Por Alejandro Arguedas – CMI en Costa Rica
En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo costarricense (el Presidente Carlos Alvarado y sus ministros), bajo el contexto de una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, ha estado presionando a los diputados para que aprueben el proyecto de ley 21336, el cual pretende hacer un cambio de base en las relaciones de trabajo en el sector público y su administración.
El Gobierno insiste en aprobar este proyecto en su afán de reducir el gasto público y hacer que las empresas públicas se vuelvan más eficientes y competitivas. Todo esto después de una extensa campaña mediática en la que se culpó al sector público y a sus trabajadores de ser los principales disparadores del déficit fiscal que tiene el país actualmente, dejando por fuera otros problemas como la evasión de impuestos por parte de los grandes empresarios.
Por otro lado, sí es verdad que algunas de las empresas públicas tienen problemas internos, como los salarios multimillonarios de sus rectores y las pensiones de lujo, problemas que sí contribuyen al agravamiento de la crisis económica nacional. Ahora, si bien es cierto que tanto el Estado como el pueblo deben velar por el buen funcionamiento y la transparencia de las instituciones públicas, mediante la búsqueda de soluciones a sus problemas internos, ¿será que este proyecto de ley sí es la solución a las deficiencias del sector público? No realmente.
Uno de los mayores problemas con este proyecto es que ve al empleo público como un gasto que debe ser reducido de inmediato y hasta donde se pueda, y pretenden lograr esto con medidas como la centralización de la gestión del empleo y la eliminación de los subregímenes salariales (imposición del salario único). Estas medidas lesionan la autonomía de todas las instituciones públicas al delegarle diversas tareas administrativas al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y al Poder Ejecutivo, entre las que se encuentran los nombramientos de personal, las categorías salariales y hasta los despidos.
Lo que esto implica es que la ley, de ser aprobada, le dará a los gobernantes de turno la capacidad de colocar y retirar a conveniencia a los funcionarios públicos de las instituciones, además de imponer los criterios de evaluación que los empleados y jerarcas deben seguir para conservar sus puestos. O sea, sería regresar a la Costa Rica de antes de los años 40, donde las empresas públicas no contaban con ningún grado de autonomía frente al Poder Ejecutivo, de modo que cada vez que se daba un cambio de presidente, también se daban cambios estructurales en las empresas públicas.
Esta cuestión de la violación a la autonomía afecta principalmente a las universidades públicas, las cuales han sido históricamente los espacios que albergan a los sectores más críticos hacia el Gobierno y hacia el mismo sistema. La Ley de Empleo Público no sólo le permitiría al Poder Ejecutivo contratar y despedir a conveniencia a los rectores y funcionarios universitarios, sino que incluso les impondría a los estudiantes los criterios que deben seguir para que se les conceda una beca y los cursos que deben llevar en sus carreras.
Otro problema grave con este proyecto es que atenta contra los derechos laborales de los empleados públicos, pues les da a los jerarcas, eventualmente impuestos por el Gobierno, la posibilidad de destituir empleados a conveniencia sin responsabilidad patronal, lo que les permite deshacerse de trabajadores sindicalizados que sean problemáticos para sus intereses, esto sin mencionar que se les impediría a las convenciones colectivas negociar los salarios. Considerando que en los sindicatos también se encuentran los sectores más críticos hacia el Gobierno, se puede ver con más claridad que sus intenciones con este proyecto de ley van más allá de reducir el gasto público
Por último, la imposición del salario único que también es parte del proyecto, apoyado por el argumento de que hay salarios privilegiados en el sector público, cuando la realidad es que el porcentaje de funcionarios con esos salarios en cuestión es bastante reducido; mientras que existe un amplio porcentaje de trabajadores públicos con salarios precarizados, porcentaje que nunca es tomado en cuenta por el Estado ni los medios de comunicación hegemónicos.
Nuevamente, es verdad que hay que combatir los salarios privilegiados en el sector público, pero también se le deben garantizar salarios dignos a todos los trabajadores, salarios que se ajusten a sus necesidades. Como el proyecto de ley no toma en cuenta la precarización laboral en el sector público, es poco probable que la imposición del salario único llegue a ser una solución al problema.
En conclusión, el proyecto de ley de empleo público solo viene a darle más poder a los políticos de turno sobre las instituciones públicas, violando así la autonomía de estas, lo cual ya lo vuelve inconstitucional. También viola derechos laborales reconocidos por acuerdos internacionales y no ofrece ninguna solución a la precarización laboral ni a la falta de salarios dignos dentro del sector público. Por eso, la clase trabajadora costarricense salir a decir “no a la ley de empleo público”, y proponer reformas a las instituciones públicas más democráticas y progresistas.
