Momentos de elevada tensión política y social se viven actualmente en Venezuela. El 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales, con una alta presencia de votantes en los 15.797 centros de votación dispuestos en todo el país. Pero lo que se pretendía vender al mundo como una jornada cívica y participativa, terminó manchada de irregularidades, arbitrariedades y abuso gubernamental.
Previamente sostuvimos que la situación en torno a las elecciones del 28 de julio contemplaba solo dos posibles salidas: transición negociada o reelección fraudulenta. A la luz de los hechos, el madurismo decidió dar un salto al vacío violentando el cierre del proceso comicial y fabricando un fraude colosal, que no tiene precedentes en la historia de Venezuela.
Crónica de un fraude anunciado
Ya desde horas de la noche del sábado 27 de julio, electores de todo el país comenzaron a concentrarse en los centros de votación. Con esto se confirmaba el alto interés de la población de participar en estas elecciones, como desde las parlamentarias de 2015 no ocurría.
Durante la mañana del 28 de julio los centros de votación de todo el país estuvieron llenos de electores. En la mayoría de ciudades la afluencia comenzó a bajar a partir del medio día, a excepción de los centros que iniciaron el proceso tarde o no habían iniciado.
En algunas ciudades del interior se sospecha que funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los centros de votación más grandes ralentizaron el comienzo del proceso, con una clara intención de desgastar y cansar a los electores en cola.
No está de más recordar que toda tendencia a la participación masiva suponía votos al principal adversario de Maduro, en este caso Edmundo González, candidato del consenso derechista, del imperialismo estadounidense y auténtico monigote de María Corina Machado. Por esta razón, la táctica electoral del partido de gobierno buscó sin éxito fomentar la abstención entre el electorado opositor en todo momento.
También cabe acotar que pese a la alta concentración de votantes en los centros electorales, la participación tendría un techo que con dificultad superaría el 75%. La restricción al voto en el exterior de 4 de los 8 millones de emigrantes venezolanos (20% del padrón electoral), explica en gran manera lo anterior.
Hasta las 6:00 PM, en la mayor parte del territorio nacional la jornada transcurrió con relativa tranquilidad. Sin embargo, se produjeron incidentes aislados pero graves:
Grupos parapoliciales en un centro electoral de Maturín abrieron fuego contra electores en cola, resultando herida una mujer de la tercera edad. Asimismo, en Caracas, 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) fueron detenidos por enfrentar al director de dicha institución, quien a base de agresiones pretendía forzarlos a votar por Nicolás Maduro. A tres días de lo ocurrido solo se ha reportado la aparición de 4 estudiantes en el centro de reclusión DIP-PNB. Condenamos enérgicamente tales acciones arbitrarias y violaciones a los derechos fundamentales de estas personas.
Conforme caía la tarde, grandes grupos de votantes llenaron los centros electorales para exigir el cierre de las mesas de votación –en los casos donde ya no había cola– y atestiguar el proceso público de escrutinio, contemplado por la ley. Es a partir de aquí cuando comienzan a difundirse por las redes sociales actas de escrutinio impresas en manos de testigos de mesa opositores, desde centros electorales de todos los Estados de Venezuela. En cada una de estas actas, el candidato del imperialismo obtuvo apabullantes victorias.
Pero desde otros miles de centros de votación comenzaron a llegar reportes de irregularidades. A testigos de mesa de la derecha se les negó la entrega de las actas de escrutinio y otros fueron sacados de los centros electorales con violencia policial y parapolicial. Votantes que rodearon estos centros intentaron ser dispersados con agresiones, para negarles el derecho legal a presenciar los escrutinios públicos.
Por si fuera poco la transmisión de los resultados desde los centros de votación fue abruptamente interrumpida. La operación fraude estaba en proceso.
Los enfrentamientos no se hicieron esperar. En uno de ellos perdió la vida un hombre en el Estado Táchira. Alrededor de las 7:00 PM, en las principales ciudades del país se evidenció un despliegue inusual de organismos policiales y parapoliciales. La tensión comenzó a inundar el ambiente.
La responsable de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) para asistir a la sala de totalización de la junta electoral, Delsa Solórzano, denunció que le fue impedido el acceso a la misma a una hora del cierre formal de las mesas de votación.
Pasada la medianoche, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, en compañía de tres de los cuatro rectores restantes del organismo, anunció cuestionables resultados de un supuesto boletín a la medida de los intereses del madurismo:
Con una transmisión del 80% de las actas y una participación del 59% de los electores, Nicolás Maduro se impuso con 5.150.092 votos (51,20%) frente a los supuestos 4.445.978 (44,2%) obtenidos por Edmundo González. Los demás candidatos de relleno obtuvieron un total de 462.704 votos (4.6%).
Según Amoroso, estos resultados mostraban una ”tendencia irreversible», a falta de la sumatoria del 20% restante de las actas y con una diferencia electoral de 704.114 votos (7,33%). Aquí tratamos con una gran inconsistencia.
Además, en dicha declaración Amoroso destacó, sin presentar pruebas, que el ente electoral sufrió un “hackeo” informático proveniente de Macedonia del Norte, responsable de interrumpir la transmisión de datos por un importante lapso de tiempo.
Acto seguido, la derecha en voz de María Corina Machado desconoció los resultados presentados por el CNE, recalcando varias irregularidades como la interrupción de la transmisión de resultados y la negativa a contar con un representante en la sala de totalización del ente electoral. Afirmando poseer un resultado distinto, anunció que Edmundo González había sido electo como nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
En respuesta a la acusación de hackeo informático, el ex candidato presidencial Enrique Márquez –quien fue rector del CNE–, denunció al día siguiente que la auditoría post electoral al sistema, que podía generar pruebas fehacientes del supuesto ataque, fue suspendida.
Con toda la responsabilidad que amerita, debemos señalar que los resultados ofrecidos por el CNE son contrarios a toda la información suministrada por los actores que tuvieron acceso a las actas en los centros de votación.
A tres días del anuncio de resultados, el organismo electoral no ha publicado las actas comprobatorias de cada mesa de votación, de la misma manera que aún no se conocen las actas del referendo sobre el Esequibo, a casi 8 meses desde su realización. Nicolás Maduro ha señalado que el retraso en la presentación de las actas se debe a que el sistema electoral no ha dejado de recibir ataques informáticos desde el extranjero.
Precisamente Nicolás Maduro introdujo el 31 de julio un recurso contencioso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), prometiendo que el PSUV y el Gran Polo Patriótico están listos para presentar el 100% de las actas de escrutinio. Creemos que con tal maniobra Maduro trata de ganar tiempo ante las presiones internas y externas, mientras intenta retar a la derecha para que presente sus actas ante el Poder Judicial.
Hay un hecho evidente, el madurismo viéndose derrotado decidió desconocer la decisión mayoritaria de la población, saboteando el cierre del proceso electoral a base de acciones arbitrarias, un mar de irregularidades y violencia contra la ciudadanía congregada en miles de centros de votación. Todos estos hechos cuentan con nuestro rechazo más categórico.
Lo anterior no supone, bajo ningún concepto, que damos nuestro apoyo a la derecha proimperialista. Sabemos que la misma está constituida por una cofradía de delincuentes, que en el pasado organizaron golpes de Estado y pidieron al imperialismo intervención militar y sanciones financieras. La misma aspira volver a gobernar para continuar la austeridad y el ajuste, acelerando y expandiendo el proceso de privatización para seguir haciendo pagar la crisis al pueblo trabajador.
Pero tal postura no nos obliga a avalar las acciones autoritarias de los liquidadores de la revolución bolivariana, perpetradores del ajuste antiobrero y antipopular más brutal de nuestra historia y auténticos saqueadores de la riqueza nacional.
Una sublevación popular
El lunes 29 de julio, luego de cierto estado de shock y descontento que fue seguido por cacerolazos en casi todo el territorio nacional, se produjo en toda Venezuela un genuino levantamiento popular a partir del medio día.
En la Gran Caracas, habitantes de numerosos barrios populares inundaron las calles y autopistas, establecieron barricadas o decidieron marchar repudiando el evidente fraude electoral con el que se burló su decisión en las urnas. Hablamos de pobladores de Petare, Antímano, El Guarataro, La Dolorita, La Vega, entre otros barrios.
En el interior del país se registraron saqueos, quema de alcaldías y módulos de cuerpos represivos, manifestantes rodeando instalaciones militares y hasta el derrumbe de estatuas de Hugo Chávez en varias ciudades. La ira popular se había desbordado y en ella se mezclaron elementos de indignación, rabia, hartazgo y revanchismo.
Es necesario hacer notar la gran tragedia política que hoy aqueja la clase obrera y demás sectores oprimidos. Actualmente las masas populares identifican sus penurias y privaciones con los ideales del socialismo y la revolución bolivariana, los cuales nada tienen que ver. Y esto es gracias a la desastrosa y corrupta gestión madurista en favor del capital, que emplea fraseología revolucionaria ante cada arremetida contra los derechos y conquistas de los trabajadores de la ciudad y el campo.
Conviene resaltar que las ofensivas insurreccionales de la derecha de 2014 y 2017 nunca pudieron extenderse más allá de las zonas de clase media alta. Mientras las urbanizaciones y localidades de la pequeña burguesía ardían en barricadas y violencia reaccionaria, los barrios permanecían tranquilos. Pero en la actualidad, la situación se ha convertido en su contrario.
Hoy en los barrios reina la ira de los desposeídos, esos que con el peso de la crisis sobre sus hombros han sido defraudados una y otra vez por Maduro. Esto no se trata de una reedición de las guarimbas como desde el PSUV se intenta vender. Esto no es una nueva expresión del “fascismo” y ”terrorismo” de la reacción. Lo que vimos el 29 de julio fue una sublevación de los barrios ante el fraude y la burla realizada por el mismo gobierno responsable de la imposición de salarios de hambre, de la destrucción de los niveles de vida alcanzados durante el auge de la revolución bolivariana, del colapso de los servicios públicos gracias a los recortes y al ajuste, así como del asalto general a los derechos democráticos.
A falta de una alternativa revolucionaria, las aspiraciones de los pobres de Venezuela actualmente se ven falsamente proyectadas en la demagogia de la derecha más rancia, la cual aspira llegar al poder para gobernar en su contra y en favor de la vieja burguesía parásita y el imperialismo. Derecha que desde Miraflores no le temblaría el pulso en cobrar al pueblo humilde haber osado empezar una revolución en el pasado, valiéndose de las mismas armas represivas que han sido creadas y fortalecidas por Maduro.
Represión y bonapartismo
En respuesta, el gobierno desató una fuerte represión empleando a las fuerzas de seguridad y a grupos parapoliciales para disparar a la población. Cómo cabe esperar, en varias ciudades se han registrado muertes por impacto de bala y decenas de heridos.
Las detenciones, según fuentes oficiales, superan las 1000 personas. Medios de información reportan desapariciones de jóvenes protestantes en varias ciudades del país, donde no se sabe a ciencia cierta hacia dónde fueron trasladados.
Desde horas de la mañana del martes 30 de julio, policias y grupos armados encapuchados ingresaron en numerosos barrios caraqueños para amedrentar a sus residentes e impedir nuevas protestas. Ocurre lo mismo en muchos barrios del interior nacional, mientras la militarización del país avanza sin contemplaciones.
Motivado a la represión directa en los barrios a partir del 30 de julio, en Caracas las movilizaciones populares se redujeron considerablemente. En gran número de ciudades del interior del país las protestas y enfrentamientos siguen, aunque con menor fuerza. Grupos policiales y parapoliciales hacen labores de patrullaje en los barrios durante las noches, lo que supone un toque de queda de facto en tales territorios.
De manera tajante e inequívoca debemos rechazar la toma de los barrios por grupos policiales y parapoliciales. La presencia de estos destacamentos en zonas populares solo busca generar terror, amedrentamiento y persecución a nuestros hermanos de clase.
Para impedir un nuevo 29 de julio, esta práctica pudiera convertirse en la nueva normalidad en los sectores populares, donde de facto quedarían suspendidos los derechos políticos y la protesta pacífica del pueblo más humilde. Y no solo hablamos de protestas con carácter político, también nos referimos a manifestaciones por el colapso de los servicios públicos que nunca faltan en estas localidades.
Conocemos muy bien la actuación de los cuerpos policiales que en todo lugar violentan el debido proceso y los derechos humanos de la población más humilde. Son los mismos que en la operación “Gran Cacique Guaicaipuro” detuvieron a jóvenes inocentes en la Cota 905, haciéndolos pasar por miembros de la banda del Coqui. Son los mismos que extorsionan a todo el que pueden, los que detienen sin reportar el lugar de aprehensión de los capturados y quiénes practican aberrantes torturas en los centros de reclusión.
Los comunistas no creemos en la posibilidad de reformar los distintos destacamentos represivos del Estado burgués, cuya función es ejercer la violencia organizada de las clases dominantes para mantener a raya a los explotados y oprimidos. Nuestra lucha busca organizar al pueblo trabajador para hacer la revolución, destruir el aparato estatal capitalista, disolver los esencialmente corruptos cuerpos represivos, para sustituirlos por el poder social organizado y armado de la clase obrera y sectores populares.
Si para alguien quedaba alguna duda del carácter antipopular del gobierno, aquí está la prueba definitiva. Para todo aquel con ojos para ver, todo el garrote de Maduro y los grupos de poder del PSUV está dirigido contra sus otrora bases sociales. Esto se opone diametralmente a los ideales de la revolución bolivariana, asesinada y sepultada en la fosa bajo el palacio de la pretendida “burguesía revolucionaria”.
Sin ninguna duda, queda demostrado que Maduro encabeza un régimen bonapartista, cuyo único sostén radica en los aparatos militares, policiales y parapoliciales. El pueblo trabajador venezolano hoy resiste el yugo de lo que Carlos Marx apuntó como “el dominio de la espada sobre la sociedad”.
La derecha se desmarca de la sublevación popular
Mientras tanto, la oposición de derecha ha centrado el grueso de sus acciones en recopilar la data de los escrutinios en un sitio web, para evidenciar la victoria de Edmundo González ante el mundo. Según la totalización parcial del 85% de las actas de escrutinio recopiladas por la derecha, el candidato del imperialismo alcanzó 7.086.955 (67%) frente a 3.206.164 (30%) obtenidos por Maduro.
En todo momento y lugar María Corina Machado se ha mostrado distante de las protestas en los barrios. La líder de la reacción se ha limitado a proponer asambleas en todo el país, invitando a sus seguidores a concentrarse en paz y en familia, precisamente en los bastiones históricos de la derecha de cada ciudad. Actos donde, además, la composición social pequeñoburguesa predomina sobre otras. No dudamos que tal moderación ha desalentado en parte la movilización popular en los barrios, tanto como la represión estatal.
Edmundo González –en los pocos segundos que Machado le concede para hablar– ha dejado ver en sus declaraciones que su mayor interés es lograr una transición en paz. Con este mensaje expresa el temor de la burguesía tradicional de que la iniciativa de las masas marque la pauta. Después de todo, una masa insurrecta dispuesta a deponer un gobierno hoy puede ser incontrolable en el futuro. Es claro que para la derecha y la burguesía proimperialista los barrios insumisos son más peligrosos que las amenazas del gobierno.
Pero desde un punto de vista económico hay una razón detrás de dichas declaraciones. En un comunicado, la patronal más importante de Venezuela, Fedecámaras, señaló lo siguiente: «(…) Hacemos un llamado a que las manifestaciones que se están dando en diferentes ciudades del país, se hagan de manera pacífica, con el debido respeto a la propiedad privada, ya que pueden estar en riesgo, tanto la vida de nuestros trabajadores, así como la estructura física de las empresas, importantes fuentes de empleo.». De esta manera la burguesía tradicional, jefa nacional de la derecha solo debajo del imperialismo estadounidense, pide calma para seguir haciendo negocios, explotando la clase obrera más barata, precarizada y con menos derechos de la región.
Queda demostrado que la táctica actual ordenada desde Washington consiste en seguir presionando para lograr una transición ordenada de poder en Venezuela. Con las pruebas en forma de actas colectadas por la derecha, María Corina Machado jugará a la táctica de exponer al gobierno, su ilegitimidad y autoritarismo –incluso a riesgo de terminar en la cárcel–, debilitándolo, intentando generar fisuras en las entrañas del mismo, mientras EEUU negocia con algunos grupos de poder madurista para que generen una ruptura.
Reacciones internacionales
A pocas horas de conocerse el primer boletín del CNE, llovieron los cuestionamientos a los resultados electorales desde la mayoría de países de América y Europa, a excepción de Bolivia, Nicaragua y Cuba. Sin esperar mucho tiempo, el gobierno venezolano anunció la expulsión del personal diplomático de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana.
En su cuenta en X, el presidente argentino Javier Milei acotó lo siguiente: “Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”. La torpeza y brutalidad de Milei quedan en evidencia. Así, en esta declaración contradictoria incita a que el sector militar venezolano ejecute un golpe de Estado para la defensa de la democracia. Pero de personajes reaccionarios como este no nos extraña tal pedido. Podría decirse que el mismo resume muy bien la hipocresía histórica de la derecha internacional, que mientras derrama lágrimas de cocodrilo sobre Venezuela, en el pasado legitimó el golpe de Estado de abril de 2002 en este mismo país, avaló la asunción golpista del poder por parte de Dina Boluarte en Perú, apoya a Israel en el brutal genocidio contra el pueblo palestino, y cuando son gobierno no dudan en aplicar recortes brutales y la austeridad más profunda, acompañadas de represión y persecución a los trabajadores. Rechazamos de manera contundente este tipo de declaraciones.
Por su parte, la cancillería brasileña solicitó una verificación imparcial de los resultados, pidiendo al CNE la publicación de los datos desagregados por mesa de votación. Tal pedido fue ratificado por Lula de manera conjunta con Joe Biden tras una llamada telefónica que sostuvieron el 30 de julio, cuyo contenido fue difundido por ambos gobiernos. Se ha podido conocer que Brasil tendrá la custodia de la embajada argentina en Caracas –cuyo personal diplomático debe abandonar el país–, haciéndose cargo de los 6 políticos cercanos a María Corina Machado refugiados allí, y quizás también del resguardo de la líder derechista la cual se presume que se esconde en dicha sede diplomática. A todas luces, Lula está en comunicación con las partes del conflicto, creando canales de negociación a espaldas del pueblo trabajador.
Con un tono moderado, el presidente de Colombia Gustavo Petro ha invitado al gobierno venezolano a que posibilite la culminación de las elecciones en paz, permitiendo un escrutinio transparente con veeduría de todos los factores políticos y veeduría internacional profesional. La burguesía colombiana, tanto como la brasileña, temen la agudización del conflicto por sus repercusiones humanitarias y migratorias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que reconocerá los resultados de los comicios venezolanos si el CNE los confirma. Defendiendo la soberanía de Venezuela, criticó a la Organización de Estados Americanos (OEA) por su falta de prudencia, toda vez que pidió transparencia en el conteo y que se eviten acusaciones de fraude, hasta tanto se presenten pruebas concretas.
Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, instó a las instituciones de Venezuela a que garanticen una total transparencia del proceso electoral, con el acceso a las actas de escrutinio y el conteo detallado de votos. Así, las voces políticas del imperialismo europeo, el cual también ha venido recobrando presencia en el negocio energético venezolano, fijan posición en la línea de la solución negociada y ordenada, que permita seguir extrayendo recursos sin problemas.
Maduro ha recibido el apoyo diplomático de potencias aliadas como China y Rusia, a las que no podemos descartar que hayan jugado cierto papel en las acciones gubernamentales del 28 de julio. Para los gobiernos de estos países es importante evitar perder una cabeza de playa latinoamericana para sus intereses geopolíticos.
El 31 de julio, Maduro pudo celebrar la no aprobación por falta de votos de la propuesta resolutiva de la OEA, que exigía la publicación de las actas de votación con presencia de observadores.
Además de la petición de un conteo ”justo y transparente” de votos, el imperialismo estadounidense ha comenzado a subir levemente el tono. Fuentes periodísticas han filtrado la información de que desde Washington evalúan imponer sanciones personales más fuertes a funcionarios venezolanos. Asimismo, el miércoles 31 de julio el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby, expresó que la paciencia de EEUU y de la comunidad internacional “se está agotando”. Cómo militantes venezolanos de la ICR rechazamos de manera contundente la prepotencia y el tono amenazante con el que el imperialismo yankee se entromete en los asuntos internos de Venezuela y el resto del mundo. Estos asesinos, responsables de generar baños de sangre, golpes de Estado, saqueo de recursos y desestabilización en tantos países no pueden pretender dar clases de democracia ni mucho menos intentar imponerla, para encubrir la dictadura de sus bancos y multinacionales.
Aunque era previsible que los jefes máximos de la derecha venezolana subirían el tono, creemos que mantendrán cierta cautela para no poner en riesgo los avances en el posicionamiento de multinacionales como Chevron en el negocio petrolero de nuestro país. Esto a menos que la crisis política escale, lo que los obligará a tomar una posición mucho más contundente.
Cómo hemos dicho, el imperialismo estadounidense está pujando por concretar una transición ordenada de poder. Sus intereses actuales no están del lado de un escalamiento del conflicto político venezolano, que lo obligue a dedicar atención ante tantos frentes abiertos a nivel internacional (Ucrania, Palestina, Yemen, entre otros). Además, temen escenarios que precipiten nuevas oleadas de migrantes venezolanos que empeoren la actual crisis migratoria dentro de EEUU.
Cohesión estatal momentánea
Maduro, a partir de la sublevación de los barrios, ha denunciado que está en marcha un intento de “golpe de Estado fascista”, prometiendo sofocar toda rebeldía con mano dura. Dando muestras del más asqueroso clasismo burgués, ha calificado a todos los manifestantes de los barrios como “delincuentes” y “drogadictos”. De esta manera, la capa de nuevos ricos del PSUV demuestra su desprecio a los barrios y a los pobres, de donde irónicamente muchos de ellos provienen y a quienes dicen representar.
El Ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, ha felicitado los resultados emitidos por el CNE, para luego secundar la denuncia del supuesto “golpe de Estado”. En una muestra de total subordinación, ha acotado que los esfuerzos para contrarrestarlo están siendo dirigidos por el propio Nicolás Maduro.
Hasta el momento no ha aparecido ninguna fisura en las estructuras del gobierno y de la fuerza armada nacional. Las protestas populares, aunque importantes, hasta el momento no han tenido la suficiente fuerza para quebrar las lealtades que los negocios en los terrenos minero, gasífero y petrolero unen al alto mando militar con Maduro.
Todo indica que la alta dirigencia gubernamental nunca estuvo dispuesta a confiar en una entrega pactada de poder y transición ordenada del mismo, sin represalias por parte del imperialismo estadounidense. Esta consideración llevó a la cúpula del madurismo a aferrarse al poder a toda costa, vulnerando el reconocimiento internacional que venía reconquistando durante los últimos años. A fin de cuentas, si el poder es la única garantía real de seguridad que poseen, nunca serán capaces de soltarlo sin luchar.
La actuación fraudulenta del gobierno al cierre del proceso electoral nos hace pensar que en las primeras de cambio creían poder imponerse en las urnas. La prepotencia burocrática de los que creían tener a dios tomado de la barba, claramente se ha estrellado con la realidad.
Ahora el madurismo resiste las consecuencias en su castillo, preparado para temporadas bajas de relativo aislamiento internacional, sanciones y recrudecimiento de la crisis económica. Creen poder sostenerse como en el pasado, pero claramente las cosas no son como antes.
La rebelión de los barrios ha dado una señal evidente de que el descontento popular acaba de dar un salto cualitativo. La situación sigue siendo inestable. Nada se ha resuelto aún. Cualquier paso en falso puede agudizar el conflicto y la disposición de lucha de los sectores populares, poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno.
Con el retroceso momentáneo de las masas, el gobierno comienza a tomar la iniciativa:
En horas de la mañana del 30 de julio, fue detenido el dirigente del partido derechista Voluntad Popular, Freddy Superlano, junto a 2 colaboradores suyos. Y ya en horas de la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez pidió la detención de María Corina Machado y Edmundo González. Según el periodista Gregory Jaimes, la orden de captura contra los anteriores ya fue firmada por funcionarios del Circuito Judicial de Caracas.
Es posible que el pedido de detención para Machado y González solo juega un papel de amenaza, para forzar la huida de estos hacia el exterior. De concretarse dicho escape la derecha quedaría descabezada y desmoralizada nuevamente. También es posible que el gobierno decida esperar hasta retomar completamente el control de los barrios, para proceder a detener a Machado y González. Hacerlo en este momento supondría despertar de nuevo la sublevación popular, que en Caracas ha sido parcialmente sofocada.
Por una posición de clase
Lo que ocurrió el 28 de julio estaba entre los escenarios más probables de nuestros análisis previos. Siempre anticipamos que era poco probable que el gobierno decidiría reconocer una derrota, en forma de una transición negociada, aceptando las garantías que posiblemente le ofreció el imperialismo estadounidense. Hay mucho que perder para ellos y por tanto optaron a plantarse en el poder pese a todos los costos.
La situación de tensión política sigue al rojo vivo. Todo apunta que estamos lejos de una solución, con la probabilidad de que se desaten escenarios más funestos. Pero independientemente de quien se imponga en la contienda entre la derecha y el gobierno, la clase trabajadora no tiene nada que ganar en ella. La disyuntiva entre la muerte por asfixia o la decapitación sigue estando a la orden del día.
Debemos tener claridad. Para superar el actual estado de postración en el que se encuentran las fuerzas revolucionarias, clasistas y de izquierda que desde hace tiempo rompieron con el gobierno, tenemos que reconocer la verdad por más dura que esta sea: desde antes de las elecciones presidenciales, o incluso desde hace varios años, el pueblo trabajador ya estaba derrotado, en la medida en que sus niveles de organización han sido incapaces de defender y posicionar sus intereses en la sociedad.
En lugar de caer en negación, es preciso seguir el consejo del filósofo Baruch Spinoza: “Ni reír, ni llorar, sino comprender».
Mientras la ofensiva de los viejos y nuevos ricos sigue su marcha, los trabajadores de la ciudad y el campo, soportando todo el peso de la crisis, la pérdida de derechos democráticos y ante la falta de una dirección independiente de clase; hemos sido incapaces de plantar cara y dar batalla. Y mientras la situación siga siendo la misma, los resultados serán invariables.
La conclusión a la que debemos arribar en estas horas difíciles es que cuanto antes las fuerzas revolucionarias, comunistas y de izquierda debemos desplegar todos los esfuerzos posibles para levantar los niveles de organización y coordinación de las distintas luchas de la clase obrera y el pueblo.
Para nada estamos de acuerdo con las posiciones que han expresado otras organizaciones de izquierda, cuya iniciativa no marca una separación tajante con los intereses de poder de la derecha proimperialista:
El Partido Comunista de Venezuela (PCV), por ejemplo, insiste en la tesis de “reagrupar las fuerzas genuinamente democráticas”, estando tras la cola de individuos como Enrique Márquez, que en el pasado apoyó las ofensivas insurreccionales de la derecha y el falso gobierno interino de Juan Guaidó. Esta organización en los últimos días ha exigido con todas sus fuerzas que el CNE publique las actas de votación, pero en ningún momento ha llamado a la desconfianza necesaria de los sectores oprimidos hacia los partidos de la clase dominante. En su llamamiento, la dirección del PCV habla de “construir espacios de amplia unidad para fortalecer la lucha por la recuperación de la Constitución y el estado de derecho en Venezuela” –lo cual, al no mencionar a quienes excluyen de tal “amplia unidad” se puede interpretar como un llamado a la unidad de acción con la derecha proimperialista.
Por otro lado, algunas organizaciones de la plataforma por el voto nulo han planteado a la opinión pública discutir la propuesta de una huelga general. Sin embargo, ante la debilidad actual de las genuinas fuerzas de la izquierda, si este llamado fuese asumido solo la derecha proimperialista estaría en capacidad de capitalizarlo. En nuestra opinión, ni a nivel de discurso y acciones debemos promover iniciativas que solo favorezcan a cualquiera de nuestros enemigos de clase.
Lejos de pensar en atajos, debemos enfocarnos en nuestro objetivo: levantar las fuerzas de la clase obrera y el pueblo pobre. Esto implica apoyar la lucha por la recuperación de los sindicatos como instrumentos para la defensa de los intereses de los trabajadores, promover la organización estudiantil revolucionaria, fomentar la creación de comités de lucha por servicios públicos de calidad en los barrios, combatir junto al movimiento de mujeres y la comunidad LGBT por la conquista de derechos y contra las ofensivas de odio conservador y religioso, e incentivar la lucha campesina contra el latifundio y el sicariato.
No obstante, el factor decisivo en toda la situación ha sido justamente la ausencia de una dirección revolucionaria de la clase obrera. Para impulsar con más eficiencia las tareas antes señaladas se requiere construir un nuevo partido comunista revolucionario, con una gran solidez teórica, que defienda en todo momento la independencia de clases y esté presto a echar raíces dentro del movimiento obrero. Para consumar tan ambicioso objetivo, los militantes de Lucha de Clases – sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria, trabajamos sin descanso.
Caracas, 31 de julio del 2024v
