En las últimas horas, el régimen de Nayib Bukele ha ejercido represión y encarcelamiento contra la legítima organización sindical y comunitaria. En la noche del martes 10 de enero fueron arrestados dos sindicalistas de la Alcaldía de Soyapango, que protestaban por el pago de salarios adeudados; mientras que en la madrugada del miércoles 11 arrestaron a cinco líderes comunitarios de Santa Marta, incluyendo al director de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES Santa Marta).
El accionar represivo del Estado contra la juventud y algunos líderes comunitarios, que ha sido potenciado durante todo el régimen de excepción, hace que estas acciones no sean tan sorpresivas, pero en un año preelectoral y en medio de una crisis generalizada toda acción debe analizarse en su justa dimensión, debemos preguntarnos entonces ¿qué hay detrás de todo esto?
Bancarrota y corrupción en las alcaldías
Desde que se eliminó el FODES a finales del 2021, se volvió común que muchas alcaldías denunciaran la falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones regulares, incluyendo el pago de salarios para sus empleados y servicios como la recolección de basura en los municipios. Esto era previsible, a pesar que el FODES tenía como principal función ser un fondo para el desarrollo de proyectos municipales, en muchos casos se utilizaba para pagar salarios o complementar el pago de otros servicios, sobre todo para las alcaldías pequeñas.
Sin embargo, sin mayor consulta y contrario a la promesa en campaña presidencial de El presidente Bukele de aumentar este fondo al 10% del Presupuesto, el FODES fue eliminado dejando sin mayores alternativas a las comunas. La falta de estos fondos claves sumado a todo un entramado de corrupción dentro de las alcaldías ha sido la combinación perfecta de una bomba de tiempo que ha comenzado a estallar en Soyapango y otras alcaldías del gran San Salvador.
Ya eran varios meses en los que los sindicalistas de la Alcaldía de Soyapango habían estado denunciando la retención de sus salarios y otras prestaciones por parte de la alcaldesa electa Nercy Montano. Estos enfrentamientos culminaron con la detención de la alcaldesa por apropiación de cuotas laborales y desvío de fondos, en diciembre pasado. El propio presidente Bukele presentó esto como una muestra de que en su gobierno no se tolera la corrupción, sin embargo, a medida han pasado las semanas parece más claro que la detención de la alcaldesa solo fue una mecanismo de escape, un show planificado que no resolvió el problema, porque en el fondo los empleados seguían sin recibir el salario que por ley les corresponde.
Criminalización de la protesta
Al contrario de dar una respuesta favorable y pagar por fin los salarios retenidos, el gobierno ha respondido con la intimidación, el acoso y el arresto de dos sindicalistas quienes, haciendo uso de su derecho a la protesta, cerraron algunas arterias del municipio en la tarde del martes 10. Este arresto se suma al de otro trabajador de la alcaldía de San Marcos que exigía el pago de un bono navideño.
Esta respuesta es una clara muestra que el gobierno no está dispuesto a resolver los problemas de la clase trabajadora, pero además es una manera de intimidar y debilitar la organización sindical en las alcaldías. Es evidente que, al no tener dinero, cada vez más alcaldías caerán en impago lo que ocasionará que los trabajadores se manifiesten de manera más recurrente. Esto afectaría la imagen del gobierno de Nuevas Ideas de cara a las elecciones del 2024 y por tanto, es algo que no toleran.
A pesar que la mayoría de sindicatos en el país se ha plegado a los dictámenes del régimen, haciendo nula resistencia a los ataques que se han realizado en los últimos meses -por ejemplo, la reforma de pensiones-, la organización sindical sigue siendo una conquista de la clase trabajadora organizada, y un ataque a este derecho no debe permitirse.
Queda claro que la criminalización de la protesta es algo que estará a la orden del día de ahora en adelante, y esto solo puede ser combatido con una lucha decidida por la defensa de nuestros derechos, ¡ni un paso atrás en los derechos conquistados!
Ataques a la organización comunitaria
Sumado a lo anterior, el arresto de cinco líderes comunitarios en Santa Marta en Cabañas, también es alarmante y parte de los mismos objetivos que busca el Estado. Hablar de Santa Marta es hablar de organización comunitaria, de personas que fueron exiliadas y sufrieron miles de vejámenes durante el conflicto armado, es hablar de resistencia y de la memoria histórica que se ha logrado mantener a partir de la propia organización; pero también y sobre todo, es hablar de lucha incansable y victoriosa contra la minería metálica en el país.
Por lo anterior, el arresto de líderes comunitarios solo puede entenderse como un ataque político, que busca deslegitimar y desprestigiar a la población luchadora y heroica de Santa Marta, mermar la memoría histórica, desarticular la organización y buscar fines económicos en torno a la minería.
A los líderes detenidos se les acusa de un crimen ocurrido en 1989, pasando por alto algunas de las leyes de amnistía y los propios Acuerdo de Paz que se conmemoraran en un par de días. Pero además se les acusa por agrupaciones ilícitas, delito que bajo el régimen de excepción en vigencia se atribuye a pandillas. La tipificación de los delitos en este caso parecen más una excusa, de fondo lo que se busca como se acotó anteriormente es desarticular la organización comunitaria en uno de los municipios con grandes tradiciones de lucha.
Intereses económicos y políticos de fondo
La situación financiera del Estado es crítica, las alcaldías al ser limitadas por fondos del gobierno central, como hemos visto irán entrando en crisis tras crisis. No solo ha sido la alcaldía de Soyapango la que ha presentado problemas de solvencia financiera sino una serie de alcaldías de diferentes partes del país que han presentado impagos y deudas. Este es el futuro de las instituciones estatales que se verán limitadas por la crisis económica, los primeros en sentir en carne viva los efectos de esta bomba de tiempo son los empleados públicos, las acciones contra los sindicatos en San Marcos y Soyapango, donde se ha utilizados la policía y el ejército para intimidar son solo un mensaje para cualquier otro sindicatos o grupo de trabajadores que intente luchar por sus derechos.
Por otro lado, el gobierno al verse acorralado por la crisis y por falta de recursos económicos de donde echar mano para estabilizar sus finanzas, buscará de una u otra forma de ceder más bienes naturales. La forma más práctica de resolver esto es aperturando los grandes negocios de las grandes trasnacionales, que fueron detenidos por la lucha popular en el país, estamos hablando principalmente de la extracción minera, el ataque a los líderes de la organización comunitaria en Santa Marta busca eliminar cualquier oposición a los futuros negocios.
A medida que la crisis se acerca los procesos se aceleran, pronto será mucho más difícil para el gobierno sin que en cada paso, arrastre o aplaste tras de sí las conquistas de la clase obrera. Ante esta situación no queda otra que reforzar y extender la resistencia y la lucha contra el régimen de Bukele y los intereses de la burguesía nacional y extranjera. Solo la organización popular y sindical puede ofrecer una resistencia efectiva a los ataques. Las organizaciones comunitarias, sindicatos y la juventud debe traer a la mesa las formas de lucha tradicionales de la clase trabajadora, la movilización y las huelgas para librar la futura batalla por nuestros derechos y nuestro futuro, no hay otro camino.
Por eso animamos a la clase obrera y la juventud revolucionaria a movilizarse este 15 de enero desde el Parque Cuscatlan hacia el Centro de San Salvador por la defensa de nuestras conquistas y por la lucha en contra del régimen reaccionario de la burguesía y Bukele. No te quedes sin movilizarte, solidarizate y lucha por tu futuro.
¡El 15 marchamos!
