La ultraderecha salvadoreña, representada por ARENA, ha propuesto una reforma a la ley, la cual consiste en elevar las penas de cárcel por aborto para que estas sean de 30 a 50 años. La reforma también propone aumentar sanciones y tiempo de prisión para los profesionales de la salud, y para personas acusadas de promover o facilitar servicios de aborto. Con esto la pena de prisión por aborto seria la misma que la condena por homicidio agravado “con crueldad extrema”, ¡algo totalmente indignante!
Amnistía Internacional se ha pronunciado y ha dicho que esta propuesta es algo escandaloso, irresponsable y va en contra de estándares básicos de derechos humanos. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, también declaro en un comunicado que: «Prohibir abortos que pueden salvar vidas es atroz en cualquier circunstancia, pero intentar aumentar las penas de cárcel para las mujeres que necesitan un aborto y a las personas que las apoyan es simplemente despreciable».
Vista desde cualquier punto, es una propuesta encaminada a la criminalización absoluta de las mujeres; a la negación de derechos fundamentales como el acceso adecuado a la salud sexual y reproductiva; a la devastación total de la vida de niñas, jóvenes y adolescentes que no han tenido la oportunidad de elegir, porque simplemente han sido víctimas de violación o han sufrido un aborto espontáneo. Si se aprueba la reforma las consecuencias serian aún más trágicas, sobre todo para las mujeres pobres pertenecientes a la clase trabajadora, que siempre son las más afectadas.
Produce rabia escuchar las declaraciones del diputado arenero Ricardo Velásquez Parker -quien ha sido el que ha presentado la propuesta el pasado 11 de julio en la Asamblea Legislativa- cuando asegura que no ha revisado ningún caso por aborto espontáneo por los cuales las mujeres están en prisión actualmente, ya que estos no son de su incumbencia por ser “casos aislados”, los cuales han sido analizados con base en presupuestos “subjetivos y filosóficos” que no se apegan a la legalidad. Con esta actitud indiferente solo demuestra su total ignorancia respecto al tema y su ignorancia de la realidad concreta que están viviendo las mujeres salvadoreñas. No es sorprendente viniendo del partido más conservador, reaccionario y corrupto del país.
Una mirada a la reforma de 1998
La reforma constitucional hecha en 1998 estableció, en el artículo 1 de la Constitución, que: “El Salvador reconoce al ser humano como el origen y el fin de la actividad del Estado. […] El Salvador reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción”. Esto permitió que los diputados hicieran una serie de reformas al código penal para prohibir bajo cualquier circunstancia la interrupción del embarazo, ya sea que fuera por un aborto espontáneo, por violaciones sexuales, por incesto, por ser de alto riesgo o incluso por malformación del feto. Un paso atrás para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pues en la constitución de 1970 si se permitía el aborto bajo ciertas circunstancias.
Desde esta reforma constitucional, apoyada por los sectores religiosos más conservadores, las mujeres han sido criminalizadas incluso por abortos espontáneos donde no han tenido la posibilidad de hacer nada, y han sido sometidas a procesos judiciales injustos y con errores que han costado que pasen años en la cárcel pagando condenas sin tener la responsabilidad de lo sucedido. Otras han sido obligadas a llevar hasta el final un embarazado que pone en riesgo su vida, les hacen pasar por un proceso doloroso y traumático que es totalmente innecesario.
La prohibición absoluta no soluciona nada
Las estadísticas demuestran lo absurdo de esta prohibición, el Ministerio de Salud (MINSAL) estima que más de 19,000 abortos se han llevado a cabo clandestinamente, desde la reforma de 1998, y de estos un tercio fue practicado por adolescentes. Esto solo agrava la situación deplorable de las mujeres, en una región que tiene una de las tasas más altas de embarazos no deseados y de embarazos por agresión sexual. Lo único que logra la prohibición total del aborto es condenar el bienestar de las mujeres y comprometer su salud, al verse obligadas a practicar abortos en las peores condiciones higiénicas con métodos nada confiables, o por no poder tener la atención médica adecuada, tras un aborto espontáneo, porque son encarceladas inmediatamente acusadas de homicidio.
La propuesta de ARENA además de violar los derechos humanos, no tiene en cuenta que la prohibición no reduce el número de interrupciones, sino que tiene un efecto contrario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado que es mucho más probable que el aumenten los abortos, bajo circunstancias inseguras, cuando no se facilita el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que incluyan la anticoncepción y el aborto seguro y legal. También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha identificado que la prohibición total del aborto va de la mano con el incremento de las altas tasas de mortalidad materna en el país.
En países donde el aborto es legal y seguro los índices de aborto son incluso menores, y la vida de las mujeres corre los menores riesgos posibles. Pero en El Salvador debido a la penalización, las mujeres cuando tienen complicaciones tienen temor de pedir asistencia médica, provocando muertes que pudieron ser perfectamente evitadas.
Procesos judiciales injustos
La situación de las mujeres en el país se agrava, porque además de ser condenadas, los procesos judiciales ocupados para condenarlas son totalmente injustos, en la mayoría de casos con pruebas débiles o insuficientes. En algunas audiencias las mujeres acusadas ni siquiera pueden estar presentes, o no tienen una defensa adecuada.
En el artículo 133 del código penal, vigente hasta hoy, se estipula que la pena a pagar por aborto es de dos a ocho años. Sin embargo, en los procesos judiciales turbios las mujeres no son acusadas por el delito de “aborto”, sino por “homicidio” o por “homicidio agravado” ¡una total injusticia! Es por eso que sus condenas se extienden hasta por 30, 40 o 50 años. Tal es el caso emblemático de María Teresa Rivera, trabajadora de una maquila de 32 años, quien en 2011 tuvo un aborto espontáneo en su baño de fosa séptica. Al momento del aborto perdió el conocimiento, y fue encontrada por su suegra sangrada e inconsciente, cuando recupero el conocimiento estaba en la sala del hospital sin saber que había sucedido exactamente. Luego fue enjuiciada y condenada a pagar 40 años en prisión por “homicidio agravado”.
María Teresa es solo uno, de los muchos casos de procesos irregulares en El Salvador. Ella ha sido puesta en libertad, porque el juez ha identificado demasiadas irregularidades en su proceso, pero la fiscalía apeló y ha pedido para que regrese a la cárcel. La decadencia del sistema lleva a que los procesos no sean nada confiables debido a la estigmatización y el machismo de los funcionarios, esto no puede seguir así.
La condena de ser niñas en El Salvador
La condena a las que las mujeres son expuestas en el país, por el simple hecho de ser mujeres, es algo que debe ser cambiado. En El Salvador una niña adolescente da a luz cada 20 minutos, esto se ha normalizado y se ha estigmatizado, pero debemos saber que ¡no es normal que una niña este embarazada!
¿Por qué tantas niñas embarazadas? Los que se dan golpes de pecho diciendo que la culpa es de las niñas que “no se cuidan”, desconocen vilmente que en 2015, según el Fondo de Población (UNFPA), cada 5 horas una niña o adolescente fue agredida sexualmente, y que 1,634 niñas o adolescentes de 19 o menos años fueron víctimas de violencia sexual, esto es cuatro niñas por día. También según el informe de UNFPA alrededor de 1,500 niñas de entre 10 y 14 años resultaron embarazadas en 2015, sin desearlo.
Los embarazos en adolescentes son altamente perjudiciales, y ponen en riesgo la vida de las niñas, a ellas aunque hayan sido violadas o a pesar del riesgo de morir se les obliga a dar a luz a una criatura. Son condenadas a llevar una vida que no eligieron o que por falta de acceso a una educación sexual y reproductiva que les brindara la información correcta no pudieron evitar. Es un acto totalmente repudiable obligar a cualquier niña a cargar con un embarazo producto de una violación.
La ley que mata a las mujeres… de la clase trabajadora
El Salvador es uno de los cinco países de la región que tienen una ley tan absurda como la penalización absoluta del aborto. La cual no soluciona nada, sino agrava la condición de las mujeres en el país. ¿De todas las mujeres? No, únicamente de las mujeres pobres, es decir, de las mujeres que pertenecen a la clase trabajadora.
Hay abortos en todas las clases sociales, pero por ejemplo, una mujer que pueda costearse un aborto en el extranjero no será condenada, con la misma saña y la inquisición que se hace a las mujeres pobres que no pueden hacerlo. Es más, la ley, por sus vacios y contradicciones, ni siquiera condena a una ciudadana salvadoreña que aborte en el extranjero ¡vaya conveniencia! Es la diferencia de clase la que determina si una mujer es condenada o no.
La hipocresía de una ley tan perjudicial para la vida y salud de las niñas y mujeres salvadoreñas, se ve reflejada en un país que es conservador y corrupto hasta los huesos que intenta dar clases de moral, aprobando leyes obsoletas, apoyadas y presionadas por los religiosos rancios en un Estado que se “supone” es laico, y sobre todo por la clase dominante que intenta preservar su moralidad burguesa con la aprobación de estas leyes, pisoteando la dignidad y los derechos de miles de mujeres trabajadoras.
Cuando decimos que esta ley mata es algo literal, con la oportuna intervención del embarazado en condiciones seguras y legales se salvaría la vida de miles de mujeres. Esto pasa por ser un problema de clase, pues son las mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes pobres, las indígenas las más propensas a recurrir a abortos inseguros.
¿Cuál es el interés de fondo?
El interés de fondo no es la consigna hipócrita de “defender la vida”, pues si esto realmente fuese así, los diputados areneros serian los primeros en pronunciarse y defender los programas sociales, como el equipamiento adecuado del sistema hospitalario, el sistema educativo, y demás iniciativas a favor de la vida de las mujeres que ellos consideran un despilfarro. Lo que realmente buscan es mantener la moral burguesa y todo su sistema de leyes que han favorecido para que la clase dominante perpetué su poder hegemónico, no importándoles la vida de las mujeres sino solo sus intereses de clase.
Con esta propuesta se profundiza la desigualdad y la negación de los derechos de las mujeres salvadoreñas más desfavorecidas, es una propuesta arbitraria que no toma en cuenta los criterios médicos, ni dimensiona las consecuencias nefastas que produce. Pasando por alto la realidad concreta de injusticia, desvalorización, criminalización y discriminación que viven a diario las mujeres. Es una aberración saber que, en El Salvador, una mujer violada que tenga complicación en el embarazo, a tal punto de interrumpirlo, tenga que pagar más años en la cárcel -30 a 50 años-, siendo esta una condena mayor que la que se le da a los violadores, y es igual a la que se le da a un homicida.
La propuesta de ARENA empezaría a ser discutida en sesión plenaria del jueves 14 de julio, lo cual no sucedió, por consiguiente se espera que sea discutida en otras fechas. Para ser aprobada necesita 43 de 84 votos a favor, de los cuales ARENA tiene 35. Es indudable que presionarán hasta el final para conseguir su malévolo objetivo. No darán ninguna concesión, significaría una debilidad para la derecha si se logra que esta reforma de ley no proceda, es decir, sería una victoria para quienes luchan por la despenalización del aborto. Victoria que los llevaría a exigir la completa despenalización del aborto en el país. No esperamos que la ultraderecha cambie el proceso de más criminalización que ha iniciado contra las mujeres, pero si esperamos que el FMLN se pronuncie a favor de la vida de las niñas y mujeres que están siendo pisoteadas como si fuesen basura.
¿Hacia dónde se debe orientar la lucha?
Para cambiar esta situación injusta y desalentadora no solo exigimos que las condenas por aborto bajo cualquier circunstancia no sean agravadas aún más, sino pedimos la total despenalización del aborto; que las niñas y mujeres tengan una educación sexual y reproductiva que les permita tomar las decisiones más adecuadas respecto a sus cuerpos; y que los métodos anticonceptivos sean accesibles para todas.
Debemos luchar por la despenalización del aborto sin dejar de visualizar la lucha más grande que tenemos: la lucha contra el capitalismo, que apoyado en el patriarcado, es el sistema que ha perpetuado la situación de opresión y desigualdad que viven las mujeres. La lucha es larga, y todas las trabas que se oponen parecen insuperables, sin embargo, estas lograrán superarse con la organización decidida de las mujeres trabajadoras a través de la eliminación del capitalismo. Cuando esto suceda permitirá el avance de la ciencia y tecnología que estará al servicio del proletariado en general, y a favor de la vida de las mujeres en particular. Así la vida de las mujeres y hombres cambiará radicalmente porque todos los prejuicios religiosos podrán ser barridos por el desarrollo mismo de la conciencia, al eliminar las barreras materiales que lo impiden hasta el momento.
¡Por la despenalización del aborto!
¡Por el derecho a decidir!
¡NO a la reforma a la ley de aborto propuesta por ARENA!
¡Basta de criminalización!
