicialmente– a la moneda nacional y entrada en vigencia del Bolívar Soberano, a partir del 20 de agosto; 2) el anclaje del signo monetario venezolano al valor del Petro; 3) el respaldo de mecanismos e instrumentos financieros y monetarios en las reservas del Bloque Ayacucho 02 de la Faja Petrolífera del Orinoco, o en su defecto, que tales recursos petroleros pasen a formar parte de las reservas internacionales; 4) el inicio de un proceso de revisión de la Ley de Ilícitos Cambiarios, por parte de la ANC; 5) la exoneración de aranceles a la importación de materias primas y bienes de capital para la agro-industria, por un año; y 6) la realización de un censo a todo el parque automotor del país, con base en el Carné de la Patria, para iniciar una nueva política de subsidio al combustible.
Posteriormente, el 2 de agosto, lo que en principio suponía la revisión de la Ley de Ilícitos Cambiarios, terminó en la aprobación de un decreto Constituyente que derogaba dicho instrumento jurídico y despenalizaba las operaciones con divisas en el país, al margen de la tutela estatal. Seguidamente, el lunes 13 de agosto, el presidente Maduro dio a conocer, entre varias decisiones: que el sistema salarial y de fijación de precios estarían basados en el valor del Petro a partir del 20 de agosto, que el mencionado criptoactivo fungirá como unidad contable de Venezuela junto al Bs S, el uso obligatorio de la criptomoneda en las transacciones de PDVSA, y que la reconversión monetaria traería con sigo adecuaciones a los precios de los combustibles a precios internacionales, para las personas que no se registren en el censo automotor.
De pasada, es necesario comentar ciertas implicaciones de las medidas anteriores:
A pesar de que se ajustaron las equivalencias para la reconversión monetaria, al eliminar cinco ceros y no tres al Bs S –corrección razonable para evitar lanzar un nuevo cono monetario rezagado de antemano–, lamentablemente esta medida será superada en algunos meses debido a la previsible continuación de la dinámica alcista de los precios en el mercado nacional. Como explicaremos más adelante, la hiperinflación no detendrá su marcha, sino que por el contrario arreciará en sus niveles de intensidad en el futuro próximo, eliminando de esta forma los efectos positivos iniciales de una medida dirigida a atacar las consecuencias del alza constante de los costos, respecto al valor de los billetes y monedas, pero impotente para frenar sus causas. Vale considerar, que la reconversión monetaria forzó el ajuste en los costos de ciertos servicios, como el transporte colectivo (que pasó de 0.10 a 1 Bs S), cuyos precios previos estuviesen por debajo del signo de menor valor de la nueva familia dineraria (0,50 Bs S). A su vez, la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, proponía un replanteamiento de la política de subsidios al combustible, sobre la cual el gobierno ya ha decidido tomar cartas en el asunto.
Con respecto a la inclusión de los recursos petroleros del Bloque Ayacucho 02 de la Faja Petrolífera del Orinoco a las reservas internacionales, el gobierno estaría tratando de abultar su capacidad financiera de manera ficticia. La decisión parece acertada si se pasa por alto el hecho de que hablamos de petróleo contenido en el subsuelo, que no cumple con los estándares internacionales para que sea reconocido como activo válido de reserva, y cuyo ente poseedor –el Estado venezolano– no cuenta con los recursos financieros para invertir en su extracción. La argumentación de varios intelectuales pro-gobierno, quienes sostienen que las reservas internacionales aumentarán su volumen a partir de esta medida, y como consecuencia, el Bolívar experimentaría un proceso de revaluación acelerado; no es más que una simple quimera.
Por otra parte, con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, el gobierno dio pasos agigantados para la desregulación del mercado de divisas. Ante la vulnerable situación financiera que afronta el Estado, con la brutal merma de los ingresos petroleros –dado el desplome de la producción de PDVSA en los últimos años–, el agotamiento del componente de dólares de las reservas internacionales, enorme endeudamiento externo –con varios bonos de deuda vencidos– y bloqueo financiero; la apertura cambiaría surge como una consecuencia de la imposibilidad de seguir alimentando la voracidad de una economía profundamente importadora, y también como necesidad, para tratar de que el Estado capte divisas con la despenalización de las operaciones en casas de cambio. Solo faltaba legalizar la tasa de cambio paralela para tratar de atraer el interés de los poseedores de divisas, hecho que se ha consumado con uno de los anuncios del viernes 17 de agosto, de los que nos ocuparemos más adelante.
La exoneración de impuestos a la importación de insumos y bienes de capital para la agro-industria, supone una medida de estímulo que busca, por un lado, eliminar una barrera aduanal a posibles mercancías foráneas; pero fundamentalmente, incrementar las importaciones privadas de materias primas, maquinarias y repuestos industriales para aumentar la producción nacional en el sector alimentos. Es necesario señalar que, para alcanzar el segundo propósito planteado, la eliminación de aranceles no es suficiente. Para que la burguesía decida invertir en las ramas señaladas, es preciso garantizar que la rentabilidad de la producción nacional crezca, factor que no podrá alcanzarse solo a través de la legalización del tipo de cambio paralelo –con el cual obtendrán más bolívares con menos dólares, para cubrir sus costos operativos–, sino mediante la aplicación de contrarreformas laborales, así como de profundos ajustes fiscales y monetarios –mucho más severos– que recompongan el panorama macro-económico y micro-económico capitalista, sobre la base de la imposición de mayores niveles de explotación y degradación de las condiciones de vida para la clase obrera y el pueblo pobre. Hay que recordar que las importaciones totales en el país se han desplomado en un 82%, y en cuanto a materias primas y bienes de capital para la industria del agro, las caídas también superan 80% entre 2012 y 2017. Esta realidad, que en buena medida explica el panorama de escasez de productos, ha obedecido a la reducción en la adjudicación de divisas por parte del Estado para la importación, en función de mantener los pagos a los vencimientos de deuda externa; y también, a la desinversión de la clase capitalista criolla en dicho sector.
En lo tocante al cobro del combustible a precios internacionales, el gobierno ha comenzado a recortar gastos importantes, toda vez que genera nuevas entradas para intentar equilibrar su presupuesto. La orden, que también trata de erradicar el contrabando de combustibles, comprende el inicio de una nueva política de subsidios directos en este terreno, mediados por el Carné de la Patria, destinados a desaparecer en un periodo de dos años, según lo ha aseverado el presidente de la República. Por lo que puede deducirse, se esperan aumentos progresivos en los costos de la gasolina a mediano plazo, que sin duda tendrán repercusiones inflacionarias. Este tipo de recortes progresivos a los subsidios, han comenzado a replicarse en servicios como el transporte público (como en el caso del metro de Caracas), y en el futuro, pudieran tocar a otros como la electricidad, suministro de agua, gas doméstico, entre otros –como ciertos políticos e intelectuales bolivarianos ya lo están proponiendo–, para pasar las facturas de la crisis económica a los trabajadores y pobres.
Hay que recordar que la hiperinflación que atraviesa el país, encuentra sus orígenes en el déficit fiscal (margen superior de gastos en relación a los ingresos estatales) que ya ha superado el 20% del PIB. Para sufragar sus cuentas en rojo, el gobierno ha venido implementando una descontrolada política monetaria expansiva que no está respaldada en el crecimiento de la oferta de productos y en las reservas internacionales. De esta manera, por un lado, con el desplome de las importaciones y de la producción nacional (situado en el orden del 40% desde 2013), ante el incremento de la masa monetaria y la velocidad de circulación del dinero, los precios de los bienes y servicios del mercado solo pueden mantener una espiral ascendente. Por otra parte, con el descalabro de las reservas internacionales –producto del pago de la deuda externa– y el aumento constante de la oferta monetaria, la confianza en el Bolívar ha decrecido exponencialmente, lo que se ha traducido en descomunales devaluaciones que repercuten severamente en las alzas de precios, dado el carácter importador de nuestra economía.
El coro de economistas burgueses no ha parado de insistir en la necesidad de que se apliquen severos ajustes fiscales (medidas de austeridad) y restricciones en la emisión monetaria, como única fórmula para frenar la hiperinflación. Estas personas plantean la vuelta a la “racionalidad en la política económica”, que, en el marco de una sociedad basada en la propiedad privada sobre los medios de producción y la anarquía competitiva, solo se traduce en privaciones, sacrificios y oprobio para los más pobres. Como a continuación veremos, el liderazgo bolivariano y su intelectualidad, enterrados en el pantano de la colaboración de clases, están en búsqueda de sincerar la economía –aunque no al ritmo demandado por la clase capitalista–, en honor a esta lógica burguesa limitada y anti-popular.
Entre los anuncios más importantes realizados por Maduro el pasado viernes 17 de agosto, destacamos: 1) el establecimiento de una equivalencia de 3600 Bs S por cada Petro –mecanismo cuyo valor estaría anclado en la cesta petrolera venezolana–; 2) el cálculo del nuevo salario mínimo en 1800 Bs S; 3) la entrega de un bono especial de adaptación de 600 Bs S; 4) la asunción estatal por 90 días del diferencial salarial de las nóminas de la pequeña y mediana industria del país; 5) nuevo sistema de precios en base al Plan 50; 6) la concreción de un solo tipo de cambio fluctuante –lo que en otras palabras significa el desmontaje del viejo régimen cambiario–, donde se elevará el número de subastas semanales a tres; 6) el cobro del impuesto a las grandes transacciones financieras de hasta un 2% para contribuyentes especiales; y 7) se aumentará el IVA de 12 a 16% en todos los productos suntuarios, manteniendo las exenciones a los bienes de primera necesidad.Como puede verse, tratamos con una combinación entre medidas de ajuste burgués, que pretenden desregular la economía, recortar gastos y generar más ingresos tributarios, para reducir el déficit presupuestario; y decisiones que suponen nuevas cargas fiscales, con las cuales se va en dirección contraria a la intención inicial.
Aunque respaldamos toda medida social que beneficie al pueblo trabajador, como el otorgamiento de bonos asistenciales y el aumento salarial, debemos señalar que en el marco de la decadencia del capitalismo venezolano en crisis éstas decisiones solo pueden surtir efectos atenuantes, efímeros e insuficientes, dado el recrudecimiento de la hiperinflación y de la asfixia económica generalizada, producida por la imposición fáctica de las leyes del mercado capitalista, que no hacen más que reflejar los intereses de la burguesía en una sociedad donde ésta controla las palancas fundamentales de la economía. Solo a través de la demolición de las relaciones de propiedad burguesas y la planificación racional de la producción, bajo control democrático de la clase obrera organizada, puede haber una mayor garantía de que los recursos nacionales podrán destinarse en mayor grado a la satisfacción de las necesidades de las mayorías oprimidas, de modo integral y sostenible; y no para alimentar la insaciable voracidad de lucro por parte de la clase capitalista como sigue ocurriendo.
En cuanto al incremento salarial decretado, debemos decir que el mismo solo podrá financiarse a través de una mayor emisión de dinero inorgánico, tal y como han venido siendo cubiertos todos los aumentos durante el último periodo de bajos ingresos petroleros. El otorgamiento de nuevos bonos asistenciales y la asunción estatal del deferencial salarial de las nóminas de las pequeñas y medianas industrias, giran en la misma tónica. Los efectos inflacionarios previsibles erosionarán el poder de compra de dicho salario con el simple transcurrir de las horas. Si a esto se suma la esperada continuación de las devaluaciones del Bolívar, producto del levantamiento del control de cambios, la carencia de dólares por parre del Estado, y la limitada oferta de divisas de origen privado; no cabe duda que los ingresos reales de los trabajadores no dejarán de caer.
El gran aumento salarial, que también contempla la reducción de la bonificación del salario en poco más de un 40% (el cestaticket socialista se ubicará en 180 Bs S), ha desatado una serie de amenazas de cierres de plantas o reducción de personal en múltiples empresas a nivel nacional, bajo el alegato patronal de la imposibilidad de seguir cubriendo las nóminas ante el nivel de sueldos decretado. Tales insinuaciones, se enmarcan dentro de la oleada de cierres técnicos parciales o definitivos de innumerables fábricas en los últimos años, por falta de insumos, repuestos industriales, o la baja rentabilidad de la producción nacional para la burguesía. Anuncios de este tipo prometen exacerbar las luchas obreras por la defensa del derecho al trabajo, que se vienen presentando en varios estados del país mediante numerosas tomas de plantas. Ante cualquier signo de paralización de instalaciones, los trabajadores deben organizar la toma de las mismas bajo su control. Urge en lo inmediato, la conformación de un frente nacional de fábricas ocupadas, que unifique las luchas dispersas en este terreno y muestre el camino a seguir para otras agrupaciones obreras que están a las puertas de enfrentar cierres patronales.
Según aseveraciones realizadas por Maduro, la medida de cubrimiento estatal del diferencial salarial a las nóminas de toda la pequeña y mediana industria del país, busca eliminar la excusa de alzas de precios de los productos de estos sectores, al menos por tres meses. Resta esperar el desarrollo en la ejecución de dicha decisión para analizar sus alcances definitivos. Como sabemos, muchas pymes carecen de requisitos jurídicos, evaden el pago al ISLR y no tienen a sus trabajadores declarados en el seguro social, por lo que, si se imponen rigurosas exigencias o requisitos para acceder al beneficio gubernamental, entonces la medida no cubrirá a toda la pequeña y mediana industria nacional, donde pueden originarse despidos en masa o cierres de empresas.
Bajo una concepción simplista y reduccionista, se asume con esta decisión que se descargará por un tiempo del peso salarial en los costos de producción de las mercancías de origen pyme, y con esto los precios de los productos pueden permanecer congelados. Esta concepción deja de lado el hecho de que la economía venezolana está sumergida en hiperinflación, la cual, como hemos dicho anteriormente, se agudizará debido a que la única posibilidad de financiamiento de las medidas salariales y de los bonos, radica en el crecimiento de la emisión de dinero sin respaldo en producción de bienes y en reservas internacionales. Si los precios en el mercado no dejarán de elevarse y como el fin de toda actividad productiva en el capitalismo es producir un beneficio privado, el costo de producción quedará subordinado al costo de reposición de las mercancías, lo que generará presiones alcistas en todas las ramas de la economía que anularán cualquier intento de congelación de precios, incluidos los acordados. Esta es la razón esencial del por qué todos los intentos de regulación o congelación de costos fracasaron en el pasado, de la misma manera como fracasarán los recién emprendidos.
Como digresión necesaria, resulta curioso observar como los reformistas –categoría que calza cada vez menos en la dirección bolivariana– de todas las épocas y latitudes, que mientras insisten en permanecer dentro de los márgenes del capitalismo, persisten en la absurda idea de regular las relaciones económicas, bajo una lógica que aspira a ser racional, pero que se contrapone de forma obstinada a los fundamentos enraizados de un orden social signado por la competencia, la rapiña y la sinrazón. Aunque la realidad anárquica del capital no deja de abofetearles en la cara, la persistencia en sus errores no puede más que introducir elementos de caos en la economía. Venezuela constituye el ejemplo más dramático de lo que intentamos explicar.
Tras reuniones con el sector privado, hasta la fecha se han publicado en Gaceta Oficial dos listas de precios acordados para 33 productos de primera necesidad. Vale destacar, que dichos precios superan en un 268,12 Bs S al salario mínimo de 1800 Bs S recién establecido. Siguiendo la misma tónica de nuestro análisis, todos los antecedentes de fijación de precios pactados previos denuestan la impotencia de medidas de esta índole –por las razones antes explicadas– las cuales expresan la imposibilidad de efectuar cualquier forma de regulación exitosa al capitalismo. Si bien, durante estas últimas semanas, la SUNDDE ha salido a las calles del país a inspeccionar los precios en establecimientos comerciales, debemos recordar que estas acciones también fueron acometidas los primeros días luego de cada intento de regulación fracasado en el pasado. Al cabo de algunas semanas, nuevamente seremos testigos de la espiral ascendente en los precios de estos productos (más los que faltan para completar la lista de 50 bienes priorizados), los cuales han empezado a desaparecer de los anaqueles, como efecto del aprovechamiento de la población ante las primeras acciones fiscalizadoras del Estado –las cuales no podrán prolongarse por mucho tiempo–. Aunque la medida ha despertado ciertas esperanzas en un sector de las masas trabajadoras, responsablemente debemos decir que la escasez que ha comenzado a derivar, supone otro mecanismo de presión para que los precios mantengan su dinámica alcista.
Con el levantamiento del viejo régimen cambiario, hemos atestiguado una apreciación del tipo de cambio superior al 3000%. La tasa fluctuante oficial, que en la actualidad alcanza los 68 Bs S por US$, aún no ha podido abatir el precio fijado por la mayoría de marcadores referenciales paralelos, ubicados en su mayoría en el orden de los 100 Bs S por US$ aproximadamente. Mientras persista la escasez u oferta limitada de divisas, el mercado negro de las mismas seguirá presente como un factor de distorsión en la economía ante las caóticas condiciones financieras y macroeconómicas del país. La perspectiva apunta a que el tipo de cambio oficial fluctuante seguirá ascendiendo debido a la baja oferta de dólares de origen estatal y privado en el mercado legal, la cual se topará con una demanda cada vez mayor dada la acelerada depreciación del Bolívar.
En un intento de aminorar la enorme demanda de dólares, Maduro anunció más recientemente el Plan de Ahorro en Oro, con el cual se intenta ofrecer una reserva de valor donde las personas y empresas puedan depositar sus ahorros y así aliviar un poco la presión sobre las escasas divisas. La medida supone una nueva emisión de deuda del Estado, donde los inversores podrán adquirir un título respaldado en oro y al cabo de un tiempo recibir en dinero el monto equivalente de la cotización del mineral para el momento. Sin embargo, al tratarse de una maniobra emprendida por un gobierno que no goza de la confianza de la pequeña y gran burguesía, pareciera que la misma no contará con la eficacia esperada. Resta observar en la práctica su desarrollo.
El aumento del IVA de 12 a 16% en todos los productos no considerados de primera necesidad, y el cobro de impuestos a las grandes transacciones financieras, plantean de entrada la recaudación por parte del Estado de nuevos ingresos tributarios. De esta manera, el gobierno busca equilibrar su presupuesto, a costa de generar, en el caso de la primera medida, una mayor carestía en bienes no esenciales (en teoría) como ropa, calzado, entre otros, convertidos de antemano en inaccesibles para los trabajadores; aunque también extrayendo cierta cuota a los más ricos, en el caso de la segunda. Resulta paradójico que se declare querer avanzar hacia una “disciplina fiscal prusiana”, mediante nuevos cobros de tributos como los recién referidos, mientras se exoneran aranceles a las importaciones de insumos y bienes de capital para la agroindustria por un año, y se exime a PDVSA de cargas impositivas.
Esta es solo una muestra del carácter contradictorio de un recetario de decisiones económicas, que revisten la indecisión de una dirigencia gobernante deseosa de abrir las puertas al libre mercado, pero que aún acusa la presión de las clases oprimidas a las cuales se debe. Aunque la dirección bolivariana ha venido deslastrándose de los intereses de sus bases sociales en los últimos años, claramente entiende los riesgos asociados a una desvinculación frontal y definitiva de las últimas, por lo que cada medida pro-capitalista emprendida es barnizada con cierto contenido social, para disfrazar los retrocesos que nos distancian cada vez más de los avances y conquistas alcanzadas durante las primeras etapas de la revolución. ¡La clase obrera no puede dejarse confundir!
Es evidente que el Petro constituye un eje central en las decisiones anunciadas. El intento inicial del gobierno de tratar de captar divisas mediante la emisión y posterior venta de Petros –hecho que suponía una forma adicional de endeudamiento respaldado en barriles de petróleo no extraídos–, se topó con las sanciones de Washington de marzo, que prohibieron las transacciones con dicho criptoactivo dentro del poderoso sistema financiero estadounidense; así como también de un nulo reconocimiento internacional, incluso de Estados aliados de Venezuela.
Aunque se señala que el respaldo del Petro radica en las reservas petroleras del Bloque Ayacucho 01 de la Faja Petrolífera del Orinoco, al final, es la confianza que puedan manifestar sus potenciales compradores –en el ente que los emite– el factor que puede legitimar dicho sustento. Desde el punto de vista de un inversor o especulador financiero cualquiera, no genera mucho interés adquirir un criptoactivo cuyo Estado garante no cuenta con los recursos económicos para extraer los barriles de petróleo que lo sustentan. La debacle productiva de PDVSA sin duda refuerza tal desinterés. Si además consideramos que el gobierno emisor del Petro estriba sobre una situación de profunda inestabilidad política y social –donde sus opositores en la AN han dado a entender que no reconocerán las transacciones con dicha criptomoneda en caso de llegar al poder–, resulta mucho más razonable invertir en otra cosa. Estas son las razones fundamentales del por qué el Petro no ha podido consolidarse como un criptoactivo comercializable, hecho que ha movido al gobierno a darle un nuevo carácter.
Al quedar anulado el propósito inicial del Petro, el gobierno ha declarado que tal instrumento fungirá por ahora como unidad de cuenta referencial para la fijación de salarios y precios. De este modo, en teoría, se estaría tratando de emular la función que cumplió la moneda ficticia Unidad Real de Valor (URV) en la segunda fase del Plan Real, implementado en Brasil a mediados de los años 90 del siglo pasado, con el cual la burguesía de este país logró derrotar la hiperinflación, a costa de hacer pagar el costo de la crisis a los trabajadores.
Aunque no es el objetivo del presente escrito analizar a profundidad las características del Plan Real, conviene realizar unas breves acotaciones sobre el mismo para contrastar similitudes y diferencias: el URV estaba anclado al valor del Dólar en una forma de dolarización indirecta, donde los salarios, precios, tarifas y contratos se fijaban en torno a dicha unidad de cuenta referencial y no en el Cruzeiro (moneda circulante oficial altamente devaluada, posteriormente sustituida por la emisión física y transformación de las URV en reales). Cabe recordar que, durante la mayor parte del tiempo, la paridad se mantuvo en 1 URV=1 US$. Aquí salta a la vista una diferencia respecto a la medida adoptada por el gobierno bolivariano, según lo que hasta ahora se ha dejado escuchar de sus voceros. Supuestamente, el valor de los salarios y precios deberían establecerse en base a la cotización internacional del barril de petróleo venezolano, que aunque se calcula en dólares, su representación contable de valor y posible fluctuación difiere al de la moneda norteamericana. Quiere decir lo anterior, que de producirse aumentos en el precio del crudo venezolano, los salarios y costos aumentarían automáticamente dado el anclaje de estos últimos al valor del Petro. Sobre la base del discurso gubernamental, José Gregorio Piña, en su artículo del 27 de agosto: Anclaje del salario al valor del Petro ¿Puede funcionar?, ha sostenido incluso que, de aumentar el precio de las divisas en el mercado libre oficial, en esa misma medida subiría automáticamente el salario mínimo para mantener su anclaje con el Petro.
Hasta ahora, intelectuales de todas las tendencias han opinado sobre la medida de anclaje basados en las palabras de Maduro. Para los marxistas, es imperativo someter el discurso al tribunal de los hechos, para estudiar la realidad tal como ésta se presenta y no como se la imaginan –o manipulan– los individuos. A dos semanas tras la implementación de las decisiones anunciadas, observamos como la dinámica de costos y sueldos sigue siendo igual al periodo previo a la entrada en vigencia del supuesto anclaje, donde el desplome del poder de compra del salario y la fijación de precios en base a la tasa de cambio paralela continúan su marcha. A pesar de los leves aumentos en los precios del petróleo, registrados durante las últimas semanas, no se perciben por ninguna parte incidencias directas que impacten en los precios y en supuestos incrementos del valor del sueldo. Y por supuesto, tampoco las alzas en el tipo de cambio oficial han producido revaluaciones salariales.
Para hablar en el terreno de lo concreto, ya se puede observar que, a pesar de las fiscalizaciones de precios emprendidas por la SUNDDE, el remarcaje de los mismos en algunos comercios se orienta al tipo de cambio paralelo. Hay que decir, que de por si es un contrasentido el que se intenten anclar los precios en el mercado al valor del Petro, mientras se tratan de mantener congelados los mismos, o por lo menos de un número importante de bienes indispensables (posibilidad que descartamos de antemano).
En cuanto al tema salarial, para contrastar la disociación del discurso con respecto a la realidad, Maduro señaló el 17 de agosto pasado, que el sueldo mínimo aumentado a 1800 Bs S, equivaldría a medio Petro, es decir, 30 dólares a tasa de 60 Bs S por 1 US$, tras el levantamiento del control cambiario y en base a la cotización del barril de crudo venezolano para el momento. Mientras aún hoy, intelectuales pro-gobierno sostienen que el salario mínimo sigue equivaliendo a medio Petro, el valor de éste basado en dólares ha decrecido al seguirse imponiendo la primacía de los tipos de cambio tradicionales (oficial y paralelo) y no del anclaje, donde se suponía que este último lo revaluaría –por el alza en los precios del petróleo–. La tasa de cambio oficial, que para el 21 de agosto se situaba en poco más de 60 Bs S por US$, ha aumentado hasta ubicarse en 68 Bs S por US$, lo que quiere decir que el salario mínimo ha caído de 30 a 26,4 US$ aproximadamente (un 12%) en apenas dos semanas. Si tomamos en cuenta que la economía en general marcha al ritmo del marcaje paralelo, en realidad el salario mínimo equivale actualmente a 18 US$ mensuales. Con la perspectiva de agudización de la hiperinflación y de las devaluaciones, que hemos fijado en el presente artículo, solo es cuestión de tiempo (poco en realidad) para que el sueldo mínimo en Venezuela vuelva al nivel de 1 Dólar mensual, como se encontraba antes de la aplicación del PRPE, pero esta vez no a poco más 5 millones de Bs, sino a 1800 Bs S o 180 millones de Bs anteriores a la reconversión.
Desde nuestro punto de vista, la medida de anclaje al Petro, tal y como se ha concebido hasta ahora, no podrá materializarse pues su correlato estabilizador y potencialmente revaluado de salarios va en dirección opuesta a los dictámenes de las leyes del mercado capitalista, las cuales, queramos o no, siempre se impondrán en el marco de las relaciones de propiedad burguesas. A la luz de lo observado y basados en nuestro análisis, los precios en el mercado nacional seguirán convergiendo a las tasas que marque el Dólar paralelo, lo que hasta cierto punto supone un anclaje fáctico al valor directo del dólar y no hacia el Petro, mientras los salarios seguirán hundiéndose en la escoria de la crisis del capitalismo venezolano.
Volviendo al Plan Real brasileño, el éxito del mismo, en lo tocante al abatimiento de la hiperinflación, radicó en toda una amplia gama de medidas anti-populares, de las cuales solo mencionaremos las más importantes: 1) se impulsó un ajuste macroeconómico agresivo, donde se eliminaron o relajaron los controles a la economía, se suprimieron los gastos estatales y se inició una política de privatizaciones –donde más de 160 empresas públicas pasaron a manos privadas–, todo para equilibrar las cuentas estatales; 2) se emprendió una dieta monetaria, limitando la emisión de reales a los niveles de reservas internacionales, con lo cual se impidió la monetización del déficit presupuestario; y 3) se establecieron tipos de interés altos para atraer inversiones extranjeras y limitar la oferta de dinero. Como resultado de lo anterior, la inflación en Brasil pasó de promediar un 43% mensual durante el primer semestre de 1994, a un 3,1% en el segundo y un 1,7% en 1995, logro cimentado con la pauperización de las condiciones de vida y mayores niveles de explotación para la clase trabajadora del país vecino.
Como vemos, basados en la experiencia brasileña, donde el ajuste burgués fue ejecutado de forma profunda y severa, podemos reafirmar que las inconsistencias contenidas en el PRPE, desarrolladas durante el presente artículo, anulan cualquier posibilidad de éxito en cuanto a los objetivos de estabilización económica que desde Miraflores se han planteado. La situación se simplifica de la siguiente manera: o se aplica el programa de la burguesía hasta las últimas consecuencias, o se emprende un viraje radical hacia la izquierda que derrumbe los cimientos del capitalismo en nuestro país. Como marxistas revolucionarios, abogamos por el segundo camino planteado.
La bancarrota histórica de la dirección bolivariana se hace cada vez más evidente con el paso indetenible de los días. En declaraciones de buena parte de la dirigencia se escucha, con mayor Frecuencia, alusiones a la necesidad de enmendar los errores del pasado y avanzar hacia “nuevos comienzos”. Claramente, con estas expresiones, se está renegando el pasado de expropiaciones y medidas contundentes impulsadas por Chávez contra los capitalistas, banqueros y terratenientes, que, aunque fueron insuficientes en su momento, no cabe duda que apuntaban hacia la dirección correcta. La misma burocracia que ha venido asfixiando las múltiples experiencias de control obrero, que destruyó el plan Guayana Socialista, y que con pésimas gestiones y un manejo corrupto, se encargó de hundir la productividad de las empresas y tierras antiguamente expropiadas, ahora pretende achacar las culpas de su fracaso a las políticas del líder histórico de la revolución –por el que juran en cada frase– señalando entre líneas que el error de irrespetar la sacrosanta propiedad privada es cosa del pasado. Ante nuestros ojos y de forma cada vez más clara, la dirección bolivariana se está despojando de sus máscaras.
Es bastante claro, que el avance hacia el socialismo no pasa por las voluntades de dirigentes y burócratas acomodados a los privilegios y prebendas del putrefacto Estado burgués. Para volver a encarrilarnos hacia rumbos revolucionarios, es perentorio iniciar las tareas de construcción de una alternativa orgánica radical, que aglutine a los sectores más combativos del chavismo y la izquierda en general. Tal labor, que supone una carrera larga y agotadora, demanda de temple, paciencia y sobre todo confianza en la clase obrera, la cual en el capitalismo no le queda otro remedio más que luchar por la defensa de sus intereses. Sobre la base de los funestos escenarios que se avizoran, también surgen oportunidades para que los Trabajadores, movidos por la defensa de sus derechos, puedan avanzar en su organización y en el desarrollo de su conciencia de clase. Ante las amenazas de cierres patronales, decimos: ¡Fábrica cerrada, fábrica tomada bajo control obrero!
Para completar la revolución, es necesario construir un nuevo movimiento de masas, dotado de un genuino programa revolucionario, que vincule las reivindicaciones más acuciantes del pueblo trabajador con las tareas históricas de transformación socialista de la sociedad. Aparejado a este trabajo, debe iniciarse en lo inmediato la edificación de un movimiento por el control obrero, que contribuya en la maduración de las condiciones subjetivas para que la clase obrera tome las riendas de la economía y de la sociedad.
Sobre la base de lo anterior, desde la Corriente Marxista Lucha de Clases proponemos:
Monopolio estatal sobre el comercio exterior. ¡Basta de entregar las divisas a la burguesía!
Auditoria obrera y popular sobre todas las divisas entregadas. ¡Cárcel y confiscación de bienes a los empresarios y burócratas que las hayan usado de manera impropia!
Nacionalización –sin compensación– y centralización de la banca y las aseguradoras bajo control obrero, para poner todos los recursos a disposición de un plan de producción nacional, en empresas estatales y bajo control de los trabajadores.
Nacionalización sin compensación de todos monopolios y empresas implicadas en el sabotaje, el acaparamiento y el bachaqueo. Con el hambre del pueblo no se juega.
Nacionalización de la red de producción, distribución y venta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, bajo control obrero y de las comunidades organizadas para impedir la corrupción y el despilfarro.
Expropiación de todos los latifundios bajo control de los trabajadores del campo.
Suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa. ¡Los alimentos y medicinas del pueblo están por encima de las ansias de lucro de los buitres especuladores!
Contra la carestía de la vida: escala móvil de salarios. Los sueldos deben aumentar de manera correlativa y equiparada al incremento de los precios.
Nacionalización de las líneas de transporte colectivo bajo control obrero y popular.
¡Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado! ¡Abajo la burocracia!
Creación de consejos de trabajadores socialistas en todas las instituciones y empresas del Estado, para ejercer control obrero.
Elegibilidad y revocación de todos los cargos públicos.
Que ningún funcionario del nuevo Estado gane un salario superior al de un obrero cualificado. Servir a la revolución es un deber no un privilegio.
Defender la revolución con la organización revolucionaria de la clase trabajadora y el pueblo.
Organización de unidades de la milicia bolivariana en cada fábrica, lugar de trabajo y barrio, bajo control de la clase obrera y el pueblo organizado.
Creación de comités de soldados y suboficiales revolucionarios dentro de la FANB, para ejercer la vigilancia revolucionaria e impedir cualquier intento golpista entre la oficialidad.
Hacer un llamado internacionalista a los pueblos y a los trabajadores del mundo para que defiendan la Revolución Bolivariana en sus respectivas latitudes.
¡La clase obrera no puede permitirse más retrocesos! ¡Es momento de pasar a la acción!
Fuente: https://luchadeclases.org.ve
