La recién presentada propuesta de Anteproyecto de Ley para el Presupuesto Nacional 2025 está generando tensión en los sectores de salud y educación debido a la decisión de no incluir el pago del escalafón en los diferentes sectores y la congelación de nuevas plazas, como una medida de austeridad en el Estado. Según el ministro de Hacienda, Jerson Posada, esto ayudará a «reducir la grasa del Estado».
Contexto histórico del Escalafón
El escalafón es una conquista de las agudas luchas sindicales de principios de los años 90 por parte de los trabajadores públicos en salud y educación en El Salvador. El escalafón en salud fue conseguido en 1994 y establece que cada trabajador del sector debe recibir una nivelación salarial del 8% cada cinco años de servicio, ya sea por profesionalización o tiempo acumulado. En el sector docente, el escalafón está vinculado a la Ley de la Carrera Docente y establece una nivelación salarial cada tres años de un 10% por tiempo de trabajo o profesionalización.
Durante diferentes periodos, debido a las crisis económicas, se ha intentado congelar o modificar los acuerdos establecidos por el escalafón. Esto sucedió en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, donde se buscaba contener los gastos excesivos en salarios. También ocurrió en 2020, durante el primer gobierno de Bukele, justo en el año de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en esa ocasión se llegó a un acuerdo favorable.
Algunos de los argumentos que hemos escuchado en estas crisis cuando este derecho se ha visto en riesgo es que el escalafón es desproporcionado o está mal focalizado. Se alega que hay médicos o maestros que se benefician del escalafón y que ganan más de 2,000 dólares mensuales. Sin embargo, estimaciones de la planilla de ambos gremios revelan que en el sector de educación y salud, solo el 5% gana más de 2,000 dólares. Este no puede ser un argumento válido durante décadas sin que se tomen medidas para esas minorías que no representan a los gremios en su conjunto. Lo cierto es que la gran mayoría de trabajadores de salud y educación gana menos de 1,000 dólares.
El Salvador ya no es un país donde se pueda vivir con un salario de 500 o 600 dólares, que es lo que muchos maestros y personal de salud reciben al comenzar en los diferentes sectores. Según estimaciones, una persona promedio necesita entre 200 y 300 dólares mensuales solo para alimentación. En total, una persona individual, cubriendo todos los gastos y servicios necesarios para vivir dignamente, requiere no menos de 900 dólares mensuales. Una familia de cuatro integrantes (esposo, esposa y dos hijos) necesitaría entre 1,700 y 2,000 dólares para vivir dignamente.
Con estos números, sabiendo que la mayor parte de los trabajadores de salud y educación están por debajo de los 1,000 dólares, concluimos que, aun siendo personal capacitado y perteneciente a áreas esenciales para la sociedad, el gobierno ofrece salarios en condiciones de pobreza. La congelación del escalafón no es más que un ataque directo a las condiciones de vida de los trabajadores.
El escalafón es una conquista histórica de la clase trabajadora del sector público. Cualquier intento de suspender, limitar o congelarlo debe ser respondido con lucha organizada de la clase trabajadora. Ningún gobierno, representante de la clase dominante en cualquier periodo, ha otorgado por propia voluntad los derechos que la clase obrera tiene actualmente. Al contrario, estos han sido arrancados de las garras de los burócratas del Estado.
El Estado y los trabajadores públicos
Para nosotros, los comunistas, el Estado actual no es más que una maquinaria que defiende los intereses de la clase dominante. Es falso que este aparato monstruoso de instituciones y funcionarios de cuello blanco está diseñado para garantizar nuestros derechos. Esto no necesita mayor explicación, ya que a diario nos damos cuenta de cómo el Estado beneficia siempre a los patrones de las grandes empresas, más que a los trabajadores.
Por la complejidad de la sociedad, el Estado no es solo una máquina para contener a la clase obrera a través del ejército y la policía. En su esfuerzo por mantener una aparente democracia, administra derechos que han sido el resultado de luchas históricas, como la salud y la educación. Por eso, cuando la economía se desploma y la corrupción se infiltra por todos sus poros, es la administración de estos derechos la que corre peligro.
Cuando el ministro Jerson Posada habla de la «grasa del Estado», no se refiere al aumento de más del 100% en Defensa (es decir, en militares holgazanes en las calles desde que Bukele llegó a Casa Presidencial), ni al aumento del presupuesto de Casa Presidencial, que ha crecido en 25 millones con respecto a este año, para mantener a otros holgazanes. Tampoco se refiere a la reducción de los salarios exorbitantes de instituciones como el Banco Central de Reserva, cuyo presidente gana más de 40,000 dólares (más de 100 salarios mínimos mensuales), o a las decenas de asesores de los diputados de la Asamblea Legislativa. Nada de eso.
No, el ejército de burócratas comandado por el presidente Bukele necesita mantener sus prebendas y obtener aún más, lo que pueden lograr haciendo leyes que les favorezcan y enriqueciéndose a partir de estas. Sin estas prebendas, la labor de defender la sociedad opresiva en la que vivimos, comandada por los ricos del país, no sería tan bien defendida por estos bufones y títeres de los grandes ricos.
Prioridades del gobierno de Bukele
Durante su gestión, Bukele ha definido sus prioridades eliminando instituciones en salud como los ECOS y Ciudad Mujer, y en educación como INSAFORP. A su vez, ha creado nuevas según sus necesidades, como la Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía, el Instituto Salvadoreño del Café, el Instituto Crecer Juntos, entre otros. Se estima que se han creado 12 nuevas instituciones y mil plazas nuevas incluidas en el presupuesto 2025. Por el contrario, el presupuesto 2025 contempla la reducción de 11 mil plazas.
Esta transición de instituciones y prioridades está restringiendo derechos fundamentales y creando desempleo masivo en el país. Esto proyecta años de más ataques a los niveles de vida y a los puestos de trabajo en el sector público. El principal motivo de Bukele es aliviar la crisis financiera que él mismo ha generado. No es un secreto que Bukele ha financiado su gobierno a través de deuda, y su capacidad de generar ingresos orgánicos ha sido nula. Ante esta situación, pone la responsabilidad de la crisis sobre los hombros de los trabajadores públicos, mientras restringe el acceso a los derechos fundamentales de la clase trabajadora, que verá el deterioro de los servicios de salud y educación en los próximos años.
Los despidos también pueden ser el inicio de una serie de condiciones que Bukele debe cumplir para obtener un rescate financiero ofrecido por el FMI. Según las perspectivas económicas, el Estado salvadoreño solo puede sobrevivir con más deuda. Los acreedores internacionales se agotan con el paso del tiempo, y Bukele, tarde o temprano, tendrá que firmar un acuerdo con el FMI, que incluirá despidos, reducciones salariales, aumento de impuestos y sometimiento a los bancos internacionales. Es eso o el colapso total; no hay alternativa.
Por la defensa de nuestras conquistas
Ante esta situación, la clase obrera del sector público, que ya está siendo afectada por estas medidas, solo puede defenderse a través de la lucha tradicional de la clase trabajadora: la organización, la unidad, la movilización y la huelga. Los dirigentes sindicales y sindicalistas deben llamar a la defensa de las conquistas y los puestos de trabajo. Deben convocar asambleas donde se discutan las amenazas y las acciones de lucha, y establecer un programa que vincule su lucha con la de la clase trabajadora del sector privado, que siempre ha estado en condiciones de pobreza y bajo constante ataque.
Solo la unidad de la clase obrera y la definición de un programa amplio contra el sistema capitalista y los gobiernos burgueses podrán llevar adelante la lucha contra la crisis que se avecina. Avancemos hacia la unidad de las luchas del pueblo obrero y trabajador.
