A partir del culmen de la guerra (1992) y la entrada de la democracia burguesa con todas sus libertades, en El Salvador hubo una serie de reestructuraciones, contempladas en los Acuerdos de Paz, que permitieron la recomposición del Estado de derecho burgués, entre ellos que la seguridad pública pasará de las manos de las Fuerzas Armadas a las manos civiles, dando como un resultado de esto a la Policía Nacional Civil y todas sus derivaciones.
No obstante, con la proliferación de las pandillas -productos de la fase neoliberal del capitalismo, las políticas mezquinas de repatriación de EEUU, y de las pocas oportunidades junto a los peores vicios de la lucha armada-, los planes de combate como las “Mano Dura” de los gobiernos de ARENA y los llevados a cabo por los gobiernos del FMLN involucraron directamente a las Fuerzas Armadas.
Estas políticas superficialmente represivas se han encargado de combatir el problema, pero no sus causas, que yacen en la miseria de los barrios bajos de nuestro país, la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, etc. En el fondo de la cuestión no se ha combatido directamente la delincuencia y más bien parece haber una tregua entre los gobiernos que han estado en el poder en lo que va del siglo XXI y el crimen organizado de las pandillas junto al tráfico de drogas –en el que están involucrados incluso hasta altos mandos de los cuerpos de seguridad y “respetables funcionarios” públicos del Estado.
A vistas de la población estos vínculos entre los cuerpos de seguridad y los grupos lumpen desacredita en su conjunto a estas instituciones, les atañe el título de impotentes, a pesar del buen trabajo que sus elementos más honestos puedan desempeñar. Esto encuentra su explicación en las raíces del asunto.
El Estado y la Seguridad
El Estado burgués responde a la defensa del derecho a la propiedad privada, propio del liberalismo, ideología política del sistema capitalista actual. Marx y Engels dedicaron sus vidas en explicar, que, a este respecto, el Estado se reduce a un cuerpo de elementos armados. Por tanto, los cuerpos de seguridad estatales están para solventar la necesidad de la burguesía de defender el capitalismo, y que están ahí para ejercer la represión policial contra el proletariado organizado y no organizado cuando sea el momento, lo cual solo sería una expresión armada de la represión política y económica que ya sufren los trabajadores. Incluso aunque esta defensa implique sostener la delincuencia que oprime, extorsiona, viola y asesina a la clase trabajadora y sus familias.
Cuando la desacreditación de los cuerpos armados del Estado salia a la luz los gobiernos de derecha les encubrían con las más vergonzosas maniobras, el FMLN ha sido un poco más somero en esta cuestión, pero como fiel administrador del capitalismo y defensor de su Estado, siempre les sigue encubriendo. Basta recordar la disolución de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) ante la negativa de los mismos de reprimir a sus propios compañeros que protestaban por un aumento salarial para la PNC, o el reciente caso de disolución del Grupo de Reacción Policial (GRP) ante la desaparición forzosa de la agente Carla Ayala en manos de sus mismos compañeros. Y que, desde el 29 de diciembre, día del hecho, hasta nuestros días, las investigaciones no la encuentran ni dan mayor razón de su desaparición, más que una discusión con sus compañeros.
Pero, por supuesto, que la burguesía y su Estado ante la desacreditación de sus cuerpos armados, sobre todo, cuando se ha aliado al gobierno progresista que nos rige –al que no le conviene entrar en escándalos, pues derivaría en un mayor declive del partido FMLN- crean mecanismos para sacrificar a algunos elementos y salvar las instituciones desprestigiadas, es decir, disolver unas unidades policiales o militares y crear otras “nuevas” con “nuevas normas”, tal es el caso de las nuevas unidades elites que nacieron a partir del conflicto en el GRP.
Cambios sobre la mesa que no implican mayor modificación al problema en sí, pues debajo de la mesa sigue habiendo toda una red de corrupción, colaboración con el crimen, y podredumbre de quienes llevan en sus uniformes “servir y proteger ante todo”. Producto directo de la decadencia de todo el sistema de producción capitalista y sus políticas estatales, en este caso: la contribución indirecta que el crimen y la delincuencia hacen al sostenimiento del status quo.
¿Qué proponemos?
Durante años, los marxistas hemos explicado que la defensa de la vida de la clase trabajadora debe ser obra armada de la misma. Lenin alecciono mucho al partido bolchevique en periodos de calma y de revolución al respecto. Es necesario defender nuestras vidas, pero debemos hacerlo de forma organizada y con amplia expansión, no con acciones aisladas como las promovidas por los grupos de exterminio o los asesinatos de delincuentes por ciudadanos individuales, estos últimos son más bien expresiones de la desesperación y el cumulo de sufrimiento de la clase explotada. La desesperación es casi generalizada, pero debemos canalizarla sobreponiendo los intereses de clase ante cualquier otro, tomando en cuenta que “las personas que poseen algún vínculo con las “maras” en El Salvador oscilan entre los 600 mil y 700 mil”[1].
La creación de las Autodefensas Obreras en cada comunidad, barrio, fábrica, etc., es, para nosotros, el primer paso en la solución del problema de la delincuencia y de la desacreditación de los cuerpos armados del Estado. Estos grupos armados deben ser presididos por una Asamblea general de la comunidad, en la que los elementos más honestos y con disposición puedan ser elegidos para proteger a la población de los grupos lumpen y sus acciones, y donde también los elementos honestos de la PNC y de la FAES que quieran sumarse lo deben hacer para adiestrar a quien lo necesite, pero siempre supeditados a las decisiones de la Asamblea.
Ya ha habido algunos intentos esporádicos como por ejemplo en San Esteban Catarina en años anteriores, pero si esto no es una política que se expanda a nivel general, no podrá tener éxito. Tampoco tendrá éxito si no va acompañada de un plan agresivo de creación de empleos a jóvenes, de programas para la reinserción social en los penales, del combate duro y la expropiación a las estructuras del crimen organizado y el narcotráfico para invertir ese dinero en programas de recuperación para adictos y alcohólicos.
Solo de esta forma podremos combatir la delincuencia desde sus raíces y no desde sus expresiones y solo así podremos sustituir la desacreditación de los cuerpos armados del Estado con una verdadera seguridad pública para la clase trabajadora.
[1] Ver: http://www.milenio.com/internacional/mara_salvatrucha-ms13-barrio_18-el_salvador-guatemala-honduras-pandillas-milenio_0_1070892973.html
