Laura Bellido, enfermera
Hoy, mañana y toda la semana nos despertamos con el minuto a minuto de la crisis del SARS-Cov-2, comúnmente llamado Coronavirus. La población se encuentra en un estado de histeria colectiva que se alimenta cada día que pasa, navegando entre la realidad y los cientos de bulos y noticias falsas que se filtran.
Durante estos días, como trabajadora del sector sanitario en desempleo, he seguido con mucha atención cada una de las noticias que han protagonizado todas las portadas de la prensa digital y papel, expectante por si alguna mañana recibía la llamada de la Bolsa para trabajar ante las noticias de desbordamiento de los principales hospitales del país. Y así ha sido. En la última semana he recibido llamadas de 3 bolsas de trabajo diferentes del SNS (Sistema Nacional de Salud).
Parece increíble que lo que ofrezcan sean contratos de días o semanas a jornada parcial, teniendo que emigrar a otra Comunidad Autónoma de forma inmediata sin tiempo a coger un avión o desplazarme en coche, sabiendo que con lo que me ofrecen a duras penas podré encontrar un sitio donde alojarme ¿Así pretenden cuidar a los que trabajan para erradicar la enfermedad? ¿Qué pasaría si los sanitarios decidiéramos salir a buscarnos la vida a otro país que nos ofrezca mejores condiciones?
Este hecho me ha hecho reflexionar sobre la gestión del gobierno del PSOE y Unidas Podemos de esta crisis sanitaria. Medidas como el cierre de colegios, institutos, y universidades; el fomento del teletrabajo, la suspensión de actos y fiestas multitudinarias, etc. Pero ¿qué medidas se están tomando en el sistema sanitario? Los mensajes de agradecimiento desde el gobierno al personal sanitario de la pública no sirven si no van acompañados de recursos.
La Comunidad de Madrid, la cual alberga a la mitad de los afectados y el 60% de las muertes por el virus, tiene 33 hospitales públicos y 50 privados, según el catálogo oficial de hospitales. Es decir, hay más camas privadas que públicas. Y ya sabemos lo que piensa hacer la sanidad privada con esta crisis: lavarse las manos y si puede, hacer negocio con ella, llegando a cobrar hasta 810 euros (Hospital Ruber Internacional) por todo el proceso para detectar si un paciente está infectado por coronavirus; derivando a éste, por supuesto, a la sanidad pública si da positivo. Mientras la sanidad privada cuenta con recursos suficientes para seguir con el enriquecimiento de unos pocos y sin ser útiles a la sociedad para atajar esta epidemia, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha propuesto que los profesionales utilicen equipos de protección individual caducados entre las medidas para paliar el desabastecimiento. A esto se agrega que la población en la Comunidad de Madrid ha crecido entre 2010 y 2018 en medio millón de personas mientras hay 3.300 profesionales sanitarios menos, según un informe de El País.
Los recortes, el desmantelamiento de la sanidad pública y las privatizaciones que han ejecutado los distintos gobiernos del PP, especialmente el de Esperanza Aguirre, han llevado a esta comunidad autónoma al colapso sanitario. Es la consecuencia directa de dejar a la sanidad pública en esta financiación de mínimos.
Por otro lado, en Andalucía, aunque aún no considerada zona de transmisión comunitaria, con la llegada del Trifachito, se comenzó hace meses el llamado “Plan de Choque” contra las listas de espera heredadas del gobierno del PSOE. Este plan consistía en inyectar 25,5 millones de euros en conciertos y subvenciones a la sanidad privada, la cual se iba a hacer cargo de intervenciones quirúrgicas para que estas listas de espera disminuyesen. Bien, pues hoy mismo, y en plena crisis sanitaria, hay 890 000 pacientes más que el año pasado en listas de espera, un 5,6% más, según fuentes del periódico El Mundo. Al mismo tiempo que esto ocurre, y según denuncia Miguel Ángel Heredia, senador del PSOE por Málaga, se han cesado los contratos de enfermeras que se habían hecho dentro del “Plan de Alta Frecuentación” que coincide con la época invernal y el pico de pacientes que requieren hospitalización por gripe, neumonías y otros problemas respiratorios; cuando lo más coherente es alargar y aumentar estos contratos debida a la crisis del COVID-19.
Parece que las políticas en materia sanitaria en Andalucía se están pareciendo cada vez más a las políticas de privatizaciones que ha estado realizando la Comunidad de Madrid durante años, y ya sabemos cuales han sido y cuáles están siendo las consecuencias.
¿Hacia dónde deberían ir encaminadas las acciones del Gobierno central?
El Gobierno debe poner todos los recursos que dispone la sanidad pública, y privada, al servicio del bien común de forma inmediata a través de la expropiación de todos los hospitales privados completos para hacer frente a esta crisis sanitaria, acompañado de la contratación inmediata de personal médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores, personal de limpieza y personal administrativo suficiente para cubrir todos y cada uno de los servicios sanitarios de nuestro país con el fin de que no haya más de 6-8 pacientes por enfermera y auxiliar.
No se puede permitir que la población a nivel individual cargue con la responsabilidad de «no saturar las urgencias hospitalarias», con el riesgo que ello conlleva para la salud. Esto provoca que el paciente o su familia banalicen ciertas patologías (COVID-19 en este caso) por no saturar estas urgencias, o por el miedo al contagio, y que ello pueda acabar derivando en consecuencias graves o irretornables para su salud o la de otras personas. Tampoco se puede permitir el aplazamiento de procedimientos quirúrgicos, tratamientos y/o consultas diagnósticas que estaban previstas o que se producirían en condiciones normales, como ya está haciendo la República Italiana.
China decidió la construcción de un Hospital para hacer frente a la crisis. En España hay hospitales suficientes, pero hay que despojar de ellos las manos parasitarias de los que quieren hacer negocio de nuestra salud. También contamos con el suficiente personal sanitario esperando para ponerse a trabajar, incluso emigrando a otras zonas del país. Pero el Gobierno tiene que dejarse de titubeos. El estado español cuenta con suficientes recursos para revertir y paliar esta crisis, y es por ello, que debe ponerlos a disposición de toda la sociedad.
La sanidad privada es un obstáculo que debemos superar de inmediato ¡No al lucro de unos pocos a costa de la salud de todos y todas! ¡Por la expropiación de hospitales privados y puesta a disposición de todos los recursos para la sanidad pública!
