Por Jordi Martin
El pasado 28 de septiembre se rememoró por quinto año el día internacional del acceso universal a la información, declarado así por la UNESCO en el 2016. En nuestro país, sin embargo, el 2020 podría catalogarse como el año en el que las instituciones y la legislación creadas hace casi una década para garantizar el derecho a la información pública, sufrieron sendos retrocesos por parte de la administración del Ejecutivo presidida por Nayib Bukele.
En agosto el mandatario designó como comisionado presidente del Instituto del Acceso a la Información Pública (IAIP) a Ricardo Gómez, propuesto en la terna del sector académico y afín a su gobierno, asimismo Bukele sobrepasó sus facultades al decretar una serie de cambios al reglamento del IAIP que a la larga entorpecen el proceso para que las personas puedan obtener información de las instituciones públicas y de sus funcionarios; luego en septiembre a través de la secretaría de comunicaciones, casa presidencial promovió el desarrollo de la “elección” secreta de los comisionados propietario y suplente por el sector periodistas, resultando electo como propietario un “periodista” exempleado de una instancia gubernamental, tal como ya había sucedido en febrero de este año.
Según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) vigente desde el año 2011, el IAIP es por la naturaleza de sus fines, una institución independiente respecto al gobierno Ejecutivo y a los demás poderes del Estado, sin embargo, en la práctica desde el gobierno anterior ha sido en cierta forma controlado para dilatar o denegar información estatal solicitada por los ciudadanos; de hecho el ex comisionado presidente, René Cárcamo, designado por Sanchez Cerén, renunció de su cargo al descubrirse la transferencia de reportes hacia casa presidencial sobre las personas que solicitaban documentos “públicos” del Estado. El gobierno actual que se ganó la simpatía de sus electores con base en promesas de una transparencia nunca vista en la administración pública, no solo ha continuado las prácticas sombrías de los gobiernos anteriores, sino que las ha llevado a otro nivel de opacidad.
El intento de frustrado de imponer un comisionado en febrero
El mismo fin de semana que se llevó a cabo la invasión militar y civil por parte del Ejecutivo a la asamblea legislativa utilizando la Fuerza Armada en febrero pasado, en casa presidencial se desarrolló en secreto la “elección” de nuevos comisionados propietario y suplente por el sector periodistas para cubrir las vacantes dejada por Herminia Funes y su suplente Olga Chacón, en ese proceso como en el de septiembre participaron sólo 2 asociaciones de periodistas: la Cámara de Fotoperiodistas, Camarógrafos y Redactores de El Salvador (CAFOCARES) y la Asociación Salvadoreña de Periodistas Independientes (ASPIES), ésta última dirigida por Antonio Fuentes cuyo hijo fue propuesto y “electo” comisionado suplente para el IAIP. Como comisionado propietario resultó electo Juan Carlos Turcios, un ex presentador de programas juveniles en la televisión y hasta esa fecha encargado de comunicaciones del Ministerio de Gobernación. Turcios era evidentemente un empleado del círculo cercano del presidente, razón por la cual en 5 audiencias posteriores a su elección como comisionado del IAIP los solicitantes de la información pidieron que fuera recusado, es decir apartado del proceso dados sus claros vínculos con el ejecutivo del cual se estaba solicitando información, por lo que Turcios se vio obligado a renunciar al igual que su suplente sólo 3 días después de haber sido “electos”.
Agosto y un nuevo IAIP presidencialista
Como parte de la ofensiva del actual gobierno por controlar o neutralizar algunas instituciones cuya función es fiscalizar su gestión, en la última semana de agosto se emitió un decreto presidencial para modificar el reglamento del IAIP, algo que según la ley de acceso a la información pública sólo lo debería hacer el mismo IAIP. Las reformas decretadas por Bukele (sin consultar al pleno de comisionados) y publicadas primero en redes sociales hacen mucho más burocrático el proceso para que los ciudadanos puedan obtener información pública, blindan los procesos viciados de elección y designación de los comisionados y otorgan más facultades al comisionado presidente para controlar el funcionamiento de dicho instituto “fiscalizador”.
Entre los cambios realizados al reglamento, se establece que en los casos que alguna institución pública niegue información o la declare en reserva ante la solicitud de algún ciudadano, el IAIP ya no podrá proceder de inmediato en esa controversia sino que el solicitante tendrá que apelar a la institución de la que requiere información y acudir al IAIP como último recurso, esto permite a las instituciones ocultar la información por más tiempo o desclasificarla a su manera, tal como sucedió con la negativa del Estado Mayor del Ejército a permitir la revisión de los archivos de El Mozote por parte de un juez, aunque en ese caso no era una petición sino que una orden.
También el nuevo reglamento impide que los candidatos a comisionados sean impugnados por las organizaciones que participan en las respectivas elecciones cuando no cumplan con los criterios necesarios, es más, ahora los aspirantes a comisionados ya no tendrán que presentar las solvencias del Tribunal de Ética Gubernamental y de antecedentes policiales, así Bukele podrá fácilmente designar a personas de su círculo. Además, las atribuciones del comisionado presidente, que habían sido restringidas luego de descubrirse el envío de información personal a casa presidencial de los ciudadanos que solicitaban información; con el nuevo decreto se han vuelto a ampliar hasta el punto que lo faculta para administrar la información recibida y generada por el pleno, y sobre todo, conducir las comunicaciones del IAIP.
Los hombres de Bukele en el equipo del IAIP
Como el lector podrá darse cuenta, es todo un proceso potenciado por el gobierno actual alrededor del IAIP para controlarlo conforme a sus intereses y ocultar información básica de su gestión contrario a su promesa de garantizar ese derecho que le corresponde a la población. Mientras se elaboraban las reformas al reglamento, a principios de agosto el presidente de la República designó y juramentó a Ricardo Gómez como comisionado presidente del IAIP propuesto por la Universidad Francisco Gavidia en la terna del sector universidades, después de 2 intentos de nombrar funcionarios para este cargo los cuales fueron imposibilitados por demandas que enfrentaron algunos de los candidatos entre ellas la de ser empleados del gobierno. Gómez también fue designado de manera secreta luego de asistir a una reunión a casa presidencial.
Con el nuevo reglamento vigente y con un nuevo presidente con más poder al frente del IAIP, la secretaría de comunicaciones procedió a realizar la “asamblea” de forma virtual para elegir los comisionados del sector periodistas y llenar las vacantes de los que renunciaron en febrero, la elección se adelantó sin aviso previo para el 1 de septiembre, un día antes de la fecha que se había anunciado oficialmente, se hizo nuevamente en secreto sin permitir el acceso al grupo promotor de la LAIP y contó con la participación de las mismas gremiales de periodistas que lo hicieron en febrero, ASPIES y CAFOCARES con sus respectivos candidatos, cuando el reglamento establece que deben participar al menos 3 organizaciones en la terna.
Luego este proceso lleno de irregularidades, el 9 de septiembre Bukele designó y juramentó como comisionado propietario a Luis Javier Suárez, quien previamente se había desempeñado como gerente de operaciones de la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones (SIGET), una dependencia gubernamental, es decir Suárez también ejercerá como juez y parte en los procesos relacionados con la información pública del gobierno. Gerardo Guerrero fue designado comisionado suplente.
Este es el modo de operar de las instituciones “democráticas” actuales, mientras hacen uso a su antojo del dinero de los contribuyentes, perfeccionan un sistema para ocultar la información de las decisiones y movimientos financieros que se llevan a cabo a espaldas de quienes realmente pagamos las cuentas del aparato público. Bukele está llevando ese modus operandi a niveles desorbitados en medio de una crisis económica y social disparada por la emergencia del covid-19, lo cual le ha servido para justificar la falta de transparencia financiera de su gabinete.
Los trabajadores no podemos esperar que estas instituciones burocráticas resuelvan nuestros problemas, porque lejos de eso sólo perpetúan las condiciones de miseria de las mayorías. Debemos plantearnos que estas instancias deben estar controladas no por burócratas de la clase media o pequeñoburguesa, sino por trabajadores que pertenezcan a las capas oprimidas que deberán estar sujetos a medidas populares que impidan el arribismo. Para eso tenemos que organizarnos, fortalecernos como clase y demostrar a quién le corresponde el administrar el poder, los recursos y los medios de producción.
