Como organización de trabajadores e hijos de trabajadores ante el estado de emergencia y calamidad y ante las constantes violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas coercitivas del Estado (Policía y Ejército) incentivadas por el presidente de la Republica, denunciadas por instituciones nacionales e internacionales defensoras de los DDHH, ante las demandas de personas naturales, sindicatos, gremios, organizaciones comunitarias y sociales en general declaramos:
1. Que estamos en defensa de los derechos civiles y democráticos conseguidos a partir de la lucha sangrienta en las décadas pasadas en el país, y por lo tanto la actual situación de emergencia mundial no puede pisotear, a través de la policía y el ejército, estas conquistas de las clases oprimidas haciéndonos retroceder a tiempos oscuros y represivos
2. Que el asesoramiento del gobierno por parte de personal de salud científico y técnico pudo evitar las muertes y contagios que se han presentado las últimas semanas
3. Que la constante información estatal sobre el virus, utilizando todos los medios de comunicación y otros con la adecuada organización popular de los barrios, colonias, municipios y departamentos junto con Protección Civil, Ministerio de Salud y otras instituciones elevaría los niveles de eficiencia y eficacia de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno y relegaría al punto de accesorio el papel de los órganos coercitivos del Estado que hoy juegan un papel preponderante represivo similar a un régimen dictatorial abierto y descarado
4. Que el gobierno no debe ceder ante la presión de la burguesía que desde la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP y similares está presionando por reactivar la industria ante las “pérdidas” que han presentado en los últimos días de cuarentena
5. Que una posible reactivación de la economía escalonada o no, en el momento actual seria un acto mezquino que empujaría a la muerte a miles de trabajadores por los intereses empresariales de la burguesía nacional e internacional
6. Que las políticas económicas que exige la situación crítica de la economía, deben estar enfocadas en defender los intereses de los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios y los desempleados del país antes que los intereses de los grandes empresarios que exigen medidas de contención y reparación de pérdidas
Ante las denuncias de trabajadores afectados por el abuso policial y militar por los decretos de emergencia nacional exigimos a la Asamblea Legislativa, a la corte Suprema de Justicia y al Ejecutivo:
1. El cese inmediato a la violencia institucional por parte del Estado sobre la población civil, a la detención, encarcelamiento de las personas civiles por violación de cuarentena, en cambio, aplicar sanciones escalonadas tal y como lo exige la Ley Especial para Proteger a las Personas durante la Emergencia Nacional COVID-19 aprobada el 17 de este mes por la Asamblea Legislativa
2. La resolución inmediata de las demandas de personas detenidas desde hace más de 35 días en albergues de contención y la resolución inmediata de las demandas de los compatriotas retenidos en el exterior
3. El reconocimiento como error Ejecutivo la imposición del cordón militar en el puerto de La Libertad y el establecimiento de un cordón sanitario en esta ciudad que permita el abastecimiento de alimentos y medicinas para sus habitantes
4. Regulación nacional de salidas de la población para abastecerse de alimentos y medicamentos, estos pueden ser a través de número de DUI u otros mecanismos más eficaces
5. El cumplimiento del derecho al acceso a la información pública, alto al bloqueo sistemático a la prensa, a la libre expresión y a las violaciones de los derechos de los periodistas cometidas por el Estado
6. La activación de la organización, comunal, barrial, municipal y departamental a través de representantes comunitarios que participen en las tareas sanitarias y de seguridad ante la emergencia nacional y el establecimiento de una entidad de salud y seguridad estatal-civil para planificar y llevar a cabo medidas que combatan el contagio por Covid-19
7. El cumplimiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional que llama al presidente Bukele acatar los procedimientos específicos para resguardar los derechos humanos de la población civil
8. La protección de los puestos de trabajo, prohibición de despidos o cancelación de contratos laborales, ningún despido durante la cuarentena, que los salarios de trabajadores en cuarentena no sean tomados como incapacidad pagada por el ISSS sino pagadas por las grandes empresas
9. Que el Estado pare el endeudamiento crónico, pues el servicio de la deuda es pagado principalmente por la clase obrera a través de los impuesto, mientras que la mayor parte del dinero que se recibe en concepto de préstamos cubre el vacío que genera la falta de impuestos a los bienes suntuosos y a las ganancias de los capitalistas del país, la elusión y evasión fiscal anual que se cuenta por miles de millones de dólares, así la deuda la pagamos los que menos tenemos y los beneficios los reciben los que más tienen, por tanto y ante la falta de dinero exigimos la implementación de una reforma fiscal revolucionaria que haga que las grandes empresas paguen más impuestos al Estado
10. Ante las necesidades sanitarias que el Ejecutivo ordene un estudio de la industria nacional para saber qué insumos se pueden producir localmente y decretar una ley que permita la utilización de estas industrias en favor de la vida de los ciudadanos. Para que el Estado cumpla con sus obligaciones de brindar salud al país en el corto, mediano y largo plazo se nacionalicen los hospitales y clínicas privadas y la industria farmacéutica
Por último, afirmamos que la actual situación de pandemia pone de manifiesto las condiciones precarias a las que nos somete el capitalismo, que los diferentes gobiernos alrededor del mundo prefieren mantener las condiciones materiales que producen el hambre y sufrimiento de la clase obrera solo por salvar los intereses de los grandes ricos. La sociedad capitalista a través de su gran industria es capaz de brindar hospitales equipados, alimentación, vivienda y medicamentos a toda la población de manera gratuita, sin embargo, esto es imposible debido al derecho a la propiedad privada de los medios de producción (fábricas y tierras) que hoy están en manos de unos pocos.
En El Salvador en manos de los 160 ultra ricos que controlan más del 86 por ciento de la riqueza nacional, solo la lucha por un sistema democrático que expropie la propiedad de estos grandes ricos y organice democrática mente la producción puede salvarnos de los embates de la explotación, el sometimiento, la miseria y la enfermedad, el único sistema capaz de conseguir estas grandes tareas es el sistema socialista por el que nosotros luchamos y por el que debemos luchar los oprimidos del mundo en momentos de calamidad mundial.
¡La crisis de la pandemia por Covid-19 no puede recargarse sobre los más pobres, alto a los abusos de poder y la explotación capitalista!
Soyapango, abril 19, 2020
