Rolando Morales – CMI Guatemala
El Estado como instrumento de opresión de una clase sobre otra, parafraseando a Lenin, deja claros sus intereses en un país como Guatemala. Los medios de gobernabilidad que implementa el Estado burgués son variados: propaganda, leyes, uso de la Fuerza Armada y policía, religión, aparato de educación formal, y otros. Es en el marco del uso de la fuerza que los Estados de excepción y de sitio se han convertido en instrumentos del gobierno de Alejandro Giammattei durante la pandemia del Covid-19, a pesar que estas herramientas se han aplicado antes,, durante la crisis sanitaria se han legitimado estas medidas extraordinarias que restringen derechos y dan normas flexibles para la ejecución de fondos desde el gobierno.
Los Estados de excepción fueron propuestos para encarar la emergencia sanitaria y médica, además de garantizar las condiciones de atención a la población infectada con el Covid-19. De tal forma se han limitado garantías constitucionales como la libre locomoción, limitar o prohibir reuniones, movilizaciones y marchas de protestas, agilización de las contrataciones para ejecución en la compra de medicamentos,, equipo médico e infraestructura, entre otras.
Estas condiciones específicas son respaldadas desde el Congreso de la República, en donde se ajustan las medidas para ese estado de medidas especiales. También en el Congreso se han aprobado otras medidas propias de este Gobierno, frente a la pandemia del Covid-19 como los préstamos para garantizar políticas y compensadores sociales.
El préstamo que más ha resonado es el que hizo el FMI, de $594 millones. Además se logró una ampliación presupuestaria, con deuda externa en emisión de bonos de Q6 mil millones para garantizar un bono familiar, durante 3 meses. Sin embargo, hasta agosto de 2020 se habían realizado 2,453,896 pagos. Hasta finales de agosto aún se estaba entregando apenas el primer pago, llegando al 40.55% en ejecución. El ministro Raúl Romero explicó que se calculó mal el total de familias, y no se logrará cubrir como se esperaba el tercer pago. Además las personas que no tienen energía eléctrica han quedado fuera de este programa.
El Congreso asignó Q350 millones para el Ministerio de Agricultura y una cantidad igual para el de Desarrollo, con el fin de entregar cupones de víveres, o compra de alimentos a personas en condiciones de vulnerabilidad económica y de acceso a alimentos. A finales de agosto la ejecución era del 0% desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y 2.31% del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
El Órgano Legislativo aprobó Q26 millones para que el Ministerio de Salud pagara un bono de riesgo a todo el personal de salud que trabaja atendiendo la emergencia del Covid-19. Pero fue hasta julio del presente año que el Ministerio aprobó un acuerdo ministerial para autorizar el pago de este beneficio.
Otros Q100 millones fueron asignados para el programa de Apoyo al Comercio Popular, como apoyo a los vendedores informales que resultaron afectados con las restricciones y la paralización parcial de las actividades económicas. Se desarrollaría un único pago de Q1 mil. Sin embargo, es un beneficio que no llegará al verdadero trabajador y trabajadora informal: trabajadores ambulantes, no declarados, temporalizados, inmigrantes. Solo contempla a quienes son visualizados por los gobiernos municipales, así que solo los amigos de las corporaciones municipales tienen muchas posibilidades de recibir este beneficio. Según el MIDES estos Q100 millones ya fueron ejecutados. El diputado Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que entre los beneficiados que ha reportado el Ministerio aparecen empleados municipales, y fallecidos según registros del RENAP.
También Q2,000 millones fueron proyectados para apoyar a las y los trabajadores que padecieron la suspensión de sus contratos laborales. Esto lo ejecuta el Ministerio de Economía. Hasta finales de agosto el 48.92% de esos recursos corresponden al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), instancia que hace los desembolsos personales. El resto de fondos sigue inactivo. Esta ejecución deficiente afecta a cientos de trabajadores que fueron suspendidos o despedidos de sus empleos y que actualmente se incorporaron al trabajo informal.
El Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, está destinado para otorgar préstamos a las empresas afectadas por la crisis de Covid-19. Se han proyectado Q2 mil 730 millones que debía administrar el Crédito Hipotecario Nacional a través de préstamos de un capital máximo de Q250 mil. No se cuentan con cifras claras. Se sabe que Q1 millón de quetzales fue transferido a un banco privado.
Se entregaron 200 mil cajas de 36 libras que contienen azúcar, frijol, pastas, aceite, incaparina, harina de maíz, etc. Es un programa que se ejecutó en abril. Se desconocen los criterios para la entrega de estos insumos básicos. Desde el Ministerio de la Defensa solo se ha dicho que se entregaron en municipios del departamento de Guatemala, Zacapa, Solola, Quiche y Huehuetenango.
Se aprobó Q589.9 millones al Ministerio de Educación para continuar con el programa de refacción escolar. En las escuelas se ha entregado insumos alimenticios a las familias, conociéndose de denuncias por sobrevaloración de precios. Se observan costos como huevos a Q1.40, y plátanos a Q2.00 cada unidad.
El Ministerio de Trabajo ejecuta el Programa de Apoyo al Adulto Mayor, este contempló una ampliación de Q50 millones. Cada beneficiario recibiría Q400 mensuales para mayores de 75 años. No es un programa nuevo. Hasta agosto solo se habían ejecutado el 9.43% del total de fondos.
Denunciamos todas las irregularidades que se están efectuando en medio de la pandemia y bajo la excusa de actuar por emergencia, exigimos créditos baratos, subsidios estatales, y programas de ayuda para los más pobres financiados de impuestos sobre los ricos y la confiscación de las grandes fortunas de los multimillonarios de este país, los trabajadores debemos ir concluyendo de que solo a través de medidas como estas se pueden solventar nuestros problemas más acuciantes. Debemos organizarnos y luchar para conseguir nuestras demandas.
