La emboscada y la desaparición de los militares
El domingo 18 de octubre de 2026, cuatro aerotécnicos de la Fuerza Armada de El Salvador fueron emboscados en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe, capital de Haití. Los militares formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión internacional de seguridad respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según la información oficial, regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando fueron atacados con armas de fuego y explosivos. El vehículo se incendió y los militares lograron salir, pero desde entonces se perdió contacto con ellos. Al 22 de octubre, su paradero continúa siendo desconocido.
El presidente Nayib Bukele se ha pronunciado sobre el caso con un mensaje dirigido a las pandillas haitianas. Ha exigido que los cuatro militares sean entregados con vida y sin lesiones, señalando que el contingente salvadoreño está destinado principalmente a labores de apoyo y evacuación médica, no a operaciones de combate. Sin embargo, también ha advertido que, si no los liberan, las pandillas deben prepararse para afrontar las peores consecuencias.
El jueves 22 de octubre, se informó del despliegue de un centenar de efectivos salvadoreños de fuerzas especiales en Haití para apoyar las operaciones de búsqueda de los cuatro militares secuestrados. Según Associated Press, otros cien efectivos serían enviados posteriormente.
¿Qué hace El Salvador en Haití?
Haití atraviesa una profunda crisis política, económica y social, agravada por la expansión de las organizaciones armadas y el debilitamiento de las instituciones estatales. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, profundizó la inestabilidad, aunque la crisis y la presencia de grupos armados tienen raíces anteriores. Las pandillas han extendido su dominio territorial, especialmente en Puerto Príncipe, donde diversas estimaciones sitúan bajo su control alrededor del 90 % de la capital.
En marzo de 2024, Bukele se ofreció públicamente a «arreglar» la crisis de seguridad haitiana, afirmando que podía combatir a las pandillas si contaba con una resolución de la ONU, el consentimiento de las autoridades haitianas y la financiación necesaria. Posteriormente, El Salvador se incorporó a las misiones internacionales en ese país. En lo que es una misión de intervención extranjera disfrazada de apoyo o ayuda, algo de lo que Bukele, hipócritamente, se queja constantemente.
Una historia de saqueo y de intervenciones fallidas
Durante años, Haití, incluso después de su independencia, ha sido explotado, saqueado y sangrado por empresas y transnacionales como: United Fruit Company/Chiquita, Reynolds Metals y Kaiser Aluminum, Citibank, Disney, Gap, Walmart, Hanesbrands (maquilas textiles, salarios de subsistencia), Gildan Activewear (zonas francas textiles, presente hasta hoy) Cruz Roja Internacional (500 millones recaudados tras el terremoto de 2010, 6 casas construidas).
Históricamente, por países como Francia, que en 1825 exigió 150 millones de francos a la primera nación nacida de una revolución de esclavos, para indemnizar a sus antiguos amos a cambio de reconocer su independencia. Para pagar, Haití tuvo que endeudarse con la banca francesa, y no terminó hasta 1883. En 1915, tras la presión de un banco de Nueva York, los marines estadounidenses ocuparon el país durante casi veinte años. Haití tiene una historia de lucha y dominación que no se diferencia de los demás países del continente, pero la voracidad de esta desalmada expoliación del territorio tiene sus propias particularidades.
Durante años, diferentes misiones de la ONU, intervenciones enmascaradas, han intervenido en los asuntos de un país ampliamente sometido, sin lograr la supuesta estabilidad y paz de la que hablan; por el contrario, terminaron sumándose a la gran lista de crímenes que ya tenía la clase trabajadora de ese país. La misión de 2004 a 2017 introdujo el cólera, que dejó miles de muertos, y sus tropas cometieron abusos sexuales contra mujeres, niñas y niños, reconocidos por la propia ONU, casi siempre sin que los responsables fueran procesados.
Las diferentes misiones de los organismos internacionales buscan restablecer el orden, no en defensa de los intereses de la clase obrera, sino de los grandes empresarios del país, entre ellos Gilbert Bigio (combustibles e importaciones), Gregory Mevs (puertos y parques industriales), Andy Apaid y Charles Baker (industria textil), Réginald Boulos (comercio y finanzas), Gregory Brandt (industria y comercio), Reynold Deeb y Sherif Abdallah (sectores comerciales y financieros). Esta orientación se refleja en el respaldo de organizaciones patronales haitianas al despliegue de la misión multinacional, con el argumento de recuperar la seguridad, proteger las infraestructuras y reactivar la economía.
Todo para seguir de forma “civilizada” la apropiación del trabajo de la clase obrera y de sus recursos naturales. Cuando el orden amenazado era el de los bancos, llegaron los marines. Pero en una sociedad donde la explotación y el despojo se han llevado al límite, restablecer ese orden es una empresa casi imposible. La degeneración del sistema y el sistema político democrático está totalmente podrido y corroído por los empresarios y las pandillas asesinas.
De evacuaciones médicas a operaciones de rescate
El 30 de octubre de 2024, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la participación de personal militar y civil en una misión destinada a apoyar evacuaciones médicas mediante aeronaves. Los primeros efectivos llegaron a Haití en enero y febrero de 2025. Después de que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizara en 2025 la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas, en sustitución de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de septiembre de 2026 una nueva ley para prolongar la participación salvadoreña en el nuevo mecanismo.
Pero la misión salvadoreña se presentó inicialmente como un apoyo a las evacuaciones médicas, mientras que Bukele ha ofrecido públicamente combatir a las pandillas haitianas y ahora anuncia operaciones para recuperar a los militares desaparecidos.
Los intereses de clase detrás de la misión
Detrás de toda esta verborrea institucional y de paz, existen intereses de clase y políticos que deben quedar expuestos claramente. A Bukele le tiene sin cuidado la seguridad de un país del Caribe; su único objetivo es colaborar con los intereses de los Estados Unidos, quien ha sido el principal financista de la nueva misión en Haití. Esta no sería la única ocasión en la que Bukele rinde pleitesía a EE. UU.: lo hace con la política migrante, de la que es fiel colaborador de Trump. Pero, por otro lado, persigue un interés particular, el de consagrarse como el político que sabe resolver y manejar situaciones de inseguridad y pandillas, no importando el país que sea. Un triunfo o la colaboración disimulada de una misión que se propone en papel acabar con las pandillas le viene como anillo al dedo al presidente Bukele.
Desde una perspectiva marxista, debemos preguntarnos qué orden se pretende restablecer y a qué intereses de clase sirve. La estabilización de un país no significa necesariamente la emancipación de sus trabajadores: puede restablecer la actividad económica y reforzar las instituciones sin modificar las relaciones de explotación, la concentración de la riqueza ni la dependencia económica. Por eso, no basta con examinar las supuestas declaraciones humanitarias de Estados Unidos; es necesario estudiar las relaciones políticas y económicas que pretende preservar y quiénes se benefician realmente de ellas.
Estados Unidos tiene intereses concretos en Haití que van mucho más allá de la lucha contra las pandillas. La proximidad geográfica del país con Florida, el temor a nuevos flujos migratorios, la expansión de las redes criminales y la necesidad de preservar su influencia política en el Caribe explican buena parte de la importancia que Washington concede a esta crisis. Las desplegadas misiones de organismos internacionales no procuran el orden para resguardar a las clases trabajadoras, sino para blindar las ganancias del gran empresariado y de firmas transnacionales como Caribbean Port Services, que maneja el flujo de contenedores en la capital; AGL, concentrada en el control de terminales marítimas; la gigante del cemento Cemex; y la petrolera TotalEnergies. Del mismo modo, esta reanudación del tráfico comercial e infraestructura busca garantizar la rentabilidad de monopolios locales como GB Group, dueño de Port Lafito, y West Indies Group, con dominio sobre la Terminal Varreux y el depósito de carburantes.
La posición de la clase obrera
La clase obrera salvadoreña debe distinguir que no hay ni un solo aspecto progresista en la intervención del ejército salvadoreño en tierras extranjeras. La clase obrera no se beneficia de esto y, en un sentido mucho más elemental, la clase obrera tiene más en común con la clase obrera haitiana que con los intereses del gobierno de Bukele en El Salvador, porque ambas sufren la explotación, la pobreza y la degradación social, en cambio, el gobierno de Bukele busca sus propios intereses, mantenerse en el poder demostrando una falsa capacidad resolutiva y sirviendo a los EE. UU.
No hay nada de progresista en esto: nuestra política debe ser respetar que cada pueblo resuelve sus problemas de forma autónoma. El pueblo haitiano debe ejercer su derecho de decidir sobre sus propios destinos; no hay forma de que ejércitos armados y extranjeros ayuden a esto.
Por tanto, como clase obrera salvadoreña, debemos oponernos a cualquier intervención extranjera e imperialista que apoye el gobierno de Bukele, así esté disfrazada, como comúnmente se hace, de misión de paz o de cualquier otro epíteto que se le ponga, porque esto solo beneficia al control imperialista de quien financia la misión y sirve en particular a la imagen del presidente Bukele, a costa de poner como carne de cañón a los soldados salvadoreños.
Chávez y la solidaridad internacional, la otra cara de la moneda
Ciertos sectores justifican el accionar de Bukele alegando que frente al dantesco escenario haitiano, los gobiernos internacionales no deberían quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, un análisis comparativo permite desenmascarar el abismo existente entre la solidaridad internacional entre los pueblos y la falsa cooperación supeditada al beneficio de las clases dominantes.
Frente al trágico sismo que asoló a la nación caribeña en enero de 2010, la respuesta del gobierno bolivariano de Hugo Chávez se diferenció radicalmente de las intervenciones militares. Venezuela no movilizó batallones armada ni tropas de ocupación; en su lugar, garantizó brigadas médicas, cuerpos de socorro, provisiones alimentarias, derivados del petróleo e insumos sanitarios. Mediante la articulación del ALBA y en estrecha alianza con la Revolución Cubana, se movilizaron inmediatamente cientos de profesionales de la salud vinculados a la Misión Milagro para asistir a la población castigada. Asimismo, Venezuela canceló soberanamente la deuda financiera acumulada por el Estado haitiano y mantuvo el suministro energético mediante Petrocaribe bajo mecanismos preferenciales, permitiendo canalizar recursos hacia la golpeada infraestructura social.
Bajo este esquema, ningún contingente militar venezolano pisó el territorio para amedrentar a la clase obrera, ni se otorgaron licitaciones a corporaciones privadas para lucro empresarial. La asistencia jamás implicó chantajes de carácter imperialistas ni el establecimiento de guarniciones bélicas.
Esta orientación contrasta tajantemente con el despliegue del imperialismo estadounidense, que movilizó a 20.000 efectivos militares para tomar el aeródromo de la capital, obstaculizando de forma arbitraria la llegada de vuelos con insumos médicos provenientes de Cuba y de Venezuela. Igualmente escandaloso fue el papel de la Cruz Roja Internacional, organismo que administró cerca de 500 millones de dólares en donaciones globales para edificar la paupérrima cifra de seis viviendas.
El fondo del asunto expone una clara contradicción de clase: mientras la auténtica solidaridad obrera nace del pueblo para salvaguardar a las masas explotadas, la intervención capitalista sirve para blindar los negocios de las transnacionales, recurriendo a las armas del ejército burgués para consumar el despojo.
Haití y El Salvador: dos realidades que no pueden equipararse
Es necesario comprender que las organizaciones armadas haitianas no son idénticas a las pandillas salvadoreñas. Aunque parten de una misma causa: la explotación, la pobreza, la desigualdad, la opresión imperialista y el saqueo, que son realmente las causas de las degeneraciones sociales dentro del sistema capitalista.
En Haití, las pandillas han mantenido vínculos con sectores de las expresiones políticas y económicas. Informes sobre la economía política haitiana han documentado cómo políticos y empresarios han recurrido a grupos armados para intimidar a sus adversarios, influir en procesos electorales y proteger intereses particulares. Con el tiempo, algunas de estas organizaciones adquirieron una capacidad de actuación propia, disputaron el control territorial y desarrollaron sus propias redes económicas y criminales.
Los vínculos entre estructuras del Estado y grupos armados no son una novedad en Haití. Un informe de la ONU sobre la masacre de La Saline, en noviembre de 2018, describió un ataque planificado por cinco pandillas y señaló la presunta implicación de agentes del Estado; a noviembre de 2019, ningún funcionario señalado había sido detenido ni acusado. Esto indica que la violencia armada en Haití no puede analizarse al margen de sus gánsteres políticos y económicos.
La magnitud de la violencia quedó expuesta en diciembre de 2024, cuando una masacre en el barrio de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, dejó al menos 207 personas asesinadas, según cifras difundidas por la ONU. Muchas de las víctimas eran personas mayores acusadas de provocar, mediante supuestas prácticas de vudú, la enfermedad y muerte del hijo de un jefe pandillero. Este episodio muestra la brutalidad a la que está sometida la población haitiana.
Las pandillas salvadoreñas y el régimen de excepción
En El Salvador, las pandillas MS-13 y Barrio 18 se desarrollaron en un contexto similar, marcado por las consecuencias de la guerra civil, la explotación, la pobreza, la exclusión social, la migración y la desintegración de numerosas comunidades. Llegaron a ejercer un fuerte control territorial en barrios populares y a cometer graves delitos contra la población. Su historia tampoco puede separarse de la responsabilidad de la clase dominante, las instituciones y los partidos políticos.
Durante distintos períodos, actores políticos mantuvieron contactos y negociaciones con dirigentes de pandillas. También existen investigaciones periodísticas y actuaciones judiciales que han señalado presuntos acuerdos entre funcionarios del gobierno de Bukele y líderes pandilleros. Estos hechos no pueden ignorarse cuando se pretende presentar la política de seguridad del actual gobierno como una ruptura absoluta con las prácticas anteriores.
A partir de marzo de 2022, tras una nueva ola de homicidios, el gobierno de Bukele instauró el régimen de excepción, que suspende determinadas garantías constitucionales y ha sido prorrogado de manera consecutiva. Hasta 2026, las autoridades habían detenido a más de 90.000 personas bajo esta medida. Organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas, deficiencias en el debido proceso y cientos de muertes bajo custodia estatal.
Capitalismo, democracia burguesa y pandillas
Tanto en El Salvador como en Haití vemos cómo la política imperialista de saqueo y dominación, y las consecuencias de un sistema capitalista que tiende de manera constante a concentrar la riqueza en pocas manos, pueden llevar al colapso del mismo sistema de democracia burguesa.
Cuando la desigualdad y el sometimiento son imposibles de controlar por mecanismos aparentemente democráticos como las instituciones del Estado burgués, la situación encuentra caminos bárbaros. La clase dominante controla no por la ley, la Constitución o el voto, sino que impone su orden a través de medios violentos, como las pandillas. Esto no es otra cosa que la expresión de la degeneración social. En situaciones como estas, las masas pueden tolerar los regímenes más totalitarios o pedir el auxilio de las naciones extranjeras, pero en medio de esta situación siempre hay ganadores y perdedores: los grandes ganadores son los grandes capitalistas, que pueden aprovechar la situación para esquilmar todavía más a una nación y a su clase obrera y, por otro lado, como en el caso de Haití, aprovecharse de la situación para seguir controlando, conviviendo con las pandillas que también persiguen intereses propios.
Esto no significa negar el sufrimiento de quienes viven bajo el dominio de las pandillas. Un trabajador de Cité Soleil que pide protección tiene razón en pedirla, y nadie que no viva su miedo tiene derecho a darle lecciones. La cuestión es quién va a garantizar esa seguridad, bajo el mando de quién y al servicio de qué orden. Las fuerzas extranjeras llegan autorizadas por gobiernos de transición sin legitimidad popular, y quienes las impulsan son los mismos que durante dos siglos han cobrado deudas, ocupado aduanas y arruinado campesinos. Su antecesora dejó cólera, abusos y ninguna rendición de cuentas. Además, mientras políticos y empresarios sigan vinculados a los grupos armados, como lo muestran La Saline y PetroCaribe, ninguna fuerza externa podrá desmontarlos, porque combatir a las pandillas sin tocar a quienes las alimentan es cortar la hoja y dejar la raíz. La seguridad que necesita la clase trabajadora haitiana solo puede venir de su propia organización: sindicatos, comités de barrio y defensa popular bajo control democrático de los trabajadores. A los trabajadores salvadoreños nos corresponde exigir el retiro de nuestras tropas, denunciar el uso político de sus vidas y tender solidaridad a esas organizaciones, no sustituirlas con soldados.
Los límites del modelo Bukele
Bukele suele presentar la política de seguridad salvadoreña como una fórmula que otros países podrían reproducir.
La política salvadoreña no consistió únicamente en enfrentamientos armados entre los cuerpos de seguridad y las pandillas; esta parte fue mínima. Incluyó detenciones masivas, despliegues militares, control penitenciario y la suspensión prolongada de garantías constitucionales. La disminución de los homicidios constituye un resultado que debe examinarse junto con los abusos, la situación de las personas detenidas y la ausencia de garantías suficientes para quienes son acusados injustamente.
En Haití, las organizaciones armadas operan en un escenario distinto, con una crisis institucional más profunda, estructuras criminales fuertemente armadas y un control territorial que alcanza amplias zonas de la capital.
La desaparición de los cuatro militares salvadoreños pone de manifiesto los riesgos de esta intervención. Evidencia que las promesas de reproducir un modelo no sustituyen el análisis concreto de las condiciones de cada país, de las condiciones a las que nos somete el imperialismo y el capitalismo.
Una salida de clase
Más allá de intervenciones extranjeras o de replicar modelos de dominación como el salvadoreño, la clase obrera debe luchar directamente contra lo que produce la degradación social: la dominación de una clase parasitaria que controla las fábricas, las tierras, la banca, porque solo a partir del control democrático de los trabajadores, con la implementación de una economía planificada, podremos darle a la juventud el presente y futuro que se merecen.
Pero esto solo puede lograrse luchando contra el capitalismo y sus deformaciones, como las pandillas. En 2021 la clase obrera haitiana demostró un gran poder de movilización y de huelga que paralizó el país; ese poder de acción debe volver y avanzar hacia la formación de comités de autodefensa y la creación de una milicia de la clase trabajadora para luchar contra la clase dominante reaccionaria, el capitalismo y las pandillas sangrientas. Además, su heroica lucha de independencia de la colonia pervive aún en la memoria de sus pobladores, tarde o temprano la juventud, las clases oprimidas y explotadas se reencontrarán con sus tradiciones de lucha revolucionaria. Solo la unidad de la clase obrera haitiana podrá derrotar a sus verdugos.
