A diez años del asesinato de Marcelo Rivera, la lucha continúa

En el departamento de Cabañas, municipio de San Isidro, cantón El Dorado, se encuentra un yacimiento de oro y plata que podría generar 490, 758 onzas de oro y 3, 138 016 onzas de plata[1]. Ante esta posibilidad, desde el 2005, empresas transnacionales han intentado obtener permisos medioambientales para poder extraer los metales preciosos que ahí se encuentran bajo el subsuelo. Las experiencias de proyectos mineros con efectos contaminantes sobre fuentes de agua y el deterioro del medio ambiente que esto produce, puso en alerta a comunidades y organizaciones de la región.

La lucha contra la minería

Desde que los pobladores de la zona se dieron cuenta que en el cantón El Dorado, se pretendía desarrollar un proyecto minero, comenzaron a informarse sobre los posibles daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes que podrían desencadenarse a partir de la explotación de la mina. Una vez confirmados los severos daños que esto traería, la resistencia contra el proyecto y sus impulsoras extranjeras (Pacific Rim / Oceana Gold) no se hizo esperar, así como hacia sus representantes locales: Fundación El Dorado y Minerales Torogóz, que son fundaciones que pretenden congraciarse con los habitantes del municipio a través de donaciones a escuelas, unidades de salud y otro tipo de regalías, con el objetivo de que la empresa minera fuera aceptada en el territorio.

Muchos sectores populares, ambientalistas y religiosos se unieron a la lucha contra la minería metálica, localmente destacan la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES), el Comité Ambiental de Cabañas (CAC), el Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 (MUFRAS 32) y la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC). El tema se volvió un problema de nación, trascendiendo los límites del departamento de Cabañas, obteniendo el apoyo de sectores de la Iglesia Católica y de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Cuando la transnacional se enfrentó a esta férrea oposición por parte de dichas organizaciones, optó por demandar al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por $250 millones de dólares. Alegando que esa cantidad sería el equivalente a las pérdidas que la empresa tendría de no otorgársele los permisos de explotación de la mina.

Manifestación fuera de la sede del Banco Mundial para exigir que el CIADI dé su veredicto final en el caso Pacific Rim / Oceana Gold contra El Salvador.

Algunos municipios decidieron realizar consultas populares para decretar ordenanzas municipales que prohíben la minería metálica en sus territorios, como el caso de San José Las Flores, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad y Arcatao, en el departamento de Chalatenango; a ellos se sumó el municipio de Cinquera en el departamento de Cabañas. Sin embargo, estos esfuerzos que fueron muy buenos no lograban detener la amenaza latente de la extracción minera; que en caso de realizarse afectaría todo el territorio nacional, principalmente si se contaminaba el río Lempa, que es la mayor cuenca hidrográfica del país.

El papel de Marcelo

Marcelo Rivera era un profesor que se desempeñó como director de la Casa de la Cultura de San Isidro y fue fundador de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y un dirigente social en su comunidad. Era un agitador y organizador en defensa de los recursos naturales. Su lucha contra las empresas mineras que amenazaban con arrebatar los recursos minerales a cambio de dejar destrucción y contaminación, le generó una serie de amenazas personales que buscaban intimidarlo para que desistiera de sus actividades contra la minería en Cabañas, sin embargo no cesó en su intento de sacar a las empresas mineras.

En junio de 2009 fue desaparecido, torturado y asesinado, precisamente por liderar la lucha contra los proyectos de extracción minera en el departamento de Cabañas, desarrollados inicialmente por la empresa canadiense Pacific Rim, y posteriormente retomados por la australiana Oceana Gold. La versión de la policía en su momento decía que fue víctima de delincuencia común, negándose a aceptar las múltiples pruebas que se presentaron ante la fiscalía y que demostraban que fue la empresa minera la autora intelectual del crimen.

Los presuntos autores materiales fueron detenidos y procesados judicialmente, no obstante, los responsable de planear y ordenar su asesinato siguen en completa libertad. Y es necesario aclarar que los mártires ambientalistas en Cabañas no se limitan a Marcelo, a la lista hay que agregar a Dora Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo y a Ramiro Rivera[2], quienes eran activistas ambientales que también se oponían a dichos proyectos. Además se debe mencionar las constantes amenazas a reporteros de Radio Victoria, emisora comunitaria que se destacó en el acompañamiento a la lucha anti minera a través de la concientización de las comunidades y las denuncias respectivas de los atropellos contra los ambientalistas.

Los frutos de la lucha

En octubre de 2016 el Estado salvadoreño ganó el litigio frente a la empresa minera que lo demandó ante el CIADI[3]. Esto reanimó la lucha del movimiento social, puesto que muchos sectores desconfiaban de este ente como árbitro para deliberar entorno a tal cuestión, sin embargo, la presión social y las claras desventajas del país para sobrellevar una crisis ambiental, hicieron que la balanza se inclinara del lado de El Salvador.

En marzo de 2017 fue aprobada la ley que prohíbe la minería metálica en el país, después de 12 años de lucha social organizada, que se manifestó en las calles, en las plazas y frente a las instalaciones del proyecto minero en El Dorado. La tarea de aquí en adelante es luchar para que esta prohibición pase a ser parte de la constitución de la República, y así garantizar que no será derogada tan fácilmente por una legislación con posible mayoría de diputados de derecha en el futuro.

Dicha ley expresa en su Art. 2.- La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de: exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea, a cielo abierto o subterráneo. También, se prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica.

El resguardo de los recursos naturales debe ser garantizado por medio de la organización consciente de las comunidades y organizaciones sociales, para el uso racional de los mismos, y con base en las necesidades de la población. Así como se aprobó esta ley prohibitiva contra la minería metálica, debe lucharse por la aprobación de la Ley General de Aguas que responde a los intereses de la mayoría de la población.

El legado de Marcelo Rivera

Como BPJ enarbolamos la lucha contra la minería metálica en el departamento, y para honrar la memoria de los mártires que ofrendaron su vida por sus comunidades, hemos nombrado nuestro grupo de base en Cabañas como “Célula Marcelo Rivera” retomando el ejemplo de resistencia y valentía que representa la lucha de Marcelo.

Este viernes 19 de julio se realizará la conmemoración del décimo aniversario de su asesinato, en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas. Invitamos a todos nuestros lectores y simpatizantes a poder asistir a los eventos que se realizarán desde las ocho de la mañana en el cementerio y Casa de la Cultura del municipio. Como grupo de base estaremos presentes con nuestra librería marxista donde puedes adquirir textos que brindan una guía teórica y organizativa para dotar al movimiento social de un carácter de clase, para luchar por una sociedad diferente; y estamos seguros que Marcelo estaría muy complacido de esto.