La doble moral de la sociedad burguesa sobrepasa los límites de la putrefacción. Históricamente las mujeres hemos sido oprimidas en gran medida en nombre de las “buenas costumbres”, la religión y toda la superestructura que defiende el actual sistema, esto no es mera casualidad, tiene raíces históricas en la división de clases: origen de la opresión de la mujer.
La doble moral de la sociedad burguesa sobrepasa los límites de la putrefacción. Históricamente las mujeres hemos sido oprimidas en gran medida en nombre de las “buenas costumbres”, la religión y toda la superestructura que defiende el actual sistema, esto no es mera casualidad, tiene raíces históricas en la división de clases: origen de la opresión de la mujer.
Día a día las mujeres somos violentadas, utilizadas como mano de obra barata, con largas jornadas laborales, doble jornada en el hogar y sin ningún beneficio público para una vida digna, para colmo la sociedad capitalista y patriarcal decide sobre nuestros cuerpos. Nos dicen a las mujeres si debemos o no parir como debemos hacerlo y en qué condiciones.
La opresión que impone el sistema a las mujeres no es solo económica, también es sobre nuestros cuerpos y nuestro derecho a decidir sobre ellos, a base de la ignorancia en complicidad con un sistema educativo reaccionario y la religión como estandarte. Nos han condenado a morir cuando se trata de la vida de los demás, porque somos mujeres y debemos sacrificarnos, esa es una de las principales enseñanzas de la religión para subyugar a las mujeres.
Nuestro país no está exento de esa realidad, aparte de ser un país con altas tasas de feminicidios, violencia de género, acoso sexual y laboral, tiene una de las leyes más reaccionarias del mundo sobre el aborto. El 30 de abril de 1997, la Asamblea Legislativa de El Salvador elegida para el periodo 1994-1997, aprobó el acuerdo de modificación del artículo 1 de la Constitución Política del país, mismo que pretendía agregar un inciso intermedio según el cual el Estado Salvadoreño: “Reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Dejando así prohibido el aborto en toda circunstancia, y a las mujeres acusadas de poner fin al embarazo expuesto a duras condenas. En El Salvador el aborto está penalizado en todas sus formas. No importa si el embarazo es consecuencia de una violación o amenaza la vida de la madre. La pena para las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden ser de entre dos y ocho años de prisión.
Peor aún también el código penal recoge agravantes que pueden hacer que el delito pase a ser considerado homicidio agravado, con penas que van hasta los 50 años de cárcel.
Actualmente hay alrededor de 129 mujeres inmersas en procesos judiciales injustos y en los que no se han respetado ni siquiera sus mínimos derechos humanos de defensa (1). El 1 de abril de 2014 La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y otras organizaciones defensoras de derechos humanos iniciaron la campaña por la libertad e indulto de 17 mujeres condenadas. Gracias a esta iniciativa de lucha de las mujeres “la campaña logró la libertad de dos mujeres, a Mirna una de las acusadas le fue otorgado el indulto por la Corte Suprema, su sentencia de doce años y medio por intento de homicidio agravado se terminó en noviembre de 2014, y fue liberada antes que la asamblea votara sobre su solicitud. Guadalupe, que había cumplido más de 7 años de su sentencia de 30 años, recibió los votos necesarios de la asamblea en enero y fue liberada en febrero. La Corte Suprema no aprobó ninguna otra solicitud de las 15 mujeres restantes, a pesar de la similitud en los errores judiciales con respecto al caso de la Guadalupe”(2)
Estas mujeres en situación de pobreza con problemas obstétricos, abortos espontáneos, dificultades en el proceso de gestación, o que experimentaron partos sin asistencia sanitaria ni médica. Muchas de ellas llegaron desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud y, desde allí, las denunciaron, las procesaron y condenaron por homicidio agravado, obligándolas a trasladarse del hospital a la cárcel. A todas se les violó el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa efectiva. En casi todos los procesos judiciales, tuvieron defensoría pública, caracterizadas por la deficiencia y apatía en la defensa de sus casos. Con la campaña por la libertad de las 17 mujeres y el apoyo de médicos expertos y organismos internacionales han demostrado que con los expedientes de las 17 mujeres hay graves errores y deficiencias en el manejo de sus casos, concluyendo que en ninguno de los casos había evidencia suficiente para probar que fuera cometido un crimen. Estas mujeres han sido condenadas a una maternidad forzada por la propaganda religiosa y el estigma social.
Otro dato alarmante es que en 2013, la Policía Nacional Civil registró un total de 1,346 violaciones de mujeres y niñas. En casi dos tercios de estos delitos, la víctima fue considerada oficialmente «menor o incapaz», es decir, tenía menos de 15 años o no podía prestar su consentimiento informado debido a su salud mental o porque estaba inconsciente. Por si fuera poco El Salvador tiene la mayor tasa de embarazos de adolescentes de Latinoamérica. Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar, más de una quinta parte (el 23 por ciento) de las adolescentes de El Salvador entre los 15 y los 19 años han quedado embarazadas al menos una vez. Casi la mitad de ellas tenían menos de 18 años y no querían continuar con el embarazo.
