El pasado 02 de septiembre la Fiscalía General de la República promovió la acción penal en contra de miembros de los sindicatos SITTOJ, SINEJUS y SEJES, todos pertenecientes al Órgano Judicial, acusándolos en esencia de apología al delito y desordenes públicos (algunos de los sindicalistas incluso fueron acusados de cometer hasta cinco delitos diferentes), debido a las actividades de protesta que se desarrollaron en los primeros meses de la pandemia del COVID-19, en la que los sindicatos mencionados exigían justamente que se decretara la suspensión de las jornadas laborales para los trabajadores judiciales. La presión en ese momento consiguió que se decretara cuarentena en el Órgano Judicial, el tiempo le dio la razón a los camaradas sindicalistas, a la fecha de hoy alrededor de 50 trabajadores judiciales han muerto a causa del COVID-19, de no haber hecho esta presión sin duda el número de fallecidos sería mayor.
Producto de estas protestas los magistrados de la Corte Suprema Justicia a regañadientes se vieron obligados a mandar a cuarentena a los trabajadores judiciales, los sindicatos demostraron que la presión obrera es un arma útil para defender nuestros derechos, sin embargo, esto también significó que la institucionalidad iba a tomar revancha, esto lo han hecho de mano del Fiscal General de la república, Raúl Melara, quién ha dejado en claro el verdadero papel de la FGR: un dilatador burocrático de los procesos judiciales de los más pobres y a su vez un arma eficiente y ágil para atacar a la clase obrera organizada. Este proceso está lleno de vicios incluyendo la omisión del fuero sindical del que gozan las juntas directivas de los sindicatos, así como una manipulación mediática de las actividades realizadas en las que se quiere hacer ver que las protestas fueron violentas, equiparándolas a desórdenes callejeros, cuando estas realmente no impidieron ni siquiera que se desarrollaran las actividades judiciales programadas en esos días, si alguna se interrumpió no fue por decisión de los sindicatos sino de algunos jueces o jefaturas administrativas que usaron como excusa el ambiente de protesta para no desarrollar sus actividades.
Un golpe a los trabajadores judiciales es un golpe a toda la clase obrera
Para nadie es un secreto que la actividad sindical ha sido diezmada en los últimos años, por una parte los gobiernos de derecha que buscaron criminalizar la protesta y por otra parte los mal llamados dirigentes de izquierda (izquierda de palabra, reformistas en los hechos) que sirvieron como un freno a la organización sindical, esto venía a bien para los empresarios, quienes necesitaban al movimiento obrero dócil para poder explotar a los trabajadores sin que nadie se los impidiera. Sin embargo, esto no se puede contener para siempre y tarde o temprano resurgirían luchas de los trabajadores, en estos últimos meses los sindicatos de la Corte han conseguido pasos importantes, consiguieron la ratificación del contrato colectivo lo que no solo ha dotado de estabilidad laboral a muchos trabajadores sino que además ha conseguido mejoras, además de ser de los sindicatos que están dando forma a un movimiento en contra de las pensiones con demandas más avanzadas que otros sindicatos, esto es debido a gran parte a que las libertades sindicales en las instituciones públicas suelen ser mayores que en las empresas privadas, aun así esto no desmerita las victorias conseguidas, y la clase dominante lo sabe bien, deben frenar a los sindicatos que consigan victorias y a aquellos que se mueven más hacia la izquierda antes que contagien al resto de la clase obrera.
No es casualidad que los compañeros denunciados sean dirigentes sindicales. Este proceso tiene un objetivo claro: descabezar al movimiento, y creemos que la FGR y los magistrados de la CSJ usarán todas las artimañas posibles para que los camaradas sean condenados, no sería raro que compraran “testigos” (como ya lo denunció Roswal Solorzano, secretario del SITTOJ, el que develó la participación como testigo pro patronal del dirigente sindical Balmore Leiva Orellana), que presionaran a los jueces encargados del proceso y que iniciarán una campaña de desprestigio a los sindicatos. Si bien consideramos que las pruebas que ha presentado la FGR son débiles no confiamos en el aparato de justicia burguesa, incluso esta debilidad probatoria podría dar paso a otra estrategia para desbaratar a la organización sindical: dilatar lo más posible el proceso para que los involucrados centren toda su atención en este y descuiden la actividad sindical, es por ello que creemos que la defensa de los camaradas no solo debe ser ejercida por los abogados que los están representando judicialmente sino que también por la protesta en las calles, la denuncia pública y el seguimiento de los trabajadores en este caso.
Una victoria de los sindicalistas sentaría un precedente para el resto de los trabajadores, demostraría que los aparentes órganos inamovibles del Estado burgués realmente son frágiles, está claro que esto solo puede conseguirse con la organización y presión de la clase obrera, de sufrir una derrota envalentonaría a la clase dominante y usando el precedente judicial toda protesta buscaría ser criminalizada. Bajo esta perspectiva esta lucha no solo le compete a los trabajadores judiciales sino a todos los trabajadores.
Por otro lado, consideramos que el acercamiento de Rolando Castro, Ministro de Trabajo y principal delegado del gobierno hacia los sindicatos, debe ser tomado con pinzas. En el pasado, Castro jugó un papel nefasto hacia el movimiento sindical, no olvidemos lo que sucedió con el STISS donde con el beneplácito del gobierno desarticularon la que en ese entonces era la junta directiva democráticamente electa, además de hacerse de oídos sordos a las luchas actuales (como la de las obreras despedidas de Florenzi), por lo que se debe desconfiar de este acercamiento. Si Rolando Castro pretende mostrarse como aliado de los trabajadores entonces exigimos que se pronuncie a favor de las demás luchas obreras y no solo de aquellas que lo beneficien mediáticamente.
Desde el Bloque Popular Juvenil repudiamos los ataques a los compañeros sindicalistas, está claro que esto en el fondo es una persecución política, por lo que exigimos que el caso sea sobreseído, denunciamos a su vez el papel nefasto que está jugando el Fiscal General como perro guardián de los intereses de los más poderosos de este país.
Asimismo hacemos un llamado a la solidaridad con el SITTOJ, SINEJUS y SEJES, e invitamos a todas las organizaciones de izquierda a que se pronuncien a favor de estos sindicatos, también a que acompañen en toda actividad que estos crean conveniente convocar para acelerar el proceso en favor de los sindicalistas, el proceso continuará este 16 de septiembre llamamos a estar pendientes y acompañar en esta lucha.
¡Alto a la persecución sindical!
¡Exigimos que el proceso contra los dirigentes de SITTOJ, SINEJUS y SEJES sea sobreseído!
¡Por un sindicalismo combativo y socialista!
