CMI Guatemala
El Bono 14 en Guatemala es una bonificación que los patronos deben pagar a sus empleados durante los primeros 15 días de julio. Se paga cada año y está regulada a través del decreto 42-92 del Congreso de la República, el cual establece la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, se aprobó en 1992, durante el Gobierno de Jorge Serrano Elías, sustituyendo la Ley de compensación económica por tiempo de servicio. Esta última garantizaba un pago obligatorio para las y los trabajadores al momento de finalizar la relación laboral, es decir, una indemnización universal. De tal forma que el bono 14 ya sustituía una garantia laboral que el empresariado no aceptó nunca.
La pandemia actual nos recuerda de una manera clara el desprecio de políticos de derecha y empresarios por los derechos laborales. Una medida visible de parte del Gobierno fue emitir un decreto que permite suspender contratos laborales para patronos que se consideren en riesgo por la recesión económica actual. Por otro lado, el ya inoperante Ministerio de Trabajo y la Inspectoría Laboral se encuentran con menos capacidad de fiscalizar a las empresas y el cumplimiento legal de sus obligaciones con sus trabajadores.
Solo hasta el 3 de abril, 125 empresas habían sido denunciadas ante el Ministerio de Trabajo. Las denuncias van desde la obligación de presentarse a laborar sin medidas de seguridad frente al virus, simulación de vacaciones con y sin goce de salario, hasta los despidos sin recibir prestaciones en lo inmediato.
Aparecen además a nivel mediático las condiciones de hacinamiento en las fábricas maquiladoras de ropa. El contagio masivo registrado en una fábrica ubicada en el municipio de San Miguel Petapa ejemplifica la causa de las denuncias de las y los trabajadores. El contexto histórico del modelo de producción en línea, sobre las existentes condiciones de precarización en la fabricas maquiladoras afectan directamente a las trabajadoras. Debemos recordar que son mujeres jóvenes las principales contratadas en la producción y manufactura de ropa.
El empresariado nacional se encuentra ansioso por retomar la producción y justificar la disminución de costos y bajos salarios sobre la mentira de la reactivación económica, y dejar a un lado las medidas sanitarias impuestas que generan una inversión en cuidado de los trabajadores. Nos encontramos en el umbral de un ajuste y evolución de la política económica que proyecta profundizar paraísos fiscales, aumentando las ventajas al empresariado sobre la flexibilización de derechos laborales, esto se ejemplifica con la prisa en el Congreso por aprobar un reglamento para la implementación del Convenio 175 sobre trabajo a tiempo parcial.
La estrategia de flexibilización de la legislación laboral no es nueva. Desde el Gobierno del Partido Patriota se impulsa un paquete de leyes que pretenden potenciar la competitividad del país en la región y en la inserción al mercado internacional. De estas, el impulso de la ratificación y posterior reglamento del convenio 175 sobre trabajo a tiempo parcial va dirigido a regular la relación laboral en favor del patrono.
La posibilidad del recorte al pago del Bono 14 solo muestra el interés de la reducción de garantías laborales. Estas como luchas históricas están en riesgo de ser barridas por un empresariado con voracidad y juego sucio. El Gobierno actual llega como la carta elegida de una alianza empresarial-militar que tiene un programa que implementar en favor de los grupos de poder económico.
Como bien lo dijo Lenin “El Estado es el arma de represión de una clase sobre otra”. Que la Corte de Constitucionalidad, suspendiera provisionalmente el Acuerdo Ministerial 250-2020, no asegura que los pocos derechos que a la fecha aún puede tener la población trabajadora en Guatemala no vayan a seguir siendo vulnerados y obviados, ya que la impunidad es esencia del capitalismo.
