por: Katherine Núñez
La importancia del agua queda de manifiesto en los diferentes escenarios ante los que la población se ve obligada a enfrentar día con día, situaciones que se agudizan según el grado de vulnerabilidad social y económica de la persona, provocando así que sus impactos también sean diferenciados; es decir, los efectos de una crisis, en este caso, la crisis del agua, no la sufrimos todas y todos por igual.
En ese sentido, la importancia del uso del agua para garantizar la salud pública no es la excepción; y el acceso y goce de estos dos derechos tampoco será igual para la población.
En El Salvador, así como en los demás países y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se implementaron algunas medidas sanitarias, en las cuales el componente vital para poder realizarlas es el agua. Desde el gobierno central hasta los múltiples gobiernos locales, se instó a la población a un adecuado y frecuente lavado de manos, a la limpieza continua de objetos y superficies, y por supuesto, el desinfectar calles y vehículos. Todas esas medidas demandan una gran cantidad de este bien hídrico.
El primer caso positivo de COVID-19 por contagio local se detectó el miércoles 8 de abril y pertenece al municipio de San Salvador. Actualmente, las cifras reportan que el número de contagios locales ha superado el de contagios importados. Ante esta situación, las medidas anteriormente expuestas se convierten altamente necesarias de seguir implementándolas en cada municipio, comunidad y hogar.
Los municipios que hasta el momento reportan casos positivos ascienden a 50. En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), donde se concentra una cantidad mayor al 27% de la población total del país, de los 14 municipios que la conforman casi todos ellos presentan casos.
Lo impactante de estos datos es que en los municipios registrados con casos positivos, sus comunidades y colonias sufren de la problemática del agua, tanto en el acceso, la cantidad y su calidad. Esto no hace diferencia si el agua les es distribuida por la ANDA, una Junta de Agua o cualquier otro mecanismo. También, es destacable reconocer que, al ser estos municipios en su mayoría zonas urbanas, suelen ser las áreas más pobladas y hacinadas del territorio nacional, donde residen las clases productoras del país y donde los niveles de acceso a los derechos fundamentales para una vida digna e integral es solo un sueño lejano, en una realidad de miseria y pobreza.
San Salvador, Soyapango, Ilopango, Apopa, Ciudad Delgado, Santo Tomás y Mejicanos, son de los municipios con mayor cantidad de casos y donde en los últimos días, sus pobladores han presentado denuncias por la falta de agua; por ejemplo, en Soyapango la Residencial Los Ángeles, Residencial Los Santos, Colonia Guadalupe, entre otras reportaban pasar días sin agua; en Mejicanos la Comunidad Finca Argentina más de un mes con desabastecimiento; en Ilopango, la Colonia Cima I reportó que para el 8 de abril cumplían 10 días sin el bien hídrico.
Esta situación de desabastecimiento provoca que los y las habitantes pertenecientes a dichos municipios, sean más propensos a infectarse y padecer, no solo el COVID-19, sino también otras enfermedades. Por tanto, vemos claramente como la desigualdad social creada por el capitalismo convierte a los habitantes de estas zonas en pobres victimas indefensas de las enfermedades.
La escasez de agua, no sólo se ve agudizada por la implementación de las medidas sanitarias de desinfección, sino que también, la cuarentena domiciliar ha obligado a la mayoría de los y las integrantes del círculo familiar a permanecer en su casa, incrementando altamente la cantidad de agua necesaria para el consumo humano y el uso doméstico.
Lo que se traduce, en verse obligados a encontrar otras alternativas para conseguir algunos litros de agua y de ese modo abastecer a su familia, entre ellas, el comprar agua embotellada, tal como lo hace el 41.3 % de la población[1], como solución ante la mala calidad del agua que recibe cuando le suministran. Afectando así también los pocos ingresos económicos que puedan obtener durante este Estado de Emergencia y que un gran número de salvadoreños y salvadoreñas que pertenecen al sector informal han dejado de percibir.
El Estado a través de la implementación de las medidas sanitarias busca garantizar a la población la salud, sin embargo, ha olvidado que para ello debe garantizarse, en primer lugar, el derecho humano al agua, el cual es exigido como derecho por un 99.5% de la población salvadoreña[2], según la última encuesta de opinión de la UCA sobre la situación del agua.
Perspectivas sobre la crisis del agua en El Salvador
Según estudios del MARN, la crisis de agua se va a desplomar para el año 2022, es realmente alarmante como el estrés hídrico va en un aumento rápido y a gran escala; esta crisis ya es reconocida por un 90.6 % de la población nacional[3]. Por tanto, el Estado para resguardar la salud de sus habitantes, no sólo ante el COVID-19, también debe implementar medidas para la protección de este bien común, las cuales deben estar planificadas bajo un enfoque de gestión sustentable de cuencas hidrográficas y una gestión pública con participación efectiva de la sociedad.
Para garantizar la implementación y cumplimiento de estas medidas, es necesario que se reconozca el derecho humano al agua en la Constitución y la aprobación de una Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, esto de manera urgente, tal como lo expresa un 91.5% y un 89.3% de la población, respectivamente.[4]
Sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la cual es encargada del estudio y análisis de los diferentes anteproyectos de Ley de Aguas, sesionó por última vez en marzo del presente año. Lo cual significará para la población salvadoreña un año más sin una Ley General de Aguas. Es decir 14 años, hablando históricamente, sin un marco regulatorio que garantice este derecho humano, el abastecimiento en calidad y cantidad a la población y a la protección de esta fuente de vida.
Mientras tanto, las grandes empresas extractivas que utilizan el agua de forma voraz e indiscriminada para el riego del monocultivo de caña, durante esta cuarentena no han parado. Sino que aprovechan esta coyuntura porque las comunidades y las organizaciones que históricamente le han dado vigilancia y protección a los bienes naturales no han podido hacerlo.
Por lo tanto, es necesario que durante esta pandemia el Estado no se olvide de la protección de los bienes naturales.
“Sin agua, el COVID-19 avanza”
[1] Encuesta UCA.
[2] Encuesta sobre el Derecho Humano al Agua, UCA, Marzo 2020.
[3] Encuesta sobre el Derecho Humano al Agua, UCA, Marzo 2020.
[4] Encuesta sobre el Derecho Humano al Agua, UCA, Marzo 2020.
