Hasta hoy, no era muy evidente que El Salvador importara la mayoría de sus verduras y hortalizas de su país hermano, Guatemala. En la historia reciente, el país ha sido incapaz de satisfacer sus necesidades alimentarias. Este problema no se debe sólo o principalmente a su limitada extensión territorial, sino también a la lógica de producción capitalista, que prioriza la producción y las actividades económicas más rentables en lugar de las necesidades esenciales de las clases más pobres, en este caso la producción de alimentos.
Hace unos días, el quinto viceministro del gobierno de Bukele, negó categóricamente el riesgo de una crisis alimentaria, por el contrario, hablaba de una vigorosa producción en el país. Citaremos sus declaraciones que, en la situación actual, a muchos les parecerán algo realmente surrealistas y descaradas. El viceministro declaró: «Hemos logrado tener cosechas bastante buenas a pesar del clima (…) Dentro de esas gremiales (de agricultores), hay algunos que se dedican al activismo político y otros que simplemente manipulan datos que no están acordes. Sería irresponsable decir, como lo hacen los activistas políticos, que habrá hambruna. La producción nacional está aumentando en varios sectores», afirmó el pasado 30 de agosto en la entrevista «Diálogo» en Canal 21.
Estas declaraciones son relevantes debido al informe internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que advertía sobre una serie de países en riesgo de sufrir hambruna, entre los cuales El Salvador ocupaba uno de los principales lugares. Las advertencias de la FAO se concretaron por los efectos de casi dos semanas del paro nacional indefinido en Guatemala.
El Paro Indefinido en Guatemala
Después de la amenaza de un golpe de Estado al presidente electo, Bernardo Arévalo del partido Semilla, que resultó ganador en las elecciones de agosto pasado, la clase trabajadora, la población indígena, las mujeres, los estudiantes y la juventud han salido a las calles durante más de una semana para protestar contra el intento de golpe, liderado por la odiada Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien es el brazo ejecutor de la burguesía nacional que intenta preservar sus privilegios. Desde el 2 de octubre que inició el paro, se han cerrado más de 100 carreteras, incluyendo las fronteras con México y El Salvador, lo que ha profundizado la crisis alimentaria en el país.
Decenas de camiones que transportan verduras y hortalizas diariamente de Guatemala a El Salvador están hoy paralizados. Algunos que lograron transitar transportaban mercancías que se echaron a perder. Según un informe de desechos sólidos de San Salvador, la cantidad de desperdicios en el mercado central, uno de los mercados más importantes de El Salvador, aumentó en 2 toneladas. Este incremento se debió a alimentos en estado de putrefacción que permanecieron en las fronteras antes de llegar al mercado.
Estos hechos también han generado escasez y un aumento significativo en los precios de las verduras. Por ejemplo, la papa, una de las principales verduras importadas de Guatemala, ha experimentado una completa escasez. El tomate, la cebolla y otros productos han duplicado su precio. Hace unos meses, se anunció con preocupación que la caja de tomates pasaría de $7 a $10/$12. Ahora, con la crisis en Guatemala, la caja de tomates cuesta no menos de $28, siendo otro de los vegetales afectados por la crisis política.
La Prensa Gráfica (LPG) señalaba que, a raíz de la crisis, un estudio de la Superintendencia de Competencia alertaba desde 2018 que el 93.2% de las verduras consumidas en El Salvador son importadas, al igual que el 55% de las frutas. Guatemala es el proveedor de la mitad de los tomates que ingresan al país, casi el 100% de las papas y el repollo, y cerca del 80% de las cebollas.
Por esta información, el país vecino tiene un peso significativo en la nación salvadoreña y, ante un agravamiento de la crisis nacional, el gobierno de El Salvador se enfrentará a serios problemas alimentarios que afectan directamente a la micro y macroeconomía del país. Esto contrasta con las declaraciones arrogantes de los diferentes ministros y viceministros del gobierno de Bukele, quienes auguraban una producción magnífica para el año 2023.
Si esta supuesta producción nacional robusta fuera real, no tendríamos a raíz del paro guatemalteco, un verdadero caos en los principales mercados del país. Los hechos concretos contradicen los discursos engañosos de los ministros del gobierno de Bukele.
El aumento de la canasta básica y la crisis alimentaria
Desde el año 2020, el costo de la canasta básica ha estado aumentando constantemente, alcanzando niveles históricos. Diversos acontecimientos críticos a nivel mundial han arrojado a millones de personas a una pobreza galopante. Desde la pandemia hasta la crisis climática, pasando por la guerra en Ucrania y las crisis en los países vecinos, y, sin embargo, el gobierno no ha tomado medidas para controlar los precios de la canasta básica ni invertir en la reactivación de la agricultura nacional.
Según datos oficiales citados en un artículo de LPG, “entre agosto de 2021 y junio de 2023, la canasta básica alimentaria urbana aumentó de $204.80 a $250.80, mientras que en las zonas rurales aumentó de $148.10 a $188.90”. Este incremento alarmante en el costo de la canasta básica ha anulado por completo el último aumento salarial, que situó el salario mínimo urbano en $365 dólares. Una consumidora comentaba en el mismo artículo: «Mi salario ha subido, pero, aun así, la canasta básica ha aumentado. Antes gastaba $60 en comida para la quincena, y hoy gasto $100. Hemos reducido las salidas y algunos alimentos que solíamos disfrutar en casa». Según las perspectivas del Banco Mundial hace dos años, se preveía que la inflación aumentaría en 2022 pero se estabilizaría en 2023. Esta predicción resultó ser falsa para la población salvadoreña, ya que siguen viendo cómo sus salarios se desvanecen mientras luchan contra el hambre.
Las soluciones del gobierno ante esta problemática son prácticamente nulas, o en el peor de los casos, totalmente insuficientes. En febrero pasado, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, una coalición de organizaciones sociales advirtió sobre la crisis que se avecinaba al señalar los siguientes datos sobre las políticas públicas de Bukele:
- El sector agropecuario está en crisis: se asignaron $37.2 millones de dólares menos para paquetes agrícolas. El presupuesto real para paquetes en 2022 fue de $56.5 millones y para 2023 se asignaron solo $19.3 millones.
- Menos superficie cultivada: desde la temporada 17-18 hasta la temporada 21-22, la superficie cultivada disminuyó en al menos 29,113 manzanas de maíz y 4,030 en el caso del frijol. Esta situación seguramente se agravó en la temporada 2022-2023 recién pasada.
- Menos producción de alimentos: pese a las declaraciones del nuevo ministro del MAG sobre una cosecha récord de 22 millones de quintales de maíz en 22-23, lo contrario apunta con una cosecha de menos de 15 millones de quintales y solo 1,5 millones de quintales de frijoles.
La realidad actual, como mencionamos al principio, habla por sí sola. No es necesario proporcionar más datos, ya que, en nuestras casas y lugares de trabajo al comprar alimentos, podemos constatar de inmediato la crisis en la que vivimos. Es hora de que el gobierno deje de usar excusas como las de los últimos 30 años o la influencia de eventos externos. Debe tomar medidas concretas contra el hambre, hasta ahora no hemos visto ni una sola que beneficie mínimamente al pueblo trabajador, a quienes supuestamente debe servir.
Si alguien cree que esta crisis afecta a todos por igual, se equivoca. Los empresarios y las grandes fortunas de este país no sufren las consecuencias de esta crisis alimentaria como lo hace la clase obrera. Por lo tanto, este se convierte en un problema que afecta principalmente a la clase trabajadora, y la solución solo puede provenir de un entendimiento fundamental de esta realidad.
¿Por qué luchar?
Los sindicatos y los sectores organizados debemos exigir al gobierno tomar medidas enérgicas contra la crisis alimentaria y demostrar de qué lado está: del pueblo o de los grandes empresarios. En 5 años de gobierno de Bukele el agro se mantiene igual o peor de cómo se entregó por el gobierno anterior. Pueda que después de 5 años los homicidios hayan bajado significativamente, pero a las mesas de la familia obreras, el alimento llega menos que antes del gobierno de Bukele. Ante las inmediatas elecciones presidenciales del 2024, el movimiento debería exigir no solo un plan quinquenal de inversión y ejecución de una producción agrícola sustentable a futuro, sino también, la inmediata intervención del agro para solucionar la crisis del presente. Destinar inmediatamente recursos a la producción de productos agrícolas esenciales, que tras la crisis han sido expuestos como escasos a nivel nacional, esto se puede hacer proveyendo créditos baratos a los pequeños productores, distribuyendo semillas y fertilizantes a los productores en crisis y empleando a trabajadores desempleados en tierras estatales. Solo de esta forma podremos iniciar la lucha contra el hambre.
Otra solución paliativa para evitar un golpe directo a los bolsillos de la clase obrera y prevenir que más familias caigan en la pobreza implica un aumento salarial y la imposición de límites a los precios de los productos de la canasta básica, de manera que la crisis recaiga en los grandes empresarios. Además, el gobierno debería implementar un plan agrícola nacional agresivo que promueva la producción nacional inmediata en tierras públicas y privadas, lo que no solo reactivaría la agricultura, sino que también crearía miles de empleos para los desempleados.
Sin embargo, estas medidas sólo pueden ser temporales y paliativas. Las únicas medidas que pueden poner fin al hambre en la clase trabajadora y los oprimidos son la redistribución de la tierra (reforma agraria, expropiación de las grandes extensiones de tierra) y la implementación de una producción planificada y racional que utilice la energía de la clase obrera para satisfacer las necesidades de la población y el medio ambiente. Esto solo puede lograrse a través de la lucha revolucionaria de la clase trabajadora, poniendo fin al dominio de las clases dominantes y estableciendo un gobierno de la clase trabajadora para la clase trabajadora.
La clase obrera salvadoreña debe seguir el ejemplo de sus compañeros guatemaltecos, tomando el control de las carreteras y fronteras y luego asumiendo el control completo de la producción para poner fin al hambre y la opresión impuestas por las clases dominantes. Una vez erradicados estos males sociales, los hermanos salvadoreños y guatemaltecos pueden considerar una producción conjunta, sentando las bases para la lucha de la Federación Socialista de Centroamérica. Esta es la única forma en que Centroamérica puede convertirse en un lugar próspero para vivir.
