El 7 de mayo del 2020 por órdenes del gobierno y como parte de las medidas de seguridad para reducir los contagios de Covid-19 en El Salvador se decidió paralizar al transporte colectivo a lo que diputados, abogados constitucionalistas y el presidente de la asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, advirtieron que la Ley de cuarentena no le daba potestad al Gobierno para restringir la circulación del transporte público y personas, y que el contenido restrictivo del Decreto Ejecutivo número 22 era inconstitucional, pero a la misma vez muchos empresarios transportistas mostraron una actitud de colaboración ante las medidas y de esa forma la odisea para la clase trabajadora comenzaba. Todo esto parecía adecuado dadas las circunstancias en nuestro país y en el mundo, el dato y la experiencia nos arrojaba que el confinamiento y la paralización de la economía incluido el transporte público era lo mejor para detener el número de contagios en nuestro país, pero con el transcurso de los meses y el avance de la pandemia esta situación se convirtió en un calvario para la mayoría de trabajadores y población en general, es por eso que se necesita elaborar un proyecto en dónde el bolsillo de la clase trabajadora no salga golpeado y a la misma vez salvaguardar sus vidas, cosa que ni la Asamblea Legislativa ni el Ejecutivo han podido hacer dejando ver la fractura en el aparato gobernante, lo que nos muestra que el Estado burgués no es realmente el garante de nuestros derechos sino el defensor de los intereses de las empresas y que solo les interesa la ganancia y no la vida de todos los trabajadores independientemente haya pandemia o no.
Los empresarios recibían por medio de un Decreto transitorio el subsidio para buses y microbuses que después de todo era lo que realmente les tenía preocupados. Conforme avanzaba el tiempo tanto la población como los transportistas pensaron que se iba a crear un programa de reactivación ordenado, pero al contrario lo que sucedió es que sólo iban prorrogando el lapso de la cuarentena domiciliar obligatoria, ignorando las condiciones en las que la burguesía junto con su aparataje de corrupción tienen sumergido al pueblo salvadoreño de forma precaria. Esto se puede ver sin necesidad de ocupar una lupa. La población empezó a buscar transporte por sus propios medios y sin hablar del descontento que se fue generando en el sector de los empresarios del transporte colectivo, el decreto transitorio llegó a su fin y la respuesta de los empresarios no se hizo esperar. El 29 de julio el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó que los automovilistas ya no pagarán la Contribución Especial para el Transporte (Cotrans) que se cobraba por galón de combustible ($0.10/ galón). El futuro del subsidio es incierto y los empresarios muestran negatividad, falta de cooperación y de ahí que personajes como Catalino Miranda presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FECOATRANS) y Genaro Ramírez representante de la Asociación de Empresarios de Autobuses, AEAS, entre muchos más, pedían que, de $400 que reciben por cada autobús se les de $1,200 y de $200 que se les entrega por cada microbús se les dé $600, según ellos, es la cantidad que se necesita para operar y piden también un bono adicional para aplicar medidas de bioseguridad para evitar los contagios de Covid-19, cabe mencionar que muchas unidades del transporte público está en muy malas condiciones, este aspecto deja en evidencia que los empresarios jamás han tenido en cuenta a los trabajadores.
Como marxistas planteamos que ante esta incompetencia por parte del sector privado el Estado debe de hacer suyo el transporte público y poner a circular de manera más efectiva innovando no sólo en la flotilla sino también innovando el modo de recaudación fiscal, que sea justa en concepto de impuestos y no como sucede en la actualidad en donde las micro, pequeñas, medianas empresas y las familias pobres pagan más impuestos indirectos, sino más bien que los que tienen más deben pagar más. Una de las características de esta economía salvadoreña es que las élites empresariales iniciaron una serie de reformas en la década de los años noventa con el objetivo de que la recaudación tributaria se apoyará con impuestos indirectos, dos terceras partes de la recaudación total es con base a estos impuestos de naturaleza regresiva la realidad a nivel mundial y nacional nos dice que históricamente las pequeñas empresas y la clase trabajadora en el mundo pagan más impuestos que las transnacionales. La pandemia vino a agravar la problemática económica en la que está sumergido nuestro país donde paradójicamente hay empresas que al final del año se les termina devolviendo impuestos pero si hacemos una encuesta en los hogares del país la mayoría termina pagando de más y eso no abona a mantener un régimen democrático como lo plantea la burguesía y sus representantes.
Según estudios del Viceministerio de Transporte (VMT), el 80% de la población salvadoreña se moviliza en buses. 21,000 familias dependen de este rubro y a su vez 350,000 personas generan sus ingresos a través del mismo. Se puede llegar a la conclusión de que la clase trabajadora depende del sector transporte para subsistir y de esto se quieren aprovechar los empresarios, alegando que el periodo de gracia otorgado por los bancos se terminó y que la banca empezará a cobrarles, en gran parte culpan al gobierno por no solicitar la reactivación de la contribución especial para el transporte. Proponen que estos impuestos ya no se le cobren a la población y así ellos poder cobrar $0.60 monto que creen justo, pero, el ministro de Obras Públicas enfatizó que “la ley es clara y dice que sólo se le puede pagar a las unidades que han prestado servicios. Si una unidad no ha prestado el servicio no se le puede pagar la compensación económica”. De una u otra manera la clase trabajadora es la que terminará pagando todos estos excesos y despilfarros o recortes, ninguna opción planteada por los transportistas resuelve el problema de la clase trabajadora.
El presidente Bukele dijo que “los empleadores autorizados para funcionar deben proveer el transporte a sus trabajadores ida y regreso” a lo que los empresarios 4 meses después de haber suspendido el transporte colectivo reclaman porque muchas unidades andan funcionando de manera peligrosa generando aglomeraciones y por lo tanto son focos de contagio cuando a ellos se les obligó a parar labor por esta misma razón y es que en el fondo de todo esto hay algo que es cierto: ante la falta de transporte los trabajadores gastan incluso más de lo que ganan en un día de trabajo en pasajes, se dice que pagan hasta 4 veces más del costo normal, decenas de salvadoreños deben buscar la forma de regresar a sus casas, algunos de sus trabajos y otros de hacer las compras para llevar la comida a sus familias, claro, los que pueden. Muchos en la desesperación de trasladarse hacia sus trabajos corren varias cuadras para lograr subirse a los pick ups, que en su gran mayoría carecen de medidas de bioseguridad y de distanciamiento físico. A otros no les queda otra alternativa que ir colgados de los barandales de hierro para no retrasar su hora de llegada al trabajo, los trabajadores señalan que los transportistas de pick ups, taxis y microbuses se aprovechan incrementando el valor del pasaje. En una crisis de salud que afecta negativamente a los trabajadores no hay una solución clara y los golpes aumentan.
Los trabajadores se han visto en la obligación de salir en condiciones precarias y poniendo en riesgo su vida día a día al ir a trabajar. El sector maquilero empezó labores, las empresas les dan dinero a los buseros, pero siempre se les cobra a los trabajadores el precio de antes cosa que tendría que ser sin costos adicionales. Esto es lo que alegan algunos como Catalino Miranda y compañía, tanto es el descontento que el pasado 11 de agosto, un aglomerado de transportistas del país protestaron de forma “pacífica” frente al monumento del divino salvador del mundo dejando en claro su postura “si un apalancamiento financiero no reactivaran el servicio de transporte”, por su parte el ministro de obras públicas Romeo Rodríguez declaró en una entrevista radial “No está en discusión una compensación económica”. Muchas veces el gobierno de Bukele ha expresado nacionalizar el transporte colectivo pero esto no ha pasado de palabras, ni el Gobierno, ni mucho menos la empresa privada proponen una solución en pro de los trabajadores. El sistema capitalista mundial está en crisis y nuestro país no es la excepción. No se puede seguir de esta manera, los capitalistas están matando de hambre a los trabajadores y es por eso que se tiene que poner en marcha un programa socialista pero esto solo se puede lograr uniendo fuerzas como trabajadores y así obligar al gobierno a estatizar el transporte colectivo pero de forma definitiva y no momentánea solo para rescatar a los empresarios que se alimentan como parásitos de los impuestos de los trabajadores. Se tiene que apoyar a los trabajadores y con esto se engloba a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 60% de empleos en el país. En vez de negociar con gremiales empresariales se tuvo que haber trabajado con los diferentes sectores de la clase trabajadora y/o sus representantes que son los fundamentales. Un plan claro, efectivo y realizable debe ser objeto de la política económica y social, pero claro, los burgueses no aceptaran esto y es por eso que el socialismo toma su carácter imperante dejando atrás ese calificativo de “utopía” que le da la burguesía y los reformistas como Catalino Miranda y compañía que al perder su base económica que es el impuesto y con un capitalismo decadente están dispuestos directa o indirectamente a aplastar las viejas conquistas de la clase trabajadora. El planteamiento del apalancamiento o el estipular la tarifa de $0.60 al pasaje es una burla y un golpe para la clase trabajadora. El 24 de agosto se reanuda la circulación del transporte colectivo y muchas rutas han expresado que no saldrán por lo antes expuesto, si es así, que ya no vuelvan a circular y en su lugar se nacionalice el transporte. No más endeudamiento para la clase trabajadora, transporte público de calidad, plan de reactivación económica en pro de los trabajadores, recaudación fiscal justa entre otras banderas de lucha se tienen que apoyar y exigir.
