Las crisis humanitarias bajo el capitalismo alcanzan cada vez niveles incontenibles. Los flujos migratorios de los países del tercer mundo de Latinoamérica y el Caribe hacia Estados Unidos se han convertido en oleadas incontrolables de migrantes desde hace varios años. En otros artículos hemos explicado que el origen de la migración latinoamericana hacia el norte se encuentra en el carácter intervencionista y explotador del sistema económico estadounidense que afecta a todo el continente. Paradójicamente, la agenda del gobierno del presidente Donald Trump ha consistido en una serie de medidas contraproducentes e inhumanas para detener a los migrantes que intentan llegar a la frontera sur de los EE.UU y al mismo tiempo atacar ingenuamente las causas que obligan a estas personas a abandonar sus países de origen.
Diferentes medidas han sido implementadas con la complicidad de los gobiernos del triángulo norte centroamericano, y últimamente con la colaboración a regañadientes del gobierno mexicano, los cuales son los países que más expulsan a sus compatriotas en busca de mejorar sus condiciones económicas y de seguridad. Como parte del sometimiento a estas medidas el gobierno guatemalteco del saliente presidente Jimmy Morales a través de su ministro de gobernación ha firmado en Washington un humillante acuerdo que, según Donald Trump, convierte a Guatemala en un tercer país seguro, obligado a acoger a las personas migrantes de El Salvador y Honduras, mientras se les evalúan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.
Endurecimiento de las medidas anti-inmigrantes por parte de Trump
A finales de mayo el nuevo secretario de Seguridad Nacional de EE.UU Kevin McAleenan viajó a Guatemala y se reunió con el presidente Morales y sus ministros del Exterior, Gobernación y Defensa en donde se firmó un primer convenio de “cooperación” que contempla el envío de tropas federales de Estados Unidos a Guatemala para “combatir el tráfico de drogas” y el paso de migrantes hacia EE.UU. Sería ingenuo pensar que se pretende combatir el narcotráfico en un país donde el gobierno está vinculado con los carteles que operan dentro y fuera de su territorio; más bien es la vieja estrategia de Washington de militarizar el llamado patrio trasero para intentar mantenerlo bajo su control.
El 3 de julio 6 mil efectivos de la recién creada Guardia Nacional Mexicana (el ejército y la marina)[1] fueron desplegados en la frontera sur con Guatemala para intentar detener a los migrantes centroamericanos, como parte de las medidas impuestas por Trump a México, ya que de no endurecer los controles migratorios, el gobierno de López Obrador, sería sometido al incremento de aranceles sobre los productos que México exporta a su vecino del norte, lo cual desató una crisis diplomática que terminó en la sumisión de AMLO a las exigencias de Trump, sin embargo éste ultimo no logró su principal cometido que era firmar el acuerdo con México del famoso tercer país seguro.
Las amenazas de Trump para forzar el acuerdo
En ese contexto de profunda crisis migratoria e institucional, el gobierno de Guatemala venía negociando durante los últimos meses con Estados Unidos (según el periódico The New Yorker)[2] un nuevo convenio, oficialmente denominado Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección, mejor conocido como Acuerdo de Tercer País Seguro, a pesar que las autoridades guatemaltecas negaran que estaban buscando dicho acuerdo. Sin embargo a mediados de julio las negociaciones se detuvieron debido a las críticas de algunos sectores hacia el gobierno de Guatemala por estar negociando dicho acuerdo, y principalmente debido a algunos amparos emitidos por la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca entre los cuales dicha Corte resolvió que para firmar el acuerdo el Ejecutivo debe contar con la aprobación del Congreso ya que para poder cumplirlo era necesaria la aprobación del presupuesto por parte de los diputados.
Esa postura de la CC y las críticas de algunos sectores de la sociedad guatemalteca, motivadas según el presidente Morales, por el afán de ganar protagonismo, desató la ira del presidente estadounidense, quien hizo públicas una serie de amenazas hacia Guatemala por haberse retractado de firmar el acuerdo. En un primer anuncio, dichas amenazas (que en realidad son una forma de extorsión) incluían aumentar el impuesto a las remesas que los guatemaltecos envían desde Estados Unidos a sus familiares en Guatemala e incrementar gradualmente los aranceles desde el 5 hasta el 25% a los productos que Guatemala exporta a los EE.UU.
Ante ese conjunto de amenazas de Trump; Jimmy Morales, algunos integrantes de su gabinete e incluso el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) Juan Carlos Tefel, culparon a la Corte de Constitucionalidad y a algunas organizaciones sociales por las amenazas de Washington, y les reprocharon su “intromisión” en la política exterior del país, algo que según ellos le compete exclusivamente al Ejecutivo. Por otra parte algunos analistas guatemaltecos sostuvieron que las amenazas de Trump buscaban forzar un acuerdo que no logró concretizar con México, utilizando temas críticos para Guatemala como las remesas y los aranceles a los productos para obtener el acuerdo de Tercer País Seguro con el actual gobierno antes que termine su período.
Días más tarde al continuar paralizadas las negociaciones y que incluso el presidente Morales suspendiera un viaje para reunirse con Trump, éste último volvió a amenazar a los guatemaltecos esta vez con la prohibición de ingresar a EE.UU incluso a aquellos que trataran hacerlo de forma legal.
Firma del acuerdo, ¿qué implica para Guatemala?
El 26 de Julio, 2 días después de que Trump publicó amenazas más severas, el ministro de Gobernación de Guatemala Enrique Degenhart firmó el acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kevin McAleenan en la Casa Blanca ante la supervisión del mismo Trump. El gobierno de Jimmy Morales que anteriormente había negado estar buscando ese acuerdo, publicó un comunicado oficial en el que intentaba presentar el acuerdo como algo positivo para Guatemala, cuando en realidad este país no está en las condiciones para firmar semejante acuerdo.
El principio de “país seguro” está vigente desde 1954 y fue establecido en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, aprobada por la ONU en 1951. Este principio establece que “cuando alguien abandona su país para pedir asilo en otro, esta segunda nación puede remitir a la persona a un tercer país que considere que puede darle las mismas atenciones”[3]. Con base en este principio, el Acuerdo de Tercer País Seguro que el gobierno guatemalteco firmó con Estados Unidos implica que miles de migrantes que soliciten asilo a EE.UU podrán ser enviados a Guatemala para permanecer en este país mientras se les tramita su petición de asilo en el saturado sistema estadounidense. Para lo cual Guatemala debería tener las condiciones de infraestructura y servicios básicos para atender los miles de migrantes que EE.UU le enviará. Justamente por estas razones el acuerdo ha sido duramente cuestionado ya que el país centroamericano no cuenta con las condiciones mínimas ni para su propia población y lejos de ser un país seguro es uno de los países más pobres y violentos del continente y del mundo. Ante eso el presidente Morales ha negado que se trate de un Acuerdo de Tercer País Seguro sino que según él es un convenio de “Solidaridad Internacional para los Migrantes”. Mientras tanto Trump no se anda con rodeos al referirse al Acuerdo de Tercer País Seguro que firmó con Guatemala porque “simplemente nos llevamos bien y ellos están haciendo lo que les hemos pedido que hagan”[4].
El comunicado emitido por el gobierno guatemalteco indica que el acuerdo tendrá una fase inicial de implementación con los migrantes salvadoreños y hondureños, aunque las publicaciones del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU dejan entrever que la “cobertura” se puede ampliar a migrantes de otros países. Los grandes vacíos del acuerdo es que no especifica de donde saldrán los recursos que serán utilizados para atender a los refugiados, ni donde ni cómo se construirán los “centros de protección migratoria” o mejor dicho los campos de concentración de refugiados centroamericanos.
Donald Trump está obligando a los débiles países cercanos a su frontera sur a aceptar las políticas migratorias desacertadas que ha venido pregonando desde su época de campaña y que ahora está implementando de la forma más cruda. Todo esto responde a una estrategia del magnate y sus asesores para proyectar su imagen de cara a las elecciones presidenciales del 2020 en EE.UU. Por otra parte Jimmy Morales quien es un lamebotas del imperialismo norteamericano con tal de mantener su blindaje ante las acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, ha desconocido una vez más las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y la voluntad de las organizaciones sociales al firmar este acuerdo con EE.UU que tendrá que ser implementado por el presidente electo Alejandro Giammatei y de aplicarse tendrá consecuencias catastróficas para el país centroamericano.
[1] http://bloquepopularjuvenil.org/politica-migratoria-de-trump-subordinacion-del-gobierno-mexicano-y-fortalecimiento-de-los-gobiernos-de-derecha-en-centroamerica/
[2] https://www.newyorker.com/news/news-desk/trump-poised-to-sign-a-radical-agreement-to-send-future-asylum-seekers-to-guatemala
[3] https://elfaro.net/es/201907/centroamerica/23523/Guatemala-se-vuelve-cómplice-de-Trump-en-contra-del-asilo-a-centroamericanos.htm
[4] https://www.nodal.am/2019/07/eeuu-podra-enviar-migrantes-de-cualquier-parte-del-mundo-a-guatemala/
