Por Vit Reznicek
Probablemente nadie ha escapado de los calores de los últimos meses, suceso que desde hace tiempo los expertos han estado alertando lo cual se relaciona con el Fenómeno El Niño afectando Centroamérica y el Caribe, lo que podría llegar a formarse tal y como sucedió en 2016 dejando sentir su influencia en todo el mundo. Además, estamos frente a un cambio climático acelerado y brusco que avanza a pasos agigantados, pese al panorama de un clima en condiciones cada vez más irregulares, los gobiernos del mundo no están actuando y al encontrarse sujetos a las leyes del capital no pueden más que seguir destruyendo, según apuntaba Marx en su momento, las dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos. En tal sentido, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, abordaremos las políticas ambientales del gobierno, poniendo de relieve las contradicciones y los desafíos que estas representan para nuestro país abordando casos emblemáticos de depredación ambiental.
El gobierno ha pregonado ampliamente, por sí mismo y por sus medios aliados, el enfoque en la implementación de políticas ambientales. Así el titular de Medio Ambiente, Fernando López ha comunicado que éste ha sido el gobierno que más áreas naturales protegidas ha declarado. Sin embargo, desde una perspectiva marxista, es importante analizar los pronunciamientos y las políticas ambientales en detalle, en sus mutuas relaciones con otros factores y agentes y examinar cómo se insertan en las estructuras socioeconómicas y políticas más amplias.
Desde un punto de vista marxista, el Estado es un instrumento de la clase dominante para mantener el control sobre otras clases sociales. Aunque se les ha criticado a Marx, Engels, Lenin o Trotsky la falta de un análisis medioambiental, está claro que también recogen la idea de que la clase dominante ejerce control sobre los recursos naturales y las fuerzas productivas. En el caso de éste gobierno, si bien dice haberse enfocado en la protección de áreas naturales y la implementación de proyectos de energía renovable, no se han cuestionado las estructuras de propiedad de estos recursos. La propiedad privada de las empresas y los monopolios sobre los recursos naturales continúan perpetuando la explotación y la desigualdad.
La implementación de políticas ambientales no aborda adecuadamente la cuestión de la justicia ambiental. Si bien se han realizado esfuerzos para proteger ciertas áreas naturales, existe una falta de consideración hacia las comunidades locales que dependen de esos recursos para su sustento. La implementación de proyectos de energía renovable, por ejemplo, puede resultar en el desplazamiento de comunidades rurales o indígenas sin brindarles una compensación adecuada o alternativas de subsistencia sostenibles.
Asimismo, se ha utilizado el discurso ambiental como una herramienta para reforzar su imagen política y ganar apoyo popular. En muchos casos, estas políticas se centran más en la estética y la retórica, en lugar de abordar las causas subyacentes de la crisis ambiental. Además, la falta de transparencia y la centralización del poder en manos del gobierno también han limitado la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.
Son muchos los proyectos desarrollados o aprobados por el actual gobierno que han dejado de lado la naturaleza y las comunidades que viven en sus cercanías y dependen de ella. En el pasado ya hemos escrito sobre algunos de ellos.(1)
1. El Aeropuerto del Pacífico y proyectos urbanísticos en Nuevo Cuscatlán
El proyecto del Aeropuerto del Pacífico ha pasado por varias etapas cuando inicialmente el MARN consideraba el proyecto como inviable, hasta abrirse el paso hacia su construcción. Eso gracias a los cambios en la zonificación ambiental de La Unión donde gracias al MARN, las zonas que antes eran destinadas a la conservación ahora pasaron a ser disponibles para la urbanización que afectará a los habitantes de Condadillo y Flor de Mangle, tendrá un impacto negativo en el manglar El Tamarindo, una barrera natural contra las inundaciones en caso de tormentas tropicales y cobrará su precio en la vida de las especies locales, algunas de ellas en peligro de extinción.
En 2014, Nayib Bukele prometió una inversión de “mil millones dólares” para el municipio Nuevo Cuscatlán con una nueva forma de atraer inversiones. Ahora las promezsas se estarían realizando pero en contra de los intereses de la naturaleza y de las propias comunidades locales que se verán despojadas de una de las últimas zonas boscosa del municipio. En la zona de la finca Suiza, que tiene la categoría de “zona de máxima protección” del MARN (status ignorado por el ministro Fernando López), a pesar de que años atrás el MARN se había negado a otorgar permisos para la construcción en la zona, ahora para el proyecto Kalamanda-Portales del Bosque todo es posible, tal vez porque detrás del proyecto están los intereses privados de funcionarios públicos. Esos mismos proyectos urbanísticos causantes de una deforestación severa han tenido efectos adversos para la fauna que vive en los alrededores. Algunos habitantes de la zona de Antiguo y Nuevo Cuscatlán han reportado la presencia de venados. El ministro López ha dicho que es un fenómeno normal pero resulta engañoso al ver las transformaciones de la zona que agravan nuestra convivencia con la vida silvestre.
2. Valle El Ángel
Valle El Ángel es uno de los mantos acuíferos de mayor calidad que se encuentran en nuestro país. El proyecto urbanístico aprobado, que ya cuenta con una mega Iglesia de los Heraldos del Evangelio, amenaza la disponibilidad de agua potable para 21 comunidades del municipio de Apopa y más de un millón de habitantes del Área Metropolitana de San Salvador. Que el Estado tenga el control sobre los recursos naturales se ha visto comprobado en la preferencia por el sector empresarial en cuanto al aprovechamiento del agua se vio claramente confirmado con la reciente decisión de la Sala de lo Constitucional de otorgar el permiso al convenio ANDA-Dueñas (el mismo grupo inmobiliario construyendo en la finca Suiza) para la explotación comercial del agua, favoreciendo a la empresa privada (240 l/s) a costa de las comunidades locales (160 l/s). Además se establece un precedente peligroso que permite a la empresa privada conseguir el permiso de explotación del agua solamente con una concesión administrativa. Una situación así que deje el campo libre para el uso intensivo, excluyente, privativo y exclusivo del agua por un pequeño grupo de empresas por un lado y la gran cantidad de comunidades donde ya se percibe el estrés hídrico y la falta del acceso seguro al agua potable por el otro, exacerba las tensiones entre la población preocupada por el medio ambiente y el gobierno. Si las y los trabajadores no disponen de sus propios recursos, estarán siempre a merced de las decisiones de la clase dominante.
3. ADES Santa Marta, la minería y la mina Cerro Blanco
Desde el inicio del año cuando se efectuó el arresto de cinco líderes comunitarios en Santa Marta, Cabañas, la minería metálica ha entrado de nuevo en el panorama nacional. Luego de lograr en 2017 la aprobación de una ley histórica que prohíbe la minería en el territorio nacional, según ha señalado la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica el gobierno ha dado señales de que pueda estar considerando la posibilidad de permitir la minería de nuevo. La minería representa una posibilidad del incremento de la contaminación ambiental, agravamiento de la crisis hídrica y beneficios para empresas trasnacionales extractivistas que saquean las riquezas de un país sin devolver ni una mínima parte de ellas en beneficios para la población local.
Aún con la ley contra la minería vigente en el país, otros riesgos representan proyectos desarrollados en otros países vecinos. En Asunción Mita, Guatemala a escasos 14 kilómetros de la frontera con El Salvador, podría operar la mina Cerro Blanco que arrojará aguas contaminadas al río Ostúa, que llega al lago de Güija, lago que se conecta con el río Lempa. De esa manera se contaminará la cuenca del río y afectará hasta 3 millones de personas que dependen de esa fuente de agua potable que estaría contaminada con metales pesados. La población de Asunción Mita realizó una consulta en la que ganó el “no” ante la iniciativa. Sin embargo, el gobierno guatemalteco está buscando medios para sacar el proyecto adelante. Mientras tanto el gobierno salvadoreño ha estado guardado silencio ante el proyecto y sus posibles repercusiones en nuestros territorios y nuestros cuerpos.
Conclusiones
Los esfuerzos superficiales para implementar políticas ambientales continúan promoviendo un modelo de desarrollo capitalista basado en la explotación de los recursos naturales y la acumulación de capital. No se aborda la raíz del problema y, en cambio, se perpetúa la lógica del crecimiento económico ilimitado y la maximización de las ganancias, lo que inevitablemente conduce a la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental.
Este año el Día Mundial del Medio Ambiente se ha centrado en la contaminación por plásticos. Más de 400 millones de toneladas de plástico se producen en el mundo cada año, de los cuales la mitad se conciben para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares.
Asimismo, los microplásticos (partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 mm) invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican a la salud humana y la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas, desde los picos de montaña hasta el lecho marino.
En medio de la crisis proliferan soluciones individualistas basadas en la misma lógica de buscar una respuesta dentro de los confines de nuestro pequeño mundo local en vez de apostar por la organización comunitaria, juvenil y política. Porque no todo se reduce a nuestra huella de carbono. Las políticas ambientalistas no-gubernamentales tampoco cuestionan las estructuras de propiedad y poder que están detrás de la crisis ambiental, ni abordan adecuadamente la justicia ambiental ni la participación ciudadana en la toma de decisiones. Para abordar realmente los desafíos ambientales, es necesario adoptar un enfoque marxista y revolucionario que cuestione los fundamentos mismos del sistema capitalista y promueva una visión más equitativa y sostenible de la relación entre el ser humano y la naturaleza.
Es posible hacer frente al problema de la contaminación por plásticos si se aprovechan los avances científicos y las soluciones existentes con las y los trabajadores al frente. Pero para poder dirigir las luchas por un futuro mejor en un planeta con economía que piense en la satisfacción de las necesidades humanas, se necesita que la juventud y la clase trabajadora se organicen alrededor de un programa y construya un partido revolucionario. Si estás de acuerdo que estamos frente a la elección de nuestra época, es decir entre la revolución o la extinción, entonces necesitamos de tu fuerza y de tu talento para liberar a la humanidad entera y su ambiente.
¡Por la naturaleza y por el socialismo!
!Educar, agitar, organizar! ¡Únete al BPJ!
Notas:
(1) Véase el artículo “Crecer juntos en medio del desastre ambiental en El Salvador” en nuestra página web: http://bloquepopularjuvenil.org/crecer-juntos-en-medio-del-desastre-ambiental-en-el-salvador/
