En medio de la zozobra generada por la crisis de la “joven democracia” de nuestro país, que se manifiesta en los diferentes acontecimientos desestabilizadores de los últimos meses, los parlamentarios de ciertos partidos políticos añadieron otro capítulo oscuro a esta serie desconcertante que se desarrolla en nuestro país y que tiene sus vínculos con la situación general a nivel internacional.
El pasado 26 de febrero, 44 diputados y diputadas de ARENA, PCN y PDC aprobaron de forma exprés y sin haber sometido a discusión plenaria la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación conocida como Ley de Reconciliación. La aprobación de esta Ley se da 4 años después de que la Sala de lo Constitucional anulara en 2016 la Ley de Amnistía General aprobada en 1993 porque encubría a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes durante la guerra civil mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. En su sentencia la Sala también ordenaba a la Asamblea Legislativa la elaboración y aprobación de una nueva ley al respecto. Sin embargo, los parlamentarios esperaron hasta la última semana del plazo establecido por la Sala y, para hacerlo aún más repudiable, aprobaron una ley que permite que los señalados por crímenes durante la guerra continúen siendo impunes o sean castigados con guantes de seda.
Dos días después, el 28 de febrero, el presidente de la república, Nayib Bukele, emitió veto presidencial declarando dicha Ley como inconstitucional por no garantizar la justicia, por no consultar a las víctimas del conflicto y por no cumplir con los parámetros de la sentencia de la Sala de 2016. El presidente hizo uso de su facultad vetando esta Ley como parte de su enfrentamiento abierto con la Asamblea Legislativa, sin embargo, él también ha incumplido otra resolución que la Sala emitió en 2017 la cual le ordena al Ejecutivo abrir los archivos oficiales para las respectivas investigaciones, pero el ministerio de Defensa ha impedido el acceso a los archivos de la Fuerza Armada en el proceso de las investigaciones por el caso de la masacre de El Mozote.
¿Qué intereses están detrás de esta “Ley de Reconciliación”?
Lo anterior solo es una muestra más del funcionamiento de las instituciones democráticas en su esfuerzo para garantizar la justicia y el cumplimiento de los derechos humanos a la población de un país como el nuestro. O mejor dicho es el proceder de los funcionarios burócratas para proteger sus privilegios y seguir trabajando indefinidamente para sus amos, los verdaderos dueños del país. Hablan de buscar la justicia transicional y restaurativa, pero en la realidad se la han negado por décadas a las víctimas de la guerra y tampoco toman en cuenta las resoluciones y observaciones de organismos internacionales o nacionales de derechos humanos y lo hacen muy superficialmente con las propuestas de las víctimas del conflicto armado o de sus familiares.
Hay un conflicto de clases permanente en todo este proceso, los burgueses nacionales y extranjeros utilizaron a los diferentes cuerpos de seguridad de la época para que enfrentaran “en nombre de la defensa de la democracia” a las organizaciones armadas de la revolución popular salvadoreña. Lo anterior significa que detrás de quienes ejecutaron la muerte de miles de mártires durante la guerra está la gran burguesía que aún sigue dictando los movimientos de su funcionarios. Llegado a un punto muerto en el enfrentamiento decidieron firmar unos acuerdos que sólo se explican a partir de la Ley de Amnistía General de 1993, aprobada por ARENA y PDC en un madrugón que también fue exprés. Es decir, elaboraron un acuerdo definitivo siempre y cuando los criminales no fuesen investigados ni condenados, mucho menos quienes les daban ordenes de arrasar las comunidades sospechosas de subversión.
Esa impunidad elaborada en la cúspide de la pirámide social en beneficio de quienes la habitan, es la que hizo posible que la guerra continuara por otros medios aunque siempre entre los estratos más desfavorecidos de la población. Muchos exmilitares y exguerrilleros se convirtieron en asaltantes o gánsteres profundizando las heridas de la guerra que nunca fueron sanadas y dando lugar a las bandas de criminales y luego a las pandillas, en muchos casos, con la venia misma de funcionarios del gobierno, dando como resultado miles de víctimas cada año. Esa es la paz y la justicia de la que tanto hablan los dirigentes de nuestra pequeña nación.
Durante 27 años han disfrutado de una barra libre de impunidad, inmunidad y privilegios a costa de las víctimas que quedan en el olvido y cuyas cifras siguen aumentando ante la falta de los medios de vida necesarios y la amenaza de los grupos armados. Ahora algunos de estos excombatientes que están en la Asamblea Legislativa, en los ministerios del Ejecutivo o en los concejos municipales quieren que se les extienda la amnistía porque ya están muy viejos. ¿A eso se refieren con justicia transicional? ¿No debería ser justicia penal para los autores de crímenes que según la Sala de lo Constitucional no prescriben?
¿Cuál es el contenido de la Ley y qué implicaciones tiene?
Los diputados y diputadas integrantes de la comisión responsable para la elaboración de la ley recibieron durante el último año a asociaciones de víctimas, representantes de instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, al igual que a organizaciones de ex combatientes, no obstante en esos acercamientos no discutieron la propuesta de ley que pretendían aprobar sino que se limitaron a recibir los documentos que las organizaciones presentaron para decidir al final a puerta cerrada el contenido del decreto que se iba a aprobar. Y si bien es cierto que han agregado elementos que fueron propuestos por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, (IDHUCA), la parte principal de la ley es la que ellos mantienen para que la impunidad de los criminales continúe.
Parte de las medidas polémicas de la nueva Ley de Reconciliación es que los Tribunales de Justicia podrán reducir hasta a una cuarta parte las penas de prisión para los culpables de crímenes y violaciones de derechos humanos durante la guerra, siempre y cuando estos acepten su culpabilidad, pidan perdón y colaboren con las demás investigaciones. Dichas penas minimizadas podrán conmutarse o sustituirse por razones de salud, edad, etc. Además la ley también permite que la Fiscalía haga una selección de los casos a investigar y limita el período en qué podrá hacerlo.
En conclusión, la Ley de Reconciliación es en realidad una nueva amnistía disfrazada según diversas organizaciones y familiares de las víctimas; asimismo es una burla respecto a la resolución emitida por la Sala y también hacia los organismos regionales e internacionales de derechos humanos que emitieron sus observaciones previamente a la elaboración y aprobación de la misma.
Ahora que la Ley ha sido vetada por el presidente de la República, los diputados y diputadas tendrán que superar dicho veto si quieren persistir en la aprobación de dicha Ley, para ello necesitan 56 votos a favor, algo que se plantea difícil debido a que algunos diputados de los tres partidos que la aprobaron inicialmente se abstuvieron de votar o votaron en contra porque están en desacuerdo con sus partidos y manifestaron que el documento que se aprobó se les había hecho llegar unas horas antes de la votación y otros porque son familiares de víctimas del conflicto armado. Además de esto se repitió el hecho curioso que votaran a favor los diputados suplentes junto a los diputados propietarios, algo que la Sala aun no establece si es constitucional o no.
El FMLN que en el 2019 estaba a favor de la propuesta que presentó Rodolfo Parker y luego con su carácter oportunista anunció que estaba a favor de la propuesta de las organizaciones sociales, en la votación de febrero de este año se abstuvo de votar calculando los tiempos electorales que se avecinan. Los votos de GANA, CD y del diputado independiente por ahora tampoco cuentan para superar el veto del presidente. Además, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y ante la ausencia de un plazo establecido, lo más probable es que el proyecto de Ley sea archivado por seis meses más en la Asamblea o que la Sala de lo Constitucional señale un nuevo plazo para aprobar la Ley de Reconciliación.
Independientemente del camino que tome el proceso de aprobación de esta polémica Ley, lo que está claro es que las instituciones del Estado no están diseñadas para cumplir las demandas de las capas de la población más pisoteadas; el acceso a una justicia auténtica y a la reparación integral por parte de las víctimas no está garantizado ni aún con el cambio generacional en la Asamblea Legislativa según Fabián Salvioli, Relator Especial de las Naciones Unidas, tal como se ha visto en España por ejemplo con los viejos agentes del franquismo o en Suramérica con los vestigios de las dictaduras militares con procesos abiertos e inconclusos.
Para poder obtener una verdadera justicia penal, transicional y restaurativa es necesario organizarnos y sustituir el aparato de la falsa democracia y justicia pro capitalista por un gobierno centralizado conformado por los trabajadores de las ciudades y del campo, y por todas las demás capas oprimidas de la sociedad, para que nunca más se repitan los crímenes y las violaciones a los derechos colectivos e individuales de las personas.
Referencias.
