Según estadísticas manejadas por la Policía Nacional Civil, abril del 2019 registró 251 casos de homicidios y asesinatos, el promedio en lo que va del año es de 10 casos diarios de estos hechos1. La violencia que flagela a la sociedad salvadoreña se constituye en uno de los más grandes e inmanejables problemas sociales que enfrentamos en la era de la posguerra. Después de los Acuerdos de Paz, El Salvador ha enfrentado más de dos décadas de una violencia crónica y hostil que ha socavado fuertemente el funcionamiento de la sociedad, ha trastornado la convivencia y cohesión social; por tal razón se vuelve imperante hacer una pausa y realizar un análisis desde la perspectiva histórica, económica y social.
El Salvador ha cambiado notablemente en las últimas décadas después del conflicto armado en las áreas sociales, demográficas, culturales, económicas, etc., sin embargo, las tensiones estructurales de antaño que propician la desigualdad social y que llevaron al país a dicho conflicto siguen vigentes y, en algunos casos se han recrudecido. Por lo tanto, hablar de la oleada de violencia que vive el país y remitirnos nada más a fuentes estadísticas o al accionar de las estructuras criminales, las llamadas maras, es tener una visión sesgada y mal intencionada por ocultar las otras violencias como la corrupción del Estado, la evasión fiscal de las grandes empresas, el narcotráfico, entre otras, que son las que dan perpetuidad al estado de decadencia social de nuestro país y que son factor clave para entender la violencia desmedida en la que vivimos diariamente. En este sentido, darle tratamiento al fenómeno de la violencia social que padecemos requiere estar consiente que esta dinámica de violencia criminal se viene fermentando en el país desde décadas atrás y que tiene sus raíces en los problemas estructurales del sistema capitalista.
Además, es imperante prestar atención y dar tratamiento al hecho de que este fenómeno se torna para las nuevas generaciones como un modelaje de las relaciones sociales y de las actitudes y percepciones individuales. Debemos ser conscientes que el azote implacable de este fenómeno como siempre afecta más a las clases explotadas y oprimidas, a nuestros jóvenes y nuestros niños que a diario se ven expuestos a contextos que ponen en peligro sus vidas y que sin embargo deben asumir este hecho como algo cotidiano y aprender a convivir con el crimen y la violencia a sus espaldas. La mayoría de salvadoreños han sido sufrido en carne propia los agravios de estos hechos, han padecido secuelas de dolor y desamparo, heridas que en muchos de los casos son imborrables en la vida misma de las víctimas y sus sobrevivientes.
La investigadora Jeannette Aguilar, especialista en temas de seguridad ciudadana en El Salvador en su investigación “Las políticas de seguridad pública en El Salvador, 2003-2018” hace un extenso recorrido que permite apreciar la constante falla en el tema de formulación e implementación de políticas para combatir la violencia en el país, plantea que todas y cada una de las políticas formuladas desde el 2003 han sido de carácter paliativo y punitivo, centrándose en una pequeña parte del fenómeno: las maras3.
Teniendo en cuenta lo anterior, se vuelve necesario cuestionar por qué los distintos gobiernos que ha tenido el país han planteado y siguen planteando que el crimen y la violencia vivida es nada más producto de las pandillas y por qué se siguen adoptando medidas coercitivas y punitivas que en reiteradas ocasiones han fracasado notablemente. Hasta la fecha, las políticas de seguridad pública que se han puesto en marcha han sido en su mayoría de este tipo, tal es el caso de la mano dura, súper mano dura, medidas extraordinarias, etc., que al contrario de solucionar el problema han potenciado aún más la violencia por parte de los grupos pandilleriles además de propiciar que estos se reestructuren y organicen de mejor manera para hacerle frente a esta represión desmedida. En un primer momento, muchas de estas medidas de seguridad reactivas que tenían carácter temporal, pero debido al clamor popular por las emergencias de seguridad ciudadana se han vuelto permanentes, dejando en evidencia la improvisación del aparato estatal. El Estado burgués no ha sido capaz y nunca será capaz de comprender y analizar las implicaciones y cambios estructurales necesarios que darían una solución integral del problema.
No está de más recordar que generalmente la seguridad ciudadana y las políticas que la garantizan han sido manipuladas en reiteradas ocasiones como estrategias de coyuntura electoral, ya que los gobiernos y actores políticos se han servido del “combate” a la violencia y el crimen organizado para ganar simpatías entre los ciudadanos para que se conviertan en réditos electorales y beneficios personales. Así mismo, la violencia es utilizada por la burguesía que a través de la “seguridad privada” hacen millonarios negocios a expensas de explotar el miedo y temor de la mayoría de la población. La gente compra a casi cualquier precio lo que el Estado no puede proveerles, él tiene la obligación de generar una plataforma de seguridad ciudadana, sin embargo, al no hacerlo le deja las puertas abiertas a los grupos de poder para que llenen sus arcas mercando seguridad ilusoria.
Estamos a las puertas de la toma de posesión del nuevo presidente electo y en su plan de gobierno llamado Plan Cuscatlán dedica un promedio de 70 páginas que contienen propuestas o medidas para combatir la corrupción, el narcotráfico, la evasión y elusión de impuestos, y los grupos criminales2. Al leerlo no hace falta mayor análisis para darse cuenta inmediatamente que se sigue centrando en medidas punitivas y coercitivas, que su caballo de batalla sigue siendo el combate a las maras, trata de aderezarlo con conceptos propios de cultura de paz, sin embargo, sigue sin dilucidar soluciones integrales. Al avanzar en la lectura se nota que pretende seguir con algunas acciones del “Plan El Salvador Seguro” que tiene como estandarte tres programas, los cuales son: Emprendimiento Solidario (PES), Apoyo Temporal al Ingreso (PATI Joven), y la construcción y remodelación de espacios públicos de calidad y seguros. Estos programas en el papel son realmente una maravilla, sin embargo, en la práctica desde el 2014 no han arrojado resultados concretos en avance a la seguridad ciudadana, ya sea por la mala administración o por su mala ejecución.
En un país como el nuestro adonde la violencia es una condición crónica y progresiva, las políticas públicas, los planes y programas de gobierno deben estar construidos bajo un estándar de planificación flexible basado en hechos reales que tomen en cuenta cada una de las aristas que constituyen al fenómeno, deben estar en constate evaluación y observar de manera critica la evolución de las dinámicas criminales y sobre todo deben estar enfocadas y dirigidas a combatir hasta la erradicación de todos esas causas estructurales que hunden en la pobreza (todo tipo de pobreza) a la población.
Por lo tanto, el gobierno entrante si en verdad está comprometido con la población debe centrarse en combatir y erradicar el sistema capitalista y el avance del neoliberalismo que son los responsables de la complejización del fenómeno de crimen y violencia y de permitir que se eleve a índices endémicos. La respuesta del pueblo ante esta situación tan alarmante debe ser la movilización y la organización de masas, con consignas claras de reivindicaciones justas que garanticen los derechos humanos; la izquierda salvadoreña debe comprometerse y apoyar la participación ciudadana que geste una ascensión del poder popular para la construcción de un sistema socialista que pueda garantizar una verdadera seguridad democrática y popular.
“Por favor levanta Salva, Salva, Salvador
vienen ya las lluvias y la tierra lista esta
une ya tus manos, siembra ya
aunque tengan sangre.”
(extracto de la canción Salvador, grupo Alux Nahual del disco Americamorfosis, 1993)
- http://www.pnc.gob.sv/portal/page/portal/informativo.
- https://plancuscatlan.com
- Las políticas de seguridad pública en El Salvador, 2003-2018 Jeannette Aguilar, ediciones Boll.
